julio 2011

Clotario Blest Riffo fue un legendario dirigente sindical que presidio la Central Única de Trabajadores de Chile. Durante toda su vida (1899-1990) mantuvo ciertos principios que consideraba fundamentales, en primer lugar su cristianismo que intentó vivirlo consecuentemente.

Descendiente de una familia católica de gran prestigio, entre cuyos miembros se encuentra Guillermo Blest Gana, el mayor novelista chileno del siglo XIX, Clotario Blest asumió desde joven un compromiso de por vida con el movimiento sindical. Trabajando en el Servicio de Tesorería del Estado, fundó la ANEF, Agrupación de los Empleados Fiscales.

Su definición política fue permanente, cuando le preguntaban si era marxista él reiteraba que era católico, pero a diferencia del jesuita Alberto Hurtado (que fue elevado a la categoría de Santo por el Vaticano) que trabajó políticamente creando organizaciones sindicales vinculadas a la Iglesia Católica, Clotario Blest siguió las enseñanzas del padre Vives que consideraba que el movimiento sindical debería ser independiente de iglesias y de partidos políticos. Consideraba que la liberación de los trabajadores debía ser obra de los trabajadores mismos y su unidad y lucha era lo que permitiría una sociedad más justa. Esta actitud significaba ponerse en una posición distinta a la que propiciaba la jeraquía eclesiástica.

Fue co-fundador del MIR, Movimiento Revolucionario de Izquierda, pero pronto se separó de este grupo que era de extrema izquierda y partidario de la lucha armada.

Nunca intentó crear un movimiento en torno a su liderazgo y aunque era un líder solitario, cuando se creó la Central Única de trabajadores en 1953, donde la mayoría de los dirigentrs eran comunistas y socialistas, la rivalidad entre estos dos grupos sólo se resolvió eligiendo como presidente a Clotario Blest que era el único que tenía la estatura moral, el compromiso social y la independencia que garantizaba una dirección democrática y no sectaria.

Su vida fue una práctica de cristianismo bien entendido, no aceptaba vanidades ni prebendas de ningún tipo y vivía pobremente. Para algunos llegó a ser una especie de santón que seguía las orientaciones de San Francisco de Asís, amando y protegiendo a los animales. Su vieja casa estaba llena de gatos y cientos de palomas llenaban el patio de su vivienda. Su compromiso con los necesitados era proverbial, durante mucho tiempo fue a visitar todos los días al hijo de su secretario que estaba hospitalizado.

Cuando ya tenía más de 70 años años y no desempeñaba cargos de dirigencia sindical fue un precursor de la lucha por los derechos humanos. Hacia 1969 junto a dirigentes sindicales fundó el Comité de los Derechos Sindicales para velar por la vigencia y desarrollo de estos derechos, contó con la colaboración de dirigentes sindicales y abogados de diversas tendencias como Eduardo Long Alessandri , Santiago Pereira, Raúl Elgueta y otros dirigentes sindicales y abogados laboralistas. En 1973 al producirse el golpe militar, este comité se amplió abarcando todos los derechos y en 1976 se denominó “CODEHS” – Comité de Derechos Humanos y Sindicales, que fue la primera organización de este tipo y sólo pudo existir por la presencia de don Clotario.

Cuando en 1978 se creó la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que agrupaba a grandes personalidades y tenía el respaldo indirecto de los partidos democraticos, Blest fue uno de sus fundadores, pero siguió trabajando diariamente en su CODEHS, que era una organización pequeña y muy modesta y nunca contó con más de una docena de miembros, mientras que el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (precursor de la Vicaría de la Solidaridad), respaldado por las iglesias, tenía 196 funcionarios en 1973.

EL CODEHS funcionó varios años y su local era en calle Santa Cruz 630, en Santiago, la casa de don Clotario. En su ventana se ponía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que periódicamente los carabineros arrancaban violentamente y él la volvía a reponer inmediatamente. La casa de don Clotario era una casa de adobe, en muy mal estado, con la mitad del techo en el suelo.

A pesar de trabajar en condiciones paupérrimas, se elaboraba un informe mensual de violaciones a los Derechos Humanos, tarea que desarrollaba un miembro que tenía contactos con numerosos abogados que defendían a los detenidos y presos. Este informe se enviaba a varios países, lo que era muy difícil porque rara vez se tenía dinero para el franqueo. Había un mimeógrafo y allí se reproducían el informe y otros documentos.

La existencia del CODEHS contó con la colaboración permanente de Oscar Ortiz (secretario de don Clotario), Manuel Acuña Asenjo, Rosa Rubilar, Pedro Isidro Gaete, Patricio Orellana Vargas y otros, Se ayudó a muchas personas brindándoles refugio y en algunos casos consiguendo que salieran del país.

La única explicación posible de la existencia del CODEHS bajo la dictadura es que era presidido por don Clotario Blest, aunque la amenaza era permanente (frente su casa mataron a Leandro Arratia, militante del PC y en una manifestación detuvieron a don Clotario). Pero en general se pudo funcionar varios años, aunque con gran temor. Quizás otro factor que permitió su existencia era su insignificancia y pobreza que hacía presumir que era una entidad sin ninguna capacidad.

Don Clotario era muy valiente y no tenía ningún miedo. Era un dirigente que intentaba controlar y dirigir todo, y los miembros del CODEHS que eran militantes de partidos no eran de su simpatía y los los calificaba de “políticos” y revisaba acuciosamente los informes que se preparaban para impedir cualquiera filtración política.

Los días domingos, don Clotario, Rosa Rubilar y Orellana iban a visitar a los presos políticos recluídos en la Penitenciaría y ellos proporcionaban información sobre su situación, la que se utilizaba en los informes y a la vez se les llevaban informaciones útiles y alguna ayuda. Don Clotario repetía que era mucho mejor, desde el punto de vista cristiano, ir a visitar a los presos el domingo que ir a misa.

En el año actual se han realizado varias reuniones de los cuatro miembros que quedan del CODEHS.
Entre los recuerdos que se revivieron fue una oportunidad en que Don Clotario y Ortiz fueron al velorio de Jorge Alessandri (ex presidente de Chile). Estaban allí, cuando llegó Pinochet con todos sus ministros y un gran séquito. Pinochet fue a saludar a don Clotario, pero éste se negó a darle la mano y le dijo que no saludaba a asesinos. Pinochet debe haber estado indignado, pero no hizo nada, excepto que el hecho no fue informado por ningún medio. Además don Clotario dijo un fogoso discurso mientras Pinochet le rendía homenaje al difunto.

En otra oportunidad, don Clotario decidió hacer una romería a la tumba de Luis Emilio Recabarren (padre de la clase obrera chilena), porque era un aniversario importante. Le exigió al abogado Elgueta que pusiera un aviso en la prensa para convocarla, no importando que se gastara el escaso dinero. Naturalmente casi ningún diario se atrevió a publicar el aviso, pero finalmente LAS ULTIMAS NOTICIAS lo aceptó pero como aviso económico de unas tres líneas y pequeñísimo.

El día de la romería, los miembros del comité (eran doce personas) llegaron al cementerio y había 400 carabineros, camiones lanza agua, zorrillos (carros lanza gases) y toda la parafernalia represiva. Nadie más llegó al acto y los doce miembros del Comité encabezados por don Clotario se dirigieron a la entrada del Cementerio, allí el coronel a cargo de las tropas lo saludó como dirigente de los trabajadores y don Clotario le dijo que él no le daba la mano a traidores y entró al cementerio.
Las doce personas iban acompañadas por dos largas filas de carabineros armados. Una vez que llegaron a la tumba de Luis Emilio Recabarren, los 400 carabineros formaron un gran círculo alrededor y don Clotario hizo su discurso de homenaje y al terminar entre los aplausos de sus once compañeros le pidió al abogado Elgueta que también hiciera un discurso. Elgueta cuenta que no sabe cómo ni qué dijo, pero lo hizo. Finalmente salieron del Cementerio con la inmensa guardia, que no los detuvo.

Parece que Pinochet había decidido no perseguir a don Clotario, quizás por su prestigio, edad y porque don Clota nunca fue militante de partido y no podía ser considerado como político, que según Pinochet era la condición para eliminarlos.

También había cosas divertidas. Don Clotario una vez se indignó con uno de los miembros porque había utilizado fondos del CODEHS para comprar un tarrito de FLIT (insecticida) porque en el local había una plaga de pulgas. Él consideraba que era un derroche gastar en eso y además porque consideraba que todos los “animalitos” tenían derecho a la vida. Además odiaba al “estiércol de Satanás”, como llamaba al dinero. Así como estas anécdotas se contaron otras muchas.

El 31 de mayo, con ocasión de cumplirse 21 años de la muerte del líder sindical, Clotario Blest, se realizaron actos en su homenaje en Santiago y Buenos Aires.

En Santiago se realizó un acto en el local de la ANEF, al que asistieron el ex presidente Patricio Aylwin y el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, así como dirigentes sindicales, especialmente de esa colectividad. Aunque don Clotario decía “Yo puedo actuar con independencia porque no le prendo velas a ningún partido político”, el Partido Demócrata Cristiano ha tratado de transformarlo en uno de sus figuras más representativas, probablemente porque era cristiano, aunque él nunca militó en partido alguno. Otra asamblea en su homenaje se realizo por parte de los trabajadores de la Universidad Metropolitana y una organización de estudiantes universitarios se denominó Colectivo Clotario Blest.

Otro homenaje se hizo en el Centro Cultural de Chile, en Buenos Aires, respaldado por el embajador de Chile Adolfo Zaldívar. Al evento asistieron compañeros de sus luchas sindicales y por los derechos humanos, biógrafos y amigos, entre los cuales estaban Hernol Flores, Mónica Echeverría, Oscar Ortiz y Oscar Olivos.

Anteriormente el gobierno de Chile emitió un sello en su homenaje y en el Museo de Arte Contemporáneo, el artista Alfredo Jaar presentó una exposición de fotos del lider sindical titulada “La Cordillera de los Andes”, porque esa era la significación de Clotario Blest en la historia de Chile.

< Das Museo de Memoria y los Derechos Humanos

An zentraler Stelle in Chiles Hauptstadt Santiago, mit eigenem U-Bahn-Eingang, steht seit Dezember 2009 ein gewaltiger Neubau von rund 9000 Quadratmetern auf vier Stockwerken, den Präsidentin Bachelet am 11. Januar 2010 als Museum zur Erinnerung an die Menschenrechtsverletzungen der Pinochet-Diktatur eröffnete. Wenige Wochen später musste das neue Museum allerdings für fast ein halbes Jahr geschlossen werden. Das gewaltige Erdbeben in Chile am 27. Februar konnte dem Bau selbst zwar nichts anhaben, die aufwendige Innenausstattung wurde jedoch erheblich beschädigt. Doch inzwischen ist alles repariert, die großzügigen Räume sind wieder geöffnet, und vor allem: Sie werden gut besucht.

Das Museum orientiert sich in seiner Präsentation in erster Linie an den Berichten der chilenischen Wahrheitskommissionen, d.h. der „Rettig-Kommission“ von 1991, die das Schicksal der „Verschwundenen“ und Ermordeten während der Diktatur General Pinochets festhielt, sowie der „Valech-Kommission“, die später auch die zahlreichen Folteropfer zu dokumentieren suchte. Beide Berichte sind wesentlicher Bestandteil eines quasi offiziellen historischen Gedächtnisses im Chile nach Pinochet, und das monumentale Museum dokumentiert nun für alle sichtbar diese öffentlich sanktionierte Erinnerung an die Opfer der Diktatur. Im weiten Eingangsfoyer stehen die BesucherInnen denn auch zunächst vor einer großen aus Fotografien zusammengesetzten Weltkarte und Infotafeln zu den zahlreichen Wahrheitskommissionen in aller Welt.

