Im Rahmen der Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises fand die Podiumsdiskussion „Kolumbien zwischen Angst und Hoffnung: Einschüchterung als Instrument der Politik“ mit Preisträger Hollman Morris, Dr. Rainer Huhle vom Nürnberger Menschenrechtszentrum und Prof. Flor Alba Romero statt.

Obwohl die Regierung von Juan Manuel Santos eine deutliche Verbesserung der Menschenrechts-situation in Aussicht gestellt hatte, ist die Bilanz nach fast einjähriger Regierungszeit unverändert negativ: mehr als 200 Angriffe gegen MenschenrechtsaktivistInnen, 15 Morde im Zusammenhang mit Rückgabeprozessen und eine schier endlose Zahl von Vertriebenen, die zu Flüchtlingen im eigenen Land wurden. Wie können die internationale Gemeinschaft – und insbesondere die Bundesregierung – Druck auf den kolumbianischen Staat ausüben, damit dieser vollständig und effektiv die Menschenrechte garantiert? Welche Gruppen sollten dabei unterstützt werden? Wie kann es gelingen, ein besonderes Augenmerk auf die Rechte der Opfer und den Kampf gegen die Straflosigkeit zu legen? Diese Fragen wurden im Rahmen der Podiumsdiskussion diskutiert.

TeilnehmerInnen:

Hollman Morris, kolumbianischer Journalist und Träger des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises 2011

Dr. Rainer Huhle, Ausschussmitglied der UN-Konvention gegen Verschwindenlassen, von 1997 bis 1999 im UN-Büro in Kolumbien tätig

Prof. Flor Alba Romero, Professorin für Anthropologie und Beauftragte für Menschenrechte an der Nationalen Universität von Bogotá, Kolumbien

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas^[1] constituye un tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) mediante Resolución 61/177 del 20 de diciembre de 2006^[2]. Ha entrado en vigor el 23 de diciembre de 2010, pero aún no ha sido suscrita por el Perú^[3].

El eje de acción de la Convención resguarda al individuo de conductas que pudieran atentar sobre derechos inderogables como la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el debido proceso o de cualquier tipo de acto que pudiera poner en riesgo el derecho a la vida. Para mayor detalle, la desaparición forzada es definida por el artículo 2 de la Convención según el siguiente texto:

“se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Dicho de otra manera, la desaparición forzada es una conducta que se inicia con la privación de libertad, cualquiera que sea la forma, y que luego es negada u ocultada la información sobre la persona aprehendida, de modo que no le será posible acceder a los mecanismos procesales o institucionales disponibles.

En el contexto del conflicto armado interno sufrido entre 1980 y 2000, el Perú estuvo envuelto en una dinámica de violencia, siendo la desaparición forzada de personas una manifestación de ella. Este fenómeno comprendió actos de agentes o funcionarios del Estado y de grupos subversivos, tal como lo determinó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)^[4], la cual concluyó que en particular Sendero Luminoso también incurrió en la desaparición forzada de personas.

Para enfrentarla en todo el mundo, en 1980 la Comisión de Derechos Humanos creó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas. De esta manera, se dio una respuesta de corte humanitario ante las crecientes y continuas denuncias de su perpetración, en dictaduras como la argentina y chilena. Actualmente, dicho Grupo conoce de 42,600 casos pendientes de resolución en ochenta y dos Estados, encontrándose Perú con 2,371 casos pendientes hasta 2009^[5].

Si bien el Perú es parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas^[6], consideramos necesaria la suscripción de la Convención de la ONU por las siguientes razones:

• La aplicación de su artículo 3 obliga al Estado a investigar las desapariciones perpetradas por sus agentes o funcionarios y, eventualmente, a la cometida por particulares, como grupos subversivos^[7].
• Permitiría procesar a presuntos autores de desaparición forzada que provengan de países ajenos a América.
• Asimismo, la aplicación de sus artículos 10 y 11 permitirían la extradición de sospechosos, su entrega a otro país o su transferencia a una instancia judicial internacional, como la Corte Penal Internacional^[8].
• La creación del Comité contra la Desaparición Forzada (art. 26) es un nuevo mecanismo que contribuirá a una mejor supervisión de los Estados parte (art. 29) y a recibir peticiones individuales para buscar y localizar a una persona desaparecida, de forma urgente (art. 30). Para estos fines, entre otros, cada Estado parte podrá reconocer la competencia de este Comité para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen la violación de esta Convención por el Estado concernido (art. 31)^[9].

Cabe destacar que la prohibición de incurrir en desaparición forzada es absoluta. No cuenta con justificación alguna en el Derecho internacional, de acuerdo al artículo 1 de la Convención, por lo que es entendida como una norma imperativa o ius cogens, tal como recordó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia emitida en el caso La Cantuta vs. Perú:

“La obligación de investigar, y en su caso enjuiciar y sancionar, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados; más aún pues la prohibición de la desaparición forzada de personas y el correlativo deber de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de ius cogens”^[10].

Este carácter imperativo se desprende de la afectación o de la amenaza inminente de agravio originada por la desaparición forzada, razón por la que el daño no puede quedar impune^[11]. Asimismo, mientras que en la jurisprudencia interamericana asiste a los familiares de la víctima el derecho de saber la verdad sobre lo ocurrido y de acceder al cuerpo de la misma si se produjo una situación de concurrencia o concurso real con los delitos de homicidio o ejecución arbitraria^[12], la Convención de la ONU considera víctima tanto a quien sufre la privación de libertad como a quien se perjudica directamente por la desaparición de otra persona (art. 24, inc. 1 del tratado). En otras palabras, protege mejor a los familiares, considerándolas también víctimas de la desaparición forzada. Es una disposición novedosa y avanzada en la situación actual del Derecho internacional.

El Estado peruano practica la política de suscribir y ratificar los principales tratados de derechos humanos en las últimas décadas. Así, posibilita garantías para prevenir las violaciones de derechos humanos y permite el acceso a los mecanismos de protección internacional creados por tales instrumentos, cuando la jurisdicción nacional resulte insuficiente o no se brinde resguardo a las personas.

Es de observar que en la región, solamente República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Surinam y el Perú no han suscrito la Convención de las Naciones Unidas sobre esta materia^[13].

En ese contexto, sorprende que el Estado peruano no haya realizado acciones para vincularse jurídicamente a este tratado, más aun si de acuerdo a lo expresado, existen sólidas razones que deberían convocar a las nuevas autoridades estatales a suscribir y ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, con el reconocimiento expreso de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, en el más breve plazo.

Iván Arturo Bazán Chacón

*Magister en Derecho Penal, Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Wiener y de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

1. [1]En adelante, la Convención.
2. [2]Documento ONU A/RES/61/177.
3. [3]Disponible en: <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en>. Consulta: 6 de enero de 2011.
4. [4]Creada mediante D.S. Nº 065-2001-PCM. Ampliada en su composición y variada en su denominación mediante D.S. Nº 101-2001-PCM. De acuerdo a la Comisión, Sendero Luminoso también participó en la desaparición forzada de personas (CVR. Informe Final, tomo VI, p. 55).
5. [5]Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Consejo de Derechos Humanos. 13º período de sesiones. Tema 3 de la agenda. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Documento ONU A/HRC/13/31, de fecha 21 de diciembre de 2009; pp. 81-82, 137, 145 y anexo III. Disponible en: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/177/07/PDF/G0917707.pdf?OpenElement>. Consulta: 5 de enero de 2011.
6. [6]Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones. Aprobada en el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 27622 del 5 de enero de 2002.
7. [7]Lo que se desprendería del texto del art. 3, que prescribe: “Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.” En esta línea de interpretación del artículo 3, véase GÓMEZ CAMACHO, Juan José. La desaparición forzada de personas: avances del Derecho Internacional, Revista Mexicana de Política Exterior, pág. 32. EN: <http://portal.sre.gob.mx/imr/pdf/GomezCam.pdf> fuente consultada el 5 de enero de 2011. En el sentido de circunscribir la obligación estatal a la investigación de la desaparición forzada cometida por particulares no vinculados al Estado dado que en la definición del artículo 2 de la Convención se menciona únicamente a actores estatales o conectados a ellos, véase SCOVAZZI, Tullio y CITRONI, Gabriella. The Struggle against Enforced Disappearance and 2007 United Nations Convention. Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, págs. 278 a 282. Disponible en: <http://books.google.com/books?id=PC65YtFlWiAC&printsec=frontcover&hl=es&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false> consultada el 11 de julio de 2011. La mención a los debates en la aprobación de la Convención, respecto a los actores no estatales, además, en OTT, Lisa. Enforced Disappearance in International Law. Uitgevers, Intersentia, 2011, págs. 200 y 201.
8. [8]La Corte canaliza la cooperación jurisdiccional necesaria para que se haga justicia frente a estos casos mediante un procedimiento diferente a la extradición.
9. [9]OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Folleto informativo Nº 6. Rev. 3. Ginebra, págs. 11 y 12.
10. [10]CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia del caso La Cantuta vs. Perú, (Fondo, Reparaciones y Costas), del 29 de noviembre de 2006. Serie C Nº 162, párrafo 157. Véase también la sentencia emitida en el caso Anzualdo Castro vs. Perú (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), del 22 de septiembre de 2009, Serie C Nº 202, párr. 59.
11. [11]CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia en el caso Velásquez Rodríguez, mencionada, párr. 176; sentencia en el caso Castillo Páez vs. Perú, precitada, párr. 90; sentencia en el caso Gómez Palomino, de 22 de noviembre de 2005, Serie C Nº 136, párrs. 137 a 140 y 153, punto resolutivo 7; sentencia en el caso Neira Alegría y otros vs. Perú, de fecha 19 de enero de 1995, Serie C Nº 20 (Fondo), párr. 69 y Punto Resolutivo 4.
12. [12]CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia en el caso Gómez Palomino vs. Perú, párrs. 141 y 153, punto resolutivo 8.
13. [13]Según información disponible EN: <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en> consultada el 11 de julio de 2011.

julio 2011

Clotario Blest Riffo fue un legendario dirigente sindical que presidio la Central Única de Trabajadores de Chile. Durante toda su vida (1899-1990) mantuvo ciertos principios que consideraba fundamentales, en primer lugar su cristianismo que intentó vivirlo consecuentemente.

Descendiente de una familia católica de gran prestigio, entre cuyos miembros se encuentra Guillermo Blest Gana, el mayor novelista chileno del siglo XIX, Clotario Blest asumió desde joven un compromiso de por vida con el movimiento sindical. Trabajando en el Servicio de Tesorería del Estado, fundó la ANEF, Agrupación de los Empleados Fiscales.

Su definición política fue permanente, cuando le preguntaban si era marxista él reiteraba que era católico, pero a diferencia del jesuita Alberto Hurtado (que fue elevado a la categoría de Santo por el Vaticano) que trabajó políticamente creando organizaciones sindicales vinculadas a la Iglesia Católica, Clotario Blest siguió las enseñanzas del padre Vives que consideraba que el movimiento sindical debería ser independiente de iglesias y de partidos políticos. Consideraba que la liberación de los trabajadores debía ser obra de los trabajadores mismos y su unidad y lucha era lo que permitiría una sociedad más justa. Esta actitud significaba ponerse en una posición distinta a la que propiciaba la jeraquía eclesiástica.

Fue co-fundador del MIR, Movimiento Revolucionario de Izquierda, pero pronto se separó de este grupo que era de extrema izquierda y partidario de la lucha armada.

Nunca intentó crear un movimiento en torno a su liderazgo y aunque era un líder solitario, cuando se creó la Central Única de trabajadores en 1953, donde la mayoría de los dirigentrs eran comunistas y socialistas, la rivalidad entre estos dos grupos sólo se resolvió eligiendo como presidente a Clotario Blest que era el único que tenía la estatura moral, el compromiso social y la independencia que garantizaba una dirección democrática y no sectaria.

Su vida fue una práctica de cristianismo bien entendido, no aceptaba vanidades ni prebendas de ningún tipo y vivía pobremente. Para algunos llegó a ser una especie de santón que seguía las orientaciones de San Francisco de Asís, amando y protegiendo a los animales. Su vieja casa estaba llena de gatos y cientos de palomas llenaban el patio de su vivienda. Su compromiso con los necesitados era proverbial, durante mucho tiempo fue a visitar todos los días al hijo de su secretario que estaba hospitalizado.

Cuando ya tenía más de 70 años años y no desempeñaba cargos de dirigencia sindical fue un precursor de la lucha por los derechos humanos. Hacia 1969 junto a dirigentes sindicales fundó el Comité de los Derechos Sindicales para velar por la vigencia y desarrollo de estos derechos, contó con la colaboración de dirigentes sindicales y abogados de diversas tendencias como Eduardo Long Alessandri , Santiago Pereira, Raúl Elgueta y otros dirigentes sindicales y abogados laboralistas. En 1973 al producirse el golpe militar, este comité se amplió abarcando todos los derechos y en 1976 se denominó “CODEHS” – Comité de Derechos Humanos y Sindicales, que fue la primera organización de este tipo y sólo pudo existir por la presencia de don Clotario.

Cuando en 1978 se creó la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que agrupaba a grandes personalidades y tenía el respaldo indirecto de los partidos democraticos, Blest fue uno de sus fundadores, pero siguió trabajando diariamente en su CODEHS, que era una organización pequeña y muy modesta y nunca contó con más de una docena de miembros, mientras que el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (precursor de la Vicaría de la Solidaridad), respaldado por las iglesias, tenía 196 funcionarios en 1973.

EL CODEHS funcionó varios años y su local era en calle Santa Cruz 630, en Santiago, la casa de don Clotario. En su ventana se ponía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que periódicamente los carabineros arrancaban violentamente y él la volvía a reponer inmediatamente. La casa de don Clotario era una casa de adobe, en muy mal estado, con la mitad del techo en el suelo.

A pesar de trabajar en condiciones paupérrimas, se elaboraba un informe mensual de violaciones a los Derechos Humanos, tarea que desarrollaba un miembro que tenía contactos con numerosos abogados que defendían a los detenidos y presos. Este informe se enviaba a varios países, lo que era muy difícil porque rara vez se tenía dinero para el franqueo. Había un mimeógrafo y allí se reproducían el informe y otros documentos.

La existencia del CODEHS contó con la colaboración permanente de Oscar Ortiz (secretario de don Clotario), Manuel Acuña Asenjo, Rosa Rubilar, Pedro Isidro Gaete, Patricio Orellana Vargas y otros, Se ayudó a muchas personas brindándoles refugio y en algunos casos consiguendo que salieran del país.

La única explicación posible de la existencia del CODEHS bajo la dictadura es que era presidido por don Clotario Blest, aunque la amenaza era permanente (frente su casa mataron a Leandro Arratia, militante del PC y en una manifestación detuvieron a don Clotario). Pero en general se pudo funcionar varios años, aunque con gran temor. Quizás otro factor que permitió su existencia era su insignificancia y pobreza que hacía presumir que era una entidad sin ninguna capacidad.

