La instauración del denominado “Proceso de Reorganización Nacional” tuvo como objetivo la especulación financiera, el desguace del aparato productivo, el traspaso de recursos económicos a los sectores de mayores ingresos y a las empresas multinacionales. Para ello fue necesario desmantelar el tejido social y polí­tico, proscribir las organizaciones gremiales. El genocidio y los crí­menes de lesa humanidad fueron el correlato de esta polí­tica.

La Corte Suprema de Justicia legitimó a quienes se alzaron contra la Constitución Nacional y la pusieron por debajo de los Estatutos dictados por el autodenominado Proceso, reconociéndoles, además, facultades legislativas, judiciales y constituyentes.

El genocidio contó con el respaldo de la cúpula de la iglesia católica, que llamó a los militares a intervenir en una “guerra santa”. El adoctrinamiento de los militares se llevó a cabo bajo la supervisión de los Estados Unidos, en forma coordinada con el resto de las dictaduras del continente. Mientras tanto, la Embajada norteamericana velaba por los intereses de sus ciudadanos, es decir, por los beneficios económicos de sus grandes empresas.

El estado de sitio, el dictado de órdenes secretas “antisubversivas”, la tortura, la desaparición forzada de personas, el aniquilamiento de miles de personas, el robo de bienes de las ví­ctimas, los centros clandestinos de detención donde se sometió a miles de personas a condiciones infrahumanas, niños nacidos en cautiverio, la privación de libertad sin juicio; todo fue posible bajo el imperio de un poder autoritario que dijo reconocer sólo la “ley de dios”.

Con su silencio, el Poder Judicial brindó un importante apoyo a los crí­menes que se cometieron en forma sistemática y se erigió en el último eslabón de la cadena represiva al perseguir, encarcelar y enjuiciar a miles de personas por lo que llamaron “actividades subversivas”.

Familiares de las ví­ctimas denunciaron la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., que elaboró un informe el 11 de abril de 1980 en el que mencionó la existencia de numerosas violaciones a los derechos humanos y encomendó al Estado Argentino que debí­a reparar y administrar justicia por tales crí­menes.

Antes de ceder el gobierno, los militares dictaron una autoamnistí­a por los crí­menes cometidos durante este perí­odo y declararon la muerte de todos los desaparecidos. Esta norma fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia al momento de revisar la sentencia a los ex comandantes.

Quien era entonces un candidato a la Presidencia de la Nación, el Dr. Raúl Alfonsí­n, dijo en su campaña que debí­an contemplarse los distintos niveles de responsabilidad. Ya como primer mandatario y luego de recibir el gobierno de parte del General Bignone, miembro de la cuarta y última junta militar, dictó dos decretos por los que ordenó la persecución penal contra las cúpulas de las tres primeras juntas militares y contra miembros de organizaciones guerrilleras, dirigentes gremiales y militantes polí­ticos. La tristemente célebre teorí­a de “los dos demonios” se hallaba en marcha, como una forma de diluir las responsabilidades del terrorismo de Estado y de reconocerle legitimidad a la represión desatada. Luego de recuperada la democracia, muchos presos polí­ticos continuaron en prisión, a pesar de haber padecido la tortura y el encierro en centros clandestinos de detención.

Alfonsí­n encomendó a un grupo de notables, que actuó en lo que se denominó la “Comisión Nacional de Desaparición de Personas” (CONADEP), la elaboración de un informe sobre las violaciones a los derechos humanos, que fue presentado el 20 de septiembre de 1984.

Como polí­tica central del gobierno elegido por ví­a electoral, el Poder Judicial no fue depurado; sólo se modificó la composición de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual la gran mayorí­a de los jueces que hicieron oí­dos sordos a los gritos de las ví­ctimas y sus familiares y que habí­an jurado por los Estatutos del Proceso, pasaron a ser jueces en la democracia.

El Congreso de la Nación modificó el Código de Justicia Militar para otorgar a los militares la facultad de juzgar a sus pares implicados en violaciones a los derechos humanos, en lo que se dio en llamar la doctrina de la “autodepuración”. Sólo se previó la justicia civil para actuar como tribunal de apelación de las sentencias dictadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Este Consejo Supremo estaba compuesto de la misma forma que durante la dictadura.

La doctrina de la “autodepuración” fue sustentada por el gobierno de Raúl Alfonsí­n, con el argumento de que los crí­menes cometidos no debí­an caer sobre las instituciones y que habí­an respondido exclusivamente a la voluntad de algunos individuos. Luego, la Corte Suprema convalidó esta estrategia, a pesar de haber sido fuertemente criticada por haberse creado un fuero de excepción y por la violación al principio republicano de división de poderes, ya que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dependí­a del Presidente de la Nación.

Esta ví­a impidió toda pesquisa e investigación de los hechos y frustró cualquier juzgamiento. Por las “demoras injustificadas” en las investigaciones, intervinieron las cámaras federales en lo criminal y correccional. Cabe aclarar que la posibilidad de que una cámara federal interviniera por esta razón, no formaba parte del proyecto de ley enviado al Parlamento por el Presidente Alfonsí­n, y fue agregada en el texto final de la ley por los partidos de oposición. El Consejo Supremo no sólo no investigó sino que reivindicó lo actuado durante el terrorismo de Estado.

Las tres primeras juntas militares que tomaron el poder a partir de 1976 fueron juzgadas por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llamó el “juicio contra los ex comandantes”, como consecuencia de la inactividad del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las penas impuestas oscilaron entre la reclusión perpetua y los cuatro años de prisión. Hubo, además, cuatro absoluciones. Todos los jueces integrantes de esta Cámara Federal provení­an de la dictadura, del mismo modo que los integrantes de la Fiscalí­a que llevó a cabo la acusación.

La diferencia abismal entre la imposición de penas y la absolución como también entre los montos de las penas, radicó, esencialmente, en que la Cámara Federal optó por una responsabilidad individual, es decir que cada uno de los comandantes debió responder por los hechos cometidos en la órbita de su arma y no por lo actuado por las otras.

A su vez, los hechos investigados se restringieron a aquellos cometidos por los imputados en su calidad de comandantes y no a otros delitos que pudieron haber cometido como miembros y/o jefes de las distintas dependencias de las Fuerzas Armadas, con lo cual los miembros de las segunda y tercera juntas no respondieron por los crí­menes cometidos durante la primera, a pesar de sus altos rangos en cada una de las fuerzas.

Todo esto indica claramente la decisión polí­tica –y por ende jurí­dica- de restringir al máximo los juicios por violaciones a los derechos humanos y sus castigos, y de sostener que sólo existieron individuos que cometieron crí­menes y no la planificación de aniquilamiento.

Apenas conocido el fallo de la Cámara Federal en diciembre de 1985, el gobierno de Alfonsí­n hizo pública su intención de dar un “punto final” a los juicios. A partir de allí­ en abril de 1986 se impartieron las instrucciones al fiscal general ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de no ir en detrimento de la “capacidad espiritual” de las fuerzas.

Las presiones militares por dar un corte a los procesos iniciados fueron en aumento. A las declaraciones públicas de varios de los integrantes de las Fuerzas Armadas les sucedió una serie de levantamientos militares.

En medio de la grave crisis polí­tica e institucional, el Presidente Alfonsí­n envió un proyecto de ley al parlamento en diciembre de 1986. En su discurso a la sociedad dijo que el paí­s debí­a mirar hacia el futuro. Comenzó a gestarse el “punto final” que se sancionó el 29 de ese mismo mes. Se trató, en verdad, de una autoamnistí­a, prohibida tanto por la Constitución argentina como por los pactos de derechos humanos. Por esta medida se extinguí­a la acción penal si una persona no era llamada dentro de los sesenta dí­as de promulgada la norma.

El efecto que causó la ley fue una avalancha de presentaciones ante la Justicia en contra de quienes se hallaban imputado y el dictado de innumerables procesamientos contra miembros de las fuerzas militares.

A ello le siguieron las instrucciones impartidas a los fiscales federales de la justicia civil para que restringieran al máximo el número de causas.

El alzamiento militar de semana santa de 1987 originó que Alfonsí­n se doblegara ante tales presiones: el dí­a 13 de mayo de 1987 el Presidente de la Nación envió un proyecto al Congreso, que luego se convirtió en ley, por el que se estableció la “obediencia debida”, concepto por el cual se presumí­a que los miembros inferiores de las FFAA habí­an actuado en cumplimiento de órdenes emanadas de la superioridad, excluyéndose los delitos contra menores, la violación y usurpación de la propiedad.

Mediante esta norma el Congreso asumió funciones judiciales por las que estableció que los miembros subalternos de las Fuerzas Armadas habí­an actuado de modo irreprochable, sin admitir prueba en contrario. A los pocos meses fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la única excepción del Dr. Jorge Bacqué. Esta postura fue compartida por los tribunales federales inferiores, lo que llevó al cierre de todas las causas en trámite.

La persistente presión militar hizo que el sucesor de Alfonsí­n, el Dr. Carlos Menem, dictara los decretos de indulto perdonando las penas a los pocos militares que habí­an sido condenados, quienes recuperaron su libertad.

Tanto las leyes de obediencia debida y de punto final como los indultos presidenciales fueron seriamente cuestionados por la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, por el Comité contra la Tortura de la ONU y por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque impidieron el derecho a la justicia de gran parte de la población argentina y porque los delitos aberrantes cometidos no pueden ser amnistiados ni perdonados.

Sin embargo, el trabajo de los organismos de derechos humanos no cesó y gran parte de la sociedad argentina continuó reclamando justicia y castigo por tales crí­menes.

El trabajo incesante realizado con el anhelo de obtener justicia en algún lugar del mundo dio como resultado la presentación de una denuncia ante el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, a cargo del juez Baltasar Garzón, quien actualmente investiga la comisión de los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas cometidos por los militares argentinos y chilenos.

Jueces de otros paí­ses, como Italia, Francia, Suiza e Israel, se sumaron a la persecución penal de estos graves crí­menes, en señal de que toda la comunidad internacional se hallaba conmovida. A fines de 2.000 un juez mexicano hizo lugar a la extradición a España del marino argentino Ricardo Cavallo reconociendo la jurisdicción universal.

Como consecuencia del dictado de órdenes de detención de estos jueces extranjeros contra militares argentinos, nuestro paí­s se ha transformado en una gran cárcel para los genocidas. Ni el gobierno de Menem ni el del actual Presidente, Fernando De la Rúa, han dado muestras de colaboración con los juicios iniciados en el exterior y reclamaron el principio de la territorialidad para estos crí­menes, exhibiendo su afán en sostener la impunidad en la Argentina y reconociendo las leyes e indultos dictados.

En estos últimos años ha habido un cambio muy positivo en la comunidad internacional con respecto al reconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su incorporación al derecho interno de los Estados. El debate por la instauración de una Corte Penal Internacional y sucesos como la detención de Pinochet y los juicios de Ruanda y la ex Yugoslavia lo demuestran.

Este avance significativo otorgó nuevos aires en la lucha contra la impunidad en la Argentina, donde se presentaron diversas querellas criminales. Por una de ellas se investiga la existencia de un plan sistemático de apropiación de niños nacidos en cautiverio; en esta causa fueron privados de libertad varios militares, entre los que se encuentran Videla y Massera, por ser autores mediatos del ocultamiento y supresión del estado civil de centenares de menores, hijos de detenidos-desaparecidos. El juez que interviene en la causa aplicó el derecho internacional de los derechos humanos y entendió que se trataba de crí­menes de lesa humanidad y por lo tanto, de carácter imprescriptible.

Hay dos importantes antecedentes en la Argentina: los casos de los oficiales nazis requeridos de extradición, Eric Priebke y Franz Schwammberger, en los que la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de la Plata, respectivamente, fundaron la aceptación de ambos pedidos, en virtud de la comisión del delito de genocidio y de crí­menes de lesa humanidad.

También se presentó una querella contra los máximos responsables de las dictaduras que usurparon el poder en el Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y la Argentina, por la existencia de lo que se denominó el “plan cóndor”, por el cual, con el conocimiento, consentimiento y apoyo de los EEUU, llevaron a cabo un sistema de persecución, represión y eliminación de opositores polí­ticos. Este “operativo cóndor” tuvo sus principales ví­ctimas dentro del territorio argentino y uno de sus gestores más relevantes fue el General chileno Augusto Pinochet. El juez a cargo de esta investigación ha solicitado al Gobierno de los EEUU una serie de documentos que recientemente han sido desclasificados, de los que surge con evidencia esta red criminal que estuvo enquistada en las estructuras de varios Estados.

En otras causas criminales actualmente abiertas se investiga la supresión del estado civil de niños nacidos en cautiverio. En una de ellas, hace pocos dí­as el juez federal Gabriel Cavallo declaró la invalidez de las leyes de obediencia debida y punto final, por ser ambas violatorias de la Constitución Nacional y de los Pactos internacionales de derechos humanos, con el objeto de investigar las desapariciones de los padres de una menor nacida en un centro clandestino de detención. Este elogiable fallo, fruto de un concienzudo estudio y esforzado trabajo, será objeto de apelación ante la Cámara Federal de Buenos Aires por parte de los detenidos en esta causa, los torturadores Julio Simón y Juan Antonio Del Cerro.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habí­a declarado la constitucionalidad de ambas normas y es probable que sostengan esta postura en una eventual intervención.

Según nuestro sistema, la declaración de inconstitucionalidad sólo puede regir para el caso concreto, con lo que la lucha jurí­dica en este punto recién ha comenzado. Los organismos de derechos humanos están estudiando los pasos a seguir para solicitar la reapertura de todas aquellas causas que fueron cerradas luego de la promulgación de ambas leyes y para que se inicien aquellos casos que jamás fueron denunciados.

Mientras tanto, el poder militar ya ha fijado su posición: el fallo va en contra de la reconciliación nacional –como si la reconciliación nacional pudiera ser fruto de algo distinto que la justicia-; quien fuera Presidente de la Nación al momento de sancionarse las leyes, Raúl Alfonsí­n, manifestó que mirar hacia el pasado puede abrir viejas heridas; el actual ministro de defensa, Horacio Jaunarena –que ocupaba el mismo cargo en esa época- dijo que las Fuerzas Armadas gozan del reconocimiento del pueblo argentino y que las leyes son constitucionales; la jerarquí­a de la iglesia católica se mostró disgustada –los mismos obispos que comenzaron a elaborar con las Fuerzas Armadas una eventual mesa de diálogo para una inviable reconciliación nacional-; los periodistas del stablishment reconocieron el fallo aunque mencionaron que polí­ticamente no era conveniente e insistieron en la teorí­a de los dos demonios.

Muchos de los jueces que podrí­an intervenir en las causas por violaciones a los derechos humanos ya se han manifestado por la constitucionalidad de las leyes.

La impunidad trajo como consecuencia que en perí­odos democráticos hayan sucedido hechos atroces como los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que causaron decenas de muertos y en las que se sospecha seriamente la participación de policí­as y militares argentinos. Las ejecuciones extrajudiciales de parte de la policí­a es una constante y hay centenares de casos en los últimos años. La tortura se ha seguido utilizando en las comisarí­as, a pesar de haber existido más de cuatrocientas denuncias, los jueces no han condenado a ningún agente del Estado. El Ejército Argentino, durante el gobierno de Raúl Alfonsí­n, ejecutó a militantes de una agrupación de izquierda que atacó un regimiento. Tres de los atacantes se encuentran actualmente desaparecidos, a pesar de que fueron detenidos con vida por agentes del Estado. La polí­tica económica que instaurada durante la dictadura se ha intensificado en los últimos años provocando la exclusión social de un gran sector de la población. La impunidad ha corroí­do las estructuras de la sociedad argentina y continúa siendo sostenida desde las más altas esferas.

Es nuestro afán derribar el muro de impunidad para que no se repita la historia y como homenaje a la memoria de las ví­ctimas, de quienes tomamos el compromiso de trabajar por una sociedad donde la justicia y la libertad se hagan realidad. Para ello, continúa siendo vital el interés de toda la comunidad internacional. Muchas gracias.

I.) Die wirklich Verantwortlichen für die Leiden des argentinischen Volkes…

“Abgesehen von allen politischen Differenzen unter uns, ist es uns allen völlig klar, wer die wirklichen Gegner und die Verantwortlichen für alle Übel, die unser Volk zu erleiden hat, letztendlich sind.”

Dies erklärte in Paris eine Gruppe argentinischer Studenten – “Colectivo Argentino por la Memoria” – im Blick auf die für den 8. Dezember 2008 in der Universität Paris 1 angekündigte Rede des früheren argentinischen Wirtschaftsministers Domingo Cavallo. Er war dem “Lehr-stuhl der Amerikas” der Universität Paris 1-Sorbone durch den argentinischen Prof. Guillermo Hillcoalt zu einem Vortrag über das Thema: “Die Geldpolitik der Schwellenländer eingeladen worden.

Die argentinischen Studenten verteilten an die Teilnehmer der Konferenz Flugblätter, in denen über den politischen Werdegang des Referenten zur Zeit der Militärdiktatur unter Videla – einschließlich seiner illegalen Waffengeschäfte – berichtet wurde. Seine Karriere als Wirtschaftsminister scheiterte im Kontext der Tumulte vom 19. und 20 Dezember 2001, als Frauen mit ihrem “Konzert der Töpfe” auf die Straßen gingen.

Zum Artikel: Deutsch-Argentinische Reminiszenzen

I. INTRODUCTION

The Latin-American scenario was characterized by the presence of several protracted and intense internal armed conflicts as well as widespread and systematic human rights violations committed by dictatorships in peace time. Even though democratically elected governments have replaced those dictatorial regimes and the internal armed conflicts – with the exception of the Colombian case- came to an end, various Latin-American countries are still dealing with long-term processes of transitional justice. In any case, the role played by the Inter-American Court of Human Rights (“Court“ or “Inter-Am. Ct. H.R.“) has been particularly relevant since most of the grave violations have come from de iure or de facto State agents.

Read the whole article: International Criminal Law Sources in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights

Hay que decirlo y repetirlo con firmeza, cuantas veces sea necesario: en el dominio del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, las llamadas “leyes“ de amnistí­a no son verdaderamente leyes: no son nada más que una
aberración, una afrenta inadmisible a la conciencia jurí­dica de la humanidad.

Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La reforma constitucional de 1994 introdujo un cambio sustancial al sistema jerárquico normativo en Argentina. Pizzolo lo describe gráficamente como el “achatamiento” del triángulo superior de la pirámide kelseniana, de modo que la figura resultante parece más un trapecio: “En la cúspide de todo el ordenamiento, el reinado de la Constitución dejó de ser absoluto y exclusivo para constituirse en un gobierno mancomunado junto a tratados internacionales [de derechos humanos] que pasaban a tener su misma jerarquía”. Bien aclara este autor que “[l]o anterior no significó de ningún modo sacrificar la noción de ‘supremacía constitucional’, pues, dichos tratados alcanzaron aquella jerarquía por una habilitación directa de la misma Constitución (…) La Constitución continúa siendo entonces la norma ‘fundante’ y ‘fundamental’ de todo el sistema, en esta particularidad radica hoy su carácter absoluto y exclusivo. Pero en cuanto al ‘parámetro’ que deben seguir las normas ‘infraconstitucionales’ para ser admitidas como válidas jurídicamente dentro del sistema, la Constitución dejó de ser el único referente”1. De lo que se deduce que en caso de que una norma interna contradiga un tratado internacional de derechos humanos, tal norma es inconstitucional, carece de validez jurídica y por ello es inaplicable.

Artí­culo: El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad

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Entrega del 9º premio a la Solidaridad de Bremen una activista argentina por los Derechos Humanos y a un Pastor Luterano

10 /12/ 2004. Comunicado de Prensa

Entrega del 9º premio a la Solidaridad de Bremen una activista argentina por los Derechos Humanos y a un Pastor alemán.

La argentina de origen alemana Elsa de Oesterheld y un Pastor de la ciudad de Nürnberg, Kuno Hauck reciben el 9º premio a la solidaridad de Bremen, de acuerdo a la decisión del Senado de esta ciudad. Con ésta distinción valora el Senado el compromiso de estas dos personas, quienes lucharon por el fin de la impunidad en el Estado argentino, así­ como por la defensa de la democracia y la vigencia de los derechos humanos.

La celebración de la entrega de este premio tendrá lugar el lunes 21 de Febrero del 2005, en la municipalidad de Bremen.

Durante el tiempo de la dictadura militar argentina, los opositores al régimen eran secuestrados y asesinados por millares. La familia Oesterheld, que procede de Bremen, fue afectada por estos procedimientos en forma especialmente fuerte. En un perí­odo de dos años en total ocho personas pertenecientes a la familia de Elsa de Oesterheld fueron asesinadas. Entre estas personas se encontraba su esposo Héctor y las 4 hijas de esta activista de los DDHH en Buenos Aires.

Héctor de Oesterheld recibió como dibujante gráfico, gran reconocimiento por su trabajo. En sus figuras se caracterizaba a polí­ticos y se resaltaba la situación polí­tica precaria que regí­a en esos momentos en el paí­s. En Junio de 1977 fue secuestrado por uno de los así­ llamados “grupos de tareas” y desapareció en un campo clandestino de detención. A pesar de los esfuerzos de colegas y de los representantes de Amnistí­a Internacional; entre ellos el Pastor Hauck, Héctor de Oesterheld no regresó nunca. También sus cuatro hijas estaban comprometidas en el plano polí­tico. Beatriz, que por entonces tení­a 20 años, fue secuestrada ya un año antes que su padre, y poco después entregada muerta a su madre. El mismo destino alcanzó en poco tiempo a las otras 3 hijas. Ellas desaparecieron para siempre, fueron ejecutadas por los “grupos de tareas”.

“Cuando yo recibí­ la noticia de la muerte de la última de mis hijas, me sentí­ casi aliviada, puesto que ya habí­a terminado. La prolongada espera de la terrible noticia
ya habí­a finalizado, y no quedaba nadie más”; así­ describió Elsa de Oesterheld ese espantoso tiempo.

Actualmente el grupo de familiares de desaparecidos de nacionalidad u origen alemanes en la Argentina, aboga por el esclarecimiento del destino que corrieron esas
personas tras su secuestro, así­ como por el fin de la impunidad a los responsables estatales de dicha violencia. Elsa de Oesterheld trabaja además en la
organización “Abuelas de Plaza de Mayo” y en la Federación Latinoamericana de grupos de familiares de desaparecidos.

Largo tiempo reinó en Argentina una considerable pasividad con respecto a la impunidad que gozaban los responsables de estos delitos. Por lo tanto, numerosos paí­ses europeos, entre los cuales se encuentra Alemania, iniciaron procesos contra los militares argentinos. Esto es respaldado por el artí­culo 7 del Código Penal, por el cual los Tribunales Penales son competentes para llevar a cabo demandas judiciales en el exterior cuando las ví­ctimas o los agresores sean alemanes.

A través del trabajo conjunto de organizaciones de DDHH en Argentina y Alemania, se emitió por primera vez en 1998 una demanda penal de los tribunales federales contra los responsables militares argentinos.

El cofundador de la “Coalición contra la impunidad”, Pastor K. Hauck intercedió desde el lado alemán para lograr este paso. A consecuencia del muy eficiente trabajo conjunto de las ONGs de un lado, y de las autoridades judiciales por el otro, se lograron llevar a cabo estos procedimientos penales. Por ejemplo a través del compromiso de la Coalición contra la Impunidad, y de la Federación Latinoamericana de familiares de desaparecidos, se emitieron en los dos últimos años seis órdenes de detención internacionales, contra el entonces máximo responsable militar, Jorge Rafael Videla. Además, Alemania solicitó en Enero del 2004 la extradición de los militares responsables de estas desapariciones. Por ello, el ex presidente Videla tiene pedido de extradición. El Gobierno argentino ya ha anunciado la abolición de la impunidad, gracias en parte al importante trabajo llevado a cabo por la Sra. Elsa de Oesterheld y el Pastor Kuno Hauck. Su compromiso contra la impunidad y por la defensa de la justicia es una contribución ejemplar a la defensa de la democracia y de los DDHH.