Aus Fotografien zusammengesetzten Weltkarte und Infotafeln zu den Wahrheitskommissionen in aller Welt >

Das zweite programmatische Element im Eingangsbereich zeigt Fotografien der zahlreichen lokalen Erinnerungsstätten in Chile, von Arica an der peruanischen Grenze bis Punta Arenas an der Magellanstraße. In diesen teils ganz unscheinbaren, teils auch schon ästhetisch anspruchsvollen lokalen Gedenkorten spiegelt sich ein Bemühen um Erinnern, das häufig noch unter sehr prekären politischen und auch finanziellen Bedingungen entstanden ist. Mit der Darstellung dieser lokalen Erinnerunginitiativen im Eingangsbereich macht das Museum deutlich, wo seine Wurzeln liegen.

< Fotografien lokaler Erinnerungsstätten in Chile

Dagegen ist das Museo de Memoria y los Derechos Humanos selbst gerade keine Gedenkstätte an einem spezifischen Ort des Verbrechens, es will für sich stehen als das Museum einer schlimmen Epoche der Geschichte Chiles. Kein anderes Land in Lateinamerika hat bisher von staatlicher Seite der Erinnerung an die Verbrechen der Vergangenheit so prominenten Platz eingeräumt. Das chilenische Museum der Erinnerung und der Menschenrechte ist zwar eine vom Staat geförderte und zu hundert Prozent finanzierte, jedoch keine staatliche Einrichtung. Träger ist ein Zusammenschluss verschiedener ziviler Organisationen aus dem Menschenrechtsbereich. Ein plural zusammengesetztes Direktorium trifft alle museografischen Entscheidungen. Konsens in diesem Trägerkreis war von Anfang an, dass das Museum für keine spezifische Opfergruppe oder politische Richtung Partei ergreifen würde.

Die Menschenrechtsorganisationen waren es auch, die in jahrelanger Lobbyarbeit die Idee eines solchen Museums überhaupt erst auf den Weg brachten. Dieser Weg war nicht einfach. Angesichts der schwankenden Haltung der gewählten Regierungen des Mitte-Links-Bündnisses seit 1990 gegenüber dem Anliegen der Opfer der Diktatur, dem Kampf gegen die Straflosigkeit und den Menschenrechten generell, gab es viel Misstrauen gegenüber einem solchen staatlich geförderten Unternehmen. Wer würde garantieren, dass die Darstellung in einem solchen Museum nicht doch in erster Linie zur Selbstdarstellung der Regierung geriete? Wer könnte die Unabhängigkeit des Trägerkreises sicherstellen?

< Dokumentationszentrum über die Verbrechen der Diktatur und deren Opfer

Dazu kam eine weitere entscheidende Frage, nämlich nach der Sicherheit und Vertraulichkeit der Informationen im Museum. Das Museo de Memoria y los Derechos Humanos beherbergt zugleich auch ein großes Dokumentationszentrum über die Verbrechen der Diktatur und deren Opfer. Hinter gepanzerten Archivschränken lagern dort Tausende von Dokumenten der Menschenrechtsorganisationen aus der Zeit der Diktatur und danach, ferner viele persönliche Erinnerungsstücke von ehemaligen Gefangenen oder Angehörigen von Ermordeten und Verschwundenen. Wie Maria Luisa Ortiz, die Leiterin der Dokumentationsabteilung im Museum, berichtet, kommen noch immer fast täglich Menschen ins Museum, die Dokumente, Fotografien oder andere Objekte abgeben wollen, die sie im Museum aufbewahrt wissen wollen. Die Übergabe vor allem von Unterlagen der Menschenrechtsorganisationen aus der Zeit der Diktatur war nur denkbar, weil es in einen jahrelangen Aushandlungsprozess gelungen war, das nötige Vertrauen zu schaffen, dass das Museum eine auf Dauer zuverlässige, tragfähige Institution mit garantierter Unabhängigkeit sein würde.

Nur ein kleiner Teil der im Dokumentationszentrum des Museums aufbewahrten Objekte ist Teil der Dauerausstellung geworden . An prominentester Stelle sind dies die Fotografien der Ermordeten und Verschwundenen, die an der Ostwand des Museums über drei Stockwerke verteilt hängen und von allen Etagen immer wieder ins Auge fallen. Im zweiten Stock, also gegenüber der Mitte der Wand, ist ein Ruhepunkt eingerichtet worden, umgeben von elektrischen Kerzen, an dem Besucher ihrer toten Angehörigen gedenken können. Dort befindet sich auch eine digitale Datenbank, die alle vorhandene Information über die einzelnen Personen enthält, die dem Museum zugänglich war.

< „Fotowolke“ der Ermordeten und Verschwundenen

Die „Fotowolke“ dieser Wand beherrscht optisch und auch vom räumlichen Umfang her das ganze Museum und markiert damit unübersehbar, wer im Mittelpunkt des Hauses stehen soll. An den Gängen auf der gegenüberliegenden Seite des Baus, sowie in den gegliederten Räumen zu beiden Seiten dieser zentralen Fotowand wird die Geschichte des Putschs vom 11. September 1973 und der durch ihn installierten Diktatur und Repression erzählt. Große Abteilungen widmen sich einzelnen Opfergruppen, z.B. den Kindern, und vor allem auch der langen Geschichte des Widerstands und des Kampfs um Wahrheit und Gerechtigkeit, der schließlich zum Zusammenbruch des Pinochetregimes durch das Referendum von 1988 führte. Auch die internationale Dimension dieses Widerstands ist ausführlich dargestellt.

Miguel Lawner erläutert seine Zeichnung: “Desde mi Litera” (“Aus meinem Stockbett”)
(1974) >

Dabei konnten die Museumsgestalter auf eine Fülle von schriftlichem, grafischem und auch filmischem Material zurückgreifen. Wer die Geschichte Chiles und des Widerstands gegen Pinochet ein wenig kennt, findet viel Vertrautes wieder, aber auch eine Menge Unveröffentlichtes, insbesondere bei den zahlreichen Filmaufnahmen, die in den Medienstationen zu sehen sind. Ein langer Flur im dritten Stock ist für Wechselausstellungen reserviert, die u.a. ermöglichen, wenigstens zeitweise mehr von den Objekten zu zeigen, die sonst nur im Depot des Dokumentationszentrums lagern. Im Dezember 2010 eröffnete z.B. der Architekt Miguel Lawner, der als hoher Mitarbeiter im Bauministerium verhaftet und auf die eisige wüste Insel Dawson an Chiles Südspitze in ein Konzentrationslager verschleppt wurde, eine Schau der Zeichnungen, die er damals heimlich anfertigen konnte.

^ 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Es war eine bewusste Entscheidung des Trägerkreises, trotz der grundsätzlichen Orientierung an den Berichten der Wahrheitskommissionen im Namen des Museums nicht nur die Erinnerung an die Vergangenheit aufzurufen, sondern mit dem Begriff der Menschenrechte auch eine Brücke in die Gegenwart zu schlagen. Der Weg von der Straße durch den Eingangshof hinunter zum eigentlichen Museumseingang führt an einer langen Wand vorbei, in der alle 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eingeschrieben sind. Noch ehe die BesucherInnen das Museum selbst betreten, werden sie mit dem universellen Anspruch der Menschenrechte konfrontiert, der lange vor die Zeit Pinochets zurück, aber eben auch bis in die Gegenwart hinein reicht. Dass es dabei zu Spannungen zwischen der durch den öffentlichen Charakter und die Pluralität des Trägerkreises geforderten Zurückhaltung und den Erwartungen der Politik einerseits, aktuellen menschenrechtlichen Forderungen andererseits kommen würde, war absehbar. Ein Zwischenfall schon bei der Eröffnung des Museums durch Präsidentin Bachelet machte das deutlich. Die Eröffnung des Museums war eine der letzten Amtshandlungen der Präsidentin, und viele Beobachter kommentierten – kritisch oder zustimmend – dass Michelle Bachelet sich hier selbst ein Denkmal gesetzt habe. Während ihrer Präsidentschaft nahmen aber auch die Kämpfe der Mapuche um ihre Landrechte und gegen die Zerstörung der Biosphäre durch Holzwirtschaft und Wasserkraftwerke an Schärfe zu. Die soziale Protestbewegung der Mapuche wurde als Terrorismus gebrandmarkt und entsprechend hart unterdrückt.

< „Bewahren wir unser Wasser – ein traditionelles Recht!“ – Transparent am Rathaus von Ralco (Alto Bio-Bio, Siedlungsgebiet der Mapuche)

Einige Mapuche wurden getötet, andere zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Familienangehörige dieser Mapuche nutzten die feierliche Eröffnung, in der die Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit gebrandmarkt wurden, und machten mit einer aufsehen- erregenden Aktion auf ihre menschenrechtlichen Forderungen der Gegenwart aufmerksam.

Wie das Museum künftig seine Rolle zwischen Museografie der Vergangenheit und der Öffnung für aktuelle Menschenrechtsfragen findet, wird ein spannender Prozess werden, in dem die institutionellen Interessen des Museums und die politischen Ansprüche von verschiedenen Seiten austariert werden müssen.

Am 27. November 2008 verurteilte Richter Jorge Zepeda Arancibia (Santiago) Paul Schäfer, Kurt Schnellenkamp (beide Führungsmitglieder der Colonia Dignidad) und Rudolf Cöllen wegen des Mordes 1974 an dem Chilenen Miguel Becerra (AZ: Rol Nº 12.293-2005) zu Haftstrafen. Schäfer, der bereits wegen Kindesmissbrauchs in Santiago in Haft sitzt, erhielt sieben Jahre Gefängnis, seine Mittäter je 541 Tage auf Bewährung wegen Verdunklung der Tat. Zudem wurden die Drei in einer parallel verhandelten Zivilklage zu 170 Millionen Pesos Entschädigung “wegen erlittener moralischer Schäden” an die Familie Becerras verurteilt:

Zur Vorgeschichte:
Die Führung der 1961 gegründeten deutschen Sektensiedlung Colonia Dignidad in Südchile verübte unter dem sozialistischen Präsidenten Allende zusammen mit der rechtsterroristischen Vereinigung Patria y Libertad (Vaterland und Freiheit) Sabotageakte und Attentate, bei denen es zahlreiche Tote gab. Einer der Männer von Patria y Libertad, die mit der Colonia Dignidad zusammenarbeiteten, war Miguel Becerra. Becerras Bruder berichtete später, dass seit dieser Begegnung Patria y Libertad sein Hauptquartier in der Colonia Dignidad hatte. Nach dem Putsch wurde Becerra Agent des Geheimdienstes DINA. Ende 1973 brachte er seinen ältesten Sohn Miguel zur Erziehung in die Siedlung, wo er selbst lebte. Der kleine Miguel nahm weinend Abschied von seiner Mutter, denn er war schon zu einem kurzen Besuch bei den Deutschen gewesen. Etwas musste ihn erschreckt haben. Die Mutter hatte das Gefühl, das Kind wolle etwas verbergen.

Becerra wollte 1974 aus der DINA aussteigen und mit seinem Sohn die Siedlung verlassen. Im Juli 1974 wurde er dort ermordet. Vier Deutsche – Udo Hopp, Kurt Schnellenkamp, Gerd Mücke und Rudi Cöllen – sorgten dafür, dass die Leiche außerhalb des Geländes gefunden wurde. Schnellenkamp, Mücke und Cöllen luden sie auf einen gelben Merdes-Benz-PKW. Sie trugen dabei Handschuhe, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, und säuberten den Wagen von Spuren. Die Leiche wurde sechs Kilometer entfernt von der Siedlung in einem Peugeot gefunden. Den ersten Hinweis erhielt die Polizei von der Artillerieschule von Linares, die enge Verbindungen mit der Colonia Dignidad hatte. Ein Fotograf dieser Artillerieschule hatte die Leiche bereits fotografiert, als der Fund gemeldet wurde. Die Autopsie ergab als Todesursache eine Vergiftung. Das Auto, in dem Becerras Leiche transportiert wurde, verkaufte die Colonia Dignidad, um Spuren zu verwischen. Becerras dreizehnjähriger Sohn Miguel blieb in der Colonia Dignidad. Die Deutschen ließen ihn nicht gehen. Heute lebt er in Deutschland (s. Friedrich Paul Heller: Lederhosen, Dutt und Giftgas: Die Hintergründe der Colonia Dignidad. Schmetterlingverlag Stuttgart 3. Aufl. 2008).

Das Urteil gegen Schäfer, Schnellenkamp und Cöllen schildert den Mord mit Gift und die Beseitigung der Leiche durch Schnellenkamp und Cöllen. Die Leiche wies “Verhörspuren” auf. Das Urteil enthält eine Aussage von Federico Willoughby (ex-Generalsekretär der Regierung Pinochet). Willoughby beschreibt, wie die Colonia Dignidad bei der Putschvorbereitung half. Nach dem Putsch 1973 veranstaltete sie eine Waffenschau, an der Pinochet teilnahm, und führte kopierte Schusswaffen mit Schalldämpfung vor. Die Colonia Dignidad behauptete von sich, sie hätte mit ihrer Mannschaft, den Waffen und der Artillerie die chilenische Stadt Los Angeles erobern können.

Im Oktober und November 1974 fand in der Siedlung unter Beteiligung Deutscher ein Folterlehrgang der DINA statt. Die Deutschen hatten hierfür ein Folterhandbuch in deutscher Sprache erstellt, das auf Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgreift. Das Urteil zitiert Passagen daraus. Sie entsprechen dem, was die früheren politischen .Gefangene Erick Zott, Luis Peebles und Adriana Bórquez von ihren Folterungen in der Siedlung berichten. Amnesty International hatte 1977 diese Folterungen dokumentiert.

Das Urteil enthält weiterhin die Aussage eines Militärpolizisten, der bei einer Straßenkontrolle eine Lastwagenladung mit Waffen fand, die auf dem Weg in die Colonia Dignidad war. Der Polizist wurde wegen Überschreitung seiner Zuständigkeit diszipliniert. Schäfer erschien damals auf der Polizeiwache und zeigte einen von Pinochet persönlich unterzeichneten Freibrief vor.

Das Urteil qualifiziert den Mord an Becerra als Verbrechen gegen die Menschlichkeit (crimen de lesa humanidad), da er in einem systematischen und allgemeinen gegen einen Teil der Bevölkerung gerichteten politischen Kontext begangen worden sei. Damit verankert das Gericht eine entscheidende Kategorie des internationalen Menschenrechts in der nationalen Jurisprudenz – ein wichtiger Schritt für die künftige Rechtsprechung.

Der chilenische Offizier Miguel Krassnoff sitzt in Santiago eine Reihe von Haftstrafen ab, zu denen er wegen seiner Beteiligung an Folter und Morden in Pinochets Geheimdienst DINA verurteilt wurde. Im Gefängnis kündigte er an ein Buch zu schreiben. Dieses Buch liegt nun vor: Gisela Silva Encina: Miguel Krassnoff: Prisionero por servir a Chile. Silva hat das Buch in enger Zusammenarbeit mit Krassnoff geschrieben. Es beruht auf Krassnoffs Schilderungen und Privatarchiv, ist also zu einem guten Teil Krassnoffs Buch. Der historische Teil, der in Europa spielt, dürfte eher Silvas Werk sein, die sich im Klappentext als Historikerin vorstellt, die zwei Büchern über die UdSSR geschrieben hat.
Mit Prisionero por servir a Chile (Gefangener, weil er Chile gedient hat) haben sich nunmehr insgesamt drei Mitglieder dieser Kosakenfamilie in Buchform zur Wort gemeldet. Die in diesen Büchern ausgebreitete Familiengeschichte umfasst drei Generationen, spielt auf zwei Kontinenten, in zwei Jahrhunderten und unter dem Zaren, Lenin, Stalin, Hitler und Pinochet. Das ist einzigartig. Krassnoff dürfte derjenige Folterer sein, der so häufig wie kein anderer in Büchern vorkommt, zu dem es zwei Monografien gibt und der sich immer wieder öffentlich rechtfertigte.

Zum Artikel: Nachtrag zu: “Mein ist die Rache”

El MIR chileno fue una organización de la nueva izquierda latinoamericana guiada por el ejemplo de Cuba, que realizó algunas acciones directas siguiendo el modelo de la guerrilla urbana durante los años sesenta. No obstante, como resultado de la discusión sobre la derrota de otros grupos guerrilleros de América Latina, apoyó en forma crí­tica al gobierno popular instaurado después de la victoria electoral del socialista Salvador Allende. El MIR tení­a su base en las universidades, poblaciones y en sectores de campesinos, desde donde organizó las ocupaciones de latifundios. Con posterioridad al golpe de 1973 preconizó la lucha armada, aún sin contar con los recursos para llevarla a cabo. El servicio de inteligencia DINA logró desarticular al MIR recurriendo a la tortura sistemática de los militantes detenidos. El MIR nunca tuvo más de 1.000 militantes, pero sí­ una cantidad considerablemente mayor de simpatizantes en sus organizaciones de frente de masas.

La periodista de radio y televisión, Gladys Dí­az, nacida el 10 de julio de 1936, era una de las más conocidas personalidades del MIR. Después del golpe pasó a la clandestinidad y fue detenida el 20 de febrero de 1975 en Santiago, siendo torturada en un centro de detención secreto de la DINA. En esta primera fase de la detención, llamada “incomunicación“, los detenidos podí­an “desaparecer“ en cualquier momento sin dejar rastro, porque las autoridades negaban tenerlos en su poder. Esta fase duraba el tiempo necesario para que los agentes de la DINA pudieran arrancarle información útil a los prisioneros, lo que podí­a variar desde un par de dí­as hasta algunas semanas, pues después de este tiempo sus contactos en la clandestinidad eran advertidos y suspendí­an los encuentros secretos. Gladys Dí­az estuvo incomunicada durante 80 dí­as en el centro de torturas de Villa Grimaldi en Santiago.

El grupo Chile de Amnistí­a Internacional en Francfort del Meno (RFA1)(1) y otros grupos de solidaridad denunciaron la situación que viví­a Gladys Dí­az. Uno de los recursos para detener la tortura y detención de un prisionero era conseguirle un puesto de trabajo en Alemania, lo que además era la condición para incorporar a esa persona en la iniciativa de acogida de los prisioneros polí­ticos chilenos en la RFA. Gracias a la intermediación de Amnistí­a Internacional, Gladys Dí­az recibió una oferta de trabajo de la “Fundación Cogestión“ (Stiftung Mitbestimmung) de la Confederación de Sindicatos alemanes (DGB), que posteriormente serí­a la Fundación Hans-Böckler.

Revisión antiterrorista

La embajada alemana en Santiago, a la cual se habí­a enviado la oferta de trabajo, “estuvo facultada hasta marzo de 1976 para rechazar, sin consulta al gobierno alemán, las solicitudes de los miristas que buscaban ser incorporados en la iniciativa de acogida“, hecho que era totalmente desconocido para los grupos de solidaridad con Chile. La embajada rechazaba desde un principio a los militantes del MIR. Al parecer, la embajada se refiere a esta selección previa cuando responde a Gladys Dí­az: “por razones de seguridad“ no existe “por el momento ninguna posibilidad de acogida en la República Federal de Alemania“. En la misma carta añade: la Fundación Cogestión, que habí­a ofrecido un puesto de trabajo a Gladys Dí­az para facilitar su acogida, deberí­a “pedir información lo más detallada posible sobre el pasado de sus protegidos“ a Amnistí­a Internacional (que impulsaba la iniciativa de acogida de la RFA para los prisioneros polí­ticos chilenos junto a la Diakonischen Werk) y ofrecerle trabajo sólo a aquéllos que no representen un riesgo de seguridad. La embajada cataloga al MIR como una organización terrorista con más de 8.000 militantes durante el gobierno de Allende (carta de la embajada alemana al Ministerio de Relaciones Exteriores alemán del 14.5.1975, ZA (2)2 108.031).

En cambio, el Ministerio del Interior de la RFA estaba dispuesto a incluir en la iniciativa de acogida a los miristas detenidos y amenazados con la tortura y el asesinato y asumió la revisión de la seguridad. Hubo reuniones con el Ministro de Estado Hans-Jürgen Wischnewski y con el subsecretario adjunto Jürgen Schmude. Amnistí­a Internacional también abogó por Gladys Dí­az ante el Ministerio del Interior. El Departamento 3 del Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó los reparos de la embajada y una decisión en favor de la práctica anterior de no admitir el ingreso de miristas en la RFA. El resultado de las negociaciones fue que se realizarí­a una revisión caso a caso y que los miristas, a quienes se les otorgara el asilo, debí­an firmar una declaración y contar con una especie de garante en la RFA.

Johannes von Marré, consejero de legación en la Cancillerí­a, revisaba durante los fines de semana “decenas de expedientes recopilando información sobre el MIR para Wischnewski, quien es repetidamente atacado por rechazar a los miristas (entre otros a Gladys Dí­az)“ (carta de la Cancillerí­a a la Embajada alemana del 8.9.1975, ZA 100.786)
El 27 de abril de 1976, cuando el Ministro del Interior decidió autorizar el ingreso de Gladys Dí­az, la embajada “recibió la noticia con sorpresa“ y manifestó su temor de que se propagara el terrorismo internacional en la RFA (carta de la Embajada alemana a la Cancillerí­a, del 31.5.1976, ZA 108.031). La extrañeza era recí­proca, como lo sabe el autor por haber participado en ese entonces en las negociaciones con el Ministerio del Interior alemán. El Subsecretario adjunto Schmude consideraba que la designación del embajador alemán en Santiago, Erich Strätling, habí­a sido una mala elección.La DINA hací­a “desaparecer“ a sus detenidos sacándolos de sus centros de detención secretos y entregándolos a un comando de exterminio. Gladys Dí­az fue sacada cinco veces desde el centro de detención en que se encontraba y, cada vez que eso sucedí­a, parecí­a que fuera a ser “desaparecida“. En esas ocasiones era trasladada durante horas o dí­as a un lugar desconocido, donde no sucedí­a nada, y luego era devuelta al centro original. En una de esas situaciones es posible reconstruir lo ocurrido: un miembro del grupo Chile de Amnistí­a Internacional llamó a la embajada de Chile en Bonn y preguntó por la situación de Gladys Dí­az. La respuesta fue que ella no estaba detenida. Amnistí­a Internacional inició inmediatamente una acción de enví­o de telegramas. En la DINA deben haber pensado que ciertos poderes supremos se habí­an conjurado en su contra y los agentes decidieron dar pie atrás y la devolvieron al centro original. Gladys Dí­az se transformó en un caso emblemático. Una vez que ambos Estados comenzaron a negociar su liberación y la dictadura ya no la podí­a torturar, fue puesta en una celda junto a Luis Corvalán, el detenido más prominente del Partido Comunista, por cuya liberación también cursaba una campaña internacional.

Entre los “peticionarios“ que abogaron por la liberación de Gladys Dí­as frente al Ministerio de Relaciones Exteriores alemán se contaban el escritor Gerhard Zwerenz y su esposa Ingrid, la periodista berlinesa Vera Gasenow, los académicos Elmar Altvater, Klaus Knothe y Peter von Oertzen y la asociación de la iglesia protestante alemana Diakonische Werk.
Al igual que otros militantes detenidos del MIR, Gladys Dí­az debió firmar una declaración en la que se comprometí­a “a abstenerse de realizar cualquier actividad polí­tica en la RFA que pudiera atentar contra el orden y la seguridad públicos o la formación de voluntad polí­tica u otros intereses importantes“ de la RFA. Un pastor evangélico de Hamburgo actuó como garante. Sólo entonces fue trasladada desde la prisión hacia el aeropuerto, para volar desde allí­ a Hamburgo acompañada de su pequeño hijo.

Como pude constatarlo en una conversación con ella, no tení­a prácticamente ningún conocimiento acerca de la RAF (Rote Armee Fraktion – Fracción Ejército Rojo3) (3) y se mantuvo alejada de las presentaciones públicas y actividades polí­ticas que pudieran afectar la polí­tica alemana. Para los miristas exiliados en Alemania eran tabú los contactos con la RAF. Gladys Dí­az permaneció poco tiempo en la RFA, viajó a Nicaragua y volvió a Chile tan pronto como le fue posible hacerlo. En la actualidad está finalizando estudios de sicologí­a y sigue empeñada en la posibilidad de construir una sociedad mejor y más justa, sí­n militancia politica.