Don Clotario era muy valiente y no tenía ningún miedo. Era un dirigente que intentaba controlar y dirigir todo, y los miembros del CODEHS que eran militantes de partidos no eran de su simpatía y los los calificaba de “políticos” y revisaba acuciosamente los informes que se preparaban para impedir cualquiera filtración política.

Los días domingos, don Clotario, Rosa Rubilar y Orellana iban a visitar a los presos políticos recluídos en la Penitenciaría y ellos proporcionaban información sobre su situación, la que se utilizaba en los informes y a la vez se les llevaban informaciones útiles y alguna ayuda. Don Clotario repetía que era mucho mejor, desde el punto de vista cristiano, ir a visitar a los presos el domingo que ir a misa.

En el año actual se han realizado varias reuniones de los cuatro miembros que quedan del CODEHS.
Entre los recuerdos que se revivieron fue una oportunidad en que Don Clotario y Ortiz fueron al velorio de Jorge Alessandri (ex presidente de Chile). Estaban allí, cuando llegó Pinochet con todos sus ministros y un gran séquito. Pinochet fue a saludar a don Clotario, pero éste se negó a darle la mano y le dijo que no saludaba a asesinos. Pinochet debe haber estado indignado, pero no hizo nada, excepto que el hecho no fue informado por ningún medio. Además don Clotario dijo un fogoso discurso mientras Pinochet le rendía homenaje al difunto.

En otra oportunidad, don Clotario decidió hacer una romería a la tumba de Luis Emilio Recabarren (padre de la clase obrera chilena), porque era un aniversario importante. Le exigió al abogado Elgueta que pusiera un aviso en la prensa para convocarla, no importando que se gastara el escaso dinero. Naturalmente casi ningún diario se atrevió a publicar el aviso, pero finalmente LAS ULTIMAS NOTICIAS lo aceptó pero como aviso económico de unas tres líneas y pequeñísimo.

El día de la romería, los miembros del comité (eran doce personas) llegaron al cementerio y había 400 carabineros, camiones lanza agua, zorrillos (carros lanza gases) y toda la parafernalia represiva. Nadie más llegó al acto y los doce miembros del Comité encabezados por don Clotario se dirigieron a la entrada del Cementerio, allí el coronel a cargo de las tropas lo saludó como dirigente de los trabajadores y don Clotario le dijo que él no le daba la mano a traidores y entró al cementerio.
Las doce personas iban acompañadas por dos largas filas de carabineros armados. Una vez que llegaron a la tumba de Luis Emilio Recabarren, los 400 carabineros formaron un gran círculo alrededor y don Clotario hizo su discurso de homenaje y al terminar entre los aplausos de sus once compañeros le pidió al abogado Elgueta que también hiciera un discurso. Elgueta cuenta que no sabe cómo ni qué dijo, pero lo hizo. Finalmente salieron del Cementerio con la inmensa guardia, que no los detuvo.

Parece que Pinochet había decidido no perseguir a don Clotario, quizás por su prestigio, edad y porque don Clota nunca fue militante de partido y no podía ser considerado como político, que según Pinochet era la condición para eliminarlos.

También había cosas divertidas. Don Clotario una vez se indignó con uno de los miembros porque había utilizado fondos del CODEHS para comprar un tarrito de FLIT (insecticida) porque en el local había una plaga de pulgas. Él consideraba que era un derroche gastar en eso y además porque consideraba que todos los “animalitos” tenían derecho a la vida. Además odiaba al “estiércol de Satanás”, como llamaba al dinero. Así como estas anécdotas se contaron otras muchas.

El 31 de mayo, con ocasión de cumplirse 21 años de la muerte del líder sindical, Clotario Blest, se realizaron actos en su homenaje en Santiago y Buenos Aires.

En Santiago se realizó un acto en el local de la ANEF, al que asistieron el ex presidente Patricio Aylwin y el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, así como dirigentes sindicales, especialmente de esa colectividad. Aunque don Clotario decía “Yo puedo actuar con independencia porque no le prendo velas a ningún partido político”, el Partido Demócrata Cristiano ha tratado de transformarlo en uno de sus figuras más representativas, probablemente porque era cristiano, aunque él nunca militó en partido alguno. Otra asamblea en su homenaje se realizo por parte de los trabajadores de la Universidad Metropolitana y una organización de estudiantes universitarios se denominó Colectivo Clotario Blest.

Otro homenaje se hizo en el Centro Cultural de Chile, en Buenos Aires, respaldado por el embajador de Chile Adolfo Zaldívar. Al evento asistieron compañeros de sus luchas sindicales y por los derechos humanos, biógrafos y amigos, entre los cuales estaban Hernol Flores, Mónica Echeverría, Oscar Ortiz y Oscar Olivos.

Anteriormente el gobierno de Chile emitió un sello en su homenaje y en el Museo de Arte Contemporáneo, el artista Alfredo Jaar presentó una exposición de fotos del lider sindical titulada “La Cordillera de los Andes”, porque esa era la significación de Clotario Blest en la historia de Chile.

< Das Museo de Memoria y los Derechos Humanos

An zentraler Stelle in Chiles Hauptstadt Santiago, mit eigenem U-Bahn-Eingang, steht seit Dezember 2009 ein gewaltiger Neubau von rund 9000 Quadratmetern auf vier Stockwerken, den Präsidentin Bachelet am 11. Januar 2010 als Museum zur Erinnerung an die Menschenrechtsverletzungen der Pinochet-Diktatur eröffnete. Wenige Wochen später musste das neue Museum allerdings für fast ein halbes Jahr geschlossen werden. Das gewaltige Erdbeben in Chile am 27. Februar konnte dem Bau selbst zwar nichts anhaben, die aufwendige Innenausstattung wurde jedoch erheblich beschädigt. Doch inzwischen ist alles repariert, die großzügigen Räume sind wieder geöffnet, und vor allem: Sie werden gut besucht.

Das Museum orientiert sich in seiner Präsentation in erster Linie an den Berichten der chilenischen Wahrheitskommissionen, d.h. der „Rettig-Kommission“ von 1991, die das Schicksal der „Verschwundenen“ und Ermordeten während der Diktatur General Pinochets festhielt, sowie der „Valech-Kommission“, die später auch die zahlreichen Folteropfer zu dokumentieren suchte. Beide Berichte sind wesentlicher Bestandteil eines quasi offiziellen historischen Gedächtnisses im Chile nach Pinochet, und das monumentale Museum dokumentiert nun für alle sichtbar diese öffentlich sanktionierte Erinnerung an die Opfer der Diktatur. Im weiten Eingangsfoyer stehen die BesucherInnen denn auch zunächst vor einer großen aus Fotografien zusammengesetzten Weltkarte und Infotafeln zu den zahlreichen Wahrheitskommissionen in aller Welt.

Aus Fotografien zusammengesetzten Weltkarte und Infotafeln zu den Wahrheitskommissionen in aller Welt >

Das zweite programmatische Element im Eingangsbereich zeigt Fotografien der zahlreichen lokalen Erinnerungsstätten in Chile, von Arica an der peruanischen Grenze bis Punta Arenas an der Magellanstraße. In diesen teils ganz unscheinbaren, teils auch schon ästhetisch anspruchsvollen lokalen Gedenkorten spiegelt sich ein Bemühen um Erinnern, das häufig noch unter sehr prekären politischen und auch finanziellen Bedingungen entstanden ist. Mit der Darstellung dieser lokalen Erinnerunginitiativen im Eingangsbereich macht das Museum deutlich, wo seine Wurzeln liegen.

< Fotografien lokaler Erinnerungsstätten in Chile

Dagegen ist das Museo de Memoria y los Derechos Humanos selbst gerade keine Gedenkstätte an einem spezifischen Ort des Verbrechens, es will für sich stehen als das Museum einer schlimmen Epoche der Geschichte Chiles. Kein anderes Land in Lateinamerika hat bisher von staatlicher Seite der Erinnerung an die Verbrechen der Vergangenheit so prominenten Platz eingeräumt. Das chilenische Museum der Erinnerung und der Menschenrechte ist zwar eine vom Staat geförderte und zu hundert Prozent finanzierte, jedoch keine staatliche Einrichtung. Träger ist ein Zusammenschluss verschiedener ziviler Organisationen aus dem Menschenrechtsbereich. Ein plural zusammengesetztes Direktorium trifft alle museografischen Entscheidungen. Konsens in diesem Trägerkreis war von Anfang an, dass das Museum für keine spezifische Opfergruppe oder politische Richtung Partei ergreifen würde.

Die Menschenrechtsorganisationen waren es auch, die in jahrelanger Lobbyarbeit die Idee eines solchen Museums überhaupt erst auf den Weg brachten. Dieser Weg war nicht einfach. Angesichts der schwankenden Haltung der gewählten Regierungen des Mitte-Links-Bündnisses seit 1990 gegenüber dem Anliegen der Opfer der Diktatur, dem Kampf gegen die Straflosigkeit und den Menschenrechten generell, gab es viel Misstrauen gegenüber einem solchen staatlich geförderten Unternehmen. Wer würde garantieren, dass die Darstellung in einem solchen Museum nicht doch in erster Linie zur Selbstdarstellung der Regierung geriete? Wer könnte die Unabhängigkeit des Trägerkreises sicherstellen?

< Dokumentationszentrum über die Verbrechen der Diktatur und deren Opfer

Dazu kam eine weitere entscheidende Frage, nämlich nach der Sicherheit und Vertraulichkeit der Informationen im Museum. Das Museo de Memoria y los Derechos Humanos beherbergt zugleich auch ein großes Dokumentationszentrum über die Verbrechen der Diktatur und deren Opfer. Hinter gepanzerten Archivschränken lagern dort Tausende von Dokumenten der Menschenrechtsorganisationen aus der Zeit der Diktatur und danach, ferner viele persönliche Erinnerungsstücke von ehemaligen Gefangenen oder Angehörigen von Ermordeten und Verschwundenen. Wie Maria Luisa Ortiz, die Leiterin der Dokumentationsabteilung im Museum, berichtet, kommen noch immer fast täglich Menschen ins Museum, die Dokumente, Fotografien oder andere Objekte abgeben wollen, die sie im Museum aufbewahrt wissen wollen. Die Übergabe vor allem von Unterlagen der Menschenrechtsorganisationen aus der Zeit der Diktatur war nur denkbar, weil es in einen jahrelangen Aushandlungsprozess gelungen war, das nötige Vertrauen zu schaffen, dass das Museum eine auf Dauer zuverlässige, tragfähige Institution mit garantierter Unabhängigkeit sein würde.

Nur ein kleiner Teil der im Dokumentationszentrum des Museums aufbewahrten Objekte ist Teil der Dauerausstellung geworden . An prominentester Stelle sind dies die Fotografien der Ermordeten und Verschwundenen, die an der Ostwand des Museums über drei Stockwerke verteilt hängen und von allen Etagen immer wieder ins Auge fallen. Im zweiten Stock, also gegenüber der Mitte der Wand, ist ein Ruhepunkt eingerichtet worden, umgeben von elektrischen Kerzen, an dem Besucher ihrer toten Angehörigen gedenken können. Dort befindet sich auch eine digitale Datenbank, die alle vorhandene Information über die einzelnen Personen enthält, die dem Museum zugänglich war.

< „Fotowolke“ der Ermordeten und Verschwundenen

Die „Fotowolke“ dieser Wand beherrscht optisch und auch vom räumlichen Umfang her das ganze Museum und markiert damit unübersehbar, wer im Mittelpunkt des Hauses stehen soll. An den Gängen auf der gegenüberliegenden Seite des Baus, sowie in den gegliederten Räumen zu beiden Seiten dieser zentralen Fotowand wird die Geschichte des Putschs vom 11. September 1973 und der durch ihn installierten Diktatur und Repression erzählt. Große Abteilungen widmen sich einzelnen Opfergruppen, z.B. den Kindern, und vor allem auch der langen Geschichte des Widerstands und des Kampfs um Wahrheit und Gerechtigkeit, der schließlich zum Zusammenbruch des Pinochetregimes durch das Referendum von 1988 führte. Auch die internationale Dimension dieses Widerstands ist ausführlich dargestellt.

Miguel Lawner erläutert seine Zeichnung: “Desde mi Litera” (“Aus meinem Stockbett”)
(1974) >

Dabei konnten die Museumsgestalter auf eine Fülle von schriftlichem, grafischem und auch filmischem Material zurückgreifen. Wer die Geschichte Chiles und des Widerstands gegen Pinochet ein wenig kennt, findet viel Vertrautes wieder, aber auch eine Menge Unveröffentlichtes, insbesondere bei den zahlreichen Filmaufnahmen, die in den Medienstationen zu sehen sind. Ein langer Flur im dritten Stock ist für Wechselausstellungen reserviert, die u.a. ermöglichen, wenigstens zeitweise mehr von den Objekten zu zeigen, die sonst nur im Depot des Dokumentationszentrums lagern. Im Dezember 2010 eröffnete z.B. der Architekt Miguel Lawner, der als hoher Mitarbeiter im Bauministerium verhaftet und auf die eisige wüste Insel Dawson an Chiles Südspitze in ein Konzentrationslager verschleppt wurde, eine Schau der Zeichnungen, die er damals heimlich anfertigen konnte.

^ 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Es war eine bewusste Entscheidung des Trägerkreises, trotz der grundsätzlichen Orientierung an den Berichten der Wahrheitskommissionen im Namen des Museums nicht nur die Erinnerung an die Vergangenheit aufzurufen, sondern mit dem Begriff der Menschenrechte auch eine Brücke in die Gegenwart zu schlagen. Der Weg von der Straße durch den Eingangshof hinunter zum eigentlichen Museumseingang führt an einer langen Wand vorbei, in der alle 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eingeschrieben sind. Noch ehe die BesucherInnen das Museum selbst betreten, werden sie mit dem universellen Anspruch der Menschenrechte konfrontiert, der lange vor die Zeit Pinochets zurück, aber eben auch bis in die Gegenwart hinein reicht. Dass es dabei zu Spannungen zwischen der durch den öffentlichen Charakter und die Pluralität des Trägerkreises geforderten Zurückhaltung und den Erwartungen der Politik einerseits, aktuellen menschenrechtlichen Forderungen andererseits kommen würde, war absehbar. Ein Zwischenfall schon bei der Eröffnung des Museums durch Präsidentin Bachelet machte das deutlich. Die Eröffnung des Museums war eine der letzten Amtshandlungen der Präsidentin, und viele Beobachter kommentierten – kritisch oder zustimmend – dass Michelle Bachelet sich hier selbst ein Denkmal gesetzt habe. Während ihrer Präsidentschaft nahmen aber auch die Kämpfe der Mapuche um ihre Landrechte und gegen die Zerstörung der Biosphäre durch Holzwirtschaft und Wasserkraftwerke an Schärfe zu. Die soziale Protestbewegung der Mapuche wurde als Terrorismus gebrandmarkt und entsprechend hart unterdrückt.

