"La impunidad se escuda en los numerosos vací­os e ineficiencias de la justicia; en la omisión culpable de todos los poderes; en el celestinaje de los medios de "información"; en la manipulación sentimental de la opinión pública; en las intimidaciones y chantajes de los victimarios" El "Nuevo orden internacional" es una de esas categorí­as que desde hace muy pocos años dominan las relaciones de poder internacionales y nacionales. Con el fin de la "Guerra frí­a" las esferas o zonas de influencia de las grandes y medianas potencias mundiales se han consolidado. Hoy en dí­a, los pueblos pobres del mundo se encuentran expuestos a las arbitrariedades de la potencia de su región, la cual puede dar rienda suelta a sus desafueros siempre y cuando se abstenga de tocar los intereses de las otras potencias. [...]]]> por Calixto Avila Rincón
Abogado colombiano.
Colaborador del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg

“La impunidad se escuda en los numerosos vací­os e ineficiencias de la justicia; en la omisión culpable de todos los poderes; en el celestinaje de los medios de “información”; en la manipulación sentimental de la opinión pública; en las intimidaciones y chantajes de los victimarios”
Javier Giraldo Moreno, s.j.
En “Colombia: esta democracia genocida”
Edit. Cristianismo y Justicia. Barcelona 1994.

El “Nuevo orden internacional” es una de esas categorí­as que desde hace muy pocos años dominan las relaciones de poder internacionales y nacionales. Con el fin de la “Guerra frí­a” las esferas o zonas de influencia de las grandes y medianas potencias mundiales se han consolidado. Hoy en dí­a, los pueblos pobres del mundo se encuentran expuestos a las arbitrariedades de la potencia de su región, la cual puede dar rienda suelta a sus desafueros siempre y cuando se abstenga de tocar los intereses de las otras potencias.(1)

La desintegración de Estados ha llevado a que los conflictos entre pueblos desemboquen en guerras tales como la que padecen hoy los pueblos de la ex_Yugoslavia. La tragedia de varios pueblos africanos _tan grave y tan desconocida por nosotros los latinoamericanos_ se desarrolla en medio de hambrunas y guerras fratricidas.

En América latina se han desarrollado varios procesos de paz y de transición hacia la democracia, cada uno con sus propias caracterí­sticas y deficiencias. Ya la década de los 80 habí­a estado marcada por el fin de las dictaduras, la celebración de elecciones populares y la trancisión hacia pretendidos sistemas democráticos. Pero estos procesos estuvieron marcados por un común denominador: la impunidad de los crí­menes de las dictaduras (2). Entonces el problema de la impunidad fue responsabilidad exclusiva de los Estados en su ámbito nacional. La llamada “Comunidad internacional” era ajena este flagelo, o por lo menos no se le podí­a imputar una responsabilidad activa en esta aberrante e histórica denegación de justicia.

TIEMPOS MODERNOS

El rol de la Organización de Naciones Unidas en el ámbito internacional también ha variado en los últimos años. Especialmente el papel de su Consejo de Seguridad, cuya función principal es mantener la paz y la seguridad internacionales (3). Así­, de las 34 operaciones de mantenimiento de la paz desplegadas por Naciones Unidas desde 1948 hasta el momento, 16 han tenido lugar a partir de 1991.

Tres de estas operaciones se desarrollan actualmente (1995) en El Salvador, Guatemala y Haití­. Estas operaciones han buscado y buscan poner fin a conflictos armados internos o, en el caso haitiano, desalojar a los militares golpistas. En ellas el problema del respeto a los Derechos humanos ha pretendido ser uno de los pilares fundamentales, y esto ha significado la puesta en marcha de mecanismos de verificación que muchas veces son insuficientes para evitar que se sigan cometiendo tales violaciones en los propios ojos de los observadores internacionales.

Pero, cuál ha sido el tratamiento dado al problema de la verdad y de la justicia dentro de estas operaciones? Cuales han sido los mecanismos utilizados, su alcance y su contribución en los procesos de paz y de democratización? Es posible evitar que las misiones de Naciones Unidas se conviertan en uno de los más grandes y vergonzosos mecanismos de impunidad?

Una primera aproximación al problema no nos deja muy optimistas: tanto en El Salvador como en Haití­ sendas leyes de amnistí­a a los responsables de violaciones a Derechos humanos han sido promulgadas. Mientras en El Salvador, tal ley de amnistí­a fue promulgada luego de que la Comisión de la Verdad rindiera su informe, en Haití­ esta ley ha sido anterior a la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia.

En El Salvador a partir julio de 1991 una misión de observación de Naciones Unidas ha sido desplegada con el fin de consolidar la paz y supervisar los acuerdos de paz entre el gobierno y el FMLN.

En el Acuerdo de México del 27 de abril de 1991 se previó el establecimiento de una Comisión de la Verdad la cual recibirí­a un mandato preciso en el Acuerdo de Paz de Chapultepec del 16 de enero de 1992. La Comisión investigarí­a los hechos graves de violencia ocurridos desde 1980, esclarecerí­a y superarí­a todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, todo esto con el fin de que los tribunales de justicia apliquen “a quienes resulten responsables, las sanciones contempladas por la ley” (4). La Comisión de la verdad realizarí­a una amplia labor de investigación, profundizando en varios casos “tipo”, pero dejando por fuera muchos otros casos. Con la ley de amnistí­a las posibilidades de sanción a los responsables identificados se vinieron abajo.

LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE: UN EJEMPLO PATETICO DE IMPUNIDAD

El problema de los escuadrones de la muerte continuará presente en la historia salvadoreña durante mucho tiempo. Este instrumento de terror se generalizó durante los años de la guerra, gracias a que fueron creados, apoyados o tolerados por las autoridades civiles y militares. Sus actuaciones fueron sistemáticas y organizadas, se dirigieron contra la población civil y contra grupos rebeldes, y se concretizaban en el secuestro, tortura, asesinato o desaparición de las ví­ctimas.

Dentro del proceso de paz era necesaria la identificación de tales estructuras y la de sus miembros, instigadores y patrocinadores. Por su misma naturaleza, tales estructuras pueden yacer latentes dentro de la sociedad y pueden reactivarse cuando sus usuarios las consideren necesarias. Ellas pueden mutar sus rasgos caracterí­sticos e “invernar” bajo la forma de rentables organizaciones criminales encubiertas por sectores del Estado.

Una de las principales caracterí­sticas de los escuadrones de la muerte en El Salvador fue su estrecha relación con las élites en el poder y con los cuerpos represivos del Estado. Contaron con la participación de miembros de la Policí­a Nacional, el Ejercito, la Guardia Nacional y la Policí­a de Hacienda, con grupos privados y semioficiales, los cuales fueron apoyados por los servicios de inteligencia militares.

El tristemente famoso ex_Mayor D’Aubuisson creó desde 1979 varios escuadrones de la muerte, y contó con el apoyo de ricos terratenientes y empresarios aún más allá de las fronteras salvadoreñas. Así­, los patrocinadores de los escuadrones también se encontraban en Guatemala y en los Estados Unidos. En la mayorí­a de las unidades militares, las secciones II (inteligenia) contaban con sus propios escuadrones, aunque serí­a más adecuado hablar aquí­ de operaciones encubiertas propiamente dichas.

Podemos distinguir tres etapas en el proceso de investigación de los escuadrones de la muerte, promovido dentro del marco de la misión de paz de Naciones Unidas:

PRIMERA: La investigación realizada por la Comisión de la Verdad.

Este organismo recibió 817 casos de ví­ctimas de secuestros, desapariciones y ejecuciones atribuí­dos a los escuadrones entre 1980 y 1991 (5). Pero en su informe final la Comisión solamente dió cuenta de 4 casos _ entre ellos el asesinato de Monseñor Romero _ los cuales ocurrieron entre 1980 y 1981. Quedó de esta manera un vací­o de 10 años sin investigar, cuyas consecuencias muy pronto se harí­an sentir. La Comisión no desconoció, sin embargo, la gravedad del problema y recomendó que se emprendiera “de inmediato una investigación a fondo” (6) dado el inminente peligro de una reactivación de los escuadrones.

SEGUNDA: La investigación del Grupo Conjunto

Cuando corrí­an el último trimestre de 1993 y los primeros meses de 1994 se produjeron una serie de asesinatos y atentados selectivos. La campaña electoral para las denominadas “Elecciones del siglo” se encontraba en pleno auge. Los asesinatos tení­an todas las caracterí­sticas de las operaciones de los escuadrones: grupos de hombres vestidos de civil, a bordo de vehí­culos sin placas, con información precisa sobre la ví­ctima y su itinerario y que desplegaban un operativo calculado milimétricamente. Pero una innovación se producí­a: esos grupos tan experimentados, habí­an desarrollado técnicas criminales que les permití­an crear escenarios de delincuencia común (un atraco, un asalto, un acto de vandalismo) dentro del cual se ejecutaba un crimen polí­tico.

La creación de un ambiente de inseguridad favorecí­a las acciones de estos grupos así­ como a quienes pretendí­an retardar el proceso de desintegración de la corrupta Policí­a Nacional (para ser cambiada por una nueva Policí­a Nacional Civil) y a quienes requerí­an la reactivación de las tareas de orden público y de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Tales hechos forzaron a los actores polí­ticos y a la misión de la ONU a materializar la recomendación de la Comisión de la Verdad creando una comisión de investigación que se conocerí­a como el “Grupo Conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación polí­tica”. De entrada, el mandato fue restringido a los hechos posteriores al 16 de enero de 1992, con lo cual se dejó definitivamente sin investigar los hechos no investigados por la Comisión de la Verdad. Esta limitación desconocí­a la naturaleza misma de los escuadrones cuyas raí­ces se encontraban en el protagonismo que tuvieron como mecanismo de guerra sucia en el pasado y estimulaba a sus miembros en la medida en que les otorgaba el beneficio de la impunidad.

El Grupo conjunto realizarí­a sus investigaciones a partir de febrero de 1994 y rendirí­a sus informes a finales de julio del mismo año. Sus investigaciones se realizarí­an en medio de una agitada campaña electoral en la cual los partidos polí­ticos relegaron este mecanismo de investigación, a pesar de ser ellos mismos las eventuales ví­ctimas de tales organizaciones criminales.

La Comisión de la Verdad habí­a recomendado que tal investigación contara con el apoyo internacional de paí­ses amigos. El gobierno de los Estados Unidos de América, ni corto ni perezoso “desclasificó” centenares de documentos de la CIA, del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. En su mayor parte censurados, dichos documentos no podí­an dar mayor información sobre los “escuadroneros” durante el conflicto armado. Así­ lo revelarí­a un periódico nacional que publicaba el curriculum vitae “desclasificado” de D’Aubuisson: el 90% del documendo se encontraba censurado y sólo se podí­a leer datos como el nombre del ex_Mayor, lugar y fecha de nacimiento, nombre de los padres, etc.. Los Estados Unidos no solamente quedaban exentos de pecado, sino que limpiaban su imagen con su colaboración a la paz y la democratización salvadoreña.

Probablemente el efecto más importante del Grupo Conjunto haya sido el de disminuí­r el ritmo de la eliminación fí­sica de los dirigentes de la oposición durante la campaña electoral. Acaso un efecto de “guardaespaldas internacionales” para una coyuntura electoral? Porque a nivel de las bases, los asesinatos “tipo escuadrón de la muerte” continuaban ejecutándose. Las ONGs de derechos humanos, denunciaban vehementemente las ejecuciones en los campos y ciudades. El propio Grupo Conjunto publicarí­a 49 casos (7) de crí­menes con elementos suficientes para señalar la presunta responsabilidad de estructuras escuadroneras.

Con recursos mucho menos importantes y en una coyuntura diferente, los resultados del Grupo Conjunto tuvieron, como los de la Comisión de la Verdad, serias limitaciones. Sin embargo, vale la pena destacar, la investigación hecha en torno a la masacre de 6 personas en una zona cafetalera del departamento de Santa Ana, cometida por miembros del Regimiento de Caballerí­a en desarrollo de una tí­pica operación encubierta. Como en el pasado, las operaciones encubiertas continuaban siendo usadas en El Salvador con fines polí­ticos y de “limpieza social” (algunas de las ví­ctimas habí­an sido señaladas como delincuentes). Como en el pasado y en abierta violación a la Constitución nacional, las Fuerzas Armadas desarrollaban labores de inteligencia relacionadas con seguridad pública y vigilancia de las actividades de la organización polí­tica FMLN. {8}

El mecanismo “Grupo Conjunto” no se encontraba en capacidad de establecer con absoluta certitud todas las reponsabilidades. Existí­an limitaciones en su mandato que entorpecí­an o impedí­an el acceso a varias fuentes de información. No tení­a la misma facultad de acceso a la información que tuviera la Comisión de la Verdad la cual podí­a presentarse en cualquier establecimiento o lugar sin previo aviso.

De esta manera no se investigaron los circuitos bancarios salvadoreños en poder de las castas sociales que se sirvieron tradicionalmente de los escuadrones. Tampoco se investigó a fondo la responsabilidad de las estructuras de inteligencia de los servicios de seguridad del Estado. A este respecto, cabe destacar que a la hora actual se desconoce el paradero de los archivos de inteligencia de las Fuerzas Militares y que cada vez que la nueva Policí­a Nacional Civil (producto de los acuerdos de paz) se hací­a presente en los puestos de la Policí­a Nacional para reemplazarlos, los miembros de la Policí­a Nacional se retiraban llevándose TODOS sus archivos. Toda esa información sobre la oposición recogida durante los años de la guerra y luego de los acuerdos de paz, podrí­a ser una grave amenaza a paz si los sectores retardatarios del Estado decidieran utilizarla.

TERCERA: paso a las autoridades nacionales.

El Grupo Conjunto producirí­a dos informes: el que hemos mencionado antes, que fue hecho público el 28 de Julio de 1994, y uno confidencial. En el informe confidencial se transmití­a la “noticia criminal” a las autoridades nacionales para que estas continuaran las investigaciones correspondientes. Se desconoce cual haya sido el trámite dado a cada caso, pero una lectura de la situación al momento de la entrega del informe, no nos deja muy optimistas.

Con un aparato judicial poco independiente, con jueces sometidos a presiones de sus superiores y con carencias de recursos, difí­cilmente los jueces honestos de El Salvador, podrán adelantar investigaciones que tocan la alta cúpula militar o los caciques polí­ticos de su región. Con una nueva Policí­a Nacional Civil formada muchas veces con poco celo al momento de elegir el personal y que toma tí­midamente el puesto de la Policí­a Nacional. Con una Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos sin recursos técnicos e indiferente a las denuncias de las ONGs de Derechos Humanos. Con todo este panorama, la investigación de los escuadrones de la muerte seguramente va a ser postergada en el tiempo o talvez nunca ser realizada con el rigor que necesita.

RECOGER UNA EXPERIENCIA

Así­ pues, la investigación de los escuadrones de la muerte en El Salvador fue perdiendo perfil a tal punto que los responsables de este terrible aparato de guerra sucia gozan hoy de la casi absoluta impunidad. Solo algunos ejecutores materiales, es decir los últimos eslabones de la cadena criminal, se encuentran en prisión gracias al valor de algunos jueces.

La experiencia salvadoreña es de gran importancia para los pueblos latinoamericanos y del Caribe. Los procesos de paz o de transición a la democracia que cuentan con la presencia de Naciones Unidas actualmente, no pueden convertirse en terreno propicio para la impunidad y por esta razón las comisiones u organismos creados para investigar los crí­menes del pasado, deben ser considerados como oportunidades únicas y no simplemente como instrumentos coyunturales de una contienda electoral.

La impunidad es el peor enemigo de la convivencia civilizada entre los hombres. Plantear una “impunidad relativa”, debida a las necesidades de un proceso de paz, nos autorizarí­a también a plantear una “democratización relativa”. O probablemente sea esta “enfermedad vergonzosa” del nuevo orden internacional, un mal necesario para nosotros los pueblos del tercer mundo. Nosotros nos negamos a creerlo.

Lo que nos parece constatar, es que el nuevo orden internacional tiene como contrapartida el desorden interno, la injusticia y la perpetuación del estado de pobreza de los pueblos marginados. Una nueva forma de conjurar los conflictos de baja intensidad ha sido puesta en marcha y las Naciones Unidas se han convertido en la punta de lanza de esta estrategia. La impunidad se consolida dí­a a dí­a como una pieza del engranaje causando graves lesiones en nuestras sociedades, lesiones que, por su naturaleza, dejarán serias secuelas hacia el futuro.

NOTAS:

1. Dos ejemplos nos ilustran este punto: el 16 de abril pasado, la Comunidad Europea condenó las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Rusia en Chechenia, cuando tales violaciones pasaron el lí­mite de lo “intolerable”, tras varios meses de flagrantes violaciones. En abril de 1991 la Comunidad Europea y el Senado de Estados Unidos de América solicitaban que un Tribunal Internacional juzgara a Saddam Hussein por crí­menes de guerra y tentativa de genocidio del pueblo kurdo (Le Monde, 17 y 20 de abril de 1991) Hoy, esas mismas potencias se callan ante la gran ofensiva del gobierno turco contra los kurdos en territorio irakí­.

2.Tal fue el rol jugado por la ley 15.844 del 22.12.86 en Uruguay; las leyes 23.492 del 23.12.86 y 23.521 del 4.06.87, en Argentina; la ley 6.683 del 28.08.79 en Brasil; el decreto 2191 del 18.04.78 en Chile.

3. Art. 24, Carta de las Naciones Unidas (CNU). Según el art. 23 de la CNU, el Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros de las Naciones Unidas, 5 de ellos son miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Estados Unidos de Norteamérica, cada uno de los cuales tiene el “Derecho de veto” sobre las decisiones del Consejo.

4. Art. 5 y 2 del Acuerdo de Paz de Chapultepec.

5. Capí­tulo IV D, 2. Informe de la Comisión de la Verdad para el Salvador.

6. La Comisión de la Verdad en su Informe final dirí­a: “Entre los instrumentos más atroces de la violencia que conmovió al paí­s durante los últimos años, estuvo la acción de grupos armados particulares que actuaron con toda impunidad. Es necesario adoptar todas las medidas que sean precisas para asegurarse del desmantelamiento de los mismos. A la luz de la historia del paí­s, en este campo la prevención es imperativa. El riesgo de que tales grupos renueven su acción siempre existe. La Comisión recomienda “que se emprenda de inmediato una investigación a fondo a este respecto”. Cap. V, II, C.

7. Anexos 3 y 4.

8. En : Informe del grupo Conjunto”. Cap. IV. Caso tipo Ejecución Sumaria colectiva, Cantón Primavera.

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Artí­culo originalmente publicado en la Revista Memoria No 7, de Dokumentations und Informationszentrum Menschenrechte in Lateinamerika ,Nuremberg, en agosto de 1995.

Citar como: Avila Rincón, Calixto Impunidad y Nuevo Orden Internacional: La Experiencia en El Salvador, KO’AGA ROí‘E’ETA se.iii (1995) – http://www.derechos.org/koaga/iii/2/avila.html

Impunidad y Verdad
Ko’aga Roñe’eta, Serie III