El embajador antiterrorista

La embajada alemana no aflojó su postura ni siquiera cuando Gladys Dí­az ya estaba en Alemania. El 5 de julio de 1977 informó al Ministerio de Relaciones Exteriores que el MIR planificaba “actos terroristas, sabotaje y acciones guerrilleras“ y, reduciendo las cifras aportadas anteriormente por ella misma, agrega que “en 1971 tení­a cerca de 6.000 militantes“. “Hay una alta probabilidad de que hayan existido o existan aún conexiones con los cí­rculos terroristas alemanes“, con lo que aludí­a a la supuesta participación de una chilena en el plan de secuestrar a un polí­tico sueco para exigir la liberación de los prisioneros de la RAF. La embajada alemana en Santiago consideraba que si se autorizaba a los miristas a ingresar a la RFA eso era un peligro para la embajada y los consulados chilenos en Alemania. No sólo los violentistas detenidos eran una amenaza, sino también las “Organizaciones y propagandistas“ del MIR. Por ello, recomendó “poner especial atención“ en tres miristas que viví­an en Alemania, lo que sólo se puede interpretar como un llamado a vigilarlos: Gladys Dí­az, Carlos Liberona y Roberto Moreno (Min. Relac. Ext. ZA 108.017). Se agrega que Gladys Dí­az “no es una simpatizante“, sino la redactora en jefe de una estación de radio del MIR. ¿Por qué, en lugar de ella, no se autoriza el ingreso de aquellos “chilenos que no han sido clasificados como extremistas“, de adeptos al gobierno popular de Allende? Además, interceder por “prominentes extremistas de izquierda“ daña la reputación de la RFA y de su “polí­tica moderada y equilibrada“; según la embajada, para realizar gestiones humanitarias “se necesita tener buenos contactos con los cí­rculos gubernamentales chilenos“, lo que se ve amenazado por la decisión del gobierno alemán. La carta de cinco carillas contiene muchos detalles sobre el MIR y formulaciones tí­picas de la DINA, que no pueden atribuirse a fuentes internas de la embajada.

El embajador Strätling, anterior embajador en Sudáfrica, se alinea en la derecha polí­tica y simpatiza más con la dictadura de Pinochet que con la polí­tica del gobierno alemán. En 1977, cuando Amnistí­a Internacional presentó por primera vez las pruebas de asesinatos y torturas en Colonia Dignidad, Strätling las refutó, sin conocer esa documentación y basándose en los argumentos que le habí­a proporcionado la propia colonia. Según lo informado por ex colonos, los maestros de la colonia realizaron trabajos de renovación en la residencia del embajador y aprovecharon la oportunidad para instalar algunos micrófonos ocultos. Por la noche, Strätling ofrecí­a bebidas alcohólicas a los maestros, que ellos rechazaban, pero a las cuales el embajador era muy aficionado. Colonia Dignidad y la DINA, aliada con ella, deben haber estado muy bien informados sobre los asuntos internos de la embajada. El Servicio de Inteligencia Exterior de la RFA recurrí­a a Colonia Dignidad para recibir información sobre los detenidos chilenos que solicitaban asilo en la RFA. El trabajo de solidaridad, sin tener cómo saberlo, habí­a tocado una relación secreta y muy precaria.

Razón de Estado o Derechos Humanos

El conflicto sobre el asilo de Gladys Dí­az y otros miristas se fue transformando en una lucha de poderes. El régimen militar chileno se habí­a propuesto no liberar a los detenidos miristas más renombrados. La DINA, el servicio de inteligencia personal de Pinochet, cuya misión represiva era desmantelar al MIR, tení­a un conflicto permanente con los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y de la Armada; la lucha de poderes entre el general del Ejército, Pinochet, y el representante de la aviación en la Junta, Gustavo Leigh, se fue agudizando para terminar, poco tiempo después, con la separación de Leigh de la Junta. El servicio de inteligencia de Pinochet, la DINA, y el servicio de inteligencia de Leigh, la SIFA, zanjaban con las armas esta lucha de poderes en representación de sus mandos, incluso enfrentándose fí­sicamente. Uno de los puntos de discordia era si los prisioneros polí­ticos debí­an ser puestos a disposición de los tribunales militares, para ser condenados o liberados por ellos (SIFA), o ser liquidados en secreto (DINA).

Varios paí­ses habí­an intercedido por Gladys Dí­az, entre ellos también Austria, que tení­a poco peso en los cálculos de la polí­tica exterior chilena. La campaña internacional por su liberación fue intensa y se prolongó desde su detención hasta su expatriación. En la RFA se formó un campo de fuerzas entre el Ministerio del Interior, el Servicio de Inteligencia Interior (Bundesamt für Verfassungsschutz), que se oponí­a a la acogida, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un lado, y los grupos de solidaridad, con gran participación de las agrupaciones feministas, por el otro. El Ministerio de Relaciones Exteriores representaba la posición de que Gladys Dí­az militaba en una organización catalogada en forma general como terrorista; en tanto, los grupos y organizaciones de solidaridad intercedí­an por ella como una prisionera indefensa y bajo permanente amenaza.

La intransigencia de la dictadura de Pinochet y la tenacidad del movimiento de solidaridad internacional, que influí­a profundamente en las instituciones, nunca se confrontaron tan duramente como en el caso de Gladys Dí­az. La dictadura enfrentaba el siguiente dilema: si la liberaba mostraba debilidad, si la mantení­a detenida por largo tiempo se fortalecerí­a la campaña contra las violaciones a los derechos humanos y, si la asesinaban, sufrirí­an un aislamiento aún mayor. Finalmente, en esta guerra entre las ametralladoras y las máquinas de escribir, la dictadura debió anotarse una derrota. Treinta años después, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán desclasificó el expediente sobre Gladys Dí­az, es posible valorar con mayor precisión el trabajo de solidaridad desarrollado en ese entonces: aquellas acciones que parecí­an no tener sentido ni apoyo, todas las peticiones, cartas y llamadas, pudieron finalmente quebrarle la mano a la dictadura.

Los citados documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán se encuentran en el archivo polí­tico que mantiene el mencionado ministerio, ZA 108.031 y 100.786. El expediente sobre Gladys Dí­az de Amnistí­a Internacional fue incinerado en una fecha desconocida en los hornos de una carpinterí­a, a pesar de que no contení­a ningún tipo de información explosiva.

Traducción: Mariella Albrecht
mariellaa(at)entelchile.net

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Notas:

1 RFA: República Federal de Alemania
2.Zwischenarchiv: archivo provisional
3.Grupo terrorista de extrema izquierda de la República Federal de Alemania.

Der chilenische MIR war eine Organisation der an Kuba orientierten neuen Linken in Lateinamerika, die in den sechziger Jahren nach dem Muster der Stadtguerilla einige Überfälle verübt hatte, dann aber die Niederlage anderer lateinamerikanischer Guerillagruppen diskutierte und nach dem Wahlsieg des Sozialisten Salvador Allende dessen Volksfrontregierung kritisch unterstützte. Er hatte seine Basis in Universitäten, Armenvierteln und bei Landarbeitern und organisierte Besetzungen von Großgrundbesitz. Nach dem Putsch propagierte er den bewaffneten Kampf, hatte aber nicht die Mittel ihn zu führen. Dem Geheimdienst DINA gelang es, den MIR durch systematische Folterungen seiner verhafteten Mitglieder zu zerschlagen. Der MIR hatte nie mehr als 1.000 Mitglieder, aber wesentlich mehr Sympathisanten in seinen Vorfeldorganisationen.

Die am 10.7.1936 geborene Rundfunk- und Fernsehjournalistin Gladys Dí­az war eine der bekanntesten Persönlichkeiten des MIR. Nach dem Putsch 1973 lebte sie im Untergrund. Nach ihrer Verhaftung am 20.2.1975 in Santiago wurde sie in einem Geheimgefängnis der DINA gefoltert. In dieser ersten Phase der Haft („incomunicado“), während der die Verhaftung von den Behörden nicht anerkannt wurde, konnte die oder der Gefangene jederzeit spurlos „verschwinden“. Sie dauerte in der Regel so lange, wie die DINA den Gefangenen noch nützliche Informationen abpressen konnte, meist ein paar Tage oder wenige Wochen. Dann waren die Kontaktleute des Untergrunds gewarnt und die Kontakte und geheimen Treffpunkte stillgelegt. Gladys Dí­az war 80 Tage lang incomunicado im Folterzentrum Villa Grimaldi in Santiago.

Neben anderen Solidaritätsgruppen machte die Chile-Koordinationsgruppe von amnesty international in Frankfurt am Main auf sie aufmerksam. Eines der Mittel, um Folter und Haft zu beenden, war ein deutsches Arbeitsplatzangebot, das wiederum die Voraussetzung zur Einbeziehung der entsprechenden Person in die Aufnahmeaktion der BRD für chilenische politische Gefangene war. Gladys Dí­az erhielt durch Vermittlung von amnesty international einen solches Angebot von der Stiftung Mitbestimmung des DGB (später: Hans-Böckler-Stiftung).

Sicherheitsüberprüfung

Die deutsche Botschaft in Santiago, an die das Arbeitsplatzangebot geschickt wurde, war bis zum März 1976 „ermächtigt, Anträge von Miristen auf Einbeziehung in die Aufnahmeaktion ohne Rückfrage in Bonn abzulehnen“, was aber den Solidaritätsgruppen nicht bekannt war. Mitglieder des MIR lehnte die Botschaft von vorne herein ab. Offenbar bezieht sich die Botschaft auf diese Vorabselektion, wenn sie zu Gladys Dí­az schreibt, „aus Sicherheitsgründen“ bestünde „zur Zeit keine Aussicht auf Aufnahme in die BRD“. Weiter heißt es in dem Schreiben, die Stiftung Mitbestimmung, die Gladys Dí­az einen Arbeitsplatz angeboten hatte, um die Aufnahme zu ermöglichen, solle sich bei amnesty international (das die Aufnahmeaktion der BRD für chilenische politische Gefangene zusammen mit dem Diakonischen Werk betrieb) „so eingehend wie möglich über die Vergangenheit ihrer Schützlinge unterrichten“ und nur die mit einem Angebot versehen, die kein Sicherheitsrisiko darstellten. Der MIR sei terroristisch und habe zur Allendezeit 8.000 Mann gehabt, so die Botschaft. (dt. Botschaft an AA, 14.5.1975, ZA 108.031)

Das Bundesinnenministerium hingegen war bereit, gefangene Miristen, die von Folter und Ermordung bedroht waren, in die Aufnahmeaktion einzubeziehen und übernahm die Sicherheitsüberprüfung. Es gab Gespräche mit Staatsminister Wischnewski und dem parlamentarischen Staatssekretär Jürgen Schmude. Auch amnesty international setzte sich im Bundesinnenministerium für Gladys Dí­az ein. Die Abteilung 3 des AA stützte die Bedenken der Botschaft und wollte eine Entscheidung zugunsten der alten Praxis, Miristen nicht in den BRD zu lassen. Die Verhandlungen ergaben, dass Einzelfallüberprüfungen vorgenommen werden sollten und die aufzunehmenden Miristen eine Erklärung unterschreiben und in der BRD eine Art Bürgen finden sollten.

Johannes von Marré, Vortragender Legationsrat im AA, schleppte übers Wochenende„dicke Aktenbestände“ nach Hause, um „Aufzeichnungen über den MIR für Wischnewski zu verfassen, der immer wieder wegen Ablehnung von Miristas (u.a. Gladys Diaz) angegriffen wird“ (AA an dt. Botsch. 8.9.1975, ZA 100.786)

Als der Bundesinnenminister am 27.4.1976 entschied, Gladys Dí­az die Einreise zu erlauben, nahm die Botschaft dies „mit Erstaunen zur Kenntnis“ und befürchtete ein Überspringen des internationalen Terrors auf die BRD (dt. Botsch. an AA, 31.5.1976, ZA 108.031). Das Befremden beruhte, wie der Autor von seinen damaligen Verhandlungen im Bundesinnenministerium weiß, auf Gegenseitigkeit. Staatssekretär Schmude hielt den damaligen deutschen Botschafter in Santiago, Erich Strätling, für eine schlechte Wahl.
Die DINA ließ ihre Gefangenen „verschwinden“, indem sie sie aus den Geheimgefängnissen holte und einem Vernichtungskommando. Gladys Dí­az wurde fünf Mal aus dem Geheimgefängnis abgeholt; jedes Mal sah es so aus, als ob sie „verschwinden“ würde. Dann war sie Stunden oder Tage an einem unbekannten Ort, ohne dass irgendetwas geschah, und wurde dann wieder zurückgebracht. In einem Fall ließ sich der Hergang rekonstruieren: Ein Mitglied der Chile-Koordinationsgruppe von amnesty international hatte ohne besonderen Anlass bei der chilenischen Botschaft in Bonn angerufen und nach ihr gefragt. Der Rückruf ergab, dass sie nicht in Haft sei. Amnesty international begann sofort eine urgent action Telegrammaktion. Die DINA musste gedacht haben, dass höhere Mächte sich gegen sie verschworen hatten, und die DINA-Agenten machten kehrt und brachten sie zurück. Gladys Dí­az wurde zu einer der bekanntesten Gefangenen Chiles. Nachdem Staaten wegen ihr miteinander verhandelten und die Diktatur sie nicht mehr foltern konnte, war sie zusammen mit Luis Corvalán in Haft, dem prominentesten kommunistischen Gefangenen, für den ebenfalls eine weltweite Kampagne lief.

Zu den „Petenten“, die sich gegenüber dem AA für Gladys Dí­az eingesetzt hatten, gehörten der Schriftsteller Gerhard Zwerenz mit seiner Ehefrau Ingrid, die Berliner Journalistin Vera Gasenow, die Professoren Elmar Altvater, Klaus Knothe und Peter von Oertzen und das Diakonische Werk.

Gladys Dí­az musste wie andere inhaftierte MIR-Mitglieder eine Erklärung unterschreiben, dass sie sich in Deutschland „jeder politischen Betätigung enthalten werde, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die politische Willensbildung oder sonstige erhebliche Belange“ der BRD beeinträchtigen könne. Ein Hamburger Pfarrer bürgte für sie. Dann wurde sie vom Gefängnis zum Flughafen gebracht und flog mit ihrem kleinen Sohn nach Hamburg.

Sie wusste, wie ich in einem meiner Gespräche mit ihr feststellen konnte, kaum etwas über die RAF, und hielt sich mit öffentlichen Auftritten und politischen Aktivitäten, die die deutsche Politik hätten betreffen können, fast vollständig zurück. Kontakte zu der RAF waren für den Exil-MIR tabu. Gladys Dí­az ging recht bald nach Nicaragua und kehrte, als das möglich war, nach Chile zurück. Heute gehört sie keiner Partei mehr an, setzt sich aber noch für eine gerechtere Gesellschaft ein.

Der Anti-Terror-Botschafter

Selbst als Gladys Dí­az bereits in Deutschland war, ließ die Botschaft nicht locker. Am 5. Juli 1977 berichtete sie an das AA, der MIR plane „Terror, Sabotage und Guerillaaktionen“. 1971 habe er „rund 6000 Mann“ gehabt, so die mittlerweile maßvoll reduzierte Zahl. „Mit großer Wahrscheinlichkeit bestanden oder bestehen auch noch Verbindungen zu deutschen Terroristenkreisen“, wobei sie die angebliche Beteiligung einer Chilenin an dem Plan erwähnte, einen schwedischen Politiker zu entführen, um die Freilassung von Häftlingen der RAF zu erzwingen. Die deutsche Botschaft in Santiago sah eine Gefährdung der chilenischen Botschaft und chilenischer Konsulate in Deutschland, falls Miristas dort einreisen dürften. Gefährlich seien auch „Organisatoren oder Propagandisten“ des MIR, nicht nur überführte Gewalttäter. Sie empfahl, drei in Deutschland lebenden Miristas „besondere Aufmerksamkeit zu schenken“, was nur als Aufforderung zur Überwachung verstanden werden konnte: Gladys Dí­az, Carlos Liberona und Roberto Moreno (AA ZA 108.017). Gladys Dí­az sei „keineswegs eine Mitläuferin“, sondern Chefredakteurin eines Rundfunksenders des MIR. Warum man nicht stattdessen welche von den „nicht als Extremisten eingestuften Chilenen“, von Anhängern der Volksfrontregierung Allendes, einreisen lasse? Und außerdem schade es dem Ruf der Bundesrepublik Deutschland mit ihrer „gemäßigten und ausgewogenen Politik“, wenn sie sich für „prominente Linksextremisten“ einsetze; für humanitäre Angelegenheiten“ brauche man „gute Kontakte zu Regierungskreisen“, und die sah die Botschaft durch die Bonner Entscheidung gefährdet. Das fünfseitige Schreiben enthält viele Details über den MIR und Lesarten, die für die DINA typisch waren und die nicht auf botschaftsinterne Quellen zurückgehen können.

Botschafter Strätling, zuvor Botschafter in Südafrika, stand politisch rechts. Sein Verständnis für die Pinochet-Diktatur war größer als das für die Politik der deutschen Bundesregierung. Als amnesty international 1977 zum ersten Mal Beweise für Mord und Folter in der deutschen Siedlung Colonia Dignidad vorlegte, trat Strätling, ohne diese Dokumentation zu kennen, auf Grundlage von Argumenten, die ihm die Siedlung geliefert hatte, den Gegenbeweis an. Handwerker der Siedlung, so die Aussage ehemaliger Insassen der Colonia Dignidad, renovierten seine Botschaftsresidenz und bauten bei dieser Gelegenheit einige Wanzen ein. Abends lud Strätling die Handwerker zu harten Getränken ein, die diese ablehnten, denen aber der Botschafter zusprach. Die Colonia Dignidad und die mit ihr verbündete DINA mussten bestens über die Interna der Botschaft informiert gewesen sein. Der Bundesnachrichtendienst benutzte die Colonia Dignidad, um Informationen über chilenische Gefangene zu erhalten, die Aufnahme in die BRD beantragt hatten. Die Solidaritätsarbeit hatte, ohne dies wissen zu können, eine geheime und sehr prekäre Verbindung getroffen.

Staatsraison oder Menschenrechte

Der Konflikt um die Aufnahme von Gladys Dí­az und einigen anderen Miristas wurde mehr und mehr zum Machtkampf. Die chilenische Militärregierung hatte sich darauf festgelegt, wichtige gefangene Miristen nicht freizulassen. Die DINA, Pinochets persönlicher Geheimdienst, der innerhalb der arbeitsteiligen Repression für den MIR zuständig war, stand im Dauerkonflikt mit den Geheimdiensten der Luftwaffe und Marine; ein Machtkampf zwischen dem Heeresgeneral Pinochet und dem Vertreter der Luftwaffe in der Junta, Gustavo Leigh, ging seinem Höhepunkt zu und endete bald darauf mit dem Ausscheiden Leighs aus der Junta. Pinochets Geheimdienst DINA und Leighs Geheimdienst SIFA fochten diesen Machtkampf stellvertretend und gelegentlich unter Einsatz von Schusswaffen aus. Einer der Streitpunkte war, ob die politischen Gefangenen vor Militärgerichten verurteilt und gegebenenfalls freigelassen (SIFA) oder heimlich liquidiert werden sollten (DINA).

Mehrere Länder hatten sich für Gladys Dí­az eingesetzt, darunter Österreich, das aber im chilenischen außenpolitischen Kalkül wenig Gewicht hatte. Die internationale Kampagne für ihre Freilassung war stark und dauerte von ihrer Verhaftung bis zur Ausreise. In der BRD baute sich ein Kraftfeld auf, zu dem das BMI, der Bundesverfassungsschutz (der gegen die Einreise war), und das AA auf der einen Seite und Solidaritätsgruppen, darunter auch Frauengruppen, gehörten. Das AA vertrat den Standpunkt der Zugehörigkeit zu einer pauschal als terroristisch eingestuften Organisation; die Solidaritätsgruppen und –organisationen setzten sich für Gladys Dí­az als wehrloser und ständig bedrohter Gefangener ein.

Die Unversöhnlichkeit der Pinochet-Diktatur und die Hartnäckigkeit der internationalen Solidaritätsbewegung, die tief in die Institutionen hinein wirkte, sind wohl nie so hart aufeinander geprallt wie im Falle von Gladys Dí­az. Die Diktatur geriet in das Dilemma, dass sie mit ihrer Freilassung Schwäche zeigen würde, eine langandauernde Gefangenschaft die Kampagne gegen die Menschenrechtsverletzungen gestärkt hätte und ihre Ermordung sie noch mehr isoliert hätte. Schließlich musste die Diktatur im Kampf der Maschinenpistolen gegen die Schreibmaschinen eine Niederlage einstecken. Nachdem das AA nach dreißigjähriger Sperrfrist die Akten zu Gladys Dí­az freigegeben hat, ist auch die damalige Solidaritätsarbeit genauer zu bewerten: Auch Aktionen, die ziellos und hilflos erschienen, all die Eingaben, Briefe und Anrufe, waren schließlich stärker als die Diktatur.

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Die zitierten Dokumente aus dem AA finden sich im dortigen politischen Archiv, Sig. ZA 108.031 und 100.786. Die Akte Gladys Dí­az von amnesty international wurde irgendwann im Hochtemperaturofen einer Schreinerei verbrannt, obwohl sie keinerlei brisantes Material enthielt.

Eine Akteneinsicht im Auswärtigen Amt, Berlin

Die Colonia Dignidad (heute: Villa Baviera) ist eine 1961 gegründete deutsche Sektensiedlung in Chile. Sie ging aus einer Abspaltung freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (Baptisten) hervor. Ihr Führer Paul Schäfer floh 1961/62 mit seinen Anhängern nach Chile, da er wegen Kindesmissbrauchs von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde.
Schon zur Zeit der Auswanderung war die Sekte gegenüber dem Auswärtigen Amt (AA) konkret beschuldigt worden. Verwandte hatten sich an das AA und andere Behörden gewandt und geschrieben, die Ausreise einzelner Mitglieder sei womöglich nicht freiwillig gewesen. Seitdem gingen Dutzende von Briefen von Angehörigen bei der deutschen Botschaft in Santiago oder dem AA ein, die Missstände der Sekte während der Zeit in Siegburg schilderten und um Hilfe baten. Die Angehörigen mögen unter einem Vorwand in die Botschaft bestellt und ohne Dritte angehört werden, hieß es in solchen Briefen. Bei der Botschaft kamen Hilferufe von Siedlern an oder sie wurden von Verwandten aus Deutschland an die Botschaft oder das AA geschickt.

Zum Artikel: „Äußerste Zurückhaltung“ – die Colonia Dignidad und die deutsche Diplomatie 1961-1978

SS-Standartenführer Walther Rauff war der Organisator des Einsatzes von Gaswagen, mit denen in dem von der Deutschen Wehrmacht besetzten Osten fast 100.000 Juden ermordet wurden. Er soll nach neuesten Informationen für den israelischen Geheimdienst gearbeitet haben. Der chilenische Historiker Ví­ctor Farí­as behauptete wiederholt, der von Pinochet gestürzte chilenische Präsident Salvador Allende habe Rauffs Auslieferung an Deutschland verhindert. Aus Anlass von Allendes 100. Geburtstag am 26. Juni 2008 untersucht Ingo Kletten diese Informationen auf der Basis von Akten des Auswärtigen Amtes in Berlin und Informationen aus Chile.

Am 29.03.2007 schrieben Shraga Elam und Dennis Whitehead in der israelischen Zeitung Haaretz
(In the service of the Jewish state, www.haaretz.com/hasen/spages/843805.html), dass der im Aufbau begriffene israelische Geheimdienst nach dem zweiten Weltkrieg Walther Rauff in Italien als Agent anheuerte und ihn als Informanten in Syrien einsetzte, da die Araber Rauff für vertrauenswürdig gehalten hätten. Nach einem Umsturz in Syrien verhalfen die Israelis Rauff 1949 zu einem italienischen Einreisevisum für Ecuador, wo er am 3.12.1949 mit seiner Familie einreiste, so der Artikel.

