Einleitung

Die rechtliche Relevanz der sogenannten “Wahrheitskommissionen” ist evident. Denn ihre Aufgaben und Befugnisse überschneiden sich teilweise mit denjenigen, die herkömmlicherweise staatlichen Einrichtungen wie der Staatsanwaltschaft und der Justiz vorbehalten sind. Die Wahrheitskommissionen haben aber – was anhand dieser Arbeit noch aufgezeigt werden wird – besondere Merkmale, die sie von den vorgenannten Institutionen erheblich unterscheiden.
Die vorliegende Arbeit stellt eine vergleichende Studie zwischen drei lateinamerikanischen Wahrheitskommissionen – Argentinien, El Salvador und Guatemala – dar. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Verhältnis der Wahrheitskommissionen zueinander sowie dem Verhältnis zur Strafverfolgung aus dem Blickwinkel des Völkerrechts. Das erste Kapitel führt in das Thema der Wahrheitskommissionen ein und stellt deren Hauptmerkmale (einschließlich der Rechtsgrundlagen, des Mandats und der Struktur) dar. Im zweiten Kapitel wird das Verhältnis zwischen Wahrheitskommissionen und Strafverfolgung eingehend untersucht. In erster Linie wird hierbei die sich aus dem Völkerrecht ableitende Verpflichtung der Staaten, schwere Menschenrechtsverletzungen – insbesondere Folter, extralegale Hinrichtungen und “Verschwindenlassen” – zu ermitteln, zu richten und zu bestrafen im Einzelnen dargestellt. Im Anschluss daran wird die Position der internationalen Rechtsprechung zu dieser staatlichen Verpflichtung sowie zur Schaffung von Wahrheitskommission aufgezeigt. Abschließend findet eine Darstellung der Positionen der drei untersuchten Wahrheitskommissionen statt.
Im letzten Teil werden einige Einzelfragen – wie die Veröffentlichung der Namen der Täter in den Schlussberichten, die Weiterleitung der gesammelten Informationen und des Berichts an die Justiz zur Einleitung der entsprechenden Untersuchungen sowie die Bedeutung der Berichte und der gesammelten Information für die Gerichte – untersucht und in Zusammenhang mit der Strafverfolgung gebracht. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung sowie Schlussfolgerungen aus der vorliegenden Untersuchung.

Zum Artikel: Die Wahrheitskommissionen in Argentinien, El Salvador und Guatemala

El 26 de marzo de 1984 abandoné mi paí­s, Guatemala. Junto con mi familia, que estaba asilada en la embajada de Ecuador, habí­amos resistido los años más duros. Mis padres buscaban a mi hermano Marco Antonio, un niño de 15 años cuando fue secuestrado por el ejército el 6 de octubre de 1981 para desaparecerlo hasta el dí­a de hoy. Eso nos ató más a esa tierra de miseria y dolor; dejarla también fue abandonarlo a él, fue dejar de vivir, salir a respirar otro aire sin pulmones.

Cuando el cerco se cerró sobre nosotros –léase hombres siniestros de civil, siguiéndonos por calles y avenidas o estacionados en todas las esquinas de ciudad de Guatemala en una pánel blanca- alguien a quien debemos estar aún en este mundo nos tomó y, como pudo, nos salvó la vida dispersándonos por todo el continente. Las circunstancias nos reunieron con los años en Costa Rica, un paí­s que nos resultó propicio para recomponer el alma y, tras la sobrevida y las mutilaciones, lograr vivir de nuevo.

Muy pocas cosas cambiaron en Guatemala tras la firma de los acuerdos de paz en diciembre de 1996. Las condiciones que estuvieron en la base del conflicto interno –pobreza extrema, marginalidad, hambre, desempleo, carencia de tierras- permanecen. La justicia tropieza a cada paso con las trampas tendidas por los poderes ocultos. Los magistrados, jueces y abogados honestos continúan siendo objeto de amenazas y todo tipo de actos hostiles, como los sufridos por la magistrada Mazariegos, de la Corte de Constitucionalidad, y la juez Jazmí­n Barrios, miembro del tribunal que juzga a los acusados del asesinato de Monseñor Gerardi ocurrido en 1998.

En el 2000 ocurrieron decenas de acciones intimidatorias contra los actores de procesos judiciales según la Fundación Myrna Mack, entidad que ha conducido un largo proceso para lograr el castigo contra los militares autores intelectuales del asesinato de la respetada antropóloga en 1990.

Ya no hay conflicto interno –cuya magnitud fue inflada desmedidamente por el ejército para asesinar, masacrar y desaparecer a opositores polí­ticos y a los pueblos indí­genas entre 1978 y 1996-, pero las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil denuncian que –durante el año pasado y en lo que va de este- hay otra vez amenazas de muerte, seguimientos, intervenciones telefónicas y allanamientos con robos a los que se les quiere disfrazar de hechos criminales comunes, pero en los que una parte importante del botí­n es la información almacenada en los discos duros de las computadoras o los archivos de papel. La prensa tampoco escapa de este acoso.

Desde 1966 hubo elecciones, con fraude o sin él, hasta 1982, cuando un sector del ejército se rebeló contra la corrupta camarilla de los generales Romeo y Benedicto Lucas Garcí­a. En esos años, el ejército habí­a perdido el control de la represión y la iniciativa en el combate a la insurgencia; proliferaban grupúsculos armados clandestinos y miniejércitos de guardespaldas que mataban y desaparecí­an a cualquiera, diluyéndose el objetivo contrainsurgente de las fuerzas armadas.

Rí­os Montt desarmó y desarticuló a estos grupos y centralizó, planificó y organizó la represión. Ofreció actuar con apego a la ley y lo hizo, derogando la Constitución y fabricando un estatuto de gobierno a su medida. Además su gobierno emitió leyes ilegales que le permitieron, por ejemplo, condenar a muerte a personas inocentes a través de los llamados “tribunales de fuero especial“ cuya composición era secreta al igual que los procesos, los sitios de reclusión y los propios condenados cuyo paradero se desconocí­a hasta el momento en que iban a ser fusilados.

Rí­os Montt se proclamó a sí­ mismo como el ungido de Dios para gobernar Guatemala. Su discurso fanático y manipulador de sentimientos y temores religiosos –como pastor de una secta evangélica fundamentalista- era recetado por radio y televisión en pequeñas dosis dominicales en las que mezclaba hábilmente citas bí­blicas con mensajes inductores de culpa sobre padres y madres de familia a quienes de antemano achacaba lo malo que pudiera suceder a sus hijos e hijas por no controlar sus actividades ni sus compañí­as. Lo malo no era cualquier cosa; en ese contexto podí­a ser un secuestro, la tortura, la desaparición o la muerte.

Entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983 el paí­s fue asolado por el terror contrainsurgente. Las masacres de civiles en el campo -cuyas ví­ctimas fueron en su mayorí­a indí­genas, sobre todo ancianos, mujeres y niños- eran reportadas como enfrentamientos victoriosos del ejército con la guerrilla. Las cifras de violaciones a los derechos humanos sobrepasan con creces las de sus predecesores y las de quienes le siguieron en el ejercicio del poder.

El momento del relevo llegó en agosto de 1983 en la figura de otro general, Oscar Mejí­a Ví­ctores, quien debido al profundo desgaste y aislamiento que sufrí­a el paí­s encabezó otro golpe de Estado y acabó con lo que quedaba de la oposición a través de métodos selectivos más sutiles quizá, pero con efectos igualmente desmovilizadores y destructivos sobre el tejido y la conciencia sociales.

El secuestro de la verdad, el robo de la democracia y las libertades y la desaparición de la justicia y los derechos humanos no fueron el producto de acciones sutiles. El cierre de los espacios de participación, hecho a sangre y fuego durante los años posteriores a la intervención en 1954 que derrocó arteramente

al gobierno del demócrata Jacobo Arbenz, llevó a una situación en la que cualquier demanda polí­tica, económica o social que difiriera de los planteamientos oficiales se convirtiera en una lucha a muerte, de modo que llegó el momento en que la confrontación fue trasladada al terreno militar, campo en el el ejército tení­a todo a su favor. Si las condiciones polí­ticas descritas –que se sumaron a la miseria y la exclusión en las que viven la mayorí­a de guatemaltecos- no hubieran propiciado el conflicto interno, los militares habrí­an buscado la forma de lograr su objetivo: la eliminación sistemática de todo tipo de oposición mediante acciones perversas que pretendieron justificar con el discurso antisubversivo.

Este largo y despiadado proceso, que termina formalmente en 1996, resultó en el genocidio contra los pueblos indí­genas y la aniquilación de generaciones de hombres y mujeres que desde la polí­tica, la academia, el arte y el trabajo osaron discrepar con sus obras del pensamiento y el actuar totalitarios en una toma de posiciones que fue, en esos años aciagos, un imperativo ético. Estos millares de hombres y mujeres constituirí­an hoy la cantera para la construcción de la democracia y la paz en Guatemala a la par de quienes ahora nuevamente exponen su integridad en la lucha por la justicia.

El fatí­dico baño de sangre sufrido por los guatemaltecos se reduce a unas cuantas estadí­sticas: 440 aldeas arrasadas, más de 600 masacres documentadas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico auspiciada por la ONU, entre 40 000 y 55 000 personas desaparecidas y alrededor de 200 000 muertas.

Todo el horror y toda la tragedia en unas cuantas lí­neas. Todo el dolor causado por las acciones perversas de un grupúsculo de generales y coroneles sanguinarios que, guardando las distancias, solamente encuentran paralelo en las perpetradas por los nazis o por los temibles dictadores africanos como Idi Amí­n. Entre otras fuentes, los informes Guatemala nunca más, del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica de la Iglesia Católica, y Guatemala : memoria del silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, así­ como los testimonios recogidos por el sacerdote jesuita Ricardo Falla en Historia de un gran amor y Masacres de la selva dan cuenta de hechos escalofriantes, difí­cilmente atribuibles a seres humanos en las postrimerí­as del siglo XX, que, guarecidos por el mandato de silencio emanado del poder y acatado por las ví­ctimas y la sociedad entera, posibilitaron la más absoluta impunidad para sus ejecutores.

¿Cómo alguien tan cruel y sanguinario como el genocida Rí­os Montt fue electo diputado y presidente del Congreso? La sujeción al autoritarismo, tan arraigado en Guatemala, puede ser una de las explicaciones. El intenso terror vivido por los guatemaltecos pudo haber movido irracionalmente a una parte de la población a votar por el general para no exponerse al castigo al que darí­a lugar su desafección. Es una interpretación posible de hechos como que él y su partido, el Frente Republicano Guatemalteco, ganaron en Quiché, el departamento más castigado con los operativos de tierra arrasada y las masacres.

Además del miedo y una cultura de la violencia transmitidos de generación en generación, también sus simpatizantes en las zonas rurales, casi todos antiguos miembros de una peculiar milicia que llegó a reducir a un millón de campesinos indí­genas, se encargaron de sembrar amenazas contra los detractores del general, sumando condiciones “objetivas“ a la subjetividad cautiva del autoritarismo de modo que se propiciaron las circunstancias que favorecieron su triunfo. El resultado es un coctel populista/izquierdista-autoritario “jefeado“ por las dos cabezas del actual gobierno guatemalteco: el presidente Alfonso Portillo y el general Rí­os Montt.

En su campaña, Rí­os Montt prometió “no mentir, no robar y no abusar“, pero su costumbre de apegarse a la ley cambiándola a su conveniencia lo traicionó esta vez. En junio fue alterado el texto de la Ley del impuesto a las bebidas alcohólicas reduciendo de forma fraudulenta las tasas acordadas por el pleno del Legislativo. Al igual que en el caso Watergate, con el que ha sido parangonado el escándalo bautizándolo como Guarogate, fueron destruidas evidencias tales como el ví­deo y el audio de la reunión y las notas de las taquí­grafas; también fue modificado el diario de sesiones del Congreso. Los diputados opositores al conocerse el texto falsificado inmediatamente interpusieron una demanda de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia; una periodista tení­a grabados los debates y aportó la prueba material del fraude.

El tortuoso proceso, en el que los imputados recurrieron a diversidad de artilugios para retardar la decisión de la CSJ, culminó en marzo con la aceptación del antejuicio, lo que abrió un capí­tulo inédito en la historia de mi paí­s. Rí­os Montt se enfrentó casi solo a la mayorí­a de la población, incluyendo al CACIF, y a las presiones de la comunidad internacional, sobre todo las provenientes de los Estados Unidos que en forma velada se opone a la continuidad en el poder de alguien que ya no les es útil.

El proceso contra Rí­os Montt y los diputados y el juicio iniciado el 22 de marzo contra tres militares, el sacerdote Orantes y una empleada doméstica acusados del asesinato de Monseñor Gerardi, toca directamente a una de las ramas del poder casi omní­modo instalado en Guatemala desde hace largo tiempo: el ejército.

En Guatemala no existe un ejército profesional, apolí­tico y no deliberante, como lo establece la Constitución de la República. Se trata de una formación perversa vinculada estrechamente a los más grandes intereses económicos nacionales, representados por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrí­colas, Industriales y Financieras (CACIF), y de las potencias extranjeras, los que ha salvaguardado con los suyos. Según lo poco que se conoce de él, en su interior se libran fuertes luchas de poder entre diversas facciones.

Una de ellas, “la cofradí­a“, agrupa a coroneles y generales miembros de las estructuras de inteligencia -como la temida G-2, durante las décadas de los 70, 80 y 90- responsables de millares de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Algunos de estos personajes actualmente ostentan cargos públicos como ministros, diputados y asesores presidenciales. Entre ellos se cuentan el ministro de Gobernación Byron Barrientos, miembro de la G-2 desde la década de los 70 y obligado al retiro por haber participado en un intento de golpe contra el gobierno de Vinicio Cerezo; y, Jacobo Salán, miembro de la cofradí­a, jefe del Estado Mayor Presidencial hasta agosto de 2000 cuando renunció para evitarle más problemas a su amigo Alfonso Portillo, según declaró, debido a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos condicionó una posible visita de Bill Clinton. Salán es ahora asesor no declarado de Barrientos. en Gobernación.

Ese poder oculto es el señalado por distintos sectores en Guatemala como el que está reaccionando de modo tan violento contra jueces y magistrados y contra cualquier otra persona u organización que lo enfrente. Es un poder que se ha mantenido intacto y pese a las denuncias reiteradas y las demandas judiciales interpuestas en casos de violaciones de derechos humanos, casi ninguno de sus miembros ha sido investigado o procesado por sus crí­menes. Continúa persistiendo a la sombra de un poder público copado por politiqueros cí­nicos, corruptos y oportunistas en su mayorí­a y constituye un remanente del pasado que reverdece y se acrecienta alimentado de impunidad, corrupción, linchamientos, debilidad institucional, ausencia de procedimientos de rendición de cuentas y la carencia de elementos no menos importantes como honestidad, transparencia, veracidad y respeto a las leyes de parte de quienes gobiernan.

Lo ocurrido en Guatemala fue devastador; costará mucho esfuerzo y tomará varias generaciones revertir el daño sufrido por todos, ví­ctimas y victimarios, sometidos a un proceso de deshumanización del que nadie salió indemne y durante el que se violentaron extremadamente y por tan largo tiempo las normas más elementales de la convivencia humana.

En una situación lí­mite en la que prevaleció el sálvese quien pueda, se afincaron y fortalecieron modos de vida y pensamiento ligados al autoritarismo y la violencia, favorecidos por la tendencia depredadora establecida en el poder. Así­, la solidaridad y los fines más altos de la sociedad humana fueron desvirtuados, pervertidos y anulados.

En ese contexto y con tales antecedentes, el proceso seguido contra el general Rí­os Montt era determinante para el rumbo del paí­s en el corto plazo. Contra toda esperanza, el 24 de abril del corriente un juez le exoneró de responsabilidad en la alteración de la ley aduciendo que él no estuvo cuando el plenario del Congreso la aprobó originalmente.

Esta vergonzosa decisión –en la que más que el derecho y la justicia prevalecieron la componenda y el humano temor que parte de la constatación de que se posee un cuerpo agujereable y sangrante- es un golpe más contra cualquier intención que exista todaví­a de establecer un real estado de Derecho en Guatemala. Lo contrario hubiese demostrado el surgimiento de una voluntad polí­tica hasta ahora inédita en mi paí­s, marcando el inicio de un proceso de construcción de la institucionalidad y la civilidad en una tierra que continúa siendo el botí­n de unos pocos uniformados, politiqueros, transnacionales y criollos oligarcas. ?

“Lo ocurrido en Guatemala fue devastador; costará mucho esfuerzo y tomará varias generaciones revertir el daño sufrido por todos, ví­ctimas y victimarios, sometidos a un proceso de deshumanización del que nadie salió indemne y durante el que se violentaron extremadamente y por tan largo tiempo las normas más elementales de la convivencia humana.“

Desde que en 1989 se fundara el Centro de Documentación e Información sobre Derechos Humanos en América Latina, (DIML) su logotipo que aparece también en la tapa de la revista “memoria”, ha sido una fotografí­a de Benito Ramí­rez del pueblo guatemalteco de Todos Santos Cuchumatán. En el número 1/2 de “memoria”, de 1990, explicamos la historia de esta foto, tal como la conocí­amos en ese momento por la información ofrecida en el libro de fotografí­as tomada por Hans Namuth. También explicábamos el motivo porqué la elegimos como sí­mbolo de nuestros esfuerzos de rescatar la memoria.

En el número 10 de la revista, aparecida en 1998, contamos la historia de cómo, con la ayuda del profesor Robert Sitler de Florida, Estados Unidos, nos enteramos de que quien hasta entonces sólo era una fotografí­a para nosotros, seguí­a con vida, y vida activa además, en su pueblo natal de Todos Santos Cuchumatán en el norte de Guatemala. Este año, por fin, tuvimos la oportunidad de encontrar a Benito Ramí­rez en carne propia en su pueblo, platicar largo rato con él, escuchar su historia, la de Todos Santos y también la de las fotos de Hans Namuth, quien hace una década ya murió:

Nacido en 1915 en Alemania, el joven Hans Namuth se hizo parte de un grupo antifascista en los tiempos en que el partido nazi llegó al poder. Pudo huir al tiempo, es decir a la edad de 17 años, a Francia. Más tarde, junto con su entrañable amigo Georg Reisner fue a la España de la guerra civil donde ambos trabajaron como fotógrafos por el lado de los republicanos. Desesperados por la represión comunista contra todo movimiento disidente dentro de las filas de izquierda, ambos regresaron a Paris en 1937 donde fueron internados en 1939 al comenzar Alemania la guerra contra Francia. Al final de viajes peligrosos por muchos paí­ses, Namuth llegó finalmente a Estados Unidos. Su amigo Reisner se suicidó.

Desde Nueva York, durante muchos años Hans Namuth ha visitado el pueblo de Todos Santos, tomando fotos de casi todos sus habitantes. „Hans Namuth volví­a casi todos los años, siempre traí­a las fotos que habí­a tomado. Se las mostró a la gente y la gente entonces se recordaba, de los trajes, de las fiestas, de como se emborracharon, se divertí­an mucho,“ nos cuenta Benito. „Un dí­a vi a Hans y a su esposa cómo estaban tomando fotos a distintas personas en el Convento. Cada persona se presentó con diferentes motivos. Unos se presentaban con animales, otros lo hací­an con una sonrisa. Entonces yo me dije, voy a tomar una foto diferente, y como a mí­ me gustan los libros, me gusta mucho leer, tomé unos libros que habí­a allí­ en el Convento, los puse a mi lado, coloqué otro sombrero y bueno, así­ salió esa foto.“

Las visitas de Namuth a Todos Santos terminaron cuando la violencia en Guatemala se volvió cada vez más sangrienta. ¿Cómo vivió Benito Ramí­rez estos años en que gran parte del norte de Guatemala quedó arrasada por las dictaduras militares? „La violencia en Guatemala es una historia bastante extensa, difí­cil de hablar – comenta pausadamente Benito. Los años 1978-80 en Guatemala habí­a mucha represión y discriminación. Algunos lí­deres entonces tomaron la decisión de reclamar, hablaron de los derechos del hombre en la radio. Me acuerdo muy bien de un hombre que habló de esto en la radio, y a los pocos dí­as desapareció. Todo aquel lí­der que hablaba en contra del gobierno, en contra del ejército, era asesinado o secuestrado. En esa época habí­a en Guatemala los llamados escuadrones del muerte. Vení­an, desaparecieron a la gente y no daban respuesta qué habí­a pasado. La gente era muerta por estos grupos.“

Ante la represión crecieron las filas de la guerrilla, también en la sierra de Cuchumatán:

„De esa manera no era posible trabajar de una manera legal, habí­a que trabajar en la clandestinidad. Y habí­a también unos Todossanteros que entraron en eso, en el trabajo clandestino. Los pueblos que se involucraron más fueron Huehuetenango, El Quiché, Cobán y Chimaltenango, donde el 90 por ciento es indí­gena. Comenzaron a hacer sabotajes, barricadas. El Ejército llegó, y empezaron a matar a mucha gente inocente. Los que estaban involucrados, lo sabí­an muy bien, estaban atentos a cualquier movimiento del ejército, ellos no morí­an. La gente inocente era la que murió“.

En Todos Santos, cuando uno pregunta a la gente sobre las ví­ctimas, la respuesta es por lo general que murieron unas 80 personas, y Benito Ramí­rez lo confirma también. Consultando el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, cuyos 12 tomos se encuentran en la biblioteca municipal de Todos Santos, encontramos 43 ví­ctimas de la violencia polí­tica entre 1980 y 1984, atribuí­das todas menos tres a las fuerzas de la represión. La visión de los todossanteros no sólo es distinta en cuanto a las cifras, lo es también con respecto a los autores. „Yo pienso que un 60% murió por el Ejército, un 40% por la guerrilla. Vení­a el Ejército, mataba personas. Y a la vez, si alguien estaba con el Ejército, también vino la guerrilla y mataron a las personas. Eran dos bandos, ambos malos. Por eso aquí­ en Todos Santos la gente no tiene confianza ni en la guerrilla ni en el Ejército. Hoy dí­a no tenemos confianza en nadie,“ opina Benito.

Pero ví­ctimas no eran solamente los muertos. Cientos de miles de pobladores tuvieron que huir al otro lado de la frontera mexicana. Durante años les tocaba sobrevivir en campamentos precarios, hostigados muchas veces por las autoridades del paí­s donde buscaban refugio. Benito Ramí­rez no escapó del todo de esa situación. Tuvo que salir también. El Ejército quemó su casa, maltratron y amenazaron a su familia, se robaron todo su dinero.

No esperó más. La madrugada del dí­a siguiente salió rumbo a México caminando más de 60 kilómetros sin parar hasta llegar a la frontera. Pasó tres meses en México, no en un campamento de refugiados, sino como otros tantos miles guatemaltecos de manera individual, mezclándose con la población indí­gena de Chiapas. „No me podí­an identificar, porque tengo los mismos rasgos de los indí­genas allí­ de Méjico, iba con el traje de ellos y pude vender producto en el mercado,“ comenta Benito, con una sonrisa entre amarga y burladora.

Cuando Benito volvió a Guatemala, los tiempos todaví­a no habí­an cambiado.“Era un tiempo muy difí­cil, con amenazas y desconfianza. Tuve la buena suerte de poder sacar mi salario de profesor todo el tiempo. Seguí­ trabajando en el colegio, pero no habí­a alumnos en Todos Santos, estuve dando clases en una aldea y trabajando en la supervisión.“

Hoy, sin embargo, en la visión de Benito los tiempos han mejorado. „En aquel entonces no se podí­an tocar temas de polí­tica en la escuela. Hoy en dí­a, en cambio, sí­ ya tocamos estas cosas. Hoy puedes criticar al gobierno, puedes hablar directo y decir cosas que no les gusten, es muy distinto de la época del 82. Con la firma de la paz, todo el mundo puede decir lo que siente, sin recibir amenazas. Si bien hay muchas violaciones de otras cosas, veo que hay bastante libertad de prensa en este momento, nadie muere por sus ideas. La situacion en nuestro pueblo es tranquila, estamos bien, no hay violencia polí­tica. La policí­a se mantiene tí­mida, de eso no hay problema.“

Y sin embargo, el alejado pueblo de Todos Santos en la sierra de Cuchumatán, en abril de 2001 entró a los titulares de la prensa nacional y hasta internacional por un hecho de violencia poco común. De un momento al otro, en pleno centro de la cabecera municipal, una muchedumbre comenzó a atacar a un grupo de turistas japoneses, mató a uno de ellos y también al conductor de bus que acudió en su defensa. Estos asesinatos, que se inscriben en una larga serie de linchamientos en gran parte del paí­s durante los últimos años, revelan algunas de las tensiones que se viven especialmente en el campo de la Guatemala posguerra. ¿Qué habí­a sucedido? Escuchemos la versión de Benito Ramí­rez:

„Todos Santos es un pueblo pací­fico, con muy buena gente, amable, y creo que lo sigue siendo. No son agresivos, yo no culpo al pueblo de Todos Santos por lo que pasó con el linchamiento del turista japonés. Yo culpo a la

prensa nacional y la radio nacional. Porque una semana antes se dijo que existí­a un grupo religioso que practicaba el satanismo, y corrí­a la bola de que posiblemente Todos Santos era el lugar a donde irí­an por su actuación. Entonces se decí­a que los niños no fueran a la calle, que los padres se responsabilizaran de ellos, en la prensa regional salieron estas cosas, yo tengo todaví­a los recortes de la prensa. También hubo unas maestras monolingües mam que atizaron el pánico. “šMañana vienen los satánicos‘, decí­an en las aulas, “švan a sacar los corazoncitos de los niños‘. Se creó toda una psicosis. La gente pensó incluso que actuaba muy bien, que habí­a defendido a su pueblo. Cuando se dieron cuenta de su error, reaccionaron y reflexionaron. Después de los hechos se habló mucho y preguntábamos quién habí­a perdido su niño, quién habí­a sufrido un daño por los supuestos satánicos, y nada. Todo era falso, y la gente se dio cuenta y se arrepintió“.

“El primer mes ya no vinieron turistas, pero hoy en dí­a ya han regresado, todo es normal. Fue un momento lamentable, por todos los chismes. Hemos pasado por un mal momento. Pero ya ha pasado. Hemos consultado con el alcalde, hemos reunido dinero para darle a la familia del chofer que falleció por las agresiones. Si bien no lo fuimos, nos sentimos culpables de ese linchamiento. Por eso yo creo que es difí­cil que algo así­ hoy en dí­a se repita en todos Santos. Creo que la lección fue bien aprendida, todos se arrepintieron de su actitud.“

Lamentablemente las personas que participaron directamente, se fueron a México o Estados Unidos y allá están, mientras que acá los que están en la carcel son los inocentes. Participaron directamente en el linchamiento talvez unas 15, 20 personas, los demás eran observadores. Hay algunos que están todaví­a acá, yo los conozco, pero qué hay que hacer. Mejor que Dios haga su justicia, pero yo no. A mi me preguntaron qué sabí­a, pero no.“

Benito Ramí­rez no tiene mayor confianza en los caminos de la justicia terrenal. Con mucho escepticismo observó también les esfuerzos de esclarecer los crí­menes del pasado. Como tantos guatemaltecos trata volver la mirada de un pasado de horrores hacia un presente y un futuro nada perfectos pero en todo caso mejor. No tiene confianza ni esperanza en que la mirada hacia el pasado, el trabajo de la memoria den frutos o puedan contribuir en algo de importancia para un mejor presente y futuro.

Esto era un punto difí­cil en la conversación para nosotros quienes desde el inicio del Centro de Derechos Humanos hemos enfocado nuestro trabajo en la importancia de la memoria y la lucha contra la impunidad. Pero sabemos que el pensar de Benito Ramí­rez refleja el de muchos guatemaltecos en un paí­s donde el gobierno no hace caso ni siquiera a los informes tan escrupulosamente investigados como los de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH o del Proyecto REMHI de la iglesia católica.

Veamos los puntos de vista del profesor Benito Ramí­rez que cree en la pedagogí­a más que en la justicia: En la biblioteca municipal están los 12 tomos del Informe de la CEH. Desde la junta directiva de la biblioteca – “yo soy el presidente de la junta – hicimos el pedido. Minugua está enviando estos libros a donde se hacen pedidos. Pero la gente no se dio cuenta. El pueblo guatemalteco es un pueblo en gran parte analfabeto. Ellos desconocen todos los acuerdos de paz, los principios y los ideales de este acuerdo. No ha habido un proceso de ilustración y educación sobre eso. Sobre esto hay que trabajar bastante. Yo soy parte de ese esfuerzo, quiero que la gente conozca cuales son sus derechos y obligaciones, pero todaví­a no hay un programa que se dedique a este tipo de orientación, la gente no sabe. Lo que ya pasó ha pasado pués. No logramos nada con que los muertos vengan o que se aclare. Es mejor trabajar no por el pasado sino por el presente.“

Cuando encontramos a Benito en su pueblo, vestí­a el mismo traje tradicional que lucí­a en la foto de Hans Namuth, con las ligeras modificaciones que el pueblo ha aceptado en las décadas que pasaron desde entonces. „A mí­ me gusta usar mi traje tradicional – nos cuenta Benito – cuando yo visto otro traje, no me siento todossantero, siento que no estoy completo.“

No pudimos resistir tomarle unas fotos en el mismo lugar donde 30 años antes Hans Namuth habí­a logrado sus tomas magistrales. El resultado, como se puede observar, demuestra que la fotografí­a es un arte que requiere algo más que una cámara y la luz del altiplano, y que el maestro Namuth era dueño de ese algo más. No importaba esto a nosotros ni a Benito. Todos estábamos contentos de escuchar nuestras historias, de cómo fue lo de las fotos de Hans Namuth, y cómo llegó la foto de Benito Ramí­rez a la carátula de la revista „memoria“ de Nuremberg.?