Paraguay gozó de un gran prestigio entre los criminales anticomunistas de diversas regiones del mundo durante el perí­odo dictatorial del general Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. Además de su ubicación estratégica en América del Sur, Paraguay les ofrecí­a una “estabilidad polí­tica envidiable”, garantí­as de impunidad de los delitos cometidos “y por cometerse”, así­ como todo tipo de facilidades jurí­dico-administrativas, financieras, y logí­sticas.

Fascistas italianos, nazis alemanes, terroristas croatas y cubanos, anticomunistas argentinos, brasileños y españoles, sicarios bolivianos, genocidas chilenos, y todo tipo de militares y civiles involucrados en violaciones de los derechos humanos, tráfico de armas, espionaje, y operaciones criminales eligieron Paraguay como su lugar de refugio, y fueron acogidos por las más altas autoridades del paí­s como “combatientes por la libertad” y “héroes internacionales”.

El régimen dictatorial conducido por el general Stroessner, con la colaboración de militares y empresarios conservadores, ofreció el contexto de “paz” e impunidad que buscaban criminales como el médico nazi Josef Mengele, el jefe de la Logia Masónica P-2 Licio Gelli, el franquista español Juan León Cordón, entre otros personajes anticomunistas que se establecieron en Paraguay. Muchos de los agentes secretos chilenos, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, detenciones y desapariciones, como Miguel Estay Reyno, “El Fanta” continuaron hasta 1992 residiendo con nombres falsos en Paraguay.(1)

Ya desde fines del siglo pasado Paraguay habí­a ejercido una fuerte atracción para racistas alemanes como el doctor Bernard Forster, quien fundó allí­ la colonia Nueva Germania, con el objetivo de aplicar su programa de pureza racial.(2)

El “modelo paraguayo” de totalitarismo que aseguraba la “paz social a cualquier costo” fue elogiado entre otros por el entonces Presidente norteamericano Richard Nixon, quien reconoció que Paraguay constituí­a un eje estratégico clave para la lucha contra el comunismo. El 4 de mayo de 1968, al llegar a Asunción, Nixon le dijo a Stroessner: ” En el campo de los asuntos internacionales, no conozco otra nación que se haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del comunismo”.

La dictadura paraguaya despertaba envidias entre los militares del cono sur de América, que igualmente aspiraban a dirigir el destino de sus paí­ses por perí­odos prolongados que les permitieran concretar sus proyectos a largo plazo. Por esta razón, muchos de los principales agentes secretos de las tiraní­as latinoamericanas confluyeron en Paraguay en diversas oportunidades a fin de aprender de su experiencia represiva y coordinar estrategias para “limpiar a la región de la potencial amenaza del comunismo y la subversión.

Desde fines de los años 60 existí­an relaciones fluidas entre oficiales de las fuerzas armadas de Sudamérica, quienes habí­an recibido juntos especialización contrainsurgente en las academias militares norteamericanas, donde se forjaron lazos de amistad y familiaridad. En otras etapas al interior de la región, militares latinoamericanos habí­an convivido por perí­odos de seis meses a dos años en centros de formación de Argentina o Panamá. Estas relaciones de militares argentinos con sus similares uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, bolivianos y peruanos, tendrí­an sus frutos en los años de las dictaduras, algunos de los cuales veremos a continuación.

El Caso PRATS

El 30 de setiembre de 1974, en Buenos Aires, a las 00.40 horas, cuando retornaban a su domicilio luego de una reunión social, el ex Vice Presidente de Chile y Ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats Gonzáles y su esposa Sofí­a Cuthbert sufrieron un atentado con una bomba a control remoto que les quitó la vida.

Así­ culminó uno de los primeros operativos en el exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, DINA, comandada por el general Manuel Contreras, quien consideraba a Prats como uno de los rivales de más fuerza del general Augusto Pinochet.

Entre los responsables del atentado contra los Prats se identificó a Michael Townley, norteamericano experto en electrónica y agente especial de la DINA, Juan Luis Bulnes Ossa, chileno ultraderechista, y el mayor del ejército chileno Armando Fernández Larios, quien en octubre de 1973 integró la “caravana de la muerte”, del general Sergio Arellano Stark, que masacró a 72 prisioneros en cinco ciudades chilenas. (3)

Para el seguimiento de Carlos Prats, en la fase preparatoria del crimen, los agentes chilenos utilizaron placas de la Dirección Federal de la Policí­a de Buenos Aires, credenciales de la Dirección de Migraciones, automóviles asignados al ejército argentino, etc. Así­ como este, hubo muchos otros casos en los que policí­as o militares chilenos actuaron con total libertad en territorio argentino contra ciudadanos que huí­an del régimen de Pinochet.

El Caso LEIGHTON

Otro Ex Vice Presidente de la República de Chile, y abierto opositor al régimen de Pinochet estuvo en la mira de los servicios de inteligencia. Ahora se trataba de Bernardo Leighton, alto dirigente del Partido Demócrata Cristiano, a quien cuando se hallaba de visita en Roma se le prohibió regresar a su paí­s, bajo la acusación de desarrollar “actividades antichilenas”. Leighton promovió el acercamiento de la Democracia Cristiana con los grupos polí­ticos de izquierda, a fin de trabajar juntos por el retorno al sistema democrático en Chile.

El 6 de octubre de 1975, Pier Luigi Concutelli y Salvatore Falabella, neofascistas italianos, aliados de Stefano delle Chiaie, temporalmente al servicio de la DINA, atentaron contra Bernardo Leighton y su esposa, cuando estaban por ingresar a su domicilio en Roma. Leighton recibió un disparo en la frente y la bala salió por su oí­do izquierdo. Ana Fresno, su esposa, fue baleada en el pecho. Ambos sobrevivieron luego de varias intervenciones quirúrgicas y pudieron identificar a sus agresores.(4)

Michael Townley, el norteamericano integrado a la DINA, que actuaba también con el nombre de Kenneth Enyart, y su esposa Mariana Inés Callejas, chilena ocultada bajo el nombre Ana Pizarro, habí­an coordinado en Europa (igual que en el caso Prats) los detalles para el crimen de Bernardo Leighton, encargado a los grupos Avanguardia Nazionale y Ordine Nuovo, de Stefano delle Chiaie. Incluso se contó con el apoyo de agentes de la policí­a secreta del régimen franquista español, según reveló el fascista italiano Aldo Tisei a la Corte de Bologna.

El Caso LETELIER

El 21 de setiembre de 1976 la DINA ejecutó otro de sus operativos en el exterior. Esta vez actuó en el corazón mismo del gigante norteamericano, asesinando en Washington D.C. a Orlando Letelier, ex ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, y personaje clave de la oposición chilena, a quien pocos dí­as antes Pinochet le habí­a quitado la nacionalidad, por “haber llevado a cabo en paí­ses extranjeros una campaña publicitaria tendiente al aislamiento polí­tico, económico y cultural de Chile”, y “por influir en la polí­tica exterior norteamericana demandando la suspensión total de su ayuda militar a Chile”. En el atentado, cometido con bomba a control remoto, también murió Ronnie Moffit, quien trabajaba con Letelier en el Instituto de Estudios Polí­ticos.

Igual que en los casos antes mencionados, el responsable de coordinar el operativo fue el norteamericano Michael Townley, un agente incondicional a Manuel Contreras, jefe de la DINA. “Desde que lo liberamos, Letelier ha estado dando problemas al gobierno en el exterior”, le dijo Pedro Espinoza, asistente principal de Contreras, a Townley, cuando le precisó las instrucciones para la misión de asesinar a Letelier en Estados Unidos.

Para este asesinato el Mayor del Ejército chileno Armando Fernández Larios realizó previamente un minucioso trabajo de seguimiento de Orlando Letelier en Washington D.C. Townley confesó a la justicia norteamericana que él mismo, con la ayuda del cubano anticastrista Virgilio Paz, fabricó el artefacto explosivo a control remoto y lo colocó en el automóvil de Letelier. En el crimen también participó Dionisio Suárez, del Movimiento Nacionalista Cubano.

Unas semanas antes, agentes secretos chilenos habí­an obtenido en Asunción pasaportes paraguayos y visas para ingresar a los Estados Unidos. También la cancillerí­a chilena entregó a agentes de la DINA pasaportes con nombres falsos. Ahora, con el descubrimiento de los archivos del terror, en Paraguay, se confirma que el asesinato de Letelier fue gestado por Manuel Contreras, dentro de la “Operación Cóndor”.(5)

La Operación CONDOR

De acuerdo a las investigaciones realizadas en relación al asesinato de Orlando Letelier, se ha logrado establecer que el general chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, concibió y organizó la Operación Cóndor, que tuvo como tarea “La recolección, el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, los comunistas y los marxistas, con el fin de eliminar a los terroristas marxistas y sus acciones en la zona”.(6) Esta acusación ha sido ratificada con algunos documentos hallados en los archivos secretos de la policí­a paraguaya.

Contreras viajó hacia Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos, para exponer su proyecto represivo supranacional y convencer a los jefes de los servicios secretos de estos paí­ses sobre la importancia de la coordinación y cooperación “para eliminar al comunismo” y defender la sociedad “occidental y cristiana”.

El general Contreras sostuvo desde 1974 varias entrevistas con el general Ramón Camps, Jefe de la Policí­a de Buenos Aires, quien años después dirí­a que “en Argentina no quedan desaparecidos con vida. Asumo toda la responsabilidad y me siento orgulloso”. Otro colaborador de Contreras, el general Iberico Saint Jeant, Interventor de la Provincia de Buenos Aires igualmente dijo en la época de la dictadura militar: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a quienes permanezcan indiferentes, y por último, a los indecisos.”(7)

En agosto de 1975 en su esfuerzo para concretar la “Red Cóndor”, Manuel Contreras se entrevistó en Washington D.C. con Vernon Walters, director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los EE.UU. En Venezuela se reunió con Rafael Rivas Velásquez, director del Servicio de Inteligencia venezolano. En Paraguay habló con los generales Benito Guanes Serrano, jefe de Inteligencia del Estado Mayor y Francisco Brites, Jefe de la Policí­a de la República.

Entonces, en el marco de la “Operación Cóndor” se logró concretar acuerdos amplios entre los servicios secretos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y se animó a la participación de Brasil y Perú. El campo de acción fue fijado entre los lí­mites de todos los paí­ses miembros del acuerdo, estableciéndose facilidades para el desplazamiento clandestino de agentes de estos paí­ses, y la ejecución de operaciones represivas conjuntas.

También se aprobó la formación de equipos especiales de los paí­ses miembros, para viajar a cualquier parte del mundo, con el objetivo de eliminar a polí­ticos opositores, subversivos o colaboradores de los grupos terroristas de cualquiera los paí­ses de la Operación. En el marco de este acuerdo se realizaron los operativos criminales antes mencionados.

Aún antes del golpe de estado en Argentina (marzo de 1976), ya se habí­an logrado acuerdos entre los servicios secretos de ese paí­s y de Chile, para el intercambio de información “clave” y para facilitar la captura de militantes izquierdistas chilenos. Esta cooperación se logra perfeccionar con la “Operación Cóndor”.

Numerosos militantes y simpatizantes de izquierda, chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, y bolivianos, establecidos temporalmente en Argentina fueron capturados en ese territorio así­ como en Paraguay, por agentes policiales de sus respectivos paí­ses, en el contexto de esta coordinación represiva llamada “Operación Cóndor”. Quienes más persecución sufrieron en Argentina fueron principalmente los lí­deres y militantes del MIR chileno. Igualmente los grupos de derechos humanos han documentado casos de represión policial contra ciudadanos alemanes, españoles, judí­os y peruanos, entre otros que figuran entre los miles de desaparecidos.

Tal como se ha demostrado en diversos procesos judiciales, los servicios secretos de Chile y Paraguay tuvieron a su disposición las lí­neas aéreas estatales, (LAN CHILE, Lí­neas Aéreas Paraguayas) así­ como “carta blanca” en las cancillerí­as, el servicio de correos, los tribunales de justicia, etc.

Igualmente encubrieron sus actividades con empresas comerciales e industriales “fantasmas”. En Chile se crearon 30 empresas ficticias al servicio de la DINA y un centro de operaciones formal: La Empresa Pesquera Chile, de San Antonio. La incursión en el mundo empresarial y financiero sentarí­a las bases para crear mecanismos de protección de los agentes secretos, una especie de ODESSA chilena, dirigida por el general (R) de la Fuerza Aerea Chilena, Vicente Rodrí­guez.(8)

Desde mayo de 1975 numerosos activistas polí­ticos chilenos son detenidos por la policí­a argentina y paraguaya y luego son entregados a la DINA. Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue arrestado por la policí­a paraguaya cuando cruzaba en ómnibus la frontera desde Argentina. Después fue entregado a los agentes de la DINA en Paraguay y trasladado ilegalmente a Santiago, a Villa Grimaldi, donde se perdieron sus rastros. En la captura e interrogatorios de Fuentes Alarcón participaron, según estableció la Comisión Rettig, “los servicios de inteligencia argentinos, personeros de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que mantení­a informada a la Policí­a de Investigaciones de Chile del resultado de los interrogatorios, y la policí­a paraguaya, que capturó y permitió el traslado clandestino del militante chileno”. (9)

Jean Yves Claudet Fernández, de nacionalidad franco-chileno, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile, fue detenido el 1.11.1975 en el Hotel Liberty de Buenos Aires y después fue ejecutado por agentes de la DINA en esa ciudad. Aquí­ también hubo una colaboración muy cercana de policí­as argentinos con los agentes chilenos de la DINA, a fin de neutralizar la resistencia polí­tica de los activistas del MIR.

La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, en su Informe Final documenta los casos de 33 ciudadanos chilenos desaparecidos tras ser capturados por agentes argentinos, paraguayos o brasileros y entregados a la DINA, solo entre 1975 y 1976.

El 22 de diciembre de 1992 el Juez José Agustí­n Fernández, descubrió casualmente el archivo secreto de la inteligencia represiva paraguaya, en una oficina de la “Sección Polí­tica y Afines” de la Policí­a de Investigaciones de Asunción, mientras investigaba el caso de Martí­n Almada, un profesor que habí­a sido detenido y torturado en Asunción.

“Yo llevaba el proceso de una persona que habí­a sido detenida y torturada entre 1974 y 1977. En ese caso él (Martí­n Almada) habí­a solicitado sus antecedentes policiales por lo que procedimos a investigar en qué cuartel policial se encontraban” declaró el Juez Fernández. “El jefe de la policí­a de investigaciones nos dijo que estos archivos y antecedentes habí­an desaparecido durante el golpe de estado de febrero de 1989. No quedamos contentos con esa respuesta”, agregó.

Fernández explicó que Martí­n Almada, investigó dentro de los cí­rculos policiales y consiguió una información confidencial que le confirmó la existencia de los archivos. Entonces, de manera reservada se dirigieron a un lugar indicado donde descubrieron lo que el periodismo paraguayo bautizó como “Los archivos del terror”.

“Cuando lo descubrimos era tanta la cantidad de documentos que era imposible dejarlos a disposición de la policí­a porque podrí­an destruirlos, quemarlos. Así­ que con la ayuda de un camión del Diario Noticias de Asunción los llevamos a mi despacho, y luego a un depósito del Palacio de Justicia”, declaró el Juez.(10)

En los archivos abundan documentos relacionados a casos de detenidos y desaparecidos paraguayos que el gobierno siempre habí­a negado tenerlos bajo su poder, por lo cual el Juez Fernández sostuvo :” Hay testimonios de que en Paraguay hubo tortura, encarcelamiento de activistas polí­ticos, un estilo de vida, un sistema de control sistemático de mucha gente”. Estos documentos van a dar muchas luces en los 18 procesos sobre violaciones a los derechos humanos que actualmente se ventilan en los tribunales de ese paí­s.

El ex dictador Alfredo Stroessner, ha sido implicado recientemente en el asesinato de Benjamí­n y Rodolfo Ramí­rez, dos hermanos acusados de pertenecer al grupo armado opositor, Organización Polí­tica Militar, que supuestamente intentaba derrocarlo. Según los documentos hallados en los archivos secretos, Stroessner conocí­a todos los detalles de este y de otros crí­menes, y habí­a intercambiado comunicaciones con el jefe de investigaciones de la policí­a, Pastor Coronel, unos de los más sanguinarios torturadores de Paraguay.(11)

Lo sorprendente del caso es que este archivo de los servicios de seguridad de Paraguay, incluye también numerosos documentos relacionados a la “Operación Cóndor” gestada por Manuel Contreras, el conocido violador de los derechos humanos, jefe de la DINA. La documentación hallada ha confirmado que en el marco de este “Acuerdo de Cooperación” se cometieron los asesinatos del ex ministro chileno Orlando Letelier, del ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, asesinado en Argentina; de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así­ como del doctor Agustí­n Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado, de Paraguay, y de cientos de activistas polí­ticos chilenos, argentinos, paraguayos, y brasileños.(12)

Aún más, recientemente el general paraguayo Benito Guanes Serrano, ex jefe de inteligencia del ejército, declaró ante el juez Arnulfo Arias, que en 1977, por su función de enlace entre la policí­a de Asunción y los agentes extranjeros, estuvo presente en la entrega de cinco personas arrestadas en Paraguay, a funcionarios de inteligencia de Argentina y Uruguay. Los “expulsados” de Paraguay fueron los uruguayos Gustavo Edison Insaurralde y Nelson Rodolfo Santana Scotto, y los argentinos Alejandro Logoluso Dio Martino, José Boll y Dora Landi Gill, quienes luego desaparecieron. Ahora el general Benito Guanes se halla con detención preventiva ordenada por el juez Nélson Mora, por el asesinato de los hermanos Benjamí­n y Rodolfo Ramí­rez Villalba. El atentado contra el Dr. Bernardo Leighton también fue parte de la “Operación Cóndor”.

Se ha encontrado correspondencia de la policí­a de la región, registros y hojas de entrega de detenidos, fichas, fotografí­as y pasaportes de activistas de izquierda argentinos, chilenos, paraguayos y brasileños; planes de eliminación de sospechosos, reportes de desplazamientos de subversivos por el cono sur, análisis de las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, ONGs de Paraguay, así­ como informes detallados dirigidos a Stroessner sobre asesinatos de sus opositores polí­ticos.

También hay allí­ documentación que facilitó la estadí­a en Paraguay de mercenarios croatas, italianos, cubanos, chilenos, entre otros, y sobre la presencia de los criminales nazis en el cono sur de América, así­ como sobre el asesinato de agentes israelí­es que los perseguí­an, las conexiones de los servicios secretos con la CIA norteamericana y el narcotráfico. Hay suficientes e irrebatibles pruebas de que se practicó el terrorismo de estado a escala internacional. La documentación hallada y los testimonios de varios de los agentes implicados, demuestra la complicidad de la policí­a y el gobierno de Paraguay con la brutal represión ejercida por las dictaduras de Argentina y Chile, así­ como con la de Brasil y Bolivia. También demuestra como el general Augusto Pinochet amparó la práctica del terrorismo de estado dentro y fuera de su paí­s. Hay evidencia de que tanto Pinochet como Stroessner dedicaron especial atención al fortalecimiento y la coordinación de sus servicios de seguridad, objetivo para el cual se reunieron en diversas oportunidades.

Se alcanzó tanta eficiencia en la represión a los disidentes polí­ticos, que incluso funcionarios del Departamento de Estado norteamericano reconocieron que “Los servicios de inteligencia del cono sur se han reunido y tienen un programa claro de ayuda mutua. La policí­a secreta anda por el mundo con gran libertad. En América Latina el sistema funciona casi a la perfección”, tal como lo afirmó Patricia Derian, subsecretaria para asuntos de derechos humanos en A.L. del Departamento de Estado.

Por qué no se destruyeron los Archivos de la Represión?

Es probable que los altos jefes militares y policiales implicados en las violaciones de los derechos humanos y que participaron de la “Operación Cóndor” tení­an la esperanza de la restauración de la dictadura de Stroessner.

Cayeron en un exceso de confianza que los inmovilizó ante cualquier necesidad de destruir documentación que aunque era acusatoria contra ellos, al mismo tiempo les iba a seguir siendo útil en el futuro. Los registros de inteligencia están actualizados con respecto a Paraguay hasta el año 1991, dos años después del golpe que quitó el poder a Stroessner y terminó con su dictadura.

En realidad el descubrimiento de los “Archivos del Terror” se logró gracias a que policí­as descontentos con sus jefes colaboraron con las autoridades judiciales. Estos mismos policí­as han denunciado cómo reina la corrupción al interior de los organismos castrenses y policiales.

Para nadie en Paraguay era un misterio saber que los más altos jefes policiales y militares, intendentes, funcionarios públicos vinculados al general Stroessner formaban parte de la inmensa cadena de corrupción moral y polí­tica tejida en los largos años de dictadura de Stroessner.

El contrabando de autos robados en Brasil y Uruguay, y su posterior venta en Bolivia y Perú, el tráfico de cocaí­na, los casinos de juego, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, las cadenas de prostitución entre innumerables actividades ilí­citas, eran ejercidas abiertamente por algunas de las más altas autoridades policiales y militares de Paraguay, tal como se ha comprobado en los últimos meses. (13)

Más que dedicarse a su función de seguridad muchos de los jefes policiales y militares estaban atareados en la administración de sus negocios corruptos y llevaban una vida disipada, confiados en la impunidad con la que la dictadura los habí­a premiado por su lealtad para mantener el orden establecido y “la paz nacional”.

El coronel de Infanterí­a paraguayo Luis Catalino Gonzáles Rojas, denunció en octubre de 1992 a varios de estos jefes militares y policiales implicados directamente en el contrabando de autos robados como el general de división Humberto Garcete, Comandante en Jefe del Ejército, y los generales Emilio Balbuena, Aladino Enciso, y Lorenzo Carrillo, quienes han sido procesados y sancionados por ese delito.(14)

El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Francisco Sánchez, ha sido destituí­do y procesado por extorsiones, estafa y por haberse apropiado ilí­citamente de una empresa de juegos de azar. Francisco Brites, el tristemente recordado Jefe de la policí­a de Paraguay, amigo de Manuel Contreras, de la DINA, es propietario, junto con su esposa, de 130,000 hectáreas de terreno y de casi un centenar de fincas por todo el paí­s.

Hoy estos jefes del ejército y de la policí­a de Paraguay enfrentan diversos procesos judiciales por sus delitos vinculados al contrabando de autos robados, la falsificación de documentos, la malversación de fondos públicos, etc. Sus actividades “empresariales” desplazaron a las ocupaciones policiales.

De esta forma se explicarí­a que los principales jefes de la policí­a y el ejército de Paraguay, vinculados al sistema Cóndor de represión hayan descuidado la seguridad de su archivo central, que está abriendo nuevos conocimientos sobre las actividades encubiertas de los servicios secretos del cono sur de América, y están ayudando a interpretar y comprender más cabalmente el destino de cientos de luchadores sociales y activistas polí­ticos latinoamericanos.

Los documentos hallados se están procesando con la ayuda de personal de los organismos defensores de los derechos humanos de Paraguay, luego de rechazarse un ofrecimiento de la Agencia Interamericana de Desarrollo, AID, de los EE.UU., organismo que se ofreció para microfilmar los archivos.

Diputados paraguayos acusaron a la AID de pretender borrar las huellas de la colaboración de los servicios secretos de los EE.UU. con la dictadura paraguaya y los sistemas represivos del cono sur.

Convencidos de la importancia de la documentación descubierta, abogados y representantes de organismos de derechos humanos de Brasil, Argentina y Chile, viajaron a Asunción, a revisar “los archivos del terror”, en los cuales han encontrado evidencias inculpatorias contra los jefes de los servicios secretos de la región.

Con el descubrimiento de “Los Archivos del Terror” en Paraguay se han abierto nuevas posibilidades para aplicar la justicia a los principales agentes represivos del cono sur de América, de tal modo que sus delitos no queden en la impunidad. La esperanza ha renacido en los familiares de las ví­ctimas de la represión en Argentina, Paraguay, Brasil y Chile mientras que el general Manuel Contreras, así­ como sus protectores y cómplices (Léase Pinochet) “tiemblan” ante las nuevas evidencias de su terrorí­fico trabajo.

Notas:

(1) SALES. F. “El Paraí­so Azul”. en: Diario “El Paí­s”. Madrid15.2.1988; CAMUS Marí­a Eugenia. APSI. 441, Santiago 1993.

(2)PAGINA 12. Buenos Aires, Argentina 7.2.1993. Pág. 4

(3) AHUMADA ,Eugenio; ATRIA, Rodrigo; EGANA, Javier Luis; GONGORA, Augusto; QUESNEY, Carmen; SABALL, Gustavo; VILLALOBOS, Gustavo. “Chile la Memoria Prohibida”. Las violaciones a los Derechos Humanos 1973- 1983″ Pehuén Editores. Colección Testimonios. 3 tomos. Santiago de Chile, mayo de 1990. (IV Edición). Esta obra contiene abundante documentación sobre los atentados contra Prats, Leighton, Letelier, y otros numerosos opositores al régimen de Pinochet. VERDUGO, Patricia: Los Zarpazos del Puma, Santiago de Chile, CESOC, 1989.

(4) El Mayor del ejército chileno Fernando REVECO declaró a la periodista Patricia Verdugo que dos semanas antes del atentado contra Leighton, escuchó al Comandante del Regimiento Blindados, a quien Pinochet visitaba frecuentemente: “!Y qué te parece este desgraciado de Bernardo Leighton, las cosas que anda haciendo afuera”. “Pensé que seguramente Pinochet lo habí­a calificado de traidor a la patria o algo parecido delante de los oficiales”, dijo Reveco. “Y no pasaron quince dí­as cuando se supo del atentado contra Leighton y su esposa en Roma”,agregó. VERDUGO; Patricia.”Los Zarpazos del Puma” Pág. 63. CESOC, Santiago de Chile, Septiembre de 1989.

(5) En el proceso por el asesinato de Aldo Moro, en Italia, se descubrió que sus asesinos tení­an pasaportes legí­timos otorgados por las autoridades paraguayas. La información fue proporcionada por el Dr. José Fernández Estigarribia, Presidente de la Asociación de Abogados Latinoamericanos para los Derechos Humanos, en su Informe sobre la Polí­tica Exterior del Paraguay. “Coloquio sobre Uruguay y Paraguay, la transición del Estado de Excepción a la Democracia”. Pág. 148. SIJAU, Montevideo, marzo de 1985.

(6) “Las Huellas del General Contreras”. APSI 289. Santiago30 de enero al 5 de febrero 1989. Págs. 8-10.

(7) MARIA LOZADA, Salvador; VIAGGIO, Julio; ZAMORANO, Carlos; BARCESAT, Eduardo. “Inseguridad y Desnacionalización. La Doctrina de la Seguridad Nacional”.(Pág.107) Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ediciones Derechos del Hombre. Buenos Aires, julio de 1985.

(8) A fines de 1992 se descubrió en Santiago de Chile la “cofradí­a” que los ex represores y agentes de la DINA, juntamente con los oficiales y agentes de inteligencia militar habí­an organizado para asegurar el fácil cambio de nombre y la rápida obtención de nuevos documentos de identidad, tanto de los ex agentes como de sus familiares. Dicha organización, también conocida como “Sociedad Benefactora” igualmente les garantizaba la adquisición de pasaportes y visas de residencia en otros paí­ses, la transferencia de recursos económicos y financieros, y sistemas de desplazamiento para evadir los controles policiales y las demandas judiciales. La “Cofradí­a” funcionaba en un local de la calle Teatinos, a pocos pasos del Palacio de La Moneda y estaba a cargo del General (R) de la FACH y ex jefe de Inteligencia de esa institución,Vicente Rodrí­guez. (APSI 441, Santiago 1993)

(9) RETTIG GUISSE, Raúl; CASTILLO VELASCO, Jaime; CEA EGAñA, José Luis, JIMENEZ DE LA JARA, Mónica; MARTIN DIAZ, Ricardo; NOVOA VASQUEZ, Laura, VIAL CORREA; Gonzalo; ZALAQUETT DAHER, José. “Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación”. Texto oficial Completo. Publicado por el Diario “La Nación”. 287 págs. Santiago de Chile 5.03.1991

(10) POO, Ximena. “La Riesgosa Labor del descubridor”. Diario LA éPOCA. Santiago de Chile 28.2.93. Págs.2 y 3. También en la edición del 1.3.93. Pág.2. y del 17.3.93, Pág.2

(11) CLARIN 18.1.93 Pág. 13

(12) El Senador Zelmar Michelini, dirigente del Frente Amplio y el doctor Héctor Gutiérrez Ruí­z, Presidente de la Cámara deDiputados de Uruguay, fueron secuestrados y asesinados en Argentina por un comando conjunto de militares uruguayos y argentinos.(Uruguay Nunca Más. SERPAJ 1989) AMORIN, Carlos; BLIXEN, Samuel. “Se destapa la multinacionadel Terror”. Revista Cambio 16 Número 1114 Madrid 29. 3. 1993. Págs.10-15.

(13) PALAU, Tomás; LUGO, Félix; ESTRAGO, Gloria. (Compiladores) “Dictadura, Corrupción y Transición”.BASE Investigaciones Sociales. Asunción, Junio 1990. (Investigación para el Tribunal Permanente de los Pueblos, en la cual se documenta la corrupción en los más altos niveles de la administración pública y de los servicios policiales y militares de Paraguay)

(14) COMAS; José. “Un coronel destapa la olla de la corrupción militar en Paraguay”. Diario “El Paí­s”. Madrid 18.11.92 . Pág. 11. “Paraguay, paraí­so del contrabando de coches”.El Paí­s 6.3.1989.
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Artí­culo publicado en la revista Memoria” Nº 5, Nuremberg. diciembre de 1993.

Citar como: Cuyas, Esteban La “Operación Condor”: El Terrorismo De Estado De Alcance Transnacional KO’AGA ROí‘E’ETA se.vii (1996) – http://www.derechos.org/vii/1/cuyas.html

Derechos Humanos en América
Ko’aga Roñe’eta, Serie VII