Die Behauptung, dass Rauff für den israelischen Geheimdienst gearbeitet habe, ist nicht neu, aber seit dem Artikel in Haaretz gut belegt. Aus damaliger Sicht heiligte die Gründung des Staats Israel alle Mittel. Es ging nicht um gut und böse, sondern ums Überleben.

Auch das Leben Rauffs nach dessen Flucht aus Europa zeigt Zwiespältigkeiten und ist bis heute Anlass für vorschnelle Urteile. Rauff lebte in Ecuador unter dem Namen Raliff, was er bei einem Paßantrag gegenüber der deutschen Botschaft mit einem Schreibfehler in seinem libanesischen Pass begründete. Man kannte ihn auch unter den Namen „Raue“ und Rauff. Der deutsche Besitzer eines Salon in Ibarra (Ecuador) hörte ihn dort einmal mit einem anderen Deutschen über die „guten alten Zeiten“ reden. Er habe auf den Tisch geschlagen und gesagt: „Noch wissen wir nicht was kommt, aber Sie können versichert sein, wir vergessen keinen“, worauf der Salonbesitzer ihn herauswarf (Brief v. Eduard Mantheim, 6.11.62).

1958 siedelte Rauff nach Chile über, wo seine Söhne Alf und Walter die Offizierslaufbahn begonnen hatten. Rauff arbeitete bis zum Tode seiner Frau 1961 in Santiago und zog dann nach Porvenir im Feuerland, dem dünn besiedelten äußersten Süden Chiles, wo er Teilhaber an einem kleinen Unternehmen für Fischfang und -verarbeitung Sociedad Com. é Imp. Sara Braun Ltda. war. Dort, in der Nähe der Antarktis, war die Luft rein. „Ich bleibe hier, weil ich jeden sehen kann, der kommt und geht. Niemand würde versuchen, mich hier zu kriegen“, sagte Rauff (Jewish Observer and Middle East Review, 15.4.1966).

Der Auslieferungsantrag

1962 fühlte die bundesdeutsche Justiz beim Auswärtigen Amt (AA) wegen eines Auslieferungsantrags gegen Rauff vor. Da die deutsche Botschaft in Santiago am Erfolg des Antrags zweifelte, bat sie den „bekannten jüdischen Anwalt und Professor für Strafrecht“ Miguel Schweitzer um ein Gutachten. Schweitzer, der nach dem Putsch Justizminister Pinochets wurde und nach dessen Verhaftung in London 1998 zu seinem Verteidigerteam gehörte, kam zu dem Ergebnis, dass der Oberste Gerichtshof die Auslieferung wegen der in Chile geltenden Verjährungsfristen und des politischen Charakters der Straftaten, auf die Rauff sich berufen werde, ablehnen würde. Botschafter Strack schloss sich dieser Einschätzung an. Die Botschaft versuchte es dennoch und nahm nach Rücksprache mit dem AA Rechtsanwalt Novoa als Beistand. In Chile hätte ein förmliches Verfahren angestrengt werden müssen für Taten, die in beiden Staaten strafbar und in Chile nicht verjährt waren. Die deutsche Justiz warf Rauff Taten im Jahre 1942 vor, für die die chilenische Verjährungsfrist 15 Jahre betrug. Novoa musste argumentieren, dass die Unterbrechung der Verjährungsfrist durch den deutschen Haftbefehl auch für Chile galt. Da es kein chilenisch-deutsches Auslieferungsabkommen gab, waren viele Vorgehensweisen nicht geregelt.

Der deutsche Haftbefehl genügte für eine vorläufige Auslieferungshaft. Rauff wurde am 3.12. 1962 um 23 Uhr in Punta Arenas verhaftet und am nächsten Tag nach Santiago geflogen. Bei der Vernehmung machte er einen „ruhigen Eindruck“. Er sagte, er sei 1925 als Kadett der deutschen Kriegsmarine in Valparaiso und Punta Arenas gewesen. Er habe im zweiten Weltkrieg „niemals an einer Exekution teilgenommen“. Von der Ermordung von Juden in den Gaswagen habe er nichts gewußt; er habe nur einmal zwei dieser Wagen auf einem Parkplatz in Berlin gesehen. Nach dem Krieg sei er von den Briten wegen der Gaswagen befragt, aber nicht einmal als Zeuge vor den Nürnberger Gerichtshof geladen worden (1) Er sei aus dem Gefangenlager („Konzentrationslager“) in Italien geflohen und habe sich eineinhalb Jahre in katholischen Klöstern versteckt. Mit Hilfe eines katholischen Priesters habe er seine Frau aus der Sowjetischen Besatzungszone geholt und sei dann „mit einem Vertrag des syrischen Staates“ nach Syrien ausgereist. Er sei 1948 eineinhalb Monate im Libanon gewesen. „Später war ich mit meiner Familie in Ecuador“, sagt das Protokoll ohne Übergang.

Rauff legte Rechtsmittel gegen die geplante Abschiebung ein. Er hatte gute Karten. Er stand nicht im deutschen Fahndungsbuch und auch nicht auf einer Liste von 300 NS-Tätern, die die israelische Gedenkstätte Yad Vaschem den deutschen Behörden geschickt hatte. Es gab keinen israelischen Auslieferungsantrag. Bei der Vernehmung sagte er, er sei 1959, 1961 und 1962 unbehelligt in Deutschland gewesen. Von dieser Information war das chilenische Gericht, wie die Botschaft schreibt, „etwas beeindruckt“. Welcher Staat bittet um Auslieferung eines Mannes, der kurz zuvor drei mal dort war? Wie kam es, dass Rauff nicht im Fahndungsbuch stand und Israel ihn nicht wollte? Die deutschen Behörden waren schlecht vorbereitet. Botschaft und AA, die mindestens seit 1961 von dem geplanten Auslieferungsantrag wussten, standen nun auf einmal unter Zeitdruck und mussten dringend Beweismaterial beschaffen und übersetzen lassen. Die Kommunikationswege liefen von der Staatsanwaltschaft Hannover über das niedersächsische Justizministerium, das Bundesjustizministerium, das AA, die Botschaft in Santiago und das dortige Außen- und Innenministerium zum chilenischen Oberstern Gerichtshof und auf demselben Weg zurück.

Die deutsche Justiz hielt zunächst Rauffs Aussage, er sei dreimal in Deutschland gewesen, für eine Schutzbehauptung, bis sie kleinmütig eingestehen musste, dass es stimmte. Rauff war zum Beispiel auf der Hannoveraner Messe gewesen, also in der Stadt, in der die Ermittlungen gegen ihn geführt wurden.

Deutsche Beteiligte an den Gaswagen-Aktionen haben Rauff konkret belastet. Aber es war zunächst unklar, wie der Auslieferungsgrund zu formulieren war. In einem Telegramm vom 10.12.1962 an die Botschaft in Ecuador ist die Rede vom „dringenden Verdacht, sich durch [im Entwurf durchgestrichen: „seine Mitwirkung am Bau und Einsatz dieser [Gas-]Wagen“, handschriftlich: „seine Beteiligung“] des Mordes in mindestens 97.000 Fällen strafbar gemacht zu haben.“ Diese Unklarheit zieht sich durch die hektische Korrespondenz, die nun einsetzte, bis sich „Beteiligung“ und „schuldig“ statt „strafbar“ durchsetzte.

Teile der chilenischen Öffentlichkeit waren gegen eine Auslieferung Rauffs. Der Auslieferungsantrag wurde als Einmischung empfunden. Rauffs Aussagen waren bei den Nürnberger Prozessen mehrfach als Beweismaterial benutzt worden, und es irritierte, dass er nun so viel später ein Täter sein sollte.

Deutsche genießen in Chile ein hohes Ansehen, und um so mehr deutsche Weltkriegsoffiziere in Militärkreisen. Das deutsche Konsulat im nordchilenischen Antofagasta schrieb am 4.3.63 an die Botschaft in Santiago zu den örtlichen Reaktionen auf Rauffs Verhaftung: „Am meisten kommentiert wurde er [der Fall Rauff ] in Offizierskreisen der hiesigen Division des chilenischen Heeres, da zwei augenbl. hier stationierte Regimentskommandeure Herrn Rauff von Jahren in Ecuador kennenlernten und sich scheinbar sehr mit ihm angefreundet hatten. Sie bezeichnen ihn als einen sehr kultivierten Menschen, dem man von seiner Vergangenheit nichts anmerke. Zum Urteilsspruch in 1. Instanz kommentierten diese selben Herren, dass es wünschenswert wäre, wenn das Oberkommando des chilenischen Heeres intervenieren würde, um die Frage der Disziplin ein für alle mal klarzustellen. Ihrer Ansicht nach war das Nürnberger Gericht schon ein Irrtum, und eine weitergehende Bestrafung des Gehorsams Untergebener könne das ganze Prinzip der Disziplin im chilenischen Heer untergraben.“ Diese Passage legt nahe, dass es sich um dieselben Offiziere handelte, die dafür Sorge getragen hatten, dass Rauffs Söhne Alf und Walter als Ausländer chilenische Offiziere werden konnte. Sollte dies so sein, muss diesen Offizieren der unterschied zwischen „Rauff“ (Alf und Walter) und „Raliff“ (Walther) aufgefallen sein. Der Wunsch der Offiziere, das Oberkommando des Heeres solle sich in die Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofs einmischen, deutet auf mangelndes Bewusstsein vom Rechtsstaat.

Der Brief des Konsulats nennt die Namen der Offiziere nicht. Einer der beiden war Augusto Pinochet, der von 1956 bis 1959 als Mitglied einer kleinen Militärmission zum Aufbau der dortigen Kriegsakademie in Ecuador und 1963 als Heereskommandeur in Antofagasta war. Martin Cüppers hat aus einem Interview des früheren Stern-Redakteurs Gerd Heidemann mit Rauff entnommen, dass die beiden seit ihrer gemeinsamen Zeit in Ecuador befreundet waren. Damit ist klar, wen das deutsche Konsulat in Antofagasta meinte.

Der Oberste Gerichtshof lehnte am 26.4.63 Rauffs Auslieferung ab und hob die Haft auf. Das knappe Urteil unterscheidet deutlich zwischen der moralischen und der formalen Komponente: „Die Massenausrottung von Menschen aus rassischen Gründen stellt die hinterlistige Begehung von Verbrechen dar, die dem Rechtsbewußtsein der zivilisierten Welt widerstreiten und das politische Regime, das die fluchwürdigen Pläne ersann, plante und ausführte, mit unausrottbarer Schmach belasten. Trotzdem hat sich das Gericht mit der Verjährung der Strafverfolgung abfinden müssen, weil nach seiner Auffassung dieser Einwand nach den Grundsätzen des Völkerrechts unbestreitbar ist.“ (vollständiger Text, Übersetzung aus den Akten des AA). Die Aussage ist eindeutig: Wir würden gerne, aber wir können nicht.

Eine deutsche Gemeinschaft am Ende der Welt

Ernst Schäfer, der deutsche Konsul für die Provinz Punta Arenas, in der Porvenir liegt, schrieb, Rauff habe sich „immer und in jeder Beziehung als korrekter Mann betragen“ (Brief an die Botschaft v. 12.6.63). Schäfer, der lange Vizepräsident und Präsident des Deutschen Vereins von Punta Arenas gewesen war, schrieb, Vereinspräsident Lahmann habe ihm sein „menschliches Bedauern“ ausgedrückt und sah Rauffs Verhaftung als „gefährlicher“ für die „Integrität unserer Gemeinschaft“ an als alles Frühere. Am 10.8.64 schrieb Schäfer an die Botschaft, ein Herr Levi habe Rauff in der Soc. Com. é Imp. Sara Braun, deren Chef Rauff 1958/59 gewesen sei, erkannt und blutig geschlagen und im Polizeiverhör beteuert, das nächste Mal werde er ihn totschlagen. Rauff verzichtete auf eine Anzeige und heilte seine Gesichtswunde im Verborgenen aus.