El Premio a la Solidaridad se entrega en Bremen desde 1988 cada dos años. Está dotado de € 5000. Con ello destaca el Senado a las personas o grupos que se comprometen en contra del colonialismo, el racismo, y en favor de la libertad y la autodeterminación.

Los ganadores del premio reciben además del dinero, una obra del escultor de Bremen Bernd Altenstein que representa la acción solidaria de los músicos de la ciudad.
www.rathaus-bremen.de

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Premio de Solidaridad de Bremen
A la Comisión de Madres y Familiares de los desaparecidos alemanes y con ascendencia alemana

Discurso de Elsa de Oesterheld

Bremen 21.02.05.

Señoras y Señores:

Es muy difí­cil expresar con palabras la emoción que siento en este momento por tener el privilegio de haber sido designada para representar al Grupo de Familiares de Alemanes y de Procedencia Alemana desaparecidos en Argentina durante la dictadura que asoló nuestro paí­s desde el año 1976 al año 1983, para recibir en su nombre el Premio a la Solidaridad que otorga esta maravillosa ciudad de Bremen como reconocimiento y estí­mulo a sus descendientes por su lucha permanente en el reclamo de una justicia que hasta ahora no llegó.

Nada hací­a suponer que nuestro pueblo serí­a desgarrado desde su base más profunda por un ejército asesino e ignorante de la ley, que inmoló a la generación más capacitada que exigí­a un cambio de las polí­ticas inoperantes y antidemocráticas que conducí­an al paí­s. A partir de ese momento, el pueblo argentino vivió en el terror, esperando cada dí­a el regreso de sus seres queridos al seno de su familia, porque si demoraba era casi segura su desaparición.

A los que no tuvimos la suerte de conservarlos, nos convirtieron en seres fantasmales deambulando por todos los lugares imaginables donde se suponí­a encontrar una respuesta sobre la “desaparición” de su familiar. Por supuesto que todos los recursos legales a que se recurrí­a tení­an la misma respuesta de los funcionarios oficiales: “se desconoce su paradero”, “está desaparecido”. De los que nos tocó vivir esta absurda realidad para un paí­s civilizado, en lugar de destruirnos, nos movilizó porque el dolor es mucho más fuerte que el miedo al que creyeron someternos.

Pero este dolor se transformó en fuerza y decisión para no claudicar, y seguimos en esta lucha que lleva casi treinta años, algunas veces con desaliento pero con la exigencia absoluta de reclamar justicia. Este reclamo no puede detenerse, por los que ya no están y por las generaciones que nos suceden. Cosas de este tipo no pueden suceder nunca más.

Felizmente, esta fuerza inagotable de pocos se fue transformando en miles, creándose las instituciones de derechos humanos que se convirtieron en aliados indiscutibles.
En toda esta lucha estaban también pequeños grupos de familiares pertenecientes a diversas colectividades nacionales radicadas en nuestro paí­s, afectados por la desaparición de algún familiar. En nuestro caso se trató de los alemanes y descendientes de alemanes y debo nombrar particularmente la persona que formó este grupo y los animó a defender el derecho a reclamar justicia para sus seres queridos. Esta señora fue Ana Marí­a Zieschanck, ya fallecida, que con su fuerza inició a este grupo que hasta hoy sigue sin decaer a pesar de los años transcurridos con la decisión de continuar; aquí­ debo agregar especialmente a la señora Ellen Marx, que con un espí­ritu de lucha ejemplar continúa hasta hoy participando en el trabajo que se inició sobre finales de los años 70 y que por su salud un tanto resentida, lamentablemente no nos puede acompañar en esta ceremonia de entrega del premio con el que se nos honra – junto a la Coalición para la Lucha contra la Impunidad en Argentina

Esta sí­ntesis que lleva tantos años de trabajo, también arrastra momentos de gran desaliento, producto de los años que pasaron sin ver los resultados esperados.
Pero el dí­a que se recibió el anuncio de este premio, fue, por su significación moral, un estí­mulo que puso en marcha nuevamente algo que ya pensamos que no se superarí­a y sin ella la vida no tiene sentido: la esperanza.

La ciudad de Bremen con el apoyo a esta iniciativa ha devuelto la confianza y este grupo sabe desde ahora que no capitulará porque siempre habrá personas que sigan luchando por la vida y la justicia.

El agradecimiento de todos por este gesto no tiene palabras que lo exprese, son las que se usan habitualmente, pero las acompaña también nuestro corazón. Muchas…. muchí­simas gracias!!

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Premio de Solidaridad del Senado de la ciudad de Bremen

Discurso de agradecimiento de Kuno Hauck, representante de la Coalición contra la Impunidad

Bremen 21.02.05.

Muy distinguidas señoras y señores,

¿Es qué no existen en la actualidad violaciones a los derechos humanos como para siempre continuar hablando sobre los ocurridos hace cerca de 30 años en Argentina? Desde la fundación de la Coalición contra la Impunidad hace siete años he tenido, hemos tenido, que escuchar repetidamente esta pregunta. Esta aparentemente correcta pregunta mantiene en sí­ misma la respuesta.

Mientras hombres y mujeres, hijas e hijos, padres, madres, parejas y amigos, se encuentren como desaparecidos, y que ante estas graves violaciones a los derechos humanos la verdad no venga a la luz, ni la justicia llegue, las violaciones a los derechos humanos, aunque ocurrieron en el pasado son un tema actual. Al contrario, las décadas de impunidad son un permanente tomento, que muchas veces son experimentados por todos los familiares y amistades de las ví­ctimas como una tortura.

Cuando en 1978 quien en ese entonces era mi novia y hoy mi esposa me pidió participar en las acciones postales a favor de los desaparecidos en Argentina, yo no pensaba que la pregunta sobre los desaparecidos me seguirí­a acompañando permanentemente. En esa época no pensé que posteriormente iba a conocer a familiares de personas que ya conocí­a por las acciones urgentes de amnistí­a internacional.

Fue también finalmente el trabajo de derechos humanos en relación a Argentina el que nos dio la oportunidad, casi en estos dí­as hace 20 años, en 1985, de ir juntos a Argentina como familia de pastores para trabajar con la Iglesia Evangélica. Años después me enteré que esta Iglesia Evangélica del Rí­o de la Plata habí­a facilitado para las madres de los alemanes y descendientes de alemanes desaparecidos en Buenos Aires un espacio para sus reuniones, todaví­a en una época en que era peligroso ofrecer “refugio” a los familiares de los desaparecidos. El primer pastor de esta Iglesia en Buenos Aires en 1843 fue precisamente el Pastor Augusto Ludwig Siegel, quien provení­a de Bremen-Vegesack.

En 1985 cuando empezó el proceso contra las Juntas Militares, no podí­a yo imaginarme que las ví­ctimas de las violaciones a los derechos humanos, dos décadas después del fin de la dictadura militar, seguirí­an reclamando, tanto por parte de la justicia Argentina, como de la justicia alemana, Verdad y Justicia en los casos de sus familiares y amistades desaparecidos o asesinados.

La red de derechos humanos “Coalición contra la Impunidad” ha señalado en su estandarte, desde el principio como su objetivo: “Verdad y Justicia para los alemanes y descendientes de alemanes desaparecidos o asesinados”.

Cuando en la primavera de 1997 nuestro compañero peruano en el Centro de Derechos Humanos de Nuremberg Esteban Cuya recibió una carta del Premio Nóbel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquive, transmitiendo el pedido de los familiares de los desaparecidos alemanes o descendientes de alemanes en Argentina, para que el Centro presentara denuncias en Alemania contra militares argentinos, esto nos pareció un proyecto noble pero también imposible.

Lo imposible fue posible solamente gracias al concurso de varias organizaciones integradas en la Coalición contra la Impunidad. Entre ellas se encuentran:

Amnistí­a Internacional grupo de trabajo para Argentina, Stuttgart.
Asociación de Abogados Republicanos, Berlí­n.
Obra Diacónica de la Iglesia Evangélica Luterana alemana, Stuttgart.
Centro de Acción “Mundo Pobre”, Tübingen.
Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina, Berlí­n.
Misión Central de los Franciscanos, Bonn.
Obra Episcopal Misereor, Aachen.
Centro de Derechos Humanos de Nuremberg.
Servicio de Desarrollo de la Iglesia Luterana de Baviera, Nuremberg.
Departamento de derechos Humanos de Obra Diacónica de la Iglesia Evangélica Luterana de Alemania, Stuttgart.
Grupo Argentino de Stuttgart.
Grupo Argentino de Colonia.
Grupo Argentino de Heidelberg
Alianza de grupos argentinos en Alemania.
Comisión de DDHH de la Asociación de Jueces, Fiscales y Abogados, de Freiburg.

¿Porqué precisamente ahora, porqué es que no pasó nada en más de 20 años?
¿Frente a casos de homicidio, no tení­an los fiscales alemanes por sí­ mismos iniciar investigaciones? ¿ Y porqué no lo hicieron? ¿Y qué han hecho realmente todos estos años el Ministerio Federal de relaciones Exteriores de Alemania y el Gobierno alemán, para que se puedan aclarar la desaparición forzada y el asesinato de los alemanes y descendientes de alemanes en Argentina?

¿Denuncia contra militares argentinos en Alemania?
Al principio hubo personas que se rieron de nosotros, nos trataron como a “tontos”. Nuestro objetivo de que las denuncias fueran derivadas por la Corte Suprema de Justicia a un lugar tan simbólico como Nuremberg fue tomado con mucha incredulidad.

En los 7 años, en los que la Coalición contra la Impunidad, juntamente con familiares de los desaparecidos y el apoyo de organizaciones de derechos humanos de Argentina consecuentemente nos esforzamos por alcanzar nuestros objetivos, hemos experimentado muchas sorpresas:

” Puertas abiertas en el Ministerio Federal de Justicia primero en Bonn, donde en 1998 nosotros juntamente con familiares de los desaparecidos presentamos las primeras denuncias y después en Berlí­n, en donde usted señora profesora Däubler-Gmeling así­ como su sucesora la Dra. Zypries, recibieron personalmente las últimas denuncias.

” Puertas cerradas y cierta “amnesia” en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y en la embajada alemana en Buenos Aires, donde la esperanza de ver los archivos sobre las ví­ctimas alemanas sólo la pudimos lograr después de un litigio jurí­dico.

” Dos Presidentes Federales, como Roman Herzog y Johannes Rau, que mediante su contacto personal con los familiares de los desaparecidos nos concedieron fuerza y esperanza.

” Un sistema de justicia en Baviera que tras vacilaciones se colocó después en la historia ya que por primera vez en la historia de Alemania se emitió una orden de captura contra un ex Presidente de gobierno; pero que luego con una bofetada archivó todas las investigaciones.

” Un golpe amargo para las familias de judí­os y judí­as expulsados de Alemania, por cuyos hijos el estado alemán no desea asumir ninguna responsabilidad.

” Un golpe amargo para los desaparecidos de Mercedes Benz en Argentina. ¿Es que la pregunta sobre Economí­a y Derechos Humanos no es un tema para el sistema judicial?

” Un golpe amargo para todos los familiares de los desaparecidos ya que frente a la pregunta de posible “Asesinato sin cadáver”, que en si misma es una caracterí­stica de las desapariciones, el sistema judicial ha capitulado.

El hecho de que la Coalición ha logrado más que aquello que nosotros mismos en 1998 consideramos posible tiene muchas razones, de las cuales yo menciono solo algunas:

Desde el principio la Coalición fue y es una Red fortalecida de organizaciones que desde muchos años antes se ocuparon de Argentina, y que muchas de ellas, que estaban presentes desde la fundación en Stuttgart en 1998, hoy siguen todaví­a activas. Yo estoy ahora aquí­ como orador, sólo como representante de la Coalición, porque realmente sabemos que uno solo no podrí­a haber logrado lo que conseguimos.

Ciertamente nuestros abogados han contribuido al éxito del trabajo. Con muy pocos honorarios han logrado jurí­dicamente lo imposible. Incluso aunque el ex presidente Jorge Videla y otros esbirros tal vez nunca lleguen a encontrarse en Alemania frente a un Tribunal, a causas de negativas de la administración Argentina, las órdenes de captura internacional son ya una advertencia permanente, de que aquí­ las ví­ctimas no son olvidadas y que la injusticia no será olvidada con el tiempo.

Muchos periodistas han contribuido a que no se olvide la injusticia ya que han presentado nuestro difí­cil tema en sus medios de información. El trabajo de la Coalición no serí­a tan significativo si no hubiéramos contado con el apoyo de periódicos, radio y televisión. Gracias al apoyo de los medios se logró cierta presión a los polí­ticos, lo que finalmente facilitó el inicio de las investigaciones preliminares.

En este contexto agradezco también a la ciudad de Bremen por el honroso reconocimiento a nuestro trabajo. Entendemos esta decisión del Senado de Bremen como un apoyo y una exhortación a continuar con nuestros esfuerzos de buscar la verdad y la justicia.

Por último deseo agradecer al grupo de los familiares de los alemanes y descendientes de alemanes desaparecidos, hoy dí­a representados por las Señoras Luisa Wettengel y Elsa de Oesterheld que por años nos han brindado su confianza y que al mismo tiempo son para nosotros un ejemplo cuando en tiempos de resignación mantení­an la esperanza. Mientras esta confianza perdure seguiremos luchando juntos por verdad y justicia. Muchas gracias.

Traducción: Esteban Cuya

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Llamado a la acción para evitar el cierre de varias causas que son investigadas por la fiscalí­a de Nuremberg

Nürnberg, 28.7.2004

La Coalición contra la Impunidad fue creada en 1998 con el fin de coordinar el trabajo de varias organizaciones que se proponen esclarecer el destino de los desaparecidos alemanes y de origen alemán en la Argentina, que fueran detenidos y desaparecidos durante la Dictadura Militar (1976-83)

La Coalición ha presentado querellas judiciales ante la Corte de Nürnberg / Fürth en 34 de los aproximadamente 100 casos conocidos.
Con este trabajo la Coalición se suma a los esfuerzos llevados a cabo en otros paí­ses europeos y a la lucha de los familiares de los detenidos-desaparecidos y de las organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) en la Argentina. Entendemos que estos procesos en el extranjero son un aporte a la defensa universal de los DDHH, más aún teniendo en cuenta que en la Argentina durante el perí­odo dictatorial era imposible perseguir penalmente los delitos cometidos.

Fiel a estos principios, la Coalición ha logrado una amplia repercusión internacional y éxitos tangibles en el campo judicial.
En base a las demandas judiciales presentadas en enero de 2004, se solicitó la extradición del ex-presidente Jorge Rafael Videla y otros dos altos oficiales de las FF.AA.
Al mismo tiempo que sentaba precedentes de alcance internacional con estos dos casos (Elisabeth Käsemann y Klaus Zieschank), la Fiscalí­a de Nürnberg – Fürth ordenaba cerrar las actuaciones tanto en el caso “Mercedes Benz” como también en aquellos casos en los cuales las ví­ctimas no poseí­an la ciudadaní­a alemana. La argumentación esgrimida por la fiscalí­a permite suponer que el resto de los casos de desaparecidos pueden correr la misma suerte en poco tiempo más.

Una resolución como la arriba mencionada no sólo hace peligrar el trabajo de la Coalición en Alemania, sino que además significarí­a un precedente sumamente perjudicial para la lucha por la defensa universal de los DDHH.
En el caso de las ví­ctimas sin ciudadaní­a alemana, la fiscalí­a fundamentó el cierre de las actuaciones con el argumento de la falta de jurisdicción, a pesar de que estas querellas se habí­an iniciado bajo las previsiones del Artí­culo (§) 6 Nr.9 de la Ley Penal Alemana (Crimenes de Lesa Humanidad) y el derecho internacional. Este derecho no reconoce limitaciones nacionales, sino que por el contrario, demanda la persecución penal sin tener en cuenta la nacionalidad de las ví­ctimas o victimarios, ya que estos crí­menes representan una afrenta contra la comunidad internacional.

En el caso de “Mercedes Benz” la fiscalí­a asume como propia la argumentación de la sucesora legal de Mercedes Benz, la empresa Daimler – Chrysler, que argumenta que las declaraciones del principal testigo de cargo son “contradictorias”. A pesar de que serí­a posible continuar con las investigaciones y de que se ha comprobado la falsedad de las declaraciones del empleado jerárquico de Mercedes Benz implicado en el caso, la fiscalí­a decidió cerrar el mismo siguiendo el principio “in dubio pro reo”.

La fiscalí­a argumenta que en el caso de Diego Núñez quizás no haya existido delito alguno, ya que no se ha encontrado el cadáver del “desaparecido”; o sea que, hipotéticamente, éste podrí­a estar aún con vida. Si esta argumentación no fuera recusada, todos los casos en los que se investiga la desaparición de personas, tanto aquí­ como en cualquier lugar del mundo, podrí­an ser cerrados, con el consiguiente perjuicio para la defensa universal de los derechos humanos.

Por ello, lo instamos a participar en la campaña de cartas de protesta a la Fiscalí­a

La interpretación de la Fiscalí­a, de que sólo con la aparición del cadáver se puede constatar fielmente la desaparición de la ví­ctima, niega todas las evidencias y conocimientos históricos que se tienen sobre el asesinato de los desaparecidos en la Argentina. Está comprobado que los cadáveres de muchas ví­ctimas fueron arrojados al Rí­o de la Plata, enterrados en tumbas comunes como NN, o calcinados en los mismos campos de detención.

La argumentación de la Fiscalí­a implica además:
Una afrenta a los familiares de los desparecidos, porque supone que un sobreviviente de la desaparición pudiera haberse negado a tomar contacto con su familia durante todo el tiempo transcurrido.
La simple y llana destrucción del trabajo internacional sobre la “desaparición forzada de personas” realizado en los últimos 40 años.

Un peligroso precedente internacional para casos semejantes.
Un peligro para las investigaciones en curso en la Argentina y otros paí­ses.
Una valla más a superar en los esfuerzos que realiza la ONU para elaborar una Convención Internacional contra la Desaparición de Personas.
Una señal nefasta para los dictadores del mundo, a los cuales se les transmitirí­a que sus crí­menes pueden quedar impunes si no aparecen los cadáveres de sus ví­ctimas.

La “Coalición contra la Impunidad” está dispuesta a recorrer todas las instancias judiciales necesarias en los casos “Mercedes Benz” y “Crí­menes de Lesa Humanidad”. La decisiones que se toman en materia de derecho se orientan también a la apreciación del concepto de derecho que existe en la sociedad . Por eso resulta tan importante que la sociedad exprese su opinión en casos como éste. Es un hecho que sin la ayuda de la opinión pública nuestros casos ya hubieran sido cerrados con anterioridad.

Última noticia 12.07.04: Nos informa la Fiscalí­a de Nürnberg, que acaba de cerrar también los casos de seis desaparecidos descendientes de judí­os alemanes emigrados a Argentina durante el Nazismo. Fueron privados de su ciudadaní­a alemana por medio de una ley nazi, así­ que sus hijos – hoy desaparecidos – nacieron sin heredar la ciudadaní­a alemana. Tampoco la recibieron automaticamente en los casos en los cuales sus padres la solicitaron de nuevo en los años 50. Por ello la Fiscalí­a de Nuremberg no reconoce una competencia de la justicia alemana en los casos de esos cinco desaparecidos.

Por eso necesitamos su ayuda.
¡¡Participe en nuestra campaña de cartas a personalidades de la Justicia y la Politica!!
¡¡Informe a la Prensa!! Difunda nuestros materiales!!
De ser posible, enví­enos también una copia de las cartas enviadas a nuestra dirección de e-mail.
En nuestra página web www.menschenrechte.org, encontrará más informaciones así­ como en www.labournet.de (solo en alemán) para informaciones especialmente en el caso Mercedes Benz.
En caso de dudas o preguntas sobre nuestros casos contáctenos sin demora.
Con saludos cordiales,

Dr. Angelika Denzler
(Vocera de la Coalición contra la impunidad )

• en la próxima página encuentra una carta muestra, que la puede variar según su propio gusto. Además ponemos la carta en alemán, si desea mandarla así­.
• Abajo están las direcciones, a las cuales deberí­a dirigirse la carta. Pedimos una copia para nosotros , para ver cuál es la repercusión de la acción.

Por favor dirijanse al

Dr. Stefan Franke
Präsident des Oberlandesgerichts Nuremberg
Fürtherstr. 110
RFA- 90429 Nürnberg

Sehr geehrter Herr Präsident

o a la Ministra de Justicia de Bavaria
Staatsministerin der Justiz
Dr. Beate Merk
Bayerisches Staatsministerium der Justiz
Prielmayerstraße 7
RFA_ 80335 München

email: poststelle@stmj.bayern.de

Escribiendo: Sehr geehrte Frau Ministerin

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Carta Modelo en Alemán

Nombre, dirección etc.

Fecha

Remitente y destinario
Fecha

Betr.: Entscheidung der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Nürnberg-Fürth
bezüglich in Argentinien “Verschwundener”

PONER al empezar: Sehr geehrter Herr Präsident
ó. Sehr geehrte Frau Ministerin

Wie ich erfahren habe, hat die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Nürnberg-Fürth ungeachtet ihrer wegweisenden Entscheidung in den Fällen Elisabeth Käsemann und Klaus Zieschank inzwischen sämtliche Ermittlungsverfahren wegen Folter, Mord und “Verschwindenlassen” zum Nachteil deutscher und deutschstämmiger Personen in Argentinien eingestellt.

Den mir vorliegenden Informationen nach erfolgten die Entscheidungen, ohne alle verfügbaren Beweismittel ausreichend ausgeschöpft zu haben.

Im Kontext der internationalen und auch in Deutschland anlaufenden Diskussion um die strafrechtliche Ahndung des “Verschwindenlassens” – allein Anfang November gab es zu diesem Thema in Deutschland drei Fachtagungen! – erscheint es völlig anachronistisch, dass die Staatsanwaltschaft “Verschwundenen”-Fälle mit dem Argument schließt, es sei nicht sicher, dass hier ein Mord vorliege. Vielleicht lebe die Person ja noch irgendwo. Diese Argumentation widerspricht nicht nur dem gesunden Menschenverstand, sondern auch den historischen Tatsachen. Darüber hinaus beleidigt sie die Angehörigen der “Verschwundenen”.

Ihnen wurde von den für Verschleppung, Folter und Mord verantwortlichen Militärs mitgeteilt, dass Ehemann, Vater, Sohn oder Tochter die Familie wohl verlassen hätten. Die Argumentation der Nürnberger Staatsanwälte erweckt in unangenehmer Weise nicht nur bei ArgentinierInnen Erinnerungen an diese zynische und menschenunwürdige Umgangsweise des argentinischen Regimes mit den Hinterbliebenen.

Die Menschenrechtsverletzungen des Pinochet-Regimes in Chile wurden der Weltöffentlichkeit sofort bekannt, da viele Menschen unmittelbar nach ihrer Verhaftung er-schossen und die Leichen den Angehörigen zurückgegeben wurden. Daraufhin ging man auch dort nach bewusstem Kalkül zur diskreteren Strategie des “Verschwindenlassens” über, um, wie in Argentinien, internationalen Protest, wirtschaftliche Sanktionen und eventuelle Strafverfahren zu vermeiden.
Die definitive Einstellung dieses Falles wäre gleichbedeutend mit einer Aufmunterung an alle Diktatoren dieser Welt, politische Dissidentinnen und Dissidenten weiterhin ermorden und ihre Leichen “verschwinden” zu lassen, da Mord in dieser Form gerichtlich nicht geahndet wird.

Die Verfahren im Ausland (z.B. in Deutschland) wegen Menschenrechtsverletzungen in Argentinien tragen wesentlich dazu bei, im Sinn des internationalen Menschenrechtsschutzes die Täter auch noch Jahre später für ihre begangenen Menschenrechtsverbrechen – notfalls im Ausland – gerichtlich zu belangen. Entscheidungen wie die der Nürnberger Staatsanwälte im Fall Mercedes-Benz konterkarieren diese Bemühungen, ebenso wie die Bemühungen auf UN-Ebene, das “Verschwindenlassen” durch eine Konvention zu ächten.

Ich möchte auch auf die Fälle von Nachkommen aus Deutschland exilierter Juden hinweisen, die in Argentinien “verschwunden” sind. Auch hier stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein, wegen “fehlender deutscher Staatsbürgerschaft”. Tatsächlich haben diese Personen bzw. ihre Eltern nach anderer Rechtsauslegung die deutsche Staatsbürgerschaft nie verloren und daher ein Anrecht auf Schutz durch das deutsche Strafrecht.

Nachdem die Staatsanwaltschaft ebenso wie das Amtsgericht Nürnberg durch ihre bisherigen mutigen Entscheidungen in den Fällen Käsemann und Zieschank auf internationaler Ebene allgemeine Beachtung gefunden haben, muss sich die Staatsanwaltschaft bei ihren Entscheidungen auch ihrer internationalen Verantwortung stellen – indem sie es vermeidet, ein weltweit für den internationalen Menschenrechtsschutz fatales Signal zu setzen. Zudem gefährdet die Einstellung der Fälle die juristische Aufarbeitung der Vergangenheit in Argentinien selbst, die erst durch die Auslandsprozesse in Gang gekommen ist.

Aus den genannten Gründen halte ich es für unabdingbar, dass

• klargestellt wird, dass bei “Verschwundenen”, die nicht zurückgekehrt sind, davon auszugehen ist, dass sie ermordet wurden, und daher in diesen Fällen weiter ermittelt werden muss.
• in den Fällen der Nachfahren deutscher Juden weiter ermittelt wird.

Hochachtungsvoll

Unterschrift (Firma)

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Texto de la carta al Tribunal en castellano

(Mejor enviarla en alemán, porque alli no leen en castellano)
Lugar y Fecha

REF: Decisión de la Fiscalí­a del Juzgado Nürnberg – Fürth en la causa sobre “desaparecidos” en la Argentina

Estimados Sres:

A través de informes de la Prensa me ha llegado la información de que, paralelamente a las visionarias decisiones de la Fiscalia del Juzgado Nürnberg – Fürth en los casos Käsemann y Zieschank, se ha decidido el cierre de las investigaciones en el caso de los sindicalistas desaparecidos de Mercedes Benz Argentina, como así­ también de las investigaciones en los casos de desaparecidos de ascendencia alemana.

Segun mis informaciones no se han tenido en cuenta para estas desiciones todos los elementos de prueba disponibles.

Especialmente indignante encuentro la fundamentación en el caso Mercedes Benz:

-Con la argumentacion “in dubio pro reo”, se finalizan las investigaciones contra el acusado Gerente de Mercedes Benz, a pesar de las probadas mentiras existentes en su declaración. La Fiscalí­a misma sí­ encuentra contradictorias las declaraciones del principal testigo de cargo. Esta situación justifica más una prosecución de las investigaciones que su suspensión.

-Paralelamente y con respecto al asesinato del sindicalista Diego Núñez, caso en el cual el Gerente de Mercedes es partí­cipe necesario, la Fiscalí­a expresa la posibilidad de que haya “desaparecidos” que pudieran haber sobrevivido. No habrí­a de esa manera una certeza final sobre el asesinato de la ví­ctima. ¿Consideran Uds. realmente posible que un “desaparecido” que hubiera sobrevivido hubiese decidido no tomar contacto con sus familiares, que aún lo siguen buscando?

-La desaparición de personas fue una polí­tica planificada por la Dictadura Militar de Argentina. A diferencia del caso chileno, y para evitar las protestas de la opinión publica mundial y eventuales procesos penales posteriores, no se fusiló abiertamente a las ví­ctimas. La argumentación de la Fiscalia pareciera reconocer como efectivo el metodo empleado.

-Los familiares de los desaparecidos escuchaban de las autoridades militares argentinas que sus esposos/hijos/padres desaparecidos habian “abandonado simplemente a su familia”. La actual argumentacion de la Fiscalí­a de Nürnberg – Fürth despierta en nosotros el recuerdo de aquellos cí­nicos comentarios y de la estrategia seguida por la Dictadura.
-De concretarse el cierre de las investigaciones se le estarí­a dando el siguiente mensaje a los dictadores actuales: Si hay cadáveres, la Justicia actúa, si no hay cadáveres no hay persecución penal.

Los procesos judiciales referidos a las flagrantes violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Argentina que se llevan a cabo en el exterior del paí­s (por ej: Alemania), contribuyen a cimentar la defensa universal de los Derechos Humanos, al abrir una posibilidad de juzgamiento tras los hechos y, de ser necesario, en un lugar alejado de los mismos. La posible decisión de la Fiscalí­a en el caso Mercedes Benz bloquearí­a estos esfuerzos, así­ como los intentos de Naciones Unidas de condenar la “desaparición forzada” por medio de una Convención Internacional .

No comprendo por que se han cerrado los casos de desaparecidos sin nacionalidad alemana. El Parágrafo 6 del Código Penal de Alemania prevee que en casos de crí­menes de lesa humanidad

debe existir una persecusión penal sin tomar en cuenta la nacionalidad de la ví­ctima.
En el caso de los descendientes de judios alemanes todavia no existe una sentencia de un alto tribunal, explicitando que éstas personas no gozaban de la protección del Derecho aleman.

Despues de haber sentado precedentes históricos en los casos Zieschank y Käsemann, la Fiscalí­a del Juzgado de Nürnberg – Fürth debe tomar conciencia de su responsabilidad en el terreno internacional. La suspensión de las investigaciones serí­a un grave revés para la defensa universal de los Derechos Humanos. Además, pondrí­a en peligro los procesos que en ese sentido se están desarollando en Argentina y que se iniciaron recién después de que comenzara la persecución penal en el exterior.

Por lo arriba mencionado, considero imprescindible:

-Que continúe la investigación del caso Mercedes Benz y se formule la acusación.
y Que continúen las investigaciones en los casos de ví­ctimas sin pasaporte alemán (ya que en los casos de “Crí­menes de lesa Humanidad” la nacionalidad de las ví­ctimas no determina el lugar de juzgamiento)
y Que continúen las investigaciones en los casos de ví­ctimas descendientes de judí­os alemanes

Le saluda a Uds. muy atentamente:
Firma

A search like many others … and yet with a difference

One of the most infamous chapters in the “Book of Terror” written by our century is the story of the people who disappeared during the military dictatorship in Argentina. In the twenty-three years which have passed since the start of that dictatorship and today, hundreds of thousands of Argentinians have taken to the streets demanding “truth, justice and punishment of the culprits”. The “Abuelas de Plaza de Mayo” (“Grandmothers of Plaza de Mayo”), together with many other human rights organisations, have kept up this protest since the founding of their organisation in 1977. Today, in this short moment of reflection, I would like to mention particularly the grandmothers, for they are an excellent and impressive example, demonstrating in their determination the full meaning of the struggle for human rights. I will explain this in more detail using the story and words of the president and founder member of this organisation, Señora Estela Barnes de Carlotto.

Estela was a teacher, headmistress and mother “” a woman devoted to her work and active within her social sphere, but no political activist. She had other ideas of her contributions to society. In 1977, her daughter Laura was taken from her home by force and carried off to a prisoners’ camp where she gave birth to a son. She was later murdered. This was the beginning of a long search, the search for Guido – the name the parents wanted to give their son “” a search which has continued until this day. But today this search has taken on a new dimension: it has in the meantime become the inquiry into the fate of 400 or more children who were abducted from their homes or born in prison, who are now dead or were sold off or “” in many cases “” handed over to the very people who had abducted and murdered their parents. 230 cases were reported to the police. At present, 62 of them have been solved. The search is still on. It will continue “” says Estela “” “even when we aren’t alive any more, carried on by our children and grandchildren”.

What is so special about this search? What makes it exemplary? Why does it epitomise the struggle for human rights? There are at least three reasons for this.

Firstly there is the fact that these investigations are not solely based on a desire to keep the past alive, to find the culprits and punish them, but they are also intended to contribute to the shaping of the future: “With our children, they stole our present, with our grandchildren they are trying to rob us of our future”, says Estela. For the children had not been abducted at random or in error. Behind all this was a plan, the intention to eradicate both the fight for justice and the ideals of freedom their parents were “” rightly or not – presumed to stand for.

The second reason concerns the most horrifying aspect of these “disappearances” “” the destruction of peoples’ identities “” and thus the destruction of the identity of an entire people. “Everybody is born with a cultural and social heritage which was passed on by previous generations.” The dictatorship claimed that it wanted to make a total cut right through society, blot out history and rewrite it according to its own ideology. The abduction of children “” a plan which was adhered to more methodically here than in any other part of the world “” was one expression of this intention. It had repercussions far beyond specific individual cases: it created a feeling of insecurity experienced by many young people until today. “Could I be one of the ‘robbed children’?” There is something haunting these children, something indefinable but nonetheless alarming. “Young people who have doubts about their origins, because they were adopted or were wrongly entered in the birth registers as a couple’s own children, in their search for their own roots and identity turn to the ‘Grandmothers’. When questioning their identity they thus set a new process rolling, trying to become masters of their own lives and to put an end to their uncertainty.”

This search also had major scientific and psychological repercussions. In the scientific sphere, research centres in Europe and America as well as the most important research centre in Argentina were approached and challenged to develop more precise instruments for the determination of genetic identity “” the analysis of genetic fingerprints as well as various techniques of determining an individual’s genotype which allow a 99.9% identification, even if no data on the parents is available.

A further characteristic of the “Abuelas” shows itself in the context of this scientific dimension. Their search is first and foremost an act of love. “I have never been able to accept hatred and violence”, Estela states. And this attitude is reflected in the actions of the “Abuelas”.

Thus fourteen of the re-discovered children have continued to live with the families who had adopted them – without knowing what had happened before. A connection was, however, forged between their adopted parents and their birth parents’ families, a process which merits particular attention: “The traumatic circumstances both families and children had to suffer, are not repeated, neither when the children return to their birth parents’ families, nor during the phase when confidence and trust are established. This time there are no abductions, this time there is no silence. By talking openly and by relying on a basis of love and legal certainty the children have the chance to forge a natural relationship with their ‘real’ families which “” as we keep seeing again and again “” is sometimes even established during the very first meeting … This gives the children an opportunity gradually to become aware of their own identity… It is a new, very refreshing situation.”

Estela foresees the result: “When the last child will have been handed over, this will have a direct effect on the lives of all children: they will have regained those principles and certainties with which our society and our state are obliged and duty-bound to provide them.”

Einleitung

Die rechtliche Relevanz der sogenannten “Wahrheitskommissionen” ist evident. Denn ihre Aufgaben und Befugnisse überschneiden sich teilweise mit denjenigen, die herkömmlicherweise staatlichen Einrichtungen wie der Staatsanwaltschaft und der Justiz vorbehalten sind. Die Wahrheitskommissionen haben aber – was anhand dieser Arbeit noch aufgezeigt werden wird – besondere Merkmale, die sie von den vorgenannten Institutionen erheblich unterscheiden.
Die vorliegende Arbeit stellt eine vergleichende Studie zwischen drei lateinamerikanischen Wahrheitskommissionen – Argentinien, El Salvador und Guatemala – dar. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Verhältnis der Wahrheitskommissionen zueinander sowie dem Verhältnis zur Strafverfolgung aus dem Blickwinkel des Völkerrechts. Das erste Kapitel führt in das Thema der Wahrheitskommissionen ein und stellt deren Hauptmerkmale (einschließlich der Rechtsgrundlagen, des Mandats und der Struktur) dar. Im zweiten Kapitel wird das Verhältnis zwischen Wahrheitskommissionen und Strafverfolgung eingehend untersucht. In erster Linie wird hierbei die sich aus dem Völkerrecht ableitende Verpflichtung der Staaten, schwere Menschenrechtsverletzungen – insbesondere Folter, extralegale Hinrichtungen und “Verschwindenlassen” – zu ermitteln, zu richten und zu bestrafen im Einzelnen dargestellt. Im Anschluss daran wird die Position der internationalen Rechtsprechung zu dieser staatlichen Verpflichtung sowie zur Schaffung von Wahrheitskommission aufgezeigt. Abschließend findet eine Darstellung der Positionen der drei untersuchten Wahrheitskommissionen statt.
Im letzten Teil werden einige Einzelfragen – wie die Veröffentlichung der Namen der Täter in den Schlussberichten, die Weiterleitung der gesammelten Informationen und des Berichts an die Justiz zur Einleitung der entsprechenden Untersuchungen sowie die Bedeutung der Berichte und der gesammelten Information für die Gerichte – untersucht und in Zusammenhang mit der Strafverfolgung gebracht. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung sowie Schlussfolgerungen aus der vorliegenden Untersuchung.

Zum Artikel: Die Wahrheitskommissionen in Argentinien, El Salvador und Guatemala

Vorbemerkung

Die Darstellung des Themas ist nicht einfach: Die juristische Argumentation der Koalition gegen Straflosigkeit ist sehr komplex. Diese Komplexität ist dabei einzig und allein in der Zielsetzung begründet, Delikte zur Anzeige zu bringen, die den Unrechtsgehalt des Geschehens in Argentinien während der Militärdiktatur möglichst genau erfassen. Dies bedeutet auch, dass sich die Koalition nicht auf Argumentationen stützen wird, die allein ein Vorgehen aufgrund von Verbrechen ermöglichen, die sich gegen deutsche Staatsangehörige richteten.

Die erste und vielleicht wichtigste Aufgabe für die Koalition wird darin bestehen, das Geschehene zu schildern und die strafrechtlich relevanten Fakten herauszuarbeiten:

Der Sachverhalt gliedert sich in zwei Teile: Zum einen wird das historische Geschehen geschildert, das die Vorgeschichte der letzten argentinischen Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 bildet und diese Zeit der Repression selbst geschildert. Ferner werden beispielhaft Einzelschicksale Verschwundener beschrieben, insbesondere von Personen mit deutscher Abstammung.

Schnell stößt der Bearbeiter dabei auf die vielschichtige Verschleierungsstrategie der Militärs, die es zu durchbrechen gilt. Das betrifft in erster Linie den Tatbestand des sogn. „Verschwindenlassens”. Dieser diente den Militärs nicht allein dazu, durch Terror sowie Verzweiflung über das ungeklärte Schicksal der geliebten Angehörigen die Gesinnungsgegner des Regimes zu unterdrücken. Vielmehr lässt sich mittlerweile klar belegen, dass diese Vorgehensweise auch das Ziel verfolgte, eine spätere Aufklärung der Verbrechen zu erschweren oder nach Möglichkeit gar unmöglich zu machen.

Dem zuletzt genannten Ziel diente ebenso die Vorgehensweise bei der Tatbegehung: So wurden bspw. die Entführungen in der Regel durch Militärangehörige ohne Uniform ausgeführt. Genau so wurde der Umstand, dass Verschleppung und Mord an den Opfern von langer Hand geplant und auf höchsten Befehl hin durchgeführt wurden, vernebelt. Inzwischen liegen Dokumente vor (die auch bereits bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg im Rahmen der Ermittlungen aufgrund der schon eingereichten Anzeigen der Koalition vorgelegt wurden), die diese Strategie eindeutig belegen: So beinhaltet der „orden de batalla” insbesondere folgendes:

Eine Lageanalyse sowie die von den Streitkräften für notwendig erachteten Maßnahmen genaue Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Sicherheitsorganen für den Putsch und die Ausübung der Diktatur in der Folgezeit („cuerpo del plan”). Ausdrücklich Bezug genommen wird auf die Grundsätze des Kriegs gegen die sogn. „Subversion”, was Massnahmen wie beispielsweise Verschwindenlassen umfasste.

Eine detaillierte Analyse der als „Feinde” bezeichneten gesellschaftlichen Gruppen (beispielsweise Gewerkschaften, studentische Organisationen u.a. – „Annexo 3 – inteligencia”).

Eine Liste mit Personengruppen, gegliedert nach Prioritäten, die – lediglich aufgrund ihrer als „feindlich” betrachteten Haltung und ohne rechtsstaatliches Verfahren – unmittelbar im Anschluss an den Putsch entführt werden sollten („annexo 3 – detencion de personas”).

Eine Darstellung des Sachverhalts, die eine Zuordnung strafrechtlicher Verantwortlichkeiten zu einzelnen Personen möglich machen soll, erfordert ferner auch, dass die militärischen Strukturen aufgezeigt und die Personen, die innerhalb derselben Befehlsgewalt innehatten, benannt werden. Insoweit stand neben der hierarchischen Struktur innerhalb der Streitkräfte eine territorial regionale Struktur: Einzelne Einheiten erhielten die Verantwortlichkeit für bestimmte Regionen im Umkreis ihres Stationierungsortes und waren hier für die Durchführung von Aufgaben verantwortlich.

Hinsichtlich der Methoden der Unterdrückung wird in den Anzeigen der Koalition dargelegt, dass diese – insbesondere die Folter und das Verschwindenlassen – ausdrücklich befohlen waren. Daraus ergibt sich die strafrechtliche Verantwortlichkeit der hohen und höchsten Befehlshierarchien und insbesondere der junta militar in mittelbarer Täterschaft.

Weiterhin legt der Sachverhalt dar, gegen welche Zielgruppe sich die Unterdrückung richtete: Das stark ideologisch geprägte Feindbild der Verfolger sah die Gesinnungsgegner in demjenigen Teil der Gesellschaft, der durch sein Handeln, seine Einstellung oder auch Religion mit – aus der Sicht der Militärs – „christlichen” und „westlichen” Werten nicht in Einklang stand. Dazu zählten nach Ansicht der Unterdrücker Gewerkschafter, Journalisten und Rechtsanwälte, aber auch die Argentinier jüdischen Glaubens sowie Angehörige sozial engagierter christlicher Bewegungen (insbesondere der Theologie der Befreiung) und Orden. Darüber hinaus wird aber auch beschrieben, dass die Unterdrückungsmaßnahmen ganz bewusst alle Personen umfassten, die auch nur im entferntesten im Verdacht standen, zu den fraglichen Gruppen zu gehören oder gar nur zu ihnen Kontakt zu haben, da die Militärs sich so eine besonders gründliche Ausrottung des Gesinnungsgegners erhofften.

Schließlich wird die gemeinhin unter dem Begriff „Operation Condor” bekanntgewordene Zusammenarbeit zwischen verschiedenen lateinamerikanischen Militärdiktaturen (in den vorliegenden Fällen insbesondere von Argentinien und Paraguay) und ihre Folgen für die Staatsangehörigen des jeweils anderen Landes dargestellt.

In einem letzten Abschnitt des Sachverhalts wird dargestellt, dass die „Verschwundenen” nicht lediglich entführt, sondern umgebracht wurden. Dabei wird – so weit bekannt – beschrieben, mit welchen Methoden die Leichen der Opfer beseitigt wurden. In juristischem Sinne dient dieser Abschnitt dazu zu belegen, dass die verschwundenen Personen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nur entführt, sondern umgebracht wurden, auch wenn in den allermeisten Fällen ihre Leichen nie gefunden wurden.

Welche Antwort hat nun die Rechtsgemeinschaft auf diese Verbrechen?

In der internationalen Gemeinschaft hat sich schon bald nach dem Ende des 2. Weltkriegs die Überzeugung durchgesetzt, dass jedenfalls schwere und systematische Verletzungen von Menschenrechten – wie sie im Falle Argentinien unzweifelhaft vorliegen – keinesfalls mehr die Angelegenheit des jeweiligen Einzelstaates sind. Die zuvor überwiegende Ansicht, die dem Nationalstaat einen „Souveränitätspanzer” zugesteht, der die Behandlung der eigenen Staatsbürger als ausschließlich innere Angelegenheit erscheinen ließ, war damit überholt. Dabei war zunächst noch von ausschlaggebender Bedeutung, dass in einer massiven Verletzung individueller Menschenrechte eine Gefahr für den Weltfrieden gesehen wurde. Spätestens seit der Weltmenschenrechtskonferenz 1967 in Teheran kann jedoch als allgemein anerkannt gelten, dass ein Grundstandard der Menschenrechte, der sich eng an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen orientiert, universelle Verbindlichkeit beanspruchen kann – unabhängig von der Frage, ob die Verletzung dieser Rechte das friedliche Zusammenleben unmittelbar beeinträchtigt oder nicht.

Die Verbrechen während der letzten argentinischen Militärdiktatur stellen somit keine innere Angelegenheit Argentiniens dar. Ebenso wenig kann die Verfolgung dieser Verbrechen im Ausland eine Einmischung in innere Angelegenheiten des Landes bedeuten.

Eine Strafverfolgung auch und gerade im Ausland ist aber nicht nur rechtlich möglich, sondern sie ist auch geboten und notwendig. Bereits die Bundesjustizministerin hat in ihrem Vortrag am 30.01.01 betont, dass ohne den Respekt für die Menschenrechte kein Zusammenleben in Recht und Frieden möglich ist. Die Bedeutung der Verfolgung von Straftaten, die wegen ihrer Schwere der weltweiten Ahndung unterliegen, hat jüngst auch das Bundesverfassungsgericht nochmals betont.

Der argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Perez Esquivel schrieb 1995 an den Chef des Generalstabs des argentinischen Heeres, Generalleutnant Martin Balza. Er nahm Bezug auf eine Stellungnahme, die der General in Bezug auf die Zeit der Diktatur gemacht hatte und legt dar, daß Tausende von Männern, Frauen, Kindern und Greisen in ihrem Schmerz die Erklärungen und den Respekt erwarten, den sie verdienen. Sie alle wollen wissen, was Sie ( die Militärs) mit den tausenden von ermordeten Personen und Veschwundenen gemacht haben, welche sie lebend aus Flugzeugen geworfen haben. Alle wollen wissen, wer es getan hat, wann es geschah und warum…

Die Koalition gegen Straflosigkeit hat sich allerdings nicht nur die Wahrheit – also die Aufklärung der Verbrechen, sondern auch die Gerechtigkeit zum Ziel gesetzt. Diese Suche nach Gerechtigkeit verliert nicht an Bedeutung, nur weil mehr als 20 Jahre seit den Verbrechen vergangen sind. Die Bewältigung der Vergangenheit ist eine Verpflichtung, die auch gegenüber kommenden Generationen besteht und die mit jedem Tag nur drängender wird. Um es mit den Worten Adolfo Perez Esquivels zu sagen: „Wir werden die verlorenen Menschenleben nicht zurückbringen können; aber bei all diesem müssen wir auch daran denken, welche Welt wir für unsere Kinder und Enkel aufbauen und welche Gesellschaft wir ihnen zurücklassen werden.

Liebe Angehörige der Verschwundenen, liebe Gäste,

sehr geehrte Damen und Herren,

Ich soll in meinem Vortrag die juristischen und politischen Grundlagen der Arbeit der “Koalition gegen Straflosigkeit” vorstellen. Ich werde dies in drei Themenkomplexen entfalten. Erstens werde ich den bisherigen Umgang mit den 100 verschwundenen Deutschen bzw. Deutschstämmigen als einem der”größten Desaster der bundesdeutschen Außenpolitik” beschreiben. Zweitens werde ich die heute morgen eingereichten zwei Völkermordanzeigen in ihren politischen Gesamtkontext einordnen. Drittens werde ich die Empfehlungen und Problemanzeigen ansprechen, die sich aus der Arbeit der Koalition gegen Straflosigkeit für Rechtssprechung und Politik ergeben.

I. Eines der größten Desaster der bundesdeutschen Außenpolitik

vor genau 25 Jahren befanden sich führende Generäle der drei Waffengattungen in Argentinien in einer hektischen Schlußphase, um die letzten Absprachen und Anweisungen für den Militärputsch zu treffen. Geheimbotschaften wurden ausgetauscht. Detaillierte Lagepläne wurden vorgelegt. Das Drehbuch für den Militärputsch in den letzten Einzelheiten geregelt: Befehle wurden generalstabsmäßig vorbereitet: Wer wird sprechen, welche Kommandos werden wann und wo tätig werden. Wer wird festgenommen, wo werden die geheimen Folterlager errichtet, wer muß vernichtet werden. Zu dieser Zeit wurden auch die “befreundeten Staaten” und wichtige, befreundete Institutionen des Landes über den bevorstehenden Militärputsch informiert – die USA, wahrscheinlich Chile, Brasilien. England, Frankreich – und, wie der damalige Botschafter Jörg Kastl bestätigt: auch die Bundesrepublik Deutschland!

Das Drehbuch für den Staatsterrorismus, für das bewußte und kalkulierte Überschreiten jeglicher Sicherheiten, die eine Verfassung, ein Staat seinen Bürgern garantiert, wurde in die Tat umgesetzt.

Der Militärputsch wurde ein voller Erfolg. Die wichtigsten Staaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland äußerten Befriedigung über die Herstellung von Ordnung und Stabilität, die wichtigsten Männer der katholischen Kirche ebenfalls, die zu erwartenden Störungen von Menschenrechtsorganisationen gelang es zumindest vorläufig zu neutralisieren. Gleichzeitig konnten Polizei und Militärkommandos Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat die Listen der zu entführenden Personen abhaken.

Es wird kein Monat vergehen, in dem in dieser Zeit nicht Deutsche oder deutschstämmige Bürger spurlos verschwinden, ihre Angehörigen bedroht, die Güter der Verschwundenen geraubt und unter die Militärs verteilt werden. Heute wissen wir: In den sieben Jahren Militärdiktatur wurden etwa hundert Deutsche oder Deutschstämmige entführt. Wir wissen auch: Es gibt eine größere Dunkelziffer von Verschwundenen, die uns bis heute unbekannt geblieben sind. Neue Fälle von Schwerstkriminalität und Raub werden der Koalition gegen Straflosigkeit erst in diesen Tagen bekannt. Wir wissen heute: Es gab nicht nur die Fälle der Verschwundenen – es gab auch Deutsche oder Deutsche Juden, die um ihr Hab und Gut gebacht wurden. Millionensummen sind hier im Spiel.

Worüber wir heute hier zusammensitzen ist nicht vergangen und vorbei, wie uns immer wieder entgegengehalten wird. Es handelt sich auch nicht um bedauerliche Einzelfälle, die in der menschlichen Geschichte entstehen.

Es handelt sich hier um eines der größten Desaster, das die Deutsche Diplomatie nach dem zweiten Weltkrieg erlitten hat. Ein anderer Staat läßt an die 100 Deutsche und Deutschstämmige verschwinden, vergeht sich an den Opfern, erpresst, foltert, vergewaltigt und mordet, raubt eine bisher völlig unbekannte Anzahl Deutscher aus – unterwirft tausende von Freunden und Angehörigen dem Terror aus Angst und Unwissenheit – und Deutschland schweigt? Meine Damen und Herren: Deutschland schweigt. Und ich muß leider trotz aller unserer Bemühungen sagen: Deutschland schweigt immer noch!

Ich kann hier nicht auf die vielen und oft ernüchternden Gespräche, die wir mit Politikern und Beamten geführt haben eingehen. Aber letztes Beispiel für eine m.E. fehlende Sensibilität für die Anliegen der Opfer ist die Absage von Bundeskanzleramt und Außenministerium die Opfer zu empfangen. Und zwar hatten wir um ein Gespräch auf höchster politischer Ebene, also auf Minister- bzw. Staatssekretärebene gebeten. Es wurden uns Terminschwierigkeiten für die Absage angegeben. Offensichtlich sind in den letzten drei Tagen sämtliche Staatssekretäre und Minister im Bundeskanzleramt und im Außenministerium auf Reisen.

Ebenso ernüchternd fiel die Bitte an das Auswärtige Amt aus, während der diesjährigen Menschenrechtskommission die fehlende Zusammenarbeit Argentiniens mit den Prozessen in Deutschland anzumahnen. Mündlich antwortete Herr Poppe vor Zeugen: Argentinien sei nicht ein Land mit aktuell schweren Menschenrechtsverletzungen. Man müsse sich mehr den aktuellen Problemen zuwenden. Es sei nicht opportun, Argentinien bei der Menschenrechtskommission zu erwähnen. Man benötige die lateinamerikanischen Länder, um die eigenen Resolutionen durchzubringen.

Dieser Umgang mit den Opfern ist m.E. hinreichender Beleg für das nach wie vor mangelnde Interesse von Bundeskanzleramt und Außenministerium, an der Aufklärung der Schicksale der Verschwundenen federführend mitzuarbeiten. Diese beiden Ämter der Bundesregierung haben offensichtlich noch nicht begriffen, dass das Verbrechen des Verschwindenlassens fortbesteht, dass die Angehörigen in Argentinien weiterhin latent und offen bedroht werden, dass die Ungewissheit über den Verbleib von geliebten Personen eine schwere Traumatisierung und Folter darstellt, die nur geheilt werden kann, wenn endlich Wissen das schreckliche Warten, gepaart mit Angst, Hoffnung und Ungewissheit erlöst. Der Unrechtscharakter dieser Geschehnisse wird offensichtlich bagatellisiert und historisiert, d.h. als etwas Vergangenes abgetan. Die Angehörigen und die Prozesse werden als Störfaktoren für das diplomatische Spiel verstanden. Ihre Interessen werden diffusen, nicht offen dargelegten diplomatischen Interessen erneut geopfert. Damit ist die jetzige Bundesregierung auf dem besten Weg, das beschämende und skandalöse Verhalten von vor 25 Jahren zu wiederholen. Wo denn, so möchte man fragen, wenn nicht in der Menschenrechtskommission ist der Platz für Deutschland, um das Schicksal der 100 verschwundenen Deutschen einzuklagen? Wer, wenn nicht die Bundesregierung ist dazu verpflichtet dies zu tun? (Wer, wenn nicht der Bundeskanzler und die Bundesminister sind mit ihrem Eid, Unheil vom Deutschen Volk abzuwenden, moralisch und politisch in der Verantwortung, wirklich alle Hebel in Gang zu setzen, um endlich, endlich 100 verschwundene Deutsche aufzufinden?)

Auch wenn die Deutsche Politik bisher nur unzureichend oder sogar enttäuschend reagiert hat: Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit haben sich anders verhalten: Zum Glück haben mittlerweile viele Journalisten begriffen, dass diese Katastrophe deutscher Außenpolitik nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden kann.

Die Koalition gegen Straflosigkeit hat einige hunderttausend Mark ausgegeben, um diese 100 Fälle in Deutschland endlich auf die Tagesordnung zu setzen. Nicht gerechnet sind dabei die unzähligen ehrenamtlichen Stunden und Überstunden, die von vielen Menschen aufgebracht werden. Menschen, die sich fast schon Tag für Tag des Schicksals der Verschwundenen annehmen, die in den Akten suchen und blättern, die vor Ort reisen, um mit Zeugen und Angehörigen zu sprechen, die in aufreibender, detektivischer Kleinarbeit Daten und Fakten zusammentragen. Rechtsanwälte, die auf finanziell lukrative Fälle verzichten und Nachteile in Kauf nehmen, um unsere Fälle bearbeiten zu können.

Wir, Privatpersonen, Kirchen und Menschenrechtsorganisationen stehen hinter den Opfern. Aber wir verlangen als Stimme der Zivilgesellschaft von Politik und Justiz gleichermaßen, dass sie endlich tun, was ihres Amtes ist. Forschen, Ermittlungen anstellen, Druck ausüben, politisch tätig werden – und deutlich machen: Deutschland wird das von langer Hand geplante Verschwindenlassen von 100 Staatsbürgern nicht einfach hinnehmen. Deutschland will Aufklärung und fordert Rechenschaft von den Verantwortlichen.

Dabei hat die Bundesregierung gezeigt, daß sie handeln kann, wenn sie nur will. Denken Sie etwa an den Einsatz für das entführte Lehrerehepaar in Philippinen. Aber für die etwa 100 Deutschen oder Deutschstämmigen Verschwundenen in Argentinien bleiben leider oft nicht mehr als Mitleid und Lippenbekenntnisse übrig.

Woher kommt dieses unerklärliche Zaudern? Liegt das an einer schwerfälligen, bequem gewordenen Bürokratie? Oder meint man tatsächlich, man könne 100 Verschwundene einfach zu den Akten legen? Man könne mit einem Land normale, freundschaftliche Beziehungen pflegen, dessen Regierung nicht nur nichts für die Aufklärung tut, sondern sogar die mutmaßlichen Mörder und Folterer befördert? Macht man hier nicht allzu schnell gemeinsame Sache mit den Tätern? Ist man bereit, 100 deutsche Verschwundene auf dem Schachbrett der Diplomatie für höchst zweifelhafte Interessen – und man wird fragen müssen: Welche sind es denn, die dieses Opfer rechtfertigen? – zu opfern?

Dabei steht die Glaubwürdigkeit dieser Bundesregierung auf dem Spiel: Wie ernst sind die deutschen Bekenntnisse zu den Menschenrechten zu nehmen, wenn am Ernstfall – und das sind die 100 Verschwundenen Deutschen allemal – den Regierungen signalisiert wird, dass die Bundesregierung nicht bereit ist, außenpolitische Verstimmungen auf sich zu nehmen, um diese Menschen zu retten oder wenigstens eine Aufklärung ihres Schicksals zu erreichen?

Hinzukommt ein weiterer Aspekt, der für mich fast ebenso wichtig ist: Welchen Schutz, ist eigentlich unser Staat bereit, seinen Bürgern zu gewähren?

Auch deshalb denke ich, dass von diesem Hearing im Bundestagsgebäude ein Signal ausgehen sollte: Berechenbare deutsche Außenpolitik muss ihren Prüfstein an dieser Katastrophe der deutschen Diplomatie in der Nachkriegsgeschichte haben. In Zukunft wird sich deutsche Politik und die deutsche Justiz auch daran messen lassen müssen, was sie zur Aufklärung über das Schicksal der Verschwundenen in Argentinien beigetragen hat.

II. Die Völkermordanzeige:

Obwohl an die 100 Deutsche in diesen Jahren verschwunden sind, bildet diese Gruppe nur einen kleinen Ausschnitt des verbrecherischen Handelns der Militärdiktatur. Insgesamt wird die Zahl der Verschwundenen allein auf 30.000 Menschen geschätzt. Wieviele Menschen darüberhinaus gefoltert, bedroht, ermordet, terrorisiert oder beraubt wurden ist nie eingehend untersucht worden. Aber Ausmaß, Logik, die systematische und geplante Durchführung von Regierungskriminalität, sowie deren Folgen, dem wir hier gegenüberstehen können begrifflich angemessen nur mit dem relativ neuen Ausdruck “Völkermord” umschrieben werden.

Genozidprozesse sind, wie der Direktor des erst 1994 in Bochum gegründeten Instituts für Diaspora- und Genozidforschung, Mihran Dabag, richtig sagt, “sozial sich vollziehende, historisch und sozial konstituierte Prozesse, die im Kontext gesamtgesellschaftlicher, vielmehr auch gesamtjahrhundertlicher Betrachtungen der Entwicklung moderner Identitäts- und Nationenkonstruktionen diskutiert werden können.” Genozide sind deshalb auch nicht einfach abgeschlossene Phänomene, die mit dem Tod der Opfer beendet wären. Vielmehr beweisen sie, “ihre Relevanz erst nach dem Tod der Mitglieder der definierten Zielgruppe.”

Für Argentinien bedeutet dies: Wer immer Argentinien als sozusagen abgeschlossenen Fall betrachtet, irrt sich. Wir sind erst am Anfang eines Prozesses, den die argentinsichen Militärs mit dem Genozid der 70iger und 80iger Jahre begonnen haben. Wir – und auch die argentinische Gesellschaft – fangen erst an zu begreifen, was eigentlich geschehen ist. Und dieses Begreifen wird um so mehr erschwert, als die Täter von damals bis heute mehr oder weniger direkt an der Macht beteiligt sind und Macht ausüben. Den Tätern von damals ist es – bisher mindestens – gelungen, eine Öffnung der Archive zu verhindern. Politisch läßt sich derzeit in Argentinien schwer etwas bewegen. Das ist aber auch kein Wunder. Das Genozid hatte insofern Erfolg, als es eine ganze Generation kritischer und sozial engagierter Kräfte der Bevölkerung vernichtet hat. Es handelte sich um die 68iger und Ausläufer-Generation.

Um uns eine Ahnung von dem zu geben, was damals in Argentinien geschah, bräuchte man doch nur die Frage stellen, was geschehen wäre, wenn ein ähnlicher Typ von Genozid, nämlich ein “ideologisch und entwicklungsbedingter Genozid” in Deutschland stattgefunden hätte: Wer unter den heute “Regierenden” hatte damals quer zu den Vorstellungen der Herrschenden gestanden? Die Namen derer, die damals in Argentinien die ersten Opfer gewesen wären, werden ja derzeit bei uns wegen ihrer 68iger Vergangenheit heftig diskutiert.

Mir scheint an den heute vormittag eingereichten Anzeigen wichtig: Wir betreten hier einen neuen heuristischen Horizont. Argentinien ist nicht nur unter dem Begriff von Staatsterrorismus oder dem der Verschwundenen zu diskutieren. Argentinien ist unter dem Begriff Genozid in seiner breiten theoretischen Diskussion, wie sie unter Wissenschaftlern stattfindet, zu verorten. Der Genozidbegriff hat deshalb eine heuristische Funktion: Er hilft uns, Theologen, Geschichtswissenschaftler, Juristen und Politiker zu begreifen und beschreiben zu können, was in den sieben Jahren Militärdiktatur in Argentinien geschehen ist. Wichtig ist: Die Diskussion fängt mit diesen Anzeigen erst an. Und eine juristische Engführung gilt es von vorneherein zu vermeiden. Natürlich hat die Genozidkonvention der Vereinten Nationen 1948 ein gewisses Raster vorgegeben. Aber auch hier gilt: Das Raster ist gerade einmal 53 Jahre alt. Wenige Juristen haben sich mit dem Genozid in seiner Breite der Erscheinungsformen eingearbeitet. Es wird darum gehen, auch in unserem Fall das vorhandene Raster der Genozidkonvention unter dem Blickwinkel der sich rasant entwickelnden Genozidforschung auszulegen und zu interpretieren. Ich denke, dass erste recht gut gelungene Versuche Ihnen heute von unseren Juristen vorgelegt werden.

Hier gilt es also, noch viel an Denk- und Forschungsarbeit zu leisten. Und ich hoffe, dass die heute eingereichten Völkermordanzeigen ein Beitrag dazu sind, auch unter Deutschen Völkerrechtlern einen entsprechenden Diskussionsprozess in Gang zu setzen. Es liegt m.E. auch an uns allen hier, dafür zu sorgen, dass diese Anzeigen nicht mit einigen dürren juristischen Ausführungen abgewiesen werden. Damit würde man weder den Opfern des Genozids, noch der argentinischen Gesellschaft wirklich gerecht werden können. Wir werden heute noch hören, dass die Juristen in Spanien uns gerade in der Diskussion um Argentinien einen großen Schritt voraus sind. Aber dies muß ja nicht so bleiben.

III. Neuland: Empfehlungen und Problemanzeigen

Im dritten Teil meines Beitrages möchte ich Ihnen in einer kurzen Zusammenfassung die lange Liste von Problemanzeigen und Handlungsbedarf aufzeigen, die wir als Koalition gegen Straflosigkeit in drei Jahren produktiven Engagements entdeckt und aufgedeckt haben. Es ist kein Zufall, dass wir heute hier im Reichstagsgebäude, d.h. unter den kritischen Augen von Sachkennern, Politik und Öffentlichkeit auftreten. Wir wissen, dass die Problemanzeigen, auf die wir gestoßen sind, unsere Kräfte als NGOs bei weitem übersteigen. Nur wenn Wissenschaftler, Öffentlichkeit und auch Politiker mit ihren weit besser ausgestatteten Apparaten anfangen, die von uns aufgezeigten Problemfelder anzupacken, werden diese Problembereiche, die ich im Folgenden kurz benennen werde, zu einem produktiven Ergebnis geführt werden können.

1. Juristische Problemanzeigen:

Als erstes möchte ich hier ein grundsätzliches Problem ansprechen: Es ist unserer Meinung nach ein für den deutschen Rechtsstaat höchst bedenklicher Vorgang, wenn trotz der klaren gesetzlichen Verpflichtungen die deutschen Strafverfolgungsbehörden 25 Jahre die dringend notwendigen Ermittlungsverfahren nicht einmal für die deutschen Opfer eingeleitet haben. Wo müssen die Gründe für dieses Versagen gesucht werden? Hat die Justiz deshalb keine Ermittlungen eingeleitet, weil es außenpolitisch nicht opportun war?

Ein zweiter Bereich, den ich ansprechen möchte, ist die Kategorie der jüdischen Fälle, die wir vor nun fast schon zwei Jahren (Oktober 1999) eingereicht haben. Was bis heute ungeklärt ist, ist die Frage nach dem Schutzbereich des § 7 des Strafgesetzbuches.

Ein drittes Problemfeld, auf das wir mit unseren Fällen stoßen, ist, dass das Deutsche Strafrecht gewisse Straftatbestände, wie z.B. das Verschwindenlassen gar nicht kennt, diese also auch nicht unter Strafe stellt. Das Verschwindenlassen ist aber durchaus eine eigene Form von Verbrechen. Es handelt sich um ein Verbrechen, das, bis zur Aufklärung des Verbleibs des Opfers, ständig begangen wird, d.h. also nicht abgeschlossen ist und deshalb auch nicht verjähren kann. Insofern müßten dringend vom Gesetzgeber diese neuen Straftatbestände geschaffen werden.

Hinzukommt das weite Feld fehlender Ausführungsbestimmungen, die die Umsetzung internationaler Rechtsentwicklungen im Deutschen Strafrecht bisher verhindern. Hier gilt es schnell Abhilfe zu schaffen.

Neben diesen eher rechtsdogmatischen Problemstellungen stoßen wir auf ein weites Problemfeld bei der Durchführung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungstätigkeiten:

Die Verbrechen mit denen wir es zu tun haben, können wegen ihres staatsterroristischen Hintergrunds nicht mit den herkömmlichen Mitteln einer durchschnittlich ausgestatteten Staatsanwaltschaft bearbeitet werden. Da die Taten sich noch dazu im Ausland zugetragen haben, müssen völlig neue, aber auch kostspielige Ermittlungswege beschritten werden.Die Koalition gegen Straflosigkeit hat deshalb schon seit einiger Zeit an die zuständigen Behörden appelliert, die Staatsanwaltschaft mit den notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen auszustatten. Dies ist aber nach unserer Ansicht bis heute nicht hinreichend geschehen. Wir gehen davon aus, daß für die nächsten beiden Jahre mindestens zwei volle Stellen eingerichtet werden müßten. Es gibt bisher gerade einmal zwei halbe Stellen. Ich darf deshalb nochmals den dringenden Appell an die bayerischen Justizbehörden richten, die Staatsanwaltschaft mit den notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen auszustatten. Auch auf Grund der schwierigen politischen Implikationen, um die es sich handelt, wäre die Einrichtung einer Sonderstaatsanwaltschaft, vergleichbar etwa mit jener, die DDR-Regierungskriminalität aufgearbeitet hat, ein wirklicher Fortschritt für schnelle und effektive Ermittlungstätigkeiten.

2. Politische Problemanzeigen:

Uns ist klar, dass wir von Deutschland aus nur kleine Schritte zur Beendigung der Straflosigkeit in Argentinien gehen können. Aber es gilt auch: Argentinien hat immer schon auf Deutschland und Europa geblickt. Was hier in Europa geschieht, hat Auswirkungen auch bis auf das ferne Argentinien. Demokratische Politiker in Europa müssen unserer Meinung nach ihren Kollegen deutlich machen: Demokratie und Rechtsstaat sind nicht auf dem Boden von Straflosigkeit für Massenmörder zu schaffen. Deshalb ist es unseres Erachtens auch im mittel- bis langfristigen Interesse unserer Politik, ernsthaft die Straflosigkeit in Argentinien anzugehen. Dazu stellen die Ermittlungen in Deutschland den stärksten Hebel dar, den je Deutsche Politik gehabt hat, um dieses Anliegen legitimerweise und ohne falschen interventionistischen oder kolonialistischen Zungenschlag zu verfolgen.

Dennoch stoßen wir innerhalb der politischen Klasse bisher auf wenig Problembewußtsein.

Die Koalition gegen Straflosigkeit geht davon aus, dass, je weiter die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft voranschreiten, umso mehr auch die Deutsche Politik gefordert sein wird. Dies fängt jetzt schon beim Umgang mit den in Argentinien vorliegenden Rechtshilfeersuchen an. Ist die Deutsche Außenpolitik bereit, Druck auszuüben, damit die argentinische Seite, diesen Rechtshilfeersuchen nachkommt. Oder – und das scheint sich bisher anzudeuten, geht man weiterhin auf Schmusekurs, nur um keinen Konflikt mit dem wirtschaftlichen Partnerland einzugehen. Ich habe im ersten Teil schon davon gesprochen, dass ich dies für ein skandalöses Verhalten halte. Aber im Verhältnis zu den Herausforderungen, die sich an die Deutsche Politik stellen werden, wenn erst einmal ein Haftbefehl vorliegt, wenn es tatsächlich gelingt, den ein oder anderen Täter irgendwo im Ausland zu stellen, und dann sogar möglicherweise ein Gerichtsverfahren in Gang kommen wird, ist dies nur ein allererster Anhaltspunkt für den Ernst der Lage.

Aus diesem Grund hat die Koalition jüngst bei einer Fachtagung in Bad Boll mit Vertretern des Justizministeriums und des Außenministeriums sowie den Justizbehörden Bayerns den Vorschlag gemacht, eine “ad hoc-Arbeitsgruppe” zu den Strafverfahren gegen argentinische Militärs einzurichten. Die juristische wie außenpolitische Lage ist derart komplex, dass es unseres Erachtens dringend geboten ist, eine solche ad-hoc Arbeitsgruppe bestehend aus BMJ, AA, Vertretern der Länder sowie der nichtstaatlichen Organisationen zu bilden. Auf dieses Angebot hat man bisher faktisch nur ausweichend reagiert. Unser Angebot zur Zusammenarbeit liegt vor – wir erhoffen, dass die staatlichen Stellen darauf reagieren.

Mit unseren Anzeigen haben wir aber nicht nur komplexe außenpolitische Fragestellungen in Bewegung gebracht. Wir meinen auch, daß parallel zu den juristischen Prozessen auch an einer Aufklärung und politischen Neubeurteilung der Rolle der Bundesrepublik während des Völkermords in Argentinien gearbeitet werden muß. Obwohl das Außenministerium bisher jede “Komplizenschaft” mit der Militärdiktatur energisch von sich gewiesen hat, so stellt sich doch die Frage, ob der Völkermord in Argentinien nicht durch “Schutzmächte toleriert” wurde d.h. durch bewußtes Hinwegsehen und das Unterlassen von Handlungen gefördert wurde. Dies dürfte zweifelsohne damals durch das Verhalten der Bundesdeutschen Politik der Fall gewesen sein und bedarf deshalb einer Aufarbeitung in mehrfachem Sinne.

Eine Entschuldigung gegenüber den Opfern ist von der Bundesdeutschen Regierung gefordert.

Eine parlamentarische Diskussion über das Verhalten der Deutschen Politik während und nach der Militärdiktatur ist dringend geboten. Erst wenn politische Entscheidungsträger sich diesen Fragen stellen, wird es möglich sein, zu einem klaren Verhältnis zur Militärdiktatur in Argentinien und zur eigenen Vergangenheit zu kommen

Eine unabhängige Expertenkommission sollte die notwendigen Expertisen über die Verstrickungen bundesdeutscher Politik in das genozidäre Projekt der argentinischen Militärs erstellen. Es gilt sowohl den Komplexen Waffenhandel und Militärberatung als auch das Verhalten von Wirtschaft, sowie das Verhalten von Diplomatie, Dt. Botschaft, Außenministerium Bundeskanzleramt oder das des Deutschen Sportes aufzuarbeiten.

Wer sich nicht erinnert, ist dazu verurteilt die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Die bisher fehlende Bereitschaft zur Erinnerung innerhalb der Politik führt geradewegs dazu, daß man Fehleinschätzungen aufsitzt, daß heute wie damals den Opfern nicht genügend Schutz zuteil wird.

Die Opfer blicken mit ihren leeren und doch so erfahrungsvollen Augen auf uns. Werden Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Kraft haben, diesen Blick zu erwidern?

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* Missionszentrale der Franziskaner

Menschenrechtsreferent, Sprecher der Koalition gegen Straflosigkeit

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