< „Bewahren wir unser Wasser – ein traditionelles Recht!“ – Transparent am Rathaus von Ralco (Alto Bio-Bio, Siedlungsgebiet der Mapuche)

Einige Mapuche wurden getötet, andere zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Familienangehörige dieser Mapuche nutzten die feierliche Eröffnung, in der die Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit gebrandmarkt wurden, und machten mit einer aufsehen- erregenden Aktion auf ihre menschenrechtlichen Forderungen der Gegenwart aufmerksam.

Wie das Museum künftig seine Rolle zwischen Museografie der Vergangenheit und der Öffnung für aktuelle Menschenrechtsfragen findet, wird ein spannender Prozess werden, in dem die institutionellen Interessen des Museums und die politischen Ansprüche von verschiedenen Seiten austariert werden müssen.

La instauración del denominado “Proceso de Reorganización Nacional” tuvo como objetivo la especulación financiera, el desguace del aparato productivo, el traspaso de recursos económicos a los sectores de mayores ingresos y a las empresas multinacionales. Para ello fue necesario desmantelar el tejido social y polí­tico, proscribir las organizaciones gremiales. El genocidio y los crí­menes de lesa humanidad fueron el correlato de esta polí­tica.

La Corte Suprema de Justicia legitimó a quienes se alzaron contra la Constitución Nacional y la pusieron por debajo de los Estatutos dictados por el autodenominado Proceso, reconociéndoles, además, facultades legislativas, judiciales y constituyentes.

El genocidio contó con el respaldo de la cúpula de la iglesia católica, que llamó a los militares a intervenir en una “guerra santa”. El adoctrinamiento de los militares se llevó a cabo bajo la supervisión de los Estados Unidos, en forma coordinada con el resto de las dictaduras del continente. Mientras tanto, la Embajada norteamericana velaba por los intereses de sus ciudadanos, es decir, por los beneficios económicos de sus grandes empresas.

El estado de sitio, el dictado de órdenes secretas “antisubversivas”, la tortura, la desaparición forzada de personas, el aniquilamiento de miles de personas, el robo de bienes de las ví­ctimas, los centros clandestinos de detención donde se sometió a miles de personas a condiciones infrahumanas, niños nacidos en cautiverio, la privación de libertad sin juicio; todo fue posible bajo el imperio de un poder autoritario que dijo reconocer sólo la “ley de dios”.

Con su silencio, el Poder Judicial brindó un importante apoyo a los crí­menes que se cometieron en forma sistemática y se erigió en el último eslabón de la cadena represiva al perseguir, encarcelar y enjuiciar a miles de personas por lo que llamaron “actividades subversivas”.

Familiares de las ví­ctimas denunciaron la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., que elaboró un informe el 11 de abril de 1980 en el que mencionó la existencia de numerosas violaciones a los derechos humanos y encomendó al Estado Argentino que debí­a reparar y administrar justicia por tales crí­menes.

Antes de ceder el gobierno, los militares dictaron una autoamnistí­a por los crí­menes cometidos durante este perí­odo y declararon la muerte de todos los desaparecidos. Esta norma fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia al momento de revisar la sentencia a los ex comandantes.

Quien era entonces un candidato a la Presidencia de la Nación, el Dr. Raúl Alfonsí­n, dijo en su campaña que debí­an contemplarse los distintos niveles de responsabilidad. Ya como primer mandatario y luego de recibir el gobierno de parte del General Bignone, miembro de la cuarta y última junta militar, dictó dos decretos por los que ordenó la persecución penal contra las cúpulas de las tres primeras juntas militares y contra miembros de organizaciones guerrilleras, dirigentes gremiales y militantes polí­ticos. La tristemente célebre teorí­a de “los dos demonios” se hallaba en marcha, como una forma de diluir las responsabilidades del terrorismo de Estado y de reconocerle legitimidad a la represión desatada. Luego de recuperada la democracia, muchos presos polí­ticos continuaron en prisión, a pesar de haber padecido la tortura y el encierro en centros clandestinos de detención.

Alfonsí­n encomendó a un grupo de notables, que actuó en lo que se denominó la “Comisión Nacional de Desaparición de Personas” (CONADEP), la elaboración de un informe sobre las violaciones a los derechos humanos, que fue presentado el 20 de septiembre de 1984.

Como polí­tica central del gobierno elegido por ví­a electoral, el Poder Judicial no fue depurado; sólo se modificó la composición de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual la gran mayorí­a de los jueces que hicieron oí­dos sordos a los gritos de las ví­ctimas y sus familiares y que habí­an jurado por los Estatutos del Proceso, pasaron a ser jueces en la democracia.

El Congreso de la Nación modificó el Código de Justicia Militar para otorgar a los militares la facultad de juzgar a sus pares implicados en violaciones a los derechos humanos, en lo que se dio en llamar la doctrina de la “autodepuración”. Sólo se previó la justicia civil para actuar como tribunal de apelación de las sentencias dictadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Este Consejo Supremo estaba compuesto de la misma forma que durante la dictadura.

La doctrina de la “autodepuración” fue sustentada por el gobierno de Raúl Alfonsí­n, con el argumento de que los crí­menes cometidos no debí­an caer sobre las instituciones y que habí­an respondido exclusivamente a la voluntad de algunos individuos. Luego, la Corte Suprema convalidó esta estrategia, a pesar de haber sido fuertemente criticada por haberse creado un fuero de excepción y por la violación al principio republicano de división de poderes, ya que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dependí­a del Presidente de la Nación.

Esta ví­a impidió toda pesquisa e investigación de los hechos y frustró cualquier juzgamiento. Por las “demoras injustificadas” en las investigaciones, intervinieron las cámaras federales en lo criminal y correccional. Cabe aclarar que la posibilidad de que una cámara federal interviniera por esta razón, no formaba parte del proyecto de ley enviado al Parlamento por el Presidente Alfonsí­n, y fue agregada en el texto final de la ley por los partidos de oposición. El Consejo Supremo no sólo no investigó sino que reivindicó lo actuado durante el terrorismo de Estado.

Las tres primeras juntas militares que tomaron el poder a partir de 1976 fueron juzgadas por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llamó el “juicio contra los ex comandantes”, como consecuencia de la inactividad del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las penas impuestas oscilaron entre la reclusión perpetua y los cuatro años de prisión. Hubo, además, cuatro absoluciones. Todos los jueces integrantes de esta Cámara Federal provení­an de la dictadura, del mismo modo que los integrantes de la Fiscalí­a que llevó a cabo la acusación.

La diferencia abismal entre la imposición de penas y la absolución como también entre los montos de las penas, radicó, esencialmente, en que la Cámara Federal optó por una responsabilidad individual, es decir que cada uno de los comandantes debió responder por los hechos cometidos en la órbita de su arma y no por lo actuado por las otras.

A su vez, los hechos investigados se restringieron a aquellos cometidos por los imputados en su calidad de comandantes y no a otros delitos que pudieron haber cometido como miembros y/o jefes de las distintas dependencias de las Fuerzas Armadas, con lo cual los miembros de las segunda y tercera juntas no respondieron por los crí­menes cometidos durante la primera, a pesar de sus altos rangos en cada una de las fuerzas.

Todo esto indica claramente la decisión polí­tica –y por ende jurí­dica- de restringir al máximo los juicios por violaciones a los derechos humanos y sus castigos, y de sostener que sólo existieron individuos que cometieron crí­menes y no la planificación de aniquilamiento.

Apenas conocido el fallo de la Cámara Federal en diciembre de 1985, el gobierno de Alfonsí­n hizo pública su intención de dar un “punto final” a los juicios. A partir de allí­ en abril de 1986 se impartieron las instrucciones al fiscal general ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de no ir en detrimento de la “capacidad espiritual” de las fuerzas.

Las presiones militares por dar un corte a los procesos iniciados fueron en aumento. A las declaraciones públicas de varios de los integrantes de las Fuerzas Armadas les sucedió una serie de levantamientos militares.

En medio de la grave crisis polí­tica e institucional, el Presidente Alfonsí­n envió un proyecto de ley al parlamento en diciembre de 1986. En su discurso a la sociedad dijo que el paí­s debí­a mirar hacia el futuro. Comenzó a gestarse el “punto final” que se sancionó el 29 de ese mismo mes. Se trató, en verdad, de una autoamnistí­a, prohibida tanto por la Constitución argentina como por los pactos de derechos humanos. Por esta medida se extinguí­a la acción penal si una persona no era llamada dentro de los sesenta dí­as de promulgada la norma.

El efecto que causó la ley fue una avalancha de presentaciones ante la Justicia en contra de quienes se hallaban imputado y el dictado de innumerables procesamientos contra miembros de las fuerzas militares.

A ello le siguieron las instrucciones impartidas a los fiscales federales de la justicia civil para que restringieran al máximo el número de causas.

El alzamiento militar de semana santa de 1987 originó que Alfonsí­n se doblegara ante tales presiones: el dí­a 13 de mayo de 1987 el Presidente de la Nación envió un proyecto al Congreso, que luego se convirtió en ley, por el que se estableció la “obediencia debida”, concepto por el cual se presumí­a que los miembros inferiores de las FFAA habí­an actuado en cumplimiento de órdenes emanadas de la superioridad, excluyéndose los delitos contra menores, la violación y usurpación de la propiedad.

Mediante esta norma el Congreso asumió funciones judiciales por las que estableció que los miembros subalternos de las Fuerzas Armadas habí­an actuado de modo irreprochable, sin admitir prueba en contrario. A los pocos meses fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la única excepción del Dr. Jorge Bacqué. Esta postura fue compartida por los tribunales federales inferiores, lo que llevó al cierre de todas las causas en trámite.

La persistente presión militar hizo que el sucesor de Alfonsí­n, el Dr. Carlos Menem, dictara los decretos de indulto perdonando las penas a los pocos militares que habí­an sido condenados, quienes recuperaron su libertad.

Tanto las leyes de obediencia debida y de punto final como los indultos presidenciales fueron seriamente cuestionados por la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, por el Comité contra la Tortura de la ONU y por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque impidieron el derecho a la justicia de gran parte de la población argentina y porque los delitos aberrantes cometidos no pueden ser amnistiados ni perdonados.

Sin embargo, el trabajo de los organismos de derechos humanos no cesó y gran parte de la sociedad argentina continuó reclamando justicia y castigo por tales crí­menes.

El trabajo incesante realizado con el anhelo de obtener justicia en algún lugar del mundo dio como resultado la presentación de una denuncia ante el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, a cargo del juez Baltasar Garzón, quien actualmente investiga la comisión de los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas cometidos por los militares argentinos y chilenos.

Jueces de otros paí­ses, como Italia, Francia, Suiza e Israel, se sumaron a la persecución penal de estos graves crí­menes, en señal de que toda la comunidad internacional se hallaba conmovida. A fines de 2.000 un juez mexicano hizo lugar a la extradición a España del marino argentino Ricardo Cavallo reconociendo la jurisdicción universal.

Como consecuencia del dictado de órdenes de detención de estos jueces extranjeros contra militares argentinos, nuestro paí­s se ha transformado en una gran cárcel para los genocidas. Ni el gobierno de Menem ni el del actual Presidente, Fernando De la Rúa, han dado muestras de colaboración con los juicios iniciados en el exterior y reclamaron el principio de la territorialidad para estos crí­menes, exhibiendo su afán en sostener la impunidad en la Argentina y reconociendo las leyes e indultos dictados.

En estos últimos años ha habido un cambio muy positivo en la comunidad internacional con respecto al reconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su incorporación al derecho interno de los Estados. El debate por la instauración de una Corte Penal Internacional y sucesos como la detención de Pinochet y los juicios de Ruanda y la ex Yugoslavia lo demuestran.

Este avance significativo otorgó nuevos aires en la lucha contra la impunidad en la Argentina, donde se presentaron diversas querellas criminales. Por una de ellas se investiga la existencia de un plan sistemático de apropiación de niños nacidos en cautiverio; en esta causa fueron privados de libertad varios militares, entre los que se encuentran Videla y Massera, por ser autores mediatos del ocultamiento y supresión del estado civil de centenares de menores, hijos de detenidos-desaparecidos. El juez que interviene en la causa aplicó el derecho internacional de los derechos humanos y entendió que se trataba de crí­menes de lesa humanidad y por lo tanto, de carácter imprescriptible.

Hay dos importantes antecedentes en la Argentina: los casos de los oficiales nazis requeridos de extradición, Eric Priebke y Franz Schwammberger, en los que la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de la Plata, respectivamente, fundaron la aceptación de ambos pedidos, en virtud de la comisión del delito de genocidio y de crí­menes de lesa humanidad.

También se presentó una querella contra los máximos responsables de las dictaduras que usurparon el poder en el Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y la Argentina, por la existencia de lo que se denominó el “plan cóndor”, por el cual, con el conocimiento, consentimiento y apoyo de los EEUU, llevaron a cabo un sistema de persecución, represión y eliminación de opositores polí­ticos. Este “operativo cóndor” tuvo sus principales ví­ctimas dentro del territorio argentino y uno de sus gestores más relevantes fue el General chileno Augusto Pinochet. El juez a cargo de esta investigación ha solicitado al Gobierno de los EEUU una serie de documentos que recientemente han sido desclasificados, de los que surge con evidencia esta red criminal que estuvo enquistada en las estructuras de varios Estados.

En otras causas criminales actualmente abiertas se investiga la supresión del estado civil de niños nacidos en cautiverio. En una de ellas, hace pocos dí­as el juez federal Gabriel Cavallo declaró la invalidez de las leyes de obediencia debida y punto final, por ser ambas violatorias de la Constitución Nacional y de los Pactos internacionales de derechos humanos, con el objeto de investigar las desapariciones de los padres de una menor nacida en un centro clandestino de detención. Este elogiable fallo, fruto de un concienzudo estudio y esforzado trabajo, será objeto de apelación ante la Cámara Federal de Buenos Aires por parte de los detenidos en esta causa, los torturadores Julio Simón y Juan Antonio Del Cerro.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habí­a declarado la constitucionalidad de ambas normas y es probable que sostengan esta postura en una eventual intervención.

Según nuestro sistema, la declaración de inconstitucionalidad sólo puede regir para el caso concreto, con lo que la lucha jurí­dica en este punto recién ha comenzado. Los organismos de derechos humanos están estudiando los pasos a seguir para solicitar la reapertura de todas aquellas causas que fueron cerradas luego de la promulgación de ambas leyes y para que se inicien aquellos casos que jamás fueron denunciados.

Mientras tanto, el poder militar ya ha fijado su posición: el fallo va en contra de la reconciliación nacional –como si la reconciliación nacional pudiera ser fruto de algo distinto que la justicia-; quien fuera Presidente de la Nación al momento de sancionarse las leyes, Raúl Alfonsí­n, manifestó que mirar hacia el pasado puede abrir viejas heridas; el actual ministro de defensa, Horacio Jaunarena –que ocupaba el mismo cargo en esa época- dijo que las Fuerzas Armadas gozan del reconocimiento del pueblo argentino y que las leyes son constitucionales; la jerarquí­a de la iglesia católica se mostró disgustada –los mismos obispos que comenzaron a elaborar con las Fuerzas Armadas una eventual mesa de diálogo para una inviable reconciliación nacional-; los periodistas del stablishment reconocieron el fallo aunque mencionaron que polí­ticamente no era conveniente e insistieron en la teorí­a de los dos demonios.

Muchos de los jueces que podrí­an intervenir en las causas por violaciones a los derechos humanos ya se han manifestado por la constitucionalidad de las leyes.

La impunidad trajo como consecuencia que en perí­odos democráticos hayan sucedido hechos atroces como los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que causaron decenas de muertos y en las que se sospecha seriamente la participación de policí­as y militares argentinos. Las ejecuciones extrajudiciales de parte de la policí­a es una constante y hay centenares de casos en los últimos años. La tortura se ha seguido utilizando en las comisarí­as, a pesar de haber existido más de cuatrocientas denuncias, los jueces no han condenado a ningún agente del Estado. El Ejército Argentino, durante el gobierno de Raúl Alfonsí­n, ejecutó a militantes de una agrupación de izquierda que atacó un regimiento. Tres de los atacantes se encuentran actualmente desaparecidos, a pesar de que fueron detenidos con vida por agentes del Estado. La polí­tica económica que instaurada durante la dictadura se ha intensificado en los últimos años provocando la exclusión social de un gran sector de la población. La impunidad ha corroí­do las estructuras de la sociedad argentina y continúa siendo sostenida desde las más altas esferas.

Es nuestro afán derribar el muro de impunidad para que no se repita la historia y como homenaje a la memoria de las ví­ctimas, de quienes tomamos el compromiso de trabajar por una sociedad donde la justicia y la libertad se hagan realidad. Para ello, continúa siendo vital el interés de toda la comunidad internacional. Muchas gracias.

„Wie wir ja alle wissen“, haben Tausende von Nazis in Lateinamerika sichere Fluchtländer gefunden und dort gut gelebt, weil sie Geld und Gold mitgenommen haben. ODESSA (Organisation ehemaliger SS-Angehöriger) soll die zentrale Fluchtorganisation gewesen sein, die später ein Viertes Reich begründete. Frederick Forsyths Roman Die Akte ODESSA und der Film dazu haben ODESSA weltweit bekannt gemacht.

ODESSA hat es aber nie gegeben. Einige neuere Bücher  haben den ODESSA–Mythos widerlegt oder die Flucht von NS-Tätern nach Lateinamerika in ihren realen, viel kleineren Dimensionen dargestellt. Das aber geht den Produzenten von Öffentlichkeit gegen den Strich. Wissenschaftliche Bücher lesen sie nicht, und am wenigsten, wenn das Gegenteil von dem drinsteht, was sie senden wollen. Wenn sie es geschafft haben, an einen der kritischen Autoren heranzukommen und der ihnen sagt, dass es ODESSA nicht gab, suchen sie nach dem nächsten, der ihnen das gewünschte Interview gibt. Ich wollte einmal einen russischen Fernsehproduzenten davon abbringen, in Deutschland einen Film zu ODESSA zu drehen. Das Team flog dennoch ein und unverrichteter Dinge wieder ab.

Mythen sind nicht einfach Erfindungen. Sie haben einen verschütteten, nicht mehr ausmachbaren Wahrheitskern. Hält man sich an die Dokumente[1]des US-amerikanischen militärischen Geheimdienstes CIC (Central Intelligence Corps), der ab 1945 in der amerikanischen Besatzungszone operierte, dann  war ODESSA keine fest gefügte Organisation, sondern ein Sammelbegriff für regionale Gruppierungen und Anlaufstellen fliehender SS-Leute[2]. ODESSA hatte einen Zweig in Deutschland, der die SS-Leute mit falschen Papieren versorgte. Die Zentrale war offenbar die Volkshochschule in Coburg[3]. Der CIC schätzte den Wahrheitsgehalt der Informationen über die Coburger Kleingruppe offenbar gering ein. Ihr Chef war ein behördlich bekannter Hochstapler.

Als Kopf der Organisation galt Otto Skorzeny, – zu Recht oder Unrecht, ist schwer festzustellen. Skorzeny war ein Offizier der Waffen-SS, der durch gewagte Kommandounternehmen wie die Befreiung Mussolinis aus italienischer Haft bekannt geworden war. Skorzeny organisierte vom Kriegsgefangenenlager Dachau aus untergetauchte Nationalsozialisten und wurde nach seiner Flucht aus der Gefangenschaft einer der Köpfe des “Neo-Nationalsozialismus” (ein Ausdruck, den er selbst seit Anfang der fünfziger Jahre benutzte).

Gegen das Bild einer gut abgeschirmten Geheimorganisation sprechen zahlreiche Dokumente des CIC. Beim Roten Kreuz in Augsburg bekamen in der Niemandszeit zwischen 1945 und 1947 entlassene deutsche Kriegsgefangene zusätzlich Brot und Kaffee, wenn sie die Parole “ODESSA” sagten. Polnisches Wachpersonal der US-Kriegsgefangenenlager machte das ODESSA-Spiel mit, um “den Russen zu schaden”[4]. Ein ziviler Agent des CIC erfuhr durch einen alkoholisierten Zufallsbekannten von ODESSA[5]. Eine wohlorganisierte Untergrundorganisation würde sich solche Blößen nicht geben. ODESSA war ein Schlagwort, allenfalls ein loses und kurzlebiges Netzwerk.

Ein vom US-Außenministerium freigegebenes Dokument schildert, wie Mitglieder von ODESSA gefälschte Dollar-Noten, die von der SS im Rahmen der “Operation Bernhard” hergestellt worden waren, um feindliche Währung in Turbulenzen zu bringen und Fluchtgelder für die Hitleranhänger bereitzuhalten, in Peru in Umlauf brachten. Das Hauptquartier von ODESSA sei in Kairo, der “Kopf” der Organisation in Südamerika sei Friedrich Schwend, und in Spanien sei es Otto Skorzeny. Schwend und der in Ägypten lebende Naziflüchtling Johannes von Leers (nach seiner Konversion zum Islam: Omar Armin von Leers) seien im Dezember 1964 in der Botschaft der Vereinigten Arabischen Republik in Lima/Peru zusammengekommen. Leers habe von Schwend für 100.000 echte Dollars eine um ein Vielfaches größere Summe gefälschter Dollars kaufen wollen, heißt es in dem Dokument der US-Botschaft in Lima. Skorzeny und Leers lebten nicht im Untergrund. Sie haben Bücher geschrieben und ihre Identität nicht versteckt. Schwend hat zwar falsche Namen benutzt (z.B. „Wendig“), aber unter seinem richtigen, mehrfach öffentlich erwähnten Namen in Lima gelebt. Das erwähnte Dokument deutet darauf hin, dass ODESSA ein zwar inoffizieller, aber nicht konsequent im Untergrund arbeitender Zusammenschluss geflohener Nazitäter war. Es mag auch sein, dass die Quelle des CIC zu dieser Information den Sachverhalt mit „ODESSA“ etikettiert hat, ohne Näheres zu wissen. Eine ernstzunehmende politische Dimension  – etwa die Errichtung eines „vierten Reiches“ -  kommt in keinem der hier erwähnten CIC-Dokumente vor. Weitere authentische Primärquellen zum Thema ODESSA sind mir nicht bekannt.

Das Schwend-Archiv

Das Schwend-Archiv ist, soweit mir bekannt, die umfangreichste öffentlich zugängliche Dokumentensammlung eines geflohenen Nationalsozialisten in Lateinamerika. Es enthält mehrere Tausend Dokumente der Jahre 1945 – 1971. Das Archiv wurde 1972 in zwei Kisten verpackt in einem Versteck in Schwends Haus in Lima bei einer Durchsuchung durch die peruanische Polizei gefunden. Das Original befindet sich im Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung[6]. Schwend wurde in Peru durch Betrug und Devisenschmuggel reich. Er war einer der wichtigen Männer des nationalsozialistischen Netzwerks in Lateinamerika, das aus einzelnen oder in kleinen Gruppen organisierten Nationalsozialisten bestand und keine festen politischen und organisatorischen Konturen auswies. Einer von Schwends engsten Geschäftspartnern war der unter falschem Namen in Bolivien lebende Klaus Barbie.

Nach der Auslieferung Barbies an Frankreich haben Journalisten einen vergleichsweise kleinen Teil des Schwend-Archiv benutzt. Die einzige seriöse Publikation, die mit dem Archiv arbeitete, ist Magnus Linklater u.a.: Klaus Barbie – The Fourth Reich and the Neofascist Connection. Das Archiv enthält neben Schwends Privat- und Geschäftskorrespondenzen eine Vielzahl von Namen, Dokumente zur konterrevolutionären Politikberatung, Unterlagen zum Waffenhandel und politische Einschätzungen nach Lateinamerika geflohener Nationalsozialisten.

Die wichtigste Akte hat die Nummer 18. In ihr sind brisante Teile aus anderen Akten zusammengezogen. Akte 18 enthält viele Geheimdienstdaten und ein „Protokoll“ eines ODESSA-Treffens in den sechziger Jahre im spanischen Marbella. Das „Protokoll“ ist angeblich eine spanische Übersetzung. Ein Original gibt es in dem Archiv nicht. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Produkt aus Schwends notorischer Fälscherwerkstatt. Offenbar wollte Schwend das Thema, wie viele andere, an Journalisten verkaufen. Viele darin enthaltene Schilderungen sind unrealistisch und sensationalistisch. Meine der Akte 18 im Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung beigefügte und mündlich wiederholte Warnung, das Dokument sei wohl nicht echt, hinderte Guido Knopp nicht daran, es in Film und Buch als Beweisstück zu präsentieren. Über all der Aufregung geriet in Vergessenheit, dass das Schwend-Archiv eine Fundgrube zum realen Leben geflohener Nazis in Lateinamerika ist.

Was wirklich geschah

Holger M. Meding hat wohl als Erster diese Flucht so dargestellt, wie sie tatsächlich verlief (u.a. Holger M. Meding: Flucht vor Nürnberg? Deutsche und österreichische Einwanderung in Argentinien 1945-1955. Köln 1992). Matteo Sanfilippo beschreibt in Ratlines and Unholy Trinities: The Vatican Files.net (Quelle: http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/24/1/sanfilippo_ratlines.htm) die Mythenbildung um ODESSA und stellt fest, “ODESSA muss existieren, denn wir brauchen es um des Geheimnisses willen”. Dass tausendfache Mörder sich wie Taschendiebe aus dem Staub gemacht haben könnten, ist schwieriger zu vermitteln als die Vorstellung irgendwelcher geheimen Verschwörungszentralen. Sanfilippo, Professor an der Universität Viterbo (Italien) und Rechercheur für die von der argentinischen Regierung zur Erforschung der eingewanderten Nazis eingesetzte Untersuchungskommission CEANA, kommt zu dem gut belegten Ergebnis, dass viele Nazis aus barer Notwendigkeit und ohne besonderen Schutz flohen. Die gängige Zahl von 30.000 in Argentinien untergetauchten Nazis ist durch nichts belegt.

Der Historiker Heinz Schneppen hat die Entstehung des ODESSA–Mythos in seinem Buch Odessa und das Vierte Reich – Mythen der Zeitgeschichte rekonstruiert und anhand zahlreicher Details und Biografien nachgewiesen, dass die Fluchtwege, die es gab, improvisiert und uneinheitlich waren und, was das Auffangland Argentinien betrifft, das finanzielle Interesse und der Bedarf an Technikern die politischen Interessen überwogen.

Schneppen untersucht die beiden Hauptquellen des ODESSA-Mythos: Simon Wiesenthal und die Propaganda der DDR, die sich hier in gegenseitiger Abneigung verbanden. Wiesenthal beruft sich auf eine von ihm nie konkretisierte Quelle „Hans“, deren Information er von Buch zu Buch ausbaut und variiert. Er verlegt mehrfach den Ort, an dem er mit „Hans“ gesprochen hat. Sein Verhältnis zur Öffentlichkeit war taktisch, und ernsthafte Rechercheure wussten immer, dass seine Informationen unzuverlässig waren. Die DDR baute ODESSA auf, um eine Kontinuität zwischen dem Hitlerstaat und der BRD zu belegen. In Westdeutschland, so diese Version, war ODESSA entstanden, im Westen wirkte die Organisation fort, und der NS-Schatz war (in der heutigen Variante Gaby Webers, s.u.) der Grundstock fürs deutsche Wirtschaftswunder.

Zu diesem Konstrukt gehört eine Konferenz, auf der 1944 in Straßburg Spitzen des NS-Staates und der deutschen Wirtschaft Flucht und Nachkriegsordnung beschlossen haben sollen. Die Grundlage dieses Mythologiestrangs ist ein wenig präziser Geheimdienstbericht eines ungenannten Informanten gegenüber dem US-Geheimdienst CIC, der allenfalls Rückschlüsse auf ein kleines lokales Treffen zulässt, das allerdings auch nicht nachweisbar ist. Der CIC hat trotz vieler gezielter Verhöre keine weiteren Anhaltspunkte gefunden. Gaby Weber hat den Spitzelbericht in Daimler-Benz und die Argentinien-Connection (Hamburg 2006) erstmals veröffentlicht und ihn flugs zum Konferenzprotokoll erhoben, an das sie wagemutige Spekulationen knüpft. Schneppen zerpflückt auch diesen Strang.

Uki Goñi  hat in seinem Buch ODESSA: die wahre Geschichte: Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher (Berlin 2006) die Flucht von NS-Personal nach Argentinien sehr nahe an die reale Dimension herangerückt, wenn er auch die Vorstellung einer Schrumpf-ODESSA nicht aufgibt (belegen kann er sie nicht). Goñi  hat 300 Namen von geflohenen Nazis herausgefunden, wobei er zwischen Straftätern und Kollaborateuren nicht unterscheidet. Über den Titel seines Buches ist er nicht glücklich, aber das wollte der Verlag so. Schneppen kommt auf maximal 30 NS-Verbrecher und 150 Kollaborateure.

Argentinien, ein damals wohlhabendes Land, unterhielt während des Zweiten Weltkrieges gute Kontakte zu Hitlerdeutschland und ließ so wenig jüdische Flüchtlinge wie möglich einreisen. Gegen Kriegsende organisierten die katholische Kirche und argentinische Diplomaten die Flucht von Kriegsverbrechern nach Argentinien. Die argentinische Präsidentengattin Eva Perón reiste 1947 nach Madrid, Rom und in die Schweiz und verschaffte, so Goñi, der NS-Fluchthilfeorganisation politische Rückendeckung. Goñi beschreibt in einzelnen Kapiteln die unterschiedlichen Fluchtwege aus Europa nach Argentinien. Der wichtigste lief über Italien, wo die katholische Kirche aktive Fluchthilfe anbot. Eine “Nordroute” brachte über Norwegen und Dänemark vor allem Flugzeug- und Raketenbauer nach Argentinien. In der Schweiz gab es ein inoffizielles Verbindungsbüro, das von versteckten Nazis und beauftragten Argentiniern geführt und von Antisemiten in den Schweizer Behörden geduldet wurde. Die Schweiz hatte Interesse, die dort untergetauchten Nazis und kroatischen Ustascha-Leute und gleichzeitig jüdische Flüchtlinge loszuwerden. Sie handelten mit den Argentiniern aus, dass auf den Schiffen, mit denen die Nazis flohen, auch Naziopfer Platz fanden. Am Ende kam wegen der restriktiven argentinischen Einwanderungspolitik auf drei Nazis ein Nazi-Opfer,

Die Ustascha-Leute flohen schon ab November 1943 Richtung Argentinien. Ihr wichtigster Stützpunkt war das von Bischof Hudal verwaltete Kloster San Girolamo bei Rom, das sie in ein Räubernest verwandelten und in dem sie einen eigenen Geheim- und Sicherheitsdienst unterhielten. Anfangs versuchte der US-Geheimdienst CIC, die “Rattenlinie” zu blockieren und schaffte es sogar, einen V-Mann in das Kloster einzuschleusen. Mit dem einsetzenden kalten Krieg wurden immer weniger Kriegsverbrecher an kommunistische Staaten ausgeliefert, und die USA unternahmen nichts mehr gegen die “Rattenlinie”, wenn sie sie nicht sogar selbst nutzten.

Goñis Buch ist deskriptiv, deutet aber an, wie ein Teil der Geflohenen sich in die argentinische Gesellschaft einfügte. Das Selbstverständnis der geflohenen Nazi-Täter als rassisch-politische Elite kam den Erwartungen der lateinamerikanischen Länder, in die sie flohen, entgegen. Das argentinische Bürgertum definierte sich über einen aus Europa mitgebrachten Rassismus. Von der Fiktion eines leeren Landes ausgehend, unterschied es zwischen Einwanderern aus Nord- und Westeuropa, die nach der Unabhängigkeit von Spanien die argentinische weißen Elite bildeten, und den proletarischen Einwanderern aus Südeuropa (Italiener und Spanier) und Osteuropa (mit dem Prototyp der Juden). Um die Einwanderungsströme in diesem rassistischen Sinn zu lenken, besetzte die Regierung Perón die wichtigsten Posten der Einwanderungsbehörde mit überzeugten argentinischen Antisemiten und gerade angekommenen Kriegsverbrechern. Ihnen genügte, wie Goñi schreibt, die Tatsache, dass jemand an Nazi-Verbrechen beteiligt war, als Beweis ihrer rassischen Überlegenheit. Der Kampf, welche Juden nach 1945 entgegen einem geheimen Dekret aus Buenos Aires einwandern durften, wurde erbittert und mit harten persönlichen Konsequenzen für die Beteiligten geführt. Der rassistische Kern dieser Konflikte wird an Episoden wie der Einwanderungserlaubnis für ein jüdisches Ehepaar – mit der Begründung, es sei ja zu alt um noch Nachwuchs zu zeugen.

In Argentinien angekommen, schmiedeten die Flüchtlingsgruppen mit den örtlichen Eliten informelle oder auch formalisierte geschäftliche und politische Allianzen. Gerade angekommene NS-Verbrecher, die noch kein Spanisch konnten, saßen am Tisch von Peróns Geheimkabinett. Der von Hitler hoch dekorierte Kampfpilot Hans-Ulrich Rudel half zusammen mit geflohenen oder angeworbenen deutschen Technikern beim Aufbau der argentinischen Luftwaffe. Zu den kreolisch-europäischen Allianzen gehörten Gruppen wie ein “Zentrum für Nationalistische Kräfte”, das Goñi als “internationale Initiative” bezeichnet, “zu der italienische Faschisten, belgische Rexisten (eine katholisch-faschistische Gruppe) und kroatische Ustascha-Leute gehörten”. Nach der Niederlage des Nationalismus 1945 waren solche Internationalen der Nationalisten häufig. Gelegentlich wurde diese Allianzpolitik als “Dritter Weg” zwischen Kommunismus und Kapitalismus betrachtet, ein Begriff, der zur nationalsozialistisch-faschistischen Ideologie einer nichtkapitalistischen Ökonomie der “Volksgemeinschaft” passte und zugleich für ein eigenes Entwicklungsmodell stand, wie es Caudillos vom Schlage Peróns vertraten.

Linklater u.a. analysieren die bolivianische Variante solcher Allianzen in Klaus Barbie – The Fourth Reich and the Neofascist Connection. Barbie hat, wie sein Geschäftsfreund Schwend in Peru, mit dem Geheimdienst seines Fluchtlandes gearbeitet und sein im Kampf gegen die résistance gewonnene Repressionserfahrung einer bolivianischen Militärdiktatur zur Verfügung gestellt. In Chile gehörte Walther Rauff während der Diktatur Pinochets zu den Beratern des Geheimdienstes DINA.

Die Phase der recht offen gezeigten Allianzen zwischen NS-Tätern, katholischer Kirche und örtlichen politischen Eliten endete mit einem Schlag, als 1960 der israelische Geheimdienst Adolf Eichmann, den Organisator der “Endlösung”, aus Argentinien nach Israel entführte. Nachdem Eichmann nicht nach Hause gekommen war, alarmierte sein Sohn Horst Gesinnungsgenossen, und junge Peronisten durchkämmten Buenos Aires mit Motorrädern, um Hinweise auf Eichmann zu finden. Das Bündnis aus Nazi-Verbechern und argentinischen Antisemiten war so gut organisiert, dass es schnell und flexibel reagieren konnte. Die jugendlichen Peronisten planten, die israelische Botschaft in die Luft zu jagen und den israelischen Botschafter zu entführen und zu foltern, um das Versteck der Entführer zu finden. Eichmanns Familie befürchtete, Horst könne in ein arabisches Land gehen und “jedwede Mission gegen Israel ausführen”. Zwei junge argentinische Jüdinnen gerieten in den Verdacht, etwas mit der Entführung zu tun zu haben. Eine wurde ermordet, die andere entführt und gefoltert und ihr wurde in Hakenkreuz in die Brust gebrannt.

Bei seiner Recherche stellte Goñi fest, dass die Behörde noch 1996, also unter ziviler Regierung, die wichtigsten Akten zur Naziflucht verbrannt hatte, um lästigen Nachforschungen zu entgehen. Als dann die staatliche Kommission CEANA gegründet wurde, konnte sie auf diesen Aktenbestand nicht mehr zurückgreifen. Die Kommission konnte 180 geflohenen Nazis identifizieren; Goñi fand 300. Der Zahlenunterschied mag sich durch die unterschiedlichen Kategorisierungen von „Nazi“ erklären.

Nach diesen entmythologisierenden Studien war es an der Zeit, durch Präzisierung, Abgleiche und detaillierte Einzelstudien zu vertiefen, was die reale Dimension der Fluchtbewegung war. In dieser Forschungssituation schrieb Gerald Steinacher Nazis auf der Flucht: wie Kriegsverbrecher über Italien nach Übersee entkamen.

Das NS-Personal floh größtenteils über Südtirol. Es war das einzige deutschsprachige  Gebiet, das schon kurz nach Kriegsende nicht mehr von den Alliierten besetzt war und Zugang zu den italienischen Seehäfen bot. Örtliche Einrichtungen der katholischen Kirche und des Roten Kreuzes stellten wissentlich oder nicht die zur Ausreise nötigen Papiere zur Verfügung. Südtirol war nach dem Ersten Weltkrieg und verstärkt unter Mussolini zwangsitalienisiert worden, was zu einer trotzigen Identifikation der überwiegend ländlichen deutschstämmigen Bevölkerung mit Österreich und Deutschland führte. Die aber wurden zum großdeutschen Reich, wodurch der antiitalienische Affekt fast zwangsläufig einen nationalsozialistischen Einschlag bekam, der aber dadurch wieder irritiert wurde, dass Hitler Südtirol nicht heim ins Reich holte, um seinen Bundesgenossen Mussolini nicht zu verschrecken. Die Besetzung Italiens durch die deutsche Wehrmacht gab der deutschfreundlichen Fraktion wiederum Auftrieb. Die hinter Hitlers Rücken ausgehandelte Kapitulation von Wehrmacht und SS in Norditalien führte dazu, dass die US-Streitkräfte kein strenges Besatzungsregime errichteten. US-Soldaten und SS-Männer gingen in Bozen in ihren jeweiligen Uniformen gemeinsam auf Streife. Die Dorfbürgermeister blieben erst einmal im Amt und halfen in einer Mischung aus landsmannschaftlicher und politischer Solidarität den Flüchtlingen mit falschen Geburtsurkunden aus. Dieses Milieu aufgezeigt und mit Fotos dokumentiert zu haben gehört zu Steinachers großen Verdiensten. Als Archivar am südtiroler Landesarchiv in Bozen saß er an der richtigen Stelle, um eine Forschungslücke auszufüllen. Steinacher hat Pfarrbücher eingesehen und Interviews mit Zeitzeugen oder deren Angehörigen gemacht. Dieser Teil von Nazis auf der Flucht klärt über eine wesentliche Etappe der Fluchtroute auf.

Verdienstvoll ist auch Steinachers Einsicht in Archive wie das des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK). Dessen Praxis, die für die Ausreise aus Italien benötigten Papiere zu beschaffen, mag mit heimlichen Sympathien einiger führender Mitarbeiter des IKRK zu tun haben, insgesamt war sie aber die Folge einer Überforderung der wenigen IKRK-Mitarbeiter in Italien nach 1945, das noch keine funktionierende Verwaltung aufgebaut hatte und aus dem Abertausende staatenloser Ausländer auswandern wollten. Die Italiener waren froh um jeden, der ging. Auch zur Fluchthilfe der katholischen Kirche steuert Steinacher Informatives bei wie etwa die problematische Praxis der Wiedertaufe, um „gottgläubige“ Flüchtlinge in den Schoß der Kirche zurückzubringen („Seelenernte“) und dann in Klöstern zu verstecken.

Aber war es denn immer Fluchthilfe, was da geleistet wurde? Es gab Nationalsozialisten, die die Fluchtroute benutzten, ohne von den Alliierten gesucht zu werden. Hitlers Lieblingspilot Hans-Ulrich Rudel ist wohl abgehauen, weil er in Deutschland für sich keine Zukunft sah und hat für seine neonazistischen Aktivitäten die BRD besucht. Walther Rauff war im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess Zeuge, aber nicht Angeklagter, und reiste aus Chile, wo er unter seinem richtigen Namen offen lebte, dreimal nach Deutschland, wo ein gegen ihn bestehender Haftbefehl, von dem er nichts wusste, nicht ausgeführt wurde. Andere gingen freiwillig zurück und stellten sich der Justiz. Oft mischten sich wirtschaftliche und politische Motive bei der Auswanderung. Diese Problematik diskutiert Steinacher nicht; bei ihm ist alles einfach Flucht.

Und wer waren die Flüchtlinge? Steinachers  Terminologie ist unklar. Er nennt austauschbar „Kriegsverbrecher und SS-Angehörige“ (ohne Unterscheidung zwischen allgemeiner SS und Waffen-SS), „Nazi-Prominenz“[7], „Kriegsverbrecher und Faschisten“, „SS-Offiziere“, „Nationalsozialisten“, „Kollaborateure“ und dann schlicht „Nazis“ (im Titel), wobei militärische Ränge gelegentlich falsch angegeben sind. Steinacher macht keinen Versuch diese Begriffe zu klären und die Gruppen jeweils zu quantifizieren. „Kollaborateur“ wurde im Stalinismus sehr pauschal gebraucht und bedeutete Lager oder Tod; im Westen war es kein Grund zur Flucht nach Übersee, eher zum vorübergehenden Abtauchen. Mit dem Wort „Kriegsverbrecher“ geht Steinacher geradezu fahrlässig um. Es geht auf den „Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“ in Nürnberg zurück, bezeichnete ursprünglich eine genau definierte Personen- und eine spezifische Deliktgruppe und wurde später inflationär benutzt.

Und wie viel Flüchtlinge waren es? Goñi hat, wie erwähnt, 300 Fälle gefunden, Schneppen nennt „maximal 30 NS-Verbrecher“ und etwa 150 Kollaborateure, Meding spricht von 300-800 höheren NS-Funktionären, darunter 50 schwerbelastete Kriegsverbrecher und Massenmörder. Diese Zahlen überlappen sich, und nun wäre es an der Zeit, sie systematisch zu vergleichen und nach wohldefinierten Tätergruppen zu ordnen. Die Größenordnung der Dunkelziffer wäre einzugrenzen. Steinacher lässt sich auf diese Diskussion gar nicht erst ein. Er sagt, wie es gerade kommt, „Viele“, „nicht wenige“, „hunderte“, „Tausende“ oder „Strom der NS-Flüchtlinge“.

In Nazis auf der Flucht wiedergegebene Kurzbiografien von Leuten, deren Fluchtgeschichte bereits gut dokumentiert ist, enthalten Fehler, die aus der Sekundärliteratur übernommen wurden (z.B. Rauff, der in Chile „äußerst wohlhabend“ und mal als der „Erfinder“, mal der „Entwickler“ der Gaswagen genannt wird; tatsächlich hat er diese Aktion geleitet). Zwei in dem Buch häufig erwähnte NS-Flüchtlinge sind Klaus Barbie, der erst nach Peru und dann nach Bolivien floh, und Friedrich Schwend, der sich über den Panamakanal nach Peru absetzte. Das Standardwerk hierzu ist Klaus Barbie and the Fourth Reich, eine solide und umfassende Arbeit des angelsächsischen Recherchejournalismus, die bei Steinacher nicht auftaucht. Steinacher nennt das Schwend-Archiv als Quelle und zitiert daraus, behauptet aber, Schwend sei nach Argentinien ausgewandert. Dass Schwend in Peru war, kann niemandem entgehen, der sein Archiv auch nur flüchtig eingesehen hat. Jedes Blatt des Archivs trägt einen Stempel der peruanischen Justiz.

Steinacher sagt, dass Schwend die Rattenlinie mit aufgebaut und mitfinanziert und dabei mit Walther Rauff zusammengearbeitet habe. Schwend ging es aber immer nur um Geld, er hat es rausgeholt, wo er konnte, und sich dann abgesetzt, da er in Italien wegen eines im Streit begangenen Mordes verurteilt worden war. Rauff hat laut Wiesenthal Schwend in Italien wegen dessen in der „Operation Bernhard“ zusammengeraubten Vermögens erpresst. In Lateinamerika sei Schwend eine „zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge“ gewesen, so Steinacher. Loyal war Schwend aber nur gegenüber seinem Geschäftspartner Barbie, alle anderen hat er übers Ohr gehauen. Schwend war Anlaufstelle für Journalisten, denen er meist erfundene Geschichten andrehte, und gesuchte NS-Täter werden sich gehütet haben, mit ihm irgendwelche Kontakte aufzunehmen.

Steinacher folgt der Grundannahme, dass die Hitleranhänger nach Kriegsende kameradschaftlich zusammengehalten haben. Darin reproduziert er das Selbstverständnis der SS, nach außen hart, aber im Kern „anständig“ (Himmler) gewesen zu sein. Diese unterstellte Kameradschaftlichkeit führt zu Behauptungen wie der, dass Schwend und Barbie „wiederholt Kontakte zu Mengele“ hatten, weil sie Mengele-Landmaschinen importierten. Die Familie Mengele hat ihrem untergetauchten Sohn diskret Geld zukommen lassen, aber wohl kaum Vertreterprovisionen. Sollte Steinachers Behauptung zutreffen, müsste er eine Quelle nennen.

Es gab auf der Fluchtroute und in den Zielländern alte Seilschaften und ein paar Netzwerke, die aus den Großorganisationen Hitlerdeutschlands (Wehrmacht, SS, Partei) hervorgegangen waren. Aber wenn es darauf ankam, versuchte jeder, auf eigene Faust zu überleben oder zu fliehen. Es ist schwer zu verkraften, dass die großen Verbrechen Hitlerdeutschlands sich mit dem Stichtag der Kapitulation in unzählige kleine Gaunerstücke aufgelöst hat; man kann sich die Nachgeschichte des Bösen kaum trivial genug vorstellen. Dieses Missverhältnis hat wohl zu all den Mythologisierungen über geflohene Nazis und deren Schätze geführt; Steinacher verfolgt den Strang der Entmythologisierer, erliegt aber gelegentlich der Versuchung, die Dinge wieder nach oben zu korrigieren.

CAPRI war eine Art Beschäftigungsgesellschaft für deutschsprachige Einwanderer in Argentinien, in der Leute wie Eichmann unterkamen, bevor sie anderswo Arbeit fanden. Nach Goñi war CAPRI nominell den staatlichen Wasser- und Energiebetrieben angegliedert. Steinacher macht daraus eine „Firmengruppe CAPRI unter dem Dach“ dieser Betriebe. Die 300 Leute, die in CAPRI unterkamen  – längst nicht alle Nazis -  machen gewiss keine Firmengruppe. Ein CIC-Dokument, das beide nicht kennen, stellt CAPRI als monströse Hintergrundorganisation zu ODESSA dar. Das belegt, wie wenig man solche Dokumente zum Nennwert nehmen kann. Der CIC hat dieser Information wohl selbst keine Beachtung geschenkt. (Zu Steinacher ausführlich meine Rezension in Einsicht 01 : Bulletin des Fritz Bauer Instituts, 2009)

Man kann die Demontage der Nachkriegsmythen zum Nationalsozialismus fortführen. Die Alpenfestung und die Wunderwaffe blieben Planungen und Propaganda, der Werwolf kam nie über kleinste Anfänge hinaus, und was an Gold und anderen Werten nach 1945 ins Ausland gelangte, war privates Diebesgut (auch hierzu enthält das Schwend-Archiv viel).

Eine Einzelstudie zum Thema Flucht nach Lateinamerika liefert Heinz Schneppen in Ghettokommandant in Riga: Eduard Roschmann: Fakten und Fiktionen. Roschmann, der Anti-Held in Frederick Forsyths Die Akte ODESSA wurde nach dem Krieg festgenommen, konnte aber nach Argentinien fliehen.

Bleibt die Frage, wie ein historisches Gebilde von den Ausmaßen des Hitlerstaates nach drei Jahren Niemandszeit und einer eher oberflächlichen Entnazifizierung in den beiden deutschen Staaten aufgehen konnte. Der ODESSA-Mythos ist ein Teil der Antwort: „ODESSA“ gehört zu den negativen Gründungsmythen von Nachkriegsdeutschland. Es enthält die erleichternde Deutung, dass das Böse nun woanders weiterwirkte. Der unliebsame Mieter war endlich weg, das Haus wieder friedlich. Die Zählebigkeit des ODESSA-Mythos erklärt sich wohl auch aus diesem Bedürfnis nach Entlastung.

Uki Goñi: The Real ODESSA. How Perón Brought The Nazi War Criminals to Argentina. London: Granta, 2002,. span. Ausgabe: La ODESSA real, dt.: ODESSA: die wahre Geschichte: Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher, Berlin (Verlag Assoziation) 2006.

Magnus Linklater, Isabel Hilton, Neal Ascherson: Klaus Barbie – The Fourth Reich and the Neofascist Connection, London u.a. 1984

Holger M. Meding: Flucht vor Nürnberg? Deutsche und österreichische Einwanderung in Argentinien 1945-1955, Köln 1992

Heinz Schneppen: Ghettokommandant in Riga: Eduard Roschmann: Fakten und Fiktionen. Berlin, Metropol Verlag, 2009, 343 S.

Heinz Schneppen: Odessa und das Vierte Reich: Mythen der Zeitgeschichte. Berlin, Metropol Verlag 2007, 279 S.

Gerald Steinacher: Nazis auf der Flucht: wie Kriegsverbrecher über Italien nach Übersee entkamen. Innsbruck, Studienverlag, 2008, 380 S.

Gaby Weber: Daimler-Benz und die Argentinien-Connection, Hamburg 2006

[2].In Hamburg soll es eine parallele “Organisation Brandenburg” gegeben haben (Blatt 13 der ODESSA-Akte des CIC). Ein Informant des CIC bezweifelt, daß es ODESSA überhaupt gab (Blatt 16).

[3].Gelegentlich wird von einer “Organisation Coburg” gesprochen (Blatt 23 der ODESSA-Akte des CIC).

[4].Blatt 65 der ODESSA-Akte des CIC.

[5].Blatt 76 der ODESSA-Akte des CIC

[6].Eine fast vollständige Kopie hat das Fritz Bauer Institut in Frankfurt am Main.

[7] Viele, wie Barbie, waren damals völlig unbekannt. Der prominenteste NS-Funktionär, der es fast bis Südtirol schaffte, war der Gauleuter von Hessen-Nassau, Jakob Sprenger. Er blieb dort stecken und beging Selbstmord.

Am 27. November 2008 verurteilte Richter Jorge Zepeda Arancibia (Santiago) Paul Schäfer, Kurt Schnellenkamp (beide Führungsmitglieder der Colonia Dignidad) und Rudolf Cöllen wegen des Mordes 1974 an dem Chilenen Miguel Becerra (AZ: Rol Nº 12.293-2005) zu Haftstrafen. Schäfer, der bereits wegen Kindesmissbrauchs in Santiago in Haft sitzt, erhielt sieben Jahre Gefängnis, seine Mittäter je 541 Tage auf Bewährung wegen Verdunklung der Tat. Zudem wurden die Drei in einer parallel verhandelten Zivilklage zu 170 Millionen Pesos Entschädigung “wegen erlittener moralischer Schäden” an die Familie Becerras verurteilt:

Zur Vorgeschichte:
Die Führung der 1961 gegründeten deutschen Sektensiedlung Colonia Dignidad in Südchile verübte unter dem sozialistischen Präsidenten Allende zusammen mit der rechtsterroristischen Vereinigung Patria y Libertad (Vaterland und Freiheit) Sabotageakte und Attentate, bei denen es zahlreiche Tote gab. Einer der Männer von Patria y Libertad, die mit der Colonia Dignidad zusammenarbeiteten, war Miguel Becerra. Becerras Bruder berichtete später, dass seit dieser Begegnung Patria y Libertad sein Hauptquartier in der Colonia Dignidad hatte. Nach dem Putsch wurde Becerra Agent des Geheimdienstes DINA. Ende 1973 brachte er seinen ältesten Sohn Miguel zur Erziehung in die Siedlung, wo er selbst lebte. Der kleine Miguel nahm weinend Abschied von seiner Mutter, denn er war schon zu einem kurzen Besuch bei den Deutschen gewesen. Etwas musste ihn erschreckt haben. Die Mutter hatte das Gefühl, das Kind wolle etwas verbergen.

Becerra wollte 1974 aus der DINA aussteigen und mit seinem Sohn die Siedlung verlassen. Im Juli 1974 wurde er dort ermordet. Vier Deutsche – Udo Hopp, Kurt Schnellenkamp, Gerd Mücke und Rudi Cöllen – sorgten dafür, dass die Leiche außerhalb des Geländes gefunden wurde. Schnellenkamp, Mücke und Cöllen luden sie auf einen gelben Merdes-Benz-PKW. Sie trugen dabei Handschuhe, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, und säuberten den Wagen von Spuren. Die Leiche wurde sechs Kilometer entfernt von der Siedlung in einem Peugeot gefunden. Den ersten Hinweis erhielt die Polizei von der Artillerieschule von Linares, die enge Verbindungen mit der Colonia Dignidad hatte. Ein Fotograf dieser Artillerieschule hatte die Leiche bereits fotografiert, als der Fund gemeldet wurde. Die Autopsie ergab als Todesursache eine Vergiftung. Das Auto, in dem Becerras Leiche transportiert wurde, verkaufte die Colonia Dignidad, um Spuren zu verwischen. Becerras dreizehnjähriger Sohn Miguel blieb in der Colonia Dignidad. Die Deutschen ließen ihn nicht gehen. Heute lebt er in Deutschland (s. Friedrich Paul Heller: Lederhosen, Dutt und Giftgas: Die Hintergründe der Colonia Dignidad. Schmetterlingverlag Stuttgart 3. Aufl. 2008).

Das Urteil gegen Schäfer, Schnellenkamp und Cöllen schildert den Mord mit Gift und die Beseitigung der Leiche durch Schnellenkamp und Cöllen. Die Leiche wies “Verhörspuren” auf. Das Urteil enthält eine Aussage von Federico Willoughby (ex-Generalsekretär der Regierung Pinochet). Willoughby beschreibt, wie die Colonia Dignidad bei der Putschvorbereitung half. Nach dem Putsch 1973 veranstaltete sie eine Waffenschau, an der Pinochet teilnahm, und führte kopierte Schusswaffen mit Schalldämpfung vor. Die Colonia Dignidad behauptete von sich, sie hätte mit ihrer Mannschaft, den Waffen und der Artillerie die chilenische Stadt Los Angeles erobern können.

Im Oktober und November 1974 fand in der Siedlung unter Beteiligung Deutscher ein Folterlehrgang der DINA statt. Die Deutschen hatten hierfür ein Folterhandbuch in deutscher Sprache erstellt, das auf Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgreift. Das Urteil zitiert Passagen daraus. Sie entsprechen dem, was die früheren politischen .Gefangene Erick Zott, Luis Peebles und Adriana Bórquez von ihren Folterungen in der Siedlung berichten. Amnesty International hatte 1977 diese Folterungen dokumentiert.

Das Urteil enthält weiterhin die Aussage eines Militärpolizisten, der bei einer Straßenkontrolle eine Lastwagenladung mit Waffen fand, die auf dem Weg in die Colonia Dignidad war. Der Polizist wurde wegen Überschreitung seiner Zuständigkeit diszipliniert. Schäfer erschien damals auf der Polizeiwache und zeigte einen von Pinochet persönlich unterzeichneten Freibrief vor.

Das Urteil qualifiziert den Mord an Becerra als Verbrechen gegen die Menschlichkeit (crimen de lesa humanidad), da er in einem systematischen und allgemeinen gegen einen Teil der Bevölkerung gerichteten politischen Kontext begangen worden sei. Damit verankert das Gericht eine entscheidende Kategorie des internationalen Menschenrechts in der nationalen Jurisprudenz – ein wichtiger Schritt für die künftige Rechtsprechung.

Das Urteil des Obersten Bundesgerichts (STF) in Brasília vom 28. April 2010 über eine Reinterpretation des Amnestiegesetzes von 1979 schützt bedauerlicherweise jene Vertreter der aufeinander folgenden Militärregierungen, die massenweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben und erklärt sie für unschuldig.

Als einer der Erstunterzeichner des „Appells an das Oberste Bundesgericht: Keine Amnestie für Folterer“, welcher vom „Komitee gegen die Amnestie für Folterer“ lanciert wurde, nehme ich das Urteil des Obersten Bundesgerichts mit Befremden und Ablehnung zur Kenntnis, ein Urteil, das letztlich die Folterer freispricht, die unter uns herumlaufen wie irgend einer der ehrenhaften Polizisten oder Militärs, die engagiert ihre Pflicht erfüllen und darüber wachen, dass das Gesetz respektiert und die öffentliche Ordnung in Brasilien gewahrt werde.

Das Oberste Bundesgericht irrt sich, wenn es die Opfer des Terrors den Folterern gleichstellt. Es ist eine Fehler, in Bezug auf beide Seiten, Folterer und ihre in den Folterkellern misshandelten Opfer, von einer „Bilateralität“ zu sprechen. Tatsache ist, dass die Militärregierung 1979 ein Amnestiegesetz erließ, welches „alle politischer oder damit verbundener Verbrechen Beschuldigten“ freisprach. Die von Sicherheitsagenten oder anderen Angehörigen der Militärregierungen begangenen Verbrechen gegen die Menschenrechte wurden als „politische Handlungen“ interpretiert, was nicht zu rechtfertigen ist, denn in einem Rechtsstaat kann man Hinrichtungen ohne Gerichtsbeschluss, Folter, Vergewaltigung oder Verschwindenlassen von Personen „im Dienste des Vaterlands“ unmöglich als „politischer oder damit verbundene Verbrechen“ klassifizieren und sie dementsprechend unter Amnestie stellen. Dies ist eine Absurdität im Quadrat, die überhaupt nur beim Nachdenken über die Motive für eine derartige Argumentation zu verstehen ist. Wer weiß, möglicherweise war der Sinn der gerichtlichen Urteils identisch mit den Überlegungen der Autoren des Gesetzes von 1978: die „Pazifizierung des Vaterlands.“

Ganz ohne Zweifel, seit der Zeiten der Diktatur sind einige Jahrzehnte verflossen, deshalb ist es gerechtfertigt, an die grundlegenden Tatsachen bezüglich des zur Debatte stehenden Themas zu erinnern:

Es war Dom Hélder Câmara, der einmal konstatierte: Die Gewalt der linken Terroristen war die Gewalt Nummer 2, die sich aus der Gewalt Nummer 1 ergab. oder, um es präzis zu sagen, der Sturz Jangos. Wer mit den Feindseligkeiten begonnen hatte, war das Militär, das anfing zu verhaften und zu foltern und zwar nachweislich bereits in den ersten Tagen der „rettenden Revolution“, wie sie die Bewegung der Generäle, welche die Macht an sich gerissen haben, zu bezeichnen pflegten

Die am Kampf gegen die Diktatur beteiligt waren, gegen die Folterer und ihre Auftraggeber, haben lediglich auf die Gewalt reagiert; diejenigen, welche widersinnigerweise Guerilleros und sogar Terroristen genannt wurden, haben erst danach geschossen, sie agierten und reagierten aus Notwehr.

Es war nicht so, wie der Ex-Minister der Generäle (Erziehung und Justiz) Jarbas Passarinho mich glauben machen wollte, als er mir in seiner Antwort auf meinen Kommentar zu seiner interessanten Biographie unter dem 16.12.1996 schrieb:

„Ich weiß nicht, ob Sie das1973 in Kuba prämierte Buch kennen A esquerda armada no Brasil, basierend auf der Grundlage von Aussagen kommunistischer guerrilheiros e terroristas. Darin wird von Mordaktionen, „justiçamento”, „Hinrichtung“, genannt, berichtet, z. B. Vom Fall des amerikanischen Captains Chandler, ermordet unter dem Vorwand, er habe gegen das vietnamesische Volk gekämpft und sei CIA-Agent: sodann der Fall des Unternehmers Boilensen; sowie des deutschen Majors, eines studiosus der Escola de Estado Maior, der Militärakademie des Generalstabs der brasilianischen Streitkräfte, irrtümlich „justiçado”, „gerichtet“, weil man ihn für den bolivianischen Hauptmann Gary Prado gehalten hatte, der Che Guevara festnahm. All dies wird in jenem Buch von Zeugen voller Stolz offenbar gemacht.“

Wer während der Ostertage des Jahres 1964 mit der Gewalt begann, waren nicht die genannten „kommunistischen Terroristen“, wie die Militärs heute behaupten; es waren, ganz im Gegenteil, Adepten der „demokratischen Revolution“, wie der Fall des bekannten Gregório Bezerra beweist, der sich am 1. April auf dem Weg vom pernambukanischen sertão hinab nach Recife befand. Als er die Zuckermühle in Ribeirão erreicht hatte, wurde er von einem Hauptmann der Militärpolizei festgenommen. Auf dem Weg nach Recife traf man auf eine Abteilung der Streitkräfte, begleitet von einer Bande von pistoleiros, die vom Eigentümer des Latifundiums Estreliana mit dem Auftrag entsandt worden waren, Gregorio umzubringen. Es gab eine Diskussion über das geschickteste Vorgehen: sollte man den Gefangenen auf der Stelle oder besser zu einem späteren Zeitpunkt töten? Man beschloss, ihn nach Ribeirão mitzunehmen. Dort angekommen, fesselte man den Mann und warf ihn auf ein Armeefahrzeug. In Recife angekommen, wurde er dem Kommandeur der IV. Heeresgruppe, General Justino Alves Bastos, übergeben. Von dort brachte man ihn zur Kaserne der Companhia de Motomecanização. Vom ersten Augenblick an begann Oberstleutnant Darcy Villocq Viana, zusammen mit einer Gruppe von Soldaten, ihn anzugreifen, mi Gewehrkolben zu schlagen und auch nicht mit Fußtritten zu sparen. Unter den Gefangenen, die zusammen mit Gregorio eingeliefert worden waren, befand sich auch ein Arzt, dem geheißen wurde, diesen vom Blut, das unaufhörlich über seinen Körper rann, zu reinigen. Der Arzt benutzte sein eigenes Hemd, um die Verletzungen Gregorios zu behandeln. Während sich der Arzt mit Bezerra befasste, Versuchte der Oberstleutnant, so unglaublich es auch klingen mag, ein Stahlrohr in den Anus eines der Gefangenen einzuführen. Dieses geschah am ersten Tag des Monats April und keiner der Gefangenen, die solche Gräuel erlebt hatten, war ein „Terrorist“, und, davon kann überhaupt nicht die Rede sein, ein „Folterer“ – somit ist es völlig unsinnig, von „Bilateralität“ zu sprechen, wie es das Oberste Bundesgericht tut! Die Folter wurde ganz ausschließlich zum Instrument der Sicherheitskräfte (welch ein Widerspruch in sich selbst!) der Diktatur. Man braucht nur auf die Tragödie im Nordosten zu blicken: „In den von Kriminellen beherrschten Kasernen, aber auch auf den wichtigsten Straßen von Recife, mit den vor aller Augen vorbei getriebenen Gefangenen, und, wie zu erinnern ist, jeder mit einem Strick um den Hals, sagt Helio Fernandes. Auch due „via crucis“Gregorios führte durch die Stadt. Inmitten eines makabren Szenariums, umgeben von einer vor Schrecken erstarrten Menge auf der „Praça Burle Marx”, wie der Platz heute heißt, vor dem Portal der Kirche des Stadtteils Casa Forte, in unmittelbarer Nachbarschaft einer Reihe von Einrichtungen der Pfarrei, einschließlich eines von Schwestern geleiteten Gymnasiums, brüllte der Kommandeur der Infanterieabteilung aus vollem Hals: „Kommt alle herbei und seht, wie der Kommunist Gregório Bezerra gehenkt wird!“ Die Mutter Vorsteherin des Collegs beobachtete voller Horror das barbarische Szenarium unter ihrem Fenster; als sie gewahr wurde, dass ihre Schülerinnen, voller Angst, dies alles auch mit ansahen, ergriff sie das Telefon und verständigte den Bischof, der unverzüglich die militärische Hierarchie von dem Geschehen in Kenntnis setzte. „Im letzten Augenblick erschien Oberst Ibiapina und stoppte die Barbarei, die alle Bewohner In Schrecken versetzt hatte.“, berichtete Paulo Cavalcanti.

Sargento Gregório wurde zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt, jedoch sehr bald, zusammen mit anderen 69 politischen Gefangenen, von der brasilianischen Regierung gegen den von Stadtguerillas entführten Botschafter der Schweiz, Giovanni Enrico Bucher, ausgetauscht und nach Chile ausgeflogen.

Der von Angehörigen der IV. Heeresgruppe produzierte Terror erreichte derartige Ausmaße, dass sich Präsident Castelo Branco angesichts der Gerüchte, die ihn von allen Seiten erreichten, gezwungen sah, General Ernesto Geisel, Chef der casa militar im Präsidialamt, nach Recife zu entsenden, um dort ein Bild der Lage zu gewinnen. Der Bericht Geisels existiert, gehört allerdings zu den Dokumenten, die als Staatsgeheimnis behandelt werden und von keinem Staatsbürger eingesehen werden dürfen.

Es tut weh. über die Folter „oder damit verbundene Dinge“ zu sprechen.

Ich verspürte dies, als ich den früheren Minister der Generäle, Jarbas Passareinho, am 30.8.2007 in seinem Hause in Brasília besuchte. Ich bezog mich auf seine Biographie und erinnerte an die Tatsache, dass ich es, als ich ihn 35 Jahre zuvor im Erziehungsministerium aufgesucht hatte, nicht unterließ, ihn auf die Dinge hin anzusprechen, „die in den Kellern der Streitkräfte“ geschehen seien. Er wiederholte die Antwort, die er mir damals erteilt hatte: „Ich bin sicher, dass Sie tatsächlich viel mehr über den heimlichen Terror in den Kellern der Polizei erfahren haben, als wir zivilen Minister der Generäle.“

Ich erinnerte daran, dass der Erziehungsminister Passarinho 1972 der einzige Vertreter der Militärregierung gewesen sei, der das Wort „Folter“ über seine Lippen gebracht hatte, obwohl er die Tatsache der Folter in Brasilien gleichzeitig durch die Qualifikation „nicht systematisch…“ verharmloste.

Nach dieser Reminiszenz sprach Jarbas längere Zeit über das Thema der Folter, wobei er hervorhob, dass er, auch als Reserveoffizier, die Folter ablehne. Er erwähnte einen Fall von Tortur, während seines Mandats als Gouverneur des Bundesstaates Pará, der sein sofortiges energisches Eingreifen veranlasst hatte. In diesem Zusammen hang erwähnte er auch General Frota, der zweifellos eine Neigung zur Rechten hatte, jedoch rigoros gegen die Folter gewesen sei. Jarbas berichtete mit Genugtuung. dass es während seiner Zeit als Gouverneur des Staates Pará nicht erforderlich gewesen sei, auch nur eine Person wegen der Anwendung der Folter zu verhaften.

Aber … während seines Disputs über bestimmte Foltermethoden, mit mittels derer man unter bestimmten Umständen innerhalb sehr kurzer Zeit militärisch wichtige Informationen erhalten könne – wie dies bei den Franzosen in Algerien der Fall gewesen sei – unter solchen Umständen also sei das Leiden einer einzigen Person zu akzeptieren, um auf diese Weise das Leben vieler anderer Personen zu retten. Man könne sagen, dass es sich bei einem solchen Leiden um ein weniger schweres handle, wie beim Zahnarzt, der einen Zahn ohne irgend eine Betäubung ziehe; es tue im Augenblick sehr weh, doch man vergesse es bald wieder … Als ich dies vernahm, fiel mir die Devise des Hohenpriesters Kaiphas, des Obersten der Priesters in jenem Jahr der Exekution des Rebellen Jesus, ein: „Es ist uns besser, ein Mann sterbe für das Volk, denn dass ein ganzes Volk verderbe.“ (Joh. 11,49)

Doch die Folterer waren keine Zahnärzte, ganz im Gegenteil, sie waren Monstren, die sich groß und stark fühlten, wenn sie andere misshandelten. Ihre Opfer waren Idealisten, wie Jarbas Passarinho zugestand, als er sie folgendermaßen beschrieb: „Idealisten und paradoxerweise Materialisten“. Sie wurden schrecklich gefoltert, doch sie selbst haben niemals irgend jemanden gefoltert. Ich habe jahrelang mit dieser brasilianischen „Diaspora, mit diesen prächtigen jungen Leuten, in der Bundesrepublik und in Frankreich zusammen gelebt.

Unter ihnen Luis Travassos, Studentenführer in São Paulo, wie José Serra, der gegenwärtige Gouverneur des Staates São Paulo und Präsidentschaftskandidat. In den Jahren 19676/68 führte Luis große Demonstrationsmärsche an, aus denen Parolen ertönten, wie „Ein geeintes Volk kann niemals besiegt werden“ – die einzige Waffe, die von den rebellierenden Studenten benutzt wurde. Luis war Mitorganisator des sagenhaften Kongresses der UNE – der Nationalen Studentenunion – in Ibiúna, wo sich über 1000 Studenten versammelt hatten, heimlich, wie sie dachten, doch der Nationale Sicherheitsdienst war bestens informiert. Am letzten Tag seines Mandats als Vorsitzender der UNE, am 12. Oktober 1968, wurde Travassos zusammen mit 920 Kommilitonen festgenommen. Der junge Mann blieb ein ganzes Jahr in Haft. Welche Bestialitäten diese idealistische Jugend zu erdulden gehabt hatte, berichtete später Luis` Kollege in der Leitung der UNE, Jean-Marc von der Weid, ebenfalls inhaftiert, in einem Interview dem epd–Nachrichtenspiegel Nº 12 vom 25.3.71: vom ersten Tag an wurden sie geschlagen und systematisch gefoltert; es gab wiederholt Scheinerschießungen, die Gefangenen wurden an den Füßen aufgehängt und mit Elektroschocks gequält; man praktizierte das berüchtigte „water boarding” oder Halbertränken der horrorisierten Opfer. Zahnziehen ohne Betäubung ?

Nach einem langen Jahr entkam Travassos diesem, von „Sicherheitsorganen“ inszenierten, Inferno, zusammen mit weitereren 14 politischen Gefangenen, im Austausch gegen dem. von Stadtguerillas entführten, Botschafter der USA, Charles Burke Elbrick. Eine Maschine der Força Aérea brachte die „auf Lebenszeit Verbannten“ nach Mexiko.

Der Weg Travassos`führte über Mexiko, Kuba und Chile in die Bundesrepublik Deutschland, wo er mit seiner Ehefrau, MArijane Lisboa, vom Ökumenischen Studienwerk Bochum in die Förderung aufgenommen wurde.

Marijanes Weg war nicht minder grausam als der ihres Mannes. Während der ersten Jahre nach dem Staatsstreich agitierte sie zusammen mit der akademischen Jugend von Rio de Janeiro und nahm 1968 auch an dem Protestmarsch teil, bei dem der junge Student Edson Luís erschossen wurde. Auf Anordnung des Geheimdienstes der Marine wurde Marijane verhaftet und in das berüchtigte Folterzentrum des CENIMAR – Centro de Informações da Marinha – auf der Ilha das Flores verbracht, wo die Folter so brutal praktiziert wurde, dass das Herz der jungen Frau z versagen drohte. Es vergingen anderthalb Jahre, bis ein Militärgericht gegen sie verhandelte. Obgleich von diesem freigesprochen, wurde sie vor der Tür des Gerichtsgebäudes erneut in Haft genommen. Als man sie nach 20 Tagen wieder freiließ, dauerte die Freiheit nur 5 Tage, nach denen man sie wiederum einkerkerte. Nach 30 Tagen wurde sie wieder entlassen und vom Anwalt der Familie abgeholt doch auf der Fahrt nach Hause hielt man das Auto des Anwalts an, zog Marijane heraus und brachte se encapuzada – das Gesicht von einer Kapuze verhüllt – zu einem berüchtigten Folterzentrum des Heeres in Tijuca. Nach sechs Wochen gelang es der Familie, ihre Entlassung zu bewirken. Auf dem Heimweg entschloss sich MArijane, in der chilenischen Botschaft um Asyl nachzusuchen. Von dort brachte man sie nach Santiago. Welche Odyssee“

Wie kann man hier von „Bilateralität“ sprechen, angesichts dieser Menschen, die alle Varianten der Bestialität erduldet, einschließlich Vergewaltigung, und die nie im Leben eine Person in böser Absicht angerührt haben; wie kann das Oberste Bundesgericht diese Personen an die Seite von Folterern stellen?

Wie können die Bundesrichter die Amnestie, als „bilateral“ bezeichnen, die den Folterknechten und jenen Brasilianern, die das „Verbrechen“ begangen haben, diesen Folterern Widerstand zu leisten, gewährt wurde? – fragt auch Helio Fernandes, de große Reporter der Tribuna da Imprensa, die von der Diktatur praktisch liquidiert worden war.

Wie ist es möglich, Monstren wie jene, die den Gefangen Bacuri Eduardo Leite, Angehöriger der Stadtguerilla, zerstückelten, indem sie ihm erst ein Ohr abschnitten, dann die Augen herausrissen und danach einen der Arme, seinen Körper Stück für Stück zerstörten – wie ist es möglich, Monstren, die solche Gräuel begangen haben, mit den Opfern, die in ihrem ganzen Leben nie einen Menschen misshandelt hatten, zu vergleichen? – Monstren, welche sogar die Leichen ihrer Opfer gevierteilt haben, als handle es sich um Schlachtvieh, Methoden, wie sie nachweislich im Centro de Investigação von Petrópolis-RJ gang und gäbe waren.

Wenn man dies alles bedenkt, erscheint einem das Urteil des Obersten Bundesgerichts (STF) irrational. Die Folter kann unmöglich als eine legale Funktion des Staates angesehen werden, es ist unmöglich, die Folter als Teil der Aufgaben eines Staatsdieners zu definieren. Die Folter ist ein Verbrechen gegen die Würde des Menschen und darf nicht amnestiert werden. Wenn der Folterknecht im Namen des Staates gehandelt hat, muß auch die Regierung zur Verantwortung gezogen werden, wie es mittlerweile in Chile, Argentinien und Uruguay geschieht.

Wir bedauern, dass Brasilien die Konfrontation mit einer finsteren Periode seiner Geschichte ablehnt.

O julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre uma reinterpretação da Lei da Anistia de 1979 – a qual protege integralmente os respectivos representantes dos governos militares de serem julgados por execuções extrajudiciais, por torturas e por estupros -, este julgamento do STF que tomou lugar no dia 28 de abril 2010 em Brasília, infelizmente indulta e protege àqueles representantes dos governos militares que de maneira maciça cometeram crimes contra a humanidade.

Fazendo parte do primeiro grupo de pessoas que assinaram o „Apelo ao Supremo Tribunal Federal: Não anistie os torturadores”, enviado pelo Comitê Contra a Anistia dos Torturadores, observo com estranheza e repúdio a decisão do Supremo, que em última análise absolve os torturadores que andam por aí como qualquer policial ou militar honesto, que está cumprindo seu dever de zelar pela observação das leis e pela manutenção da ordem pública no Brasil.

Engana-se o Supremo, que iguala as vitimas do terror da ditadura com os torturadores. É um equívoco falar numa „bilateralidade” com referência aos dois lados, os torturadores e as vítimas do terror nos porões. Fato é, que o governo militar em 1979 promulgou uma Lei de Anistia que exonerava todos os acusados que cometeram „crimes políticos ou conexo com estes”. As violações dos direitos humanos cometidas por agentes de segurança ou outros integrantes dos governos militares foram interpretadas como „atos políticos”, coisa injustificável, porque num Estado de direito nunca pode-se classificar prisões e execuções extrajudiciais, torturas, estupros ou desaparecimento „a serviço da Pátria” como „crimes políticos ou conexo com estes” e os incluir na anistia. É coisa absurdíssima mesmo, que só se explica refletindo sobre os motivos de tal argumentação. Quem sabe, a razão do julgamento era a mesma que valeu na elaboração da lei de 1979: a „pacificação do País”.

Sem dúvida, desde os tempos da ditadura já passaram umas décadas, por isso vale lembrar os fatos básicos do assunto em disputa:

Foi Dom Hélder Câmara quem disse, a violência dos terroristas de esquerda era a de número 2, derivada da violência número 1, ou seja, a deposição de Jango. As hostilidades foram iniciadas pelos militares que passaram a prender e a torturar, comprovadamente já nos primeiros dias da „revolução salvadora”, como costumaram chamar o movimento dos generais que assaltaram o Poder.

Os que se envolveram na luta contra a ditadura, contra os torturadores e seus mandantes, estavam apenas reagindo à violência. Atiraram depois; os que foram absurdamente chamados de guerrilheiros e até de terroristas, agiram e reagiram em legítima defesa.

Nao foi como o ex-ministo dos generais (Educação e Justiça), Jarbas Passarinho, me quis fazer crer quando me escrevia numa carta datada em 16 de dezembro de 1996, ao responder uma carta tipo resenha da interessantíssima biografia dele, que lhe havia enviado no dia 13.11.1996:

“Não sei se o senhor conhece o livro: ‘A esquerda armada no Brasil’. premiado em Cuba e escrito a partir de depoimentos de guerrilheiros e terroristas de filiação comunista. Publicado em 1973, nele se contam as ações de assassinato denominadas „justiçamento”, como as do capitão americano Chandler, sob pretexto de ter lutado contra o povo vietnamita e ser „agente do CIA”; do empresário Boilensen; e do major alemão, aluno da Escola de Estado Maior do Exército brasileiro, „justiçado” por engano, tomado que foi pelo capitão boliviano Gary Prado, que prendera Che Guevara. Tudo é revelado com orgulho pelos depoentes!”

Quem iniciou a violência nos dias da páscoa em 1964 não foram os ditos “terroristas de filiação comunista”, como hoje em dia alegam os militares; muito pelo contrário, foram os adeptos da „revolução democrática”, como consta o caso do famoso Gregório Bezerra, que no dia 1º de abril encontrava-se no caminho do sertão pernambucano rumo ao Recife. Ao ter chegado na usina Pedrosa em Ribeirão, ele foi preso por um capitão da PM. Na viagem ao Recife encontraram um destacamento do Exército acompanhado por um bando de pistoleiros, enviados pelo proprietário do latifúndio Estreliana a fim de matar o Gregório. Ocorreu uma disputa acerca do procedimento mais razoável: matar o preso na hora mesmo ou mais tarde? Resolveu-se levá-lo a Ribeirão. Chegado lá, amarraram o homem e o jogaram num veículo do Exército. No Recife o entregaram às mãos do general Justino Alves Bastos, comandante do IV. Exército. De lá o levaram ao quartel da Companhia de Motomecanização. Imediatamente o comandante, tenente-coronel Darcy Villocq Viana, junto com uma turma de soldados, o agrediu, batendo nele fortemente com seus fuzis, não poupando ponta pés. Acontece que entre os presos que juntamente com Gregório deram entrada havia também um médico, ao qual deram ordem de limpar o homem do sangue que correu fortemente. Este médico utilizou sua própria camisa para tratar os ferimentos do Gregório. Enquanto o médico se ocupava do Gregório Bezerra, por incrível que pareça, o tenente-coronel tentou induzir uma barra de ferro no ânus dum preso seminu. Isso aconteceu no primeiro dia do mês de abril e nenhum dos presos que passaram tais crueldades foi um „terrorista”, e nem se fala num „torturador” – não faz mais o mínimo sentido falar de „bilateralidade”, como o está fazendo o Supremo! A tortura tornou-se instrumento exclusivo das forças de segurança (que contradição!) da ditadura. Vejam a tragédia no nordeste: „Nos porões dos quartéis dominados pelos criminosos, mas também nas principais ruas do Recife, com prisioneiros sendo „passeados à vista de todos, e relembre-se, amarrados pelo pescoço”, diz Helio Fernandes. Também a „via crucis” do Gregório o levou pelas ruas da cidade. Num cenário macabro, envolto de uma multidão estarrecida na „Praça Burle Marx”, como o lugar se chama hoje, em frente da igreja do bairro de Casa Forte, perante um número de instalações da paróquia, inclusive um colégio de freiras, o comandante do destacamento militar gritou: „Venham todos e olham como se enforca o comunista Gregório Bezerra!” A madre superiora do colégio assistiu com horror o cenário bárbaro lá embaixo, quando suas alunas, cheias de medo, observaram tudo pelas janelas, pegou o telefone e avisou o bispo que imediatamente alarmou a hierarquia militar. „No último momento apareceu o coronel Ibiapina e parou as bestialidades que horrorizaram todos os moradores”, contou Paulo Cavalcanti. Sargento Gregório foi condenado para muitos anos de prisão, mas antes, junto com outros 69 presos políticos pelo governo brasileiro, foi trocado contra o embaixador da Suíça, Giovanni Enrico Bucher, sequestrado por guerrilhas urbanas, e levado ao Chile.

O terror no nordeste, produzido por elementos pertencentes ao IV. Exército chegou a tamanha extensão que o presidente Castelo Branco teve que enviar o general Ernesto Geisel, chefe da casa militar, a Pernambuco para investigar a situação devido às reclamações de todos os lados. O relatório de Geisel existe, mas faz parte dos documentos que estão sendo tratados como segredo do Estado para o cidadão brasileiro não olhar.

Dói falar sobre a tortura „ou conexo com esta”.

Notei isso, quando na ocasião de uma visita a sua casa, no dia 30.8.2007, conversei com o ex-ministro dos generais, Jarbas Passarinho. Referindo-me à biografia dele, chamei atenção do fato de que, quando há 35 anos o visitei no ministério de educação na capital, não havia deixado de fazer uma observação a respeito das coisas ocorridos „nos porões” das Forças Armadas. Ele repetiu a resposta que ele havia-me dado naquela ocasião: „Estou certo de que os senhores realmente ouviram muito mais sobre o terror clandestino nos porões da polícia ou nos recintos de certos quartéis do que nós ministros civis dos governos dos generais.”

Lembrei que o ministro Passarinho naquele vez, em 1972, havia sido o único representante do Governo militar que deixou passar a palavra „tortura” por seus lábios apesar de que ele diminuiu a admissão da existência da tortura pelo termo „não sistemática”…

Após esta reminiscência, Jarbas falou por mais tempo sobre o tópico da tortura, destacando que ele, também como membro do Exército em função de oficial de reserva, rejeitava a tortura. Aí ele mencionava um caso de tortura que havia provocado sua imediata reação bastante enérgica. Nesse contexto ele mencionou o general Frota, que sem dúvida se inclinava à direita, mas que era rigorosamente contra a tortura. Jarbas contou com orgulho que durante seu mandato de governador do Estado de Pará não havia sido necessário prender nenhuma pessoa por cause do uso da tortura.

Mas …, ao disputir sobre certos métodos da tortura, através dos quais, pelas circunstâncias dentro de um prazo muito curto, poder-se-ia receber informações essenciais de natureza militar – como havia sido com os franceses na Argélia – nestas condições o sofrimento de uma só pessoa poderia ser aceitável para salvar a vida de muitas outras pessoas. Poderia dizer-se que esse sofrimento seja apenas um sofrimento menos grave, como no dentista, que tira um dente sem anestesia alguma; dói na hora, mas a gente esquece logo … Ouvindo isso, me lembrei do lema do sumo sacerdote, Caifas, presidente dos sacerdotes naquele ano da execução do rebelde Jesus: „É melhor que morra apenas um homem pelo povo, do que deixar que o país todo seja destruído” (João 11,49).

Mas, não eram dentistas os torturadores, muito pelo contrário, eram monstros que se tornaram poderosos ao maltratar os outros. Suas vítimas eram idealistas, como Jarbas Passarinho admitiu caracterizando-os: „idealistas paradoxalmente materialistas”. Foram severamente torturados, mas nunca torturaram ninguém. Convivi durante anos com esta „diáspora” brasileira na Alemanha e na Franca, jovens formidáveis.

Entre eles Luís Travassos, líder estudantil em São Paulo, como José Serra. Nos anos 1967/68 Luís liderou grandes passeatas, gritando palavras de ordem como „O povo unido jamais será vencido” – a única arma utilizada pelos estudantes rebeldes. Luis foi co-organizador do famoso Congresso da UNE em Ibiúna, onde se reuniram mais de 1.000 estudantes, clandestinamente, como pensaram, mas o SNI estava bem informado. No último dia de seu mandato como presidente da UNE, em 12 de outubro de 1968, Travassos foi preso com 920 estudantes. O rapaz ficou detido durante um ano inteiro. Quais as bestialidades que sofreu esta juventude idealista contou o colega de Luís na direção da UNE e também na prisão, Jean–Marc von der Weid, numa entrevista ao epd–Nachrichtenspiegel Nº 12 do dia 25.3.71: desde o primeiro dia foram batidos e sistematicamente torturados, houve repetidamente execuções fingidas, os presos foram pendurados pelas pernas e torturados com choques elétricos, e praticou-se o „water boarding” ou quase-afogar das vitimas horrorizadas. Tirar um dente sem anestesia?

Travassos deixou este inferno criado pelos „órgãos de segurança” depois de um ano, acompanhado de 14 presos políticos em troca do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, sequestrado por guerrilhas urbanas. Um avião da Força Aérea os levou ao México, „banidos por tempo de vida.”

Seu caminho o levou via México, Cuba e Chile à Alemanha, onde chegou com sua esposa Marijane Lisboa e onde a Obre Ecumênica de Estudos em Bochum os acolheu.
O histórico da Marijane foi muito cruel também. Junto com a juventude estudantil carioca ela agitou nos primeiros anos depois do golpe, assistindo a passeata em 1968 em que mataram o jovem estudante Edson Luís. Por ordem do serviço de inteligência da Marinha Marijane foi presa no CENIMAR – Centro de Informações da Marinha na Ilha das Flores, onde a tortura era tão brutal que o coração da moça começou a falhar. Demorou um ano e meio até que a moça teve de se apresentar perante um tribunal militar. Apesar de absolvida, ela foi detida de novo em frente à porta do tribunal. Posta em liberdade depois de 20 dias, ficou livre durante 5 dias e de novo entrou no cárcere. Depois de 30 dias foi posta em liberdade. Um advogado da família a buscou, mas no caminho o carro dele foi parado, pegaram a Marijane, e a levaram encapuzada ao centro de tortura do Exército na Tijuca. A família conseguiu que ela fosse posta em liberdade depois de três semanas. Aí, no caminho a casa, Marijane resolveu pedir asilo na embaixada chilena, de onde se foi para Santiago. Que odisséia!

Como é que é possível falar de „bilateralidade” em vista destas pessoas que sofreram todo tipo de besteira – inclusive estupro – e que nunca na vida nem tocaram em outra pessoa; como o STF pode colocar estas pessoas do lado dos torturadores?

Como os ministros do Supremo podem chamar de bilateral a anistia dada a torturadores e a brasileiros que praticaram o “crime” de resistir a esses torturadores? – perguntou também Helio Fernandes, grande repórter da Tribuna da Imprensa, praticamente liquidada pela ditadura.

Como é possível comparar monstros como aqueles que despedaçaram o preso Bacuri Eduardo Leite, militante da guerrilha urbana, primeiro cortando-lhe uma orelha, depois tirando-lhe os olhos e arrancando-lhe um braço, destruindo seu corpo, membro por membro – como é possível comparar monstros, que fizeram coisa desta, com as vitimas que não torturaram ninguém em toda sua vida? Monstros que até esquartejaram os cadáveres de suas vitimas como se fossem bois no matadouro, métodos que se usaram no Centro de Investigação em Petrópolis-RJ.

Considerando tudo isso, o julgamento do Supremo Tribunal Federal parece ser irracional. Tortura não pode ser considerada função legítima do Estado, não é possível declarar a tortura parte dos deveres dum funcionário público, Tortura é crime contra a dignidade humana e não deve ser anistiada. Se o torturador agiu em nome do Estado, deve ser responsabilizado até o governo, como neste meio tempo acontece no Chile, na Argentina e no Uruguai.

Lamentamos que o Brasil rejeite a confrontação com um período escuro de sua história.

Die Coalition for the International Criminal Court (CICC) hat von Anfang an und wiederholt Kampagnen in vielen Ländern durchgeführt, um für den Beitritt zum Statut zu werben. Inzwischen sind dem Internationalen Strafgerichtshof 110 Staaten beigetreten. Dabei nimmt Lateinamerika eine Vorreiterrolle ein, da es neben Europa die größte Dichte an Mitgliedsstaaten aufweist. Lediglich El Salvador, Guatemala und Nicaragua haben das Statut bislang nicht ratifiziert. Diese Staaten haben sich mehrfach gegen einen Beitritt zum IStGH ausgesprochen und dabei verschiedene Gründe für ihre ablehnende Haltung genannt.

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, woran die Ratifikation des Römischen Statuts in den drei zentralamerikanischen Staaten bislang gescheitert ist; welche Hindernisse ihr entgegenstehen und wie sich ein künftiger Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof wird gestalten können.

zum Artikel (PDF)