Rauff hielt sich auch sonst mit öffentlichen Auftritten zurück. 1966 fand ihn aber ein Team des US-Senders NBC-TV. Er habe im 2. Weltkrieg seine Pflicht getan, sagte er im Interview. Vielleicht helfe der Vietnamkrieg dem amerikanischen Volk zu verstehen, was damals in Deutschland geschehen sei. Kurz darauf interviewte der Sender eine Freundin Rauffs, die sagte, Rauff liebe keine Stierkämpfe, weil es grausam sei, wehrlose Tiere zu bekämpfen (Sendungen v. 25. April und 2. Mai 1966, Transkripte in Akten des AA). „Sind Sie schuldig?“, fragte ein anderer Reporter. „Nein“, sagte Rauff. Im Krieg erhalte man Befehle und müsse sie ausführen. Die Wörter morden, massakrieren, töten bedeuteten alle dasselbe. Es gebe keine Zeit für Gefühle. Dann spricht Rauff von einem Buch des französischen Revisionisten Maurice Bardèche über die Nürnberger Prozesse (chil. Zeitungsbericht ohne Quellenangabe, Archiv Fritz Bauer Institut).

Rauff nahm an diesem südlichsten Zipfel der bewohnten Welt die Rolle des zivilisationsbringenden gringos ein. 1966 fuhren der örtliche Gouverneur und der Polizeichef der deutsche Botschafter Gottfried von Nostitz, der am Widerstand gegen Hitler beteiligt gewesen war und gerade eine Dienstreise nach Porvenir machte, zur „besten Fabrik“ der Gegend, die, wie es in dem Bericht von Nostitz heißt, zudem mit Kapital des (von den Nationalsozialisten arisierten) deutschen Kaufhauses Hertie errichtet worden sei. Von Nostitz stutzte und fragte, ob der Gouverneur „einen gewissen Rauff kenne und ob dieser etwas mit der Fabrik, vor der wir inzwischen angelangt waren, zu tun habe. Der Gouverneur bejaht beides mit der größten Selbstverständlichkeit. Rauff leite sie, und schon war er in den Hof hineingefahren. Ich konnte nur noch erwidern und tat dies sehr deutlich, dass ich dem Herrn nicht zu begegnen wünschte. Der Gouverneur antwortete, ich brauchte dies nicht zu befürchten, Rauff sei abwesend.“ (Botschaft an AA, 17.1.66). Wenn Ausländer kamen, hielt sich Rauff diskret im Hintergrund.

Ein zweiter Versuch

Im August 1972 bat Simon Wiesenthal in einem Brief den sozialistischen chilenischen Präsidenten Salvador Allende, die „Entscheidung der chilenischen Regierung aus dem Jahre 1963 überprüfen“ zu lassen. Wiesenthal verwechselt hier die Regierung mit dem Obersten Gerichtshof. Allende erwiderte (ungewöhnlicherweise mit Briefkopf des chilenischen Außenministeriums): „Was die Möglichkeit betrifft, einen Auslieferungsantrag zu erneuern, wäre es die gesetzliche conditio sine qua non, erneut einen Antrag auf diplomatischem Wege zu stellen, dies würde in die ausschließliche Zuständigkeit der chilenischen Gerichtsbarkeit fallen [“¦] Dies sind die konstitutionellen und rechtsgültigen Bestimmungen Chiles, an die ich mich halten muss“ (undatiertes Schreiben von vor Mitte Okt.1972, Übersetzung des AA, span. Original in Farí­as 2000 S. 453). Allende betont in seinem Schreiben mehrfach, dass er nicht in der Lage sei, Rauff einfach auszuweisen. Dieses Insistieren auf dem verfassungsmäßigen Aspekt dürfte auf Wiesenthals in diesem Punkt irrige Anfrage zurückgehen. Der chilenische Botschafter in Wien übergab Wiesenthal den Brief.

Wiesenthal schickte Allendes Schreiben an die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung Ludwigsburg (zuständig für die Verfolgung von NS-Verbrechen), die ihn an die niedersächsische Justiz weiterleitete. Wiesenthal kommentierte in einem Begleitschreiben Allendes Brief: „Wie Sie aus dem Inhalt ersehen, regt Allende an, einen neuen Auslieferungsantrag zu stellen. Sie müssen verstehen, dass er doch nicht direkt sagen kann, es solle ein Antrag gestellt werden, aber aus dem Tenor des Briefes geht auch das hervor“ (Brief an Oberstaatsanwalt Rückerl v. 24.10.72). In Wiesenthals Deutung mag ein Gespräch mit dem chilenischen Botschafter eingeflossen sein. Die deutsche Botschaft hingegen las in Allendes Brief ein höfliches „Nein“ (26.1.73).

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Hannover hielt einen zweiten Antrag für unzulässig und darüber hinaus für aussichtslos (Schreiben an das niedersächsische Justizministerium v. 15.November 72).
Nun schlug das Bundesjustizministerium vor, die Botschaft solle „in geeignet erscheinender Form“ versuchen festzustellen, ob „die chilenischen Regierung bereit wäre, einen erneuten Auslieferungsantrag entgegenzunehmen (3.1.73). Die Botschaft berichtete am 26.2.73 ans AA, ihre Feststellungen hätten ergeben, dass die chilenische Regierung einen erneuten Antrag zwar entgegennehmen würde, der zuständige Oberste Gerichtshof ihn aber verwerfen werde. Der Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen im chilenischen Außenministerium, ein Herr Bernstein, der wohl auch der Verfasser des von Allende unterzeichneten Briefes sei, halte den „Fall Rauff für die chilenischen Gerichte und Behörden für abgeschlossen“. Die Botschaft fügte hinzu, dass „rein theoretisch“ die Möglichkeit bestünde, dass die chilenische Regierung Rauff ausweisen könne, die Aussicht auf Erfolg aber gering sei; ein solcher Schritt könne „als Desavouierung des Obersten Gerichtshofs durch die Regierung ausgelegt werden“,- eine diplomatische Andeutung der Tatsache, dass sich Allendes Volksfrontregierung und der Oberste Gerichtshof im Dauerkonflikt befanden. Pinochet schreibt in seinen Memoiren Der Tag der Entscheidung, die chilenische Justiz habe in der Allende-Zeit “allen Respekt verdient” und stattete dem Obersten Gerichtshof wenige Tage nach dem Putsch einen offiziellen Besuch ab (a.a.O., S. 100, 178).

Das Bundesministerium der Justiz wollte aber „jede Möglichkeit ausschöpfen“, Rauff vor ein deutsches Gericht zu stellen und bat die Botschaft, Rechtsanwalt Novoa mit einem weiteren Gutachten zu beauftragen (15.2.73 an AA). Dieses Gutachten ergab, dass ein erneuter Antrag weder zulässig noch aussichtsreich sei.

Die deutsche Botschaft war in einer Zwickmühle. Die BRD hatte zu Allendes Chile ein „offiziell gutes Verhältnis“ (Bericht des Militärattachés an der deutschen Botschaft vom 4.7.73 (AA, Zw. 100.587), hielt aber faktisch Distanz, da Chile gerade die DDR anerkannt hatte. Nun sollte sie sondieren, ob sich nicht ein Parteigänger Allendes fände, der ihr die diplomatische Hintertür öffnete.

Die Möglichkeit einer Ausweisung Rauffs musste, so die Botschaft, nach „vertraulicher Erörterung der Angelegenheit mit den zuständigen Stellen im chilenischen Außenministerium… als negativ“ beurteilt werden. Zwar sei es nicht ausgeschlossen, dass im Innenministerium „ein links gerichteter Beamter“ die vom Außenministerium kommentierte „Anregung der Bundesregierung“ entgegennehmen und „im Zuge der jetzigen politischen Entwicklung in Chile für die Entziehung der Aufenthaltserlaubnis votieren würde“, bisher sei ein solcher Fall aber nicht bekannt geworden. Zudem werde die Sache bei Allende landen, und über diesen habe Wiesenthal jüngst eine „höchst eigenartige Presseerklärung abgegeben… Er habe nämlich zu dem Hinweis Allendes auf die Zuständigkeit und Unabhängigkeit der chilenischen Gerichtsbarkeit erklärt, es sei doch bekannt, dass die südamerikanischen Präsidenten laufend ihren Gerichten Anweisungen gäben“. So etwas höre man im demokratischen Chile nicht gerne. „Wiesenthal habe ferner“, so die Botschaft über ihre vertrauliche Quelle, „Allende persönliche Komplizenschaft mit Nationalsozialisten vorgeworfen. Dieser Vorwurf sei für jeden, der die lange demokratische Karriere Allendes kenne, absurd“, so die Botschaft (16.3.73 an AA). 1972/73 haben entgegen vielen Kommentaren die deutschen Behörden mehr getan als sie hätten tun müssen, um Rauff vor Gericht zu stellen.

Wiesenthal schrieb Allende ein zweites Mal an. In seiner Autobiographie heißt es: „Ich bat Allende die Möglichkeit der Ausweisung Rauffs zu prüfen, da Rauff in Chile noch nicht eingebürgert worden war: wir könnten möglicherweise in einem anderen Land mit einer günstigeren Gesetzgebung gegen ihn vorgehen. Aber bevor Allende auf meinen zweiten Brief antworten konnte, gab es einen Staatsstreich und Allende starb“ (Wiesenthal 1995). Hier rückt sich Wiesenthal allzusehr ins Zentrum der Geschichte. Er hatte den zweiten Auslieferungsversuch zwar ausgelöst, aber in Chile nicht zur Chefsache machen können. Es gibt außer dem von Allende unterzeichneten Bernstein-Brief kein Indiz, dass die Angelegenheit über den Schreibtisch Bernsteins hinausgelangte. Eine Ausweisung Rauffs war 1963 und 1972/3 sorgfältig hinter den Kulissen geprüft worden. Sie war realpolitisch und formal nicht durchsetzbar.

Rauff und Allende – ein Vorwurf und sein Kontext

In seinem Buch Los Nazis en Chile (2000) wirft der chilenische Historiker Ví­ctor Farí­as Allende vor, dieser habe „nicht einmal alternative Mittel zur nationalen [chilenischen] Gesetzgebung gesucht und die Argumentation des obersten Gerichtshofs legitimiert (Farí­as 2000 S. 450). Meint Farí­as mit „Argumentation“ des obersten Gerichtshofs dessen moralische Verurteilung Rauffs oder den Hinweis auf die Rechtslage? Andere Inhalte hatte das Urteil nicht.

2001 legte Farí­as nach: „In diesem Brief rechtfertigt Allende nicht nur die Entscheidung des chilenischen Corte Suprema [obersten Gerichtshofs], sondern weigert sich auch, in irgendeiner Form dem Recht Genüge zu tun“. An diesem Satz ist, wie Allendes Brief zeigt, alles falsch. Farí­as sagt weiter, Wiesenthal habe die gleiche Argumentation benutzt, die „im Falle Pinochets zwecks seiner Verhaftung und Verurteilung außerhalb Chiles angewandt wurde – und Allende die der Anhänger des Diktators.“ (Ví­ctor Farí­as: Alte Freundschaft. In: Die Gazette: Chile und der Nationalsozialismus, 19. Juli 2001, www.gazette.de/Archiv/Gazette-Juli2001/Farias.html). Farí­as bringt den komplizierten juristischen Sachverhalt durch Diskursanalyse zum Verschwinden.

2005 deutet Farí­as dasselbe Dokument noch radikaler und sagt, Allende habe Rauff „direkt und absichtlich geschützt“ und spricht von „Beziehungen Salvador Allendes mit dem SS-Standartenführer“ Rauff. Allende habe keinen Gebrauch von seinem uneingeschränkten Recht gemacht, alle Ausländer des Landes zu verweisen, deren Anwesenheit die Interessen des Landes beeinträchtigen und nennt ihn schließlich einen „eifrigen Begünstiger eines der größten Verbrecher, den die Menschheit kennt“. Den entscheidenden Punkt, dass Rauff Rechtsmittel gegen eine Ausweisung hätte einlegen können und damit wohl Erfolg gehabt hätte, wischt Farí­as mit einer Fehlinformation („uneingeschränktes Recht“) beiseite (Farí­as 2005 S. 14ff).

Hätte Farí­as an seinem Wohnort Berlin die Akten des AA eingesehen, hätte er zum entgegengesetzten Schluss kommen müssen. Farí­as unterschlägt den entscheidenden Punkt: die Verjährungsfrist, die im chilenischen Fall auch für die Taten Rauffs galt. Nationales Recht wird durch internationales nicht einfach ausgehebelt, es muss ihm angepasst werden, und eben das war das unlösbare juristische Problem. Wie kompliziert Auslieferungsverfahren sein können, zeigt das von Farí­as bemühte Beispiel Pinochet nach dessen Verhaftung 1998 in London. Pinochet durfte nach Chile zurück und wurde nie rechtskräftig verurteilt.

Rauff und die Pinochetdiktatur

In September 1973 putschte das chilenische Militär. Rauff hatte nun überhaupt nichts mehr zu befürchten. Die internationale Presse berichtete, Rauff sei führend in Pinochets neugegründetem Geheimdienst DINA tätig (Wiesenthal nennt ihn einen mutmaßlichen „Berater“ der DINA, Wiesenthal 1995 S. 89). Ich habe keinen Hinweis auf eine formelle Funktion Rauffs in der DINA. Wohl aber gibt es Belege für freundschaftlichen und geschäftlichen Beziehungen Rauffs zum Personal der DINA und anderen Institutionen des Repressionsapparats. Rauff war Besucher der von der DINA benutzten deutschen Sektensiedlung Colonia Dignidad (Schnellenkamp 2007, S. 67). Wenn sein Besuch anstand, sagte Sektenführer Paul Schäfer: „Heut rauf` ich mir die Haare“. Das Krankenhaus der Siedlung hat ihn einmal an eine Klinik in Santiago überwiesen (Heller 1993, S. 185). Nach glaubwürdigen Aussagen führte DINA-Chef Manuel Contreras eine Art Tagebuch über die Verbrechen der Diktatur, das er als Lebensversicherung bereithielt, falls er bei Pinochet in Ungnade fallen sollte, was denn auch geschah. Contreras fertigte fünf Exemplare an, von denen er eines Rauff gab (Heller 1993, S. 191).

Dass Rauff mit dem Geheimdienst DINA zusammenarbeitete, ist durch Dokumente belegt. Der chilenische Buchautor Leon Gomez, der das geheime Folterzentrum der DINA Londres 38 in Santiago überlebte, schreibt in einer eidesstattlichen Erklärung, dass ihn ein Folterer geschlagen habe und ihm dabei die Augenbinde verrutscht sei. „Ich sah vor meinen Augen einen meiner Folterer, den ich wegen seines ausländischen Akzentes ((von den anderen)) unterscheiden konnte, und ich konnte glaubwürdig feststellen, dass es sich um den deutschen Nazi Walter Rauff handelte“ (eidesstattliche Erklärung Gomez vom 22.1.1991).

1975 siedelte Rauff nach Santiago über. Er saß in Chile fest. Die deutsche Botschaft weigerte sich, ihm einen Reisepass auszuhändigen, der bereits ausgestellt war und heute zum Archivbestand des AA gehört.

Im Januar 1984, also während der Pinochetdiktatur, wies Chile einen Auslieferungsantrag Israels ab. Wiesenthal wandte sich an US-Präsident Reagan und Bundeskanzler Kohl und über das Simon-Wiesenthal-Center an den chilenischen Generalkonsul in Los Angeles/USA. Pinochets Stabschef General Santiago Sinclair antwortete, „die Bundesrepublik Deutschland möge noch einmal um Rauffs Auslieferung ansuchen“ (Wiesenthal 1995, S. 91). Das geschah im Mai 1984. Chile antwortete, dass hierfür neue Tatbestände genannt werden müssten. Auch ein Rechtsstaat hätte wohl ähnlich reagiert (obwohl Rauff eine Person der Zeitgeschichte ist, verweigerte mir das Auswärtige Amt die Einsicht in diese Akte).

Am14.5.1984 starb Rauff in Santiago. An seinem Grab schrie der Chilene Miguel Serrano, Begründer des esoterischen Hitlerismus, lauthals „Heil Hitler“ und reckte den Arm zum Hitlergruß.

Die hier verwendeten Unterlagen liegen im Archiv des Fritz-Bauer-Institut, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, und im Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die von mir eingesehenen Akten des AA haben die Signaturen B 83, Bdnr. 404, B 83 Bdnr. 953 und 954, Zw. Bdnr. 14.248, AV Neues Amt Bdnr. 12775 und 12776.

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Fußnote:

Dies ist nur in formalem Sinn richtig. Rauff gab am 4.8.1945 in Ancona, Italien, eine eidesstattliche Erklärung ab (s. Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“¦, Nürnberg 1949, Bd. IV, S. 280), die sich auf ein an ihn gerichtetes und von ihm mit einer Randbemerkung versehenes Dokument zu den Gaswagen bezieht (s. Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“¦, Dokumente, Nürnberg 1947, D 2348 PS, Bd. VI, S. 256)

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Literatur:

Martin Cüppers: Immer davongekommen : wie sich Walther Rauff erfolgreich seinen Richtern entzog: In: Mallmann, Klaus-Michael ; Angrick, Andrej (Hg): Die Gestapo nach 1945: Darmstadt , wiss. Buchgesellschaft 2009. S. 80 ff
Victor Farí­as: Los Nazis en Chile, Barcelona 2000
Victor Farí­as: Salvador Allende : contra los judios, los homosexuales y otros „degenerados“, Barcelona 2005
Friedrich Paul Heller: Colonia Dignidad : von der Psychosekte zum Folterlager, Stuttgart 1993
Klaus Schnellenkamp: Geboren im Schatten der Angst, München 2007
Simon Wiesenthal: Gerechtigkeit, nicht Rache, Frankfurt am Main 1995

Augusto Pinochet wurde 1915 in der Stadt Valparaiso geboren. Der Vater, der früh starb, war Vertreter und dauernd unterwegs. Die Mutter ersetze ihn mit Strenge, Disziplin und Ordnung. Der kleine Augusto spielte mit Soldatenfiguren, was die Mutter auf den Gedanken brachte, er könne in die Militärakademie eintreten.

Pinochet übernahm als das Älteste von sechs Geschwistern die Vaterrolle. Er bewachte die Jungfräulichkeit seiner Schwestern. “Sie hatten panische Angst vor mir und hielten mich für eine Art Menschenfresser“, sagte Pinochet später über seine Geschwister. In der Schule ist Pinochet schlecht, kann aber gut boxen. 1933, gerade siebzehnjährig, verlässt er die Provinzialität Valparaisos, um nach zwei gescheiterten Aufnahmeanträgen in die Militärakademie in Santiago einzutreten, in der die zukünftigen Offiziere unter sich leben und kaum etwas von gesellschaftlichen Veränderungen mitbekommen. Hier lernt Pinochet seinen soldatischen Ehrbegriff, in dem “Verrat“ eine wichtige Rolle spielt: Die chilenische Linke hat das Vaterland verraten, England hat ihn verraten, als Scotland Yard ihn verhaftete, und sein Sohn Augusto munkelt von Verrat in den eigenen Reihen, denn “wenn sogar Christus verraten wurde, ist alles möglich“ (La Hora, 22.11.98).  Pinochets Kameraden meinen, er sei “zu energisch, zu autoritär“.

Zum Artikel: Augusto Pinochet – Ein Nachruf

Nach Jahrzehnten von Enthüllungen und Skandalen müsste eigentlich die Wahrheit bekannt sein. Aber hinter der Colonia Dignidad verbergen sich Verbrechen, die erst in Umrissen bekannt sind. Die deutsche Siedlung war nicht nur ein geheimes Folterlager des Pinochet-Geheimdienstes DINA, sie war auch an einem Massaker an politischen Gefangenen beteiligt, die zu den “Verschwundenen” gehören. Außerdem schmuggelte und produzierte sie biologische und chemische Waffen.

Die Colonia Dignidad ist eine 1961 in Südchile gegründete deutsche Siedlung. Sie ging aus einer Sekte hervor, die sich in den fünfziger Jahren von den deutschen Freikirchen abgespalten hatte. Ihr Führer Paul Schäfer wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen von der Staatsanwaltschaft gesucht und musste Deutschland verlassen. Über 200 seiner Anhänger folgten ihm. Sie gründeten das als “Colonia Dignidad” bekannte landwirtschaftliches Gut.

Durch Nachzug von Familienangehörigen und Zwangsadoption chilenischer Kinder hatte die Siedlung zeitweise etwa 350 Bewohner. Nach dem Abtauchen Paul Schäfers 1997 und vor allem nach seiner Verhaftung in Argentinien 2005 verließen viele Siedler die Colonia Dignidad, die heute Villa Baviera heißt.

Dieses verschrobene deutsche Dorf in den Vor-Anden war die Drehscheibe eines internationalen Waffenhandels und die Produktionsstätte von biologischen und chemischen Waffen. Pinochet persönlich sah sich 1974 in der Siedlung eine Ausstellung von originalen und davon nachgebauten Waffen an. Die Colonia Dignidad hat 454 Chemikalien mit teilweise hochexplosiven Stoffen gelagert. Es gab dort Gifte wie Arsen und das im Amazonasgebiet aus Bambus gewonnene Curanin. Die Gifte der Sekte konnten über Nahrungsmittel, Einatmen oder die Haut aufgenommen werden und ihre Opfer sofort oder langsam töten. Opfer waren Gegner des Pinochetregimes und eigene Mitwisser wie ihr in Waffen- und Giftschmuggel verwickeltes Mitglied Alfred Schaak.

Es gibt recht deutliche Hinweise, dass die Colonia Dignidad in den Schmuggel mit Materialien zum Bau von Atombomben verwickelt ist. Die Sekte produzierte und schmuggelte in großen Umfang chemische Waffen (Sarin und Senfgas) und hatte mit der Produktion bakterieller Waffen durch das chilenische Militär zu tun. Sie war eine Drehscheibe für den illegalen Handel mit konventionellen Waffen. Damit war Schäfers Sektendorf mit seiner bayerischen Musik und dem schwarzwälder Kuchen eine Attrappe für die Vorbereitung einer ABC-Kriegsführung. Diese Schlussfolgerung klingt übertrieben, ist aber durch immer mehr Zeugensaussagen und Archivfunde erhärtet.

Schäfers Sekte war außerdem der Tummelplatz rechter Terroristen und mehrerer Geheimdienste. Auch der deutsche BND hat sich der Colonia Dignidad bedient. Das ist der Grund, warum die deutsche Diplomatie aus Chile ausreisenden ex-Colonia-Bewohnern sagt, dass sie bitte keinen neuen Skandal auslösen mögen.

Wie konnte die Colonia Dignidad jahrzehntelang stabil bleiben und eine derartige politische Bedeutung erlangen? Schäfer war ein Meister der Manipulation Anderer, der Gehirnwäsche und des Teile-und-Herrsche. Religiöser Druck und die Verzerrung der Sexualität gehörten zu seinen Herrschaftsmitteln. Gestützt durch die Pinochetdiktatur und in den schlimmsten Jahren der Repression gedeckt durch die deutsche Botschaft in Santiago, konnte Schäfer mit Hilfe einer Führungsclique die Mehrzahl der Siedler unterdrücken und zu seinen fügsamen Helfern machen.

Auch juristisch war der Sekte nicht beizukommen. In Chile bestach sie Richter, fälschte Beweise, log und trog. Ein Prozess der Colonia Dignidad gegen amnesty international in Bonn dauerte 20 Jahre und endete mit einem Sieg von ai, der aber zu diesem Zeitpunkt keine Bedeutung mehr hatte. Da es mittlerweile in Deutschland etwa 100 frühere Siedler gibt, versucht die Führungsclique – zum Teil aus dem chilenischen Gefängnis heraus – zu verhindern, dass diese Menschen, die Jahrzehnte ihres Lebens und ihre Gesundheit in Chile verloren haben, reden und Prozesse anstrengen. Das Problem Colonia Dignidad hat sich auf diese Weise nach Deutschland zurückverlagert, von wo es im Sektenmilieu der fünfziger Jahre ausgegangen war.

F.P. Heller: Lederhosen, Dutt und Giftgas : die Hintergründe der Colonia Dignidad. 2., erweiterte und aktualisierte Aufl., Schmetterlingverlag Stuttgart 2006, 138 S.