Von 1980 bis 2000 durchlitt das Andenland Peru seine bisher gewalttätigste Epoche seit den südamerikanischen Unabhängigkeitskriegen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ein durch die Guerillabewegung Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) initiierter „Volkskrieg“ gegen Staat und Regierung und die darauffolgenden kontrasubversiven Maßnahmen des peruanischen Militärs resultierten in massiven und systematischen Menschenrechtsverletzungen sowie zahllosen Überschreitungen des Humanitären Völkerrechts. Vor allem Perus ländliche Bevölkerung im südlichen und zentralen Andenhochland geriet ins Kreuzfeuer der bewaffneten Akteure: Zehntausende wehrloser Zivilist/innen wurden in Massakern getötet, außergerichtlich hingerichtet oder „verschwanden“ spurlos. Das Schicksal vieler dieser Opfer ist bis heute nicht geklärt. Die 2001 eingesetzte Wahrheits- und Versöhnungskommission untersuchte die Ausmaße sowie Ursachen und Hintergründe von Krieg und Gewalt und unterbreitete der Regierung zahlreiche Empfehlungen zur Wahrheitsfindung, der strafrechtlichen und gesellschaftlichen Aufarbeitung der begangenen Gräueltaten, der Wiedergutmachung für die Opfer und deren Angehörige sowie zur Demokratisierung des Landes. Einerseits ist seither vieles erreicht worden, oft in mühseligen kleinen Schritten, aber andererseits ist noch nicht abzusehen, inwieweit die gesteckten Ziele konsequent weiterverfolgt werden und inwieweit in Peru eine präventive Menschenrechtspolitik geführt werden kann. Letzteres gilt auch für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten der Bürger/innen.0cc974a6a7674e969b378bca78d330e1

Zum Artikel (PDF): Der Krieg im anderen Land – Perus Aufarbeitung von zwanzig Jahren Gewalt und Menschenrechtsverletzungen

„Die beste Entschädigung, die den so entsetzlich traumatisierten
Menschen gegeben werden kann, ist die
Garantie vollständiger und gleicher Bürgerrechte und
ihre Anerkennung als menschliche Wesen in Würde.“
Albie Sachs (1)

Die Wahrheits- und Versöhnungskommission

Im September 2001 begann in Peru eine „Wahrheits- und Versöhnungskommission“ (im Folgenden auch: CVR) ihre Arbeit. Sie war, einer langjährigen Forderung vieler Menschenrechts- und Opferorganisationen folgend, von Präsident Valentí­n Paniagua am 4. Juni 2001 einberufen worden, der im Jahr zuvor nach dem plötzlichen Zusammenbruch der zehnjährigen Herrschaft von Präsident Alberto Fujimori vom Kongress übergangsweise mit der Regierung beauftragt worden war. Im Decreto Supremo Nº 065-2001-PCM wurden die Aufgaben und Kompetenzen der Kommission festgelegt. Kurz darauf wurde in den ersten freien Wahlen seit 1990 Alejandro Toledo zum Präsidenten gewählt, der in einem neuen Dekret (101-2001-PCM) am 4. September des gleichen Jahres die Kommission erweiterte und ihre Aufgaben bestätigte.

Zum Artikel: „… vergessen, dass sie zu töten gelernt hatten“. Perus Wege zur Aufarbeitung der Vergangenheit

1 Albie Sachs: „Reparation: Political and Psychological Considerations“, in: Psycho-Analytical Psychotherapy in South Africa, 2, 1993: 23, zitiert in: Villa-Vicencio 2000: 207.

Dirección: Av. Trinidad Morán 286, Lince, Lima 14, Perú.

Telefax : 00(51 1) 421 47 47; 421 4730
Email: fedemail@terra.com.pe

IMPUNIDAD PARA VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS:
MINISTERIO PÚBLICO DICE QUE SUS CRÍMENES PRESCRIBEN

Una polémica decisión, por sus implicancias gigantescas respecto de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos 20 años, adoptó el Fiscal Mateo Castañeda Segovia, titular de la Tercera Fiscalí­a Provincial Penal de Lima, con fecha 7 del presente mes, noviembre 2003.

El Fiscal mencionado, mediante resolución que se nos ha notificado hace tres dí­as, declara que la tortura y otros delitos cometidos por agentes de la policí­a, el año 1993, en agravio de Luis Alberto Cantoral Benavides, han prescrito. En consecuencia, ha ordenado el “ARCHIVO DEFINITIVO” de la investigación iniciada el año 2001, incumpliendo así­ la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el caso en cuestión, ordena investigación, procesamiento y sanción penal contra los responsables.

Cómo se recordará, el 18 de agosto de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado peruano por violación del debido proceso, torturas y otros actos ilí­citos cometidos en agravio del estudiante Luis Alberto Cantoral Benavides. Cantoral fue detenido arbitrariamente en febrero de 1993, torturado y condenado sin pruebas por actos de terrorismo. Permaneció detenido durante cuatro años hasta 1997, año en que salió en libertad al ser entonces indultado. La Corte Interamericana al declarar la responsabilidad del Estado peruano ordenó, además de la reparación consiguiente, que se investigue y sancione a los responsables de estos delitos.

FEDEPAZ, organismo de derechos humanos que defiende a Cantoral desde los años en que estuvo detenido, considera que la decisión del Fiscal Castañeda es contraria a derecho y compromete la responsabilidad Internacional del Perú. Con esta resolución, el Ministerio Público pone en cuestión las investigaciones en materia de derechos humanos sobre hechos ocurridos en las décadas pasadas que ahora se llevan adelante y estarí­an permitiendo la impunidad para los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Con ello, además, se estarí­a poniendo un obstáculo infranqueable a muchas de las investigaciones que deben iniciarse a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

FEDEPAZ, ha impugnado la resolución aludidan ante la Fiscalí­a Superior y ha enviado comunicaciones a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que estas se pronuncien.

La resolución del Ministerio Público vuelve a reabrir un debate que se consideraba zanjado con la sentencia emitida por la Corte Interamericana, el 14 de marzo de 2001, en el caso Barrios Altos. En ella, la Corte estableció que “son inadmisibles las disposiciones de amnistí­a, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho Internacional de los Derechos Humanos” (párrafo 41).

El texto de nuestro recurso de queja se enví­a como anexo de este Fedepaz electrónico No. 1.

Con el ruego de su difusión. Para mayor información contacte Fedepaz.

Lima, 21 de noviembre de 2003.

Dr. Walter Chiara B., Dr. José Burneo L.

Investigación Nº 546 – 2000
Formulamos recurso de queja

SEí‘OR FISCAL DE LA TERCERA FISCALIA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA:

Walter Chiara Bellido, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima Nº 22177; Iván Bazán Chacón identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima Nº 12388; José Burneo Labrí­n identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima Nº 7355 y Rosa Quedena Zambrano identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima Nº 13000, abogados de Luis Alberto Cantoral Benavides, en la investigación abierta en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia de fecha 18 de agosto de 2000 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; atentamente, me presento y digo:

Que, al amparo del artí­culo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, interponemos Recurso de Queja contra la resolución de fecha 7 de noviembre de 2003, notificada el 24 de noviembre del presente año, emitida por el Fiscal de la Tercera Fiscalí­a Provincial en lo Penal de Lima, de acuerdo a los fundamentos que a continuación exponemos:

I. Las normas de prescripción relativas a violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales que obligan al Perú y carecen de efectos jurí­dicos.

a) La manifiesta incompatibilidad de la decisión fiscal con las obligaciones internacionales del Estado peruano

En el presente caso, señor Fiscal Provincial, la materia objeto de investigación no es la comisión de delitos comunes sino de delitos que han violado gravemente los derechos humanos de Luis Alberto Cantoral Benavides. Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la sentencia de fondo emitida el 18 de agosto de 2000, determinó la responsabilidad internacional del Estado peruano con respecto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en agravio de Luis Alberto Cantoral Benavides, y entre otros puntos dispuso, en el punto resolutivo número 12, “que el Estado debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta sentencia y sancionarlos.”

Posteriormente, en la sentencia sobre Reparaciones, de fecha 3 de diciembre de 2001, la Corte reiteró, en el punto resolutivo número 9, “que el Estado debe investigar los hechos del presente caso, identificar y sancionar a sus responsables”.

Los instrumentos generales de protección de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, en su art. 2.2 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 1.1, contienen las obligaciones genéricas de cada Estado Parte de adoptar las medidas legislativas o de otra í­ndole que les permitan garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos en tales tratados. Cuando los órganos de supervisión de estos convenios analizan en un caso especí­fico si el Estado respetó o no sus obligaciones contraí­das, evalúan no solo el derecho concreto que se habrí­a violado sino también si de acuerdo a la cláusula general indicada, el Estado tomó las medidas apropiadas para prevenir la violación, o si producida, la investigó y sancionó. Ello se evidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos.

En el caso del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana resolvió en el caso Velásquez Rodrí­guez que

“176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la ví­ctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción (…)” (Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 172)

Igualmente, que es una obligación que merece un esfuerzo serio, en el pleno sentido de la palabra:

“177. En ciertas circunstancias puede resultar difí­cil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurí­dico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la ví­ctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarí­an, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometerí­a la responsabilidad internacional del Estado”.

Dicho de otra manera, existe el deber del Estado de investigar y sancionar las violaciones graves de los derechos humanos. Así­ se deriva de las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial del art. 1.1 en conexión con los artí­culos especí­ficamente violados por derechos reconocidos por este tratado. En caso contrario, al no observar esa obligación, se dejarí­an los hechos en impunidad, tal como lo define la Corte:

“La Corte entiende como impunidad:

la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las ví­ctimas y de sus familiares .

En el caso sub judice, valga recordar que han pasado más de 10 años y aún no se han juzgado a todos los presuntos responsables como ha quedado demostrado” (Sentencia de 7 de junio de 2003, Caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras, párr. 143).

Para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, tratado ratificado por el Perú, el art. 2, inciso 1 obliga al Estado peruano a adoptar medidas para respetar y garantizar los derechos en él reconocidos a las personas bajo su jurisdicción, lo cual comprende también los derechos que la Corte Interamericana encontró que fueron violados al ciudadano Luis Alberto Cantoral Benavides.

El derecho de acceso a la justicia y a un debido proceso

Entre esos derechos se encuentra el de acceso a la justicia y a un debido proceso con las garantí­as judiciales mí­nimas previstas en el art. 8 de la Convención Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, el derecho a la protección de la integridad personal, previsto en el art. 5 de la Convención Americana y 7 del Pacto Internacional mencionado, derechos que se deniegan cuando no se activa el sistema de administración de justicia de un Estado parte, en este caso por omisión del Ministerio Público que ignora un mandato expreso del tribunal supranacional que el Estado peruano se ha comprometido a respetar.

El derecho a la integridad personal

Igualmente, además de la Convención Americana, el Estado peruano ha suscrito y ratificado otros tratados de derechos humanos especí­ficos, como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, ratificada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa Nº 24815 de 12 de mayo de 1988, es decir, con anterioridad a los hechos objeto de investigación fiscal y plenamente vigente y aplicable al caso. Asimismo, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ratificada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa Nº 25286 de 4 de diciembre de 1990. Ambos instrumentos contienen disposiciones expresas, en vigor en el momento de ocurrencia de los hechos, que obligan al Estado peruano a investigar y sancionar las conductas ilí­citas que se hubieran cometido y que la Corte Interamericana ha encontrado fueron perpetradas. El art. 13 de la Convención de la ONU impone el deber del Estado de que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura “tenga el derecho de interponer una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por las autoridades competentes”. A su vez, el art. 8 de la Convención Interamericana mencionada prescribe que “cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal”. En el caso bajo investigación fiscal archivada, no se trata de presunciones de delito sino de hechos ilí­citos comprobados por un tribunal supranacional, por lo cual sorprende la decisión de la Fiscalí­a Provincial en lo Penal.

b) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la incompatibilidad de prescripción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos

En su resolución de 7 de noviembre de 2003, entre otros, el Fiscal Provincial ha fundamentado su resolución de archivamiento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“que los hechos relacionados con la violación de diversos derechos y garantí­as (relacionadas al debido proceso) en agravio de Cantoral Benavides ya fueron materia de una decisión jurisdiccional de un tribunal supranacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado ha cumplido con reparar como es de dominio público.”

“que, los hechos reseñados en la introducción de esta resolución (…) constituirí­an delitos de tortura en la legislación penal actual, sin embargo (…) no es de aplicación al caso en virtud del principio de legalidad y de la aplicación en el tiempo de la ley penal, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polí­tica del Estado en el artí­culo 2 inciso 24.d (…) y el Código Penal en el artí­culo segundo del Tí­tulo Preliminar así­ como en el artí­culo 6.

“que (…) los crí­menes de guerra y crí­menes de lesa humanidad son imprescriptibles en el caso del Perú a partir del 09NOV03 hacia adelante;”

Al respecto, consideramos que, a través de esta resolución, el Ministerio Público, contradice el compromiso del Estado peruano de acatar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, emanadas, en este caso, de la sentencia de la Corte Interamericana y las normas internacionales de carácter general y convencional sobre la materia.

La Corte Interamericana ha establecido que las medidas de prescripción que permiten la impunidad para los responsables de violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurí­dicos, es decir, carecen de validez. Así­, en su sentencia de 14 de marzo de 2001, caso Barrios Altos, señaló que:

“41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistí­a, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” (resaltado nuestro)

“43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artí­culos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda í­ndole para que nadie sea sustraí­do de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artí­culos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistí­a, incurren en una violación de los artí­culos 8 y 25 en concordancia con los artí­culos 1.1 y 2 de la Convención.”

Recientemente, de manera más especí­fica, la Corte Interamericana en su sentencia sobre el caso Bulacio vs. Argentina, de fecha 18 de septiembre de 2003, estableció respecto a las medidas de prescripción que:

“116. En cuanto a la invocada prescripción de la causa pendiente a nivel de derecho interno (supra 106.a y 107.a), este Tribunal ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos73. La Corte considera que las obligaciones generales consagradas en los artí­culos 1.1 y 2 de la Convención Americana requieren de los Estados Partes la pronta adopción de providencias de toda í­ndole para que nadie sea sustraí­do del derecho a la protección judicial74, consagrada en el artí­culo 25 de la Convención Americana.

117. De acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados, ninguna disposición o instituto de derecho interno, entre ellos la prescripción, podrí­a oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Si así­ no fuera, los derechos consagrados en la Convención Americana estarí­an desprovistos de una protección efectiva. Este entendimiento de la Corte está conforme a la letra y al espí­ritu de la Convención, así­ como a los principios generales del derecho; uno de estos principios es el de pacta sunt servanda, el cual requiere que a las disposiciones de un tratado le sea asegurado el efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados Partes75.

118. De conformidad con los principios generales del derecho y tal como se desprende del artí­culo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, las decisiones de los órganos de protección internacional de derechos humanos no pueden encontrar obstáculo alguno en las reglas o institutos de derecho interno para su plena aplicación.

73 Cfr., Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, supra nota 30, párr. 106; Caso Barrios Altos, supra, nota 3, párr. 41; y Caso Barrios Altos. Interpretación de la Sentencia de Fondo. (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83, párr. 15.

74 Cfr., Caso Barrios Altos, supra nota 3, párr. 43

75 Cfr., Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 4, párr. 164; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 5, párr. 112; y Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, supra nota 30, párr. 96.”

Estos criterios jurisprudenciales, que son vinculantes para el Estado peruano, fueron además extendidos en la sentencia de interpretación de 3 de setiembre de 2001 en el caso Chumbipuma Aguirre y otros (Barrios Altos), pues la Corte aclaró que sus fundamentos tienen alcance general. Es decir, se aplican para todos los casos similares. Cuando se trate de graves violaciones a los derechos humanos, disposiciones de Derecho interno como la prescripción, carecen de efectos jurí­dicos.

Así­ lo reconoce incluso un destacado jurista nacional:

“(…) en materia de violaciones de derechos humanos, no existe la prescripción ni la cosa juzgada, ni menos amnistí­as (que deben mantenerse para otros fines)”

c) Existen precedentes en el Perú de no aplicarse disposiciones de prescripción en graves violaciones a los derechos humanos

Es de conocimiento público que en los casos “La Cantuta” y “Barrios Altos”, en donde inclusive existieron resoluciones judiciales de archivamiento de investigaciones judiciales, que a partir de la sentencia en caso Chumbipuma Aguirre y otros (“Barrios Altos”), se han reabierto los procesos penales en el Poder Judicial, con activa participación del Ministerio Público, sin que el elemento de la prescripción haya tenido peso alguno.

Además del presente caso, en otros relativos al Perú existe el mandato de la Corte Interamericana y la obligación emanada de la Convención Americana de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos contenidos en el citado tratado: caso Neira Alegrí­a y otros, caso Durand y Ugarte, caso Loayza Tamayo (en donde existe proceso penal abierto por lesiones graves por denuncia del Ministerio Público, en el Vigésimo Primer Juzgado en lo Penal de Lima), caso Cesti Hurtado, caso Ivcher Bronstein, caso Castillo Páez. La decisión de archivar una investigación que ha sido dispuesta por la Corte Interamericana es un acto que genera responsabilidad internacional del Estado peruano, y será sujeto a la supervisión del mismo órgano supranacional, tal como lo realiza a través de resoluciones de cumplimiento de sentencia en los casos indicados y en caso Cantoral Benavides.

II. La no prescripción de la acción penal relativa a las violaciones graves de los derechos humanos es conforme a lo dispuesto por la Constitución Polí­tica del Perú.

La Constitución Polí­tica del Perú establece en su artí­culo primero un principio fundante del orden jurí­dico y social del paí­s, a saber, que la “defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. Este principio, esencial y orientador del Estado Constitucional Democrático de Derecho, adquiere contenido y contornos definidos a la luz de los derechos de la persona sancionados en los artí­culos segundo y tercero constitucional, los que comprenden, inter. alia, la igualdad ante la ley y el derecho a la justicia. La interpretación de estos derechos deberá hacerse, por mandato constitucional, “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú” (Cuarta de las Disposiciones finales y transitorias).

La obligación estatal constitucional de administrar justicia y, en consecuencia, de perseguir delitos que atentan gravemente contra los derechos fundamentales de la persona humana debe interpretarse armoniosamente con otros artí­culos que podrí­an presentar un aparente conflicto. Así­ es como las amnistí­as y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada (artí­culo 139,13 constitucional), sin que la noción misma de amnistí­a y de prescripción comporten el establecimiento de la impunidad respecto de todo tipo de actos ilí­citos, como las violaciones graves de los derechos humanos. Afirmar lo contrario, que la noción de amnistí­a y de prescripción puede cubrir todo tipo de violación de los derechos humanos, es afirmar un poder estatal ilimitado que va contra los cimientos y fines del Estado Constitucional Democrático de Derecho. Este poder ilimitado viola el artí­culo primero constitucional y normas de jus cogens del Derecho de Gentes que ningún Estado puede desconocer en su orden interno. En este orden de ideas, la Justicia peruana, el Poder Judicial y Ministerio Público han interpretado ya en los casos, por ejemplo, conocidos como “Cantuta” y “Barrios Altos”, que la amnistí­a ilimitada (Leyes 26479 y 26492) carece de efectos jurí­dicos y, por lo tanto, que es procedente dar curso a la acción penal.

La prescripción, como la amnistí­a, no son en consecuencia de alcance ilimitado a la luz de una interpretación armoniosa y sistemática de la Constitución Polí­tica del Perú, acorde con los derechos fundamentales y la interpretación de los mismos sancionados por aquélla. Es pertinente recordar aquí­ lo expuesto por la Defensorí­a del Pueblo a propósito del alcance no ilimitado de la noción de amnistí­a : la Constitución establece normas sustanciales que limitan el ejercicio del poder, destacando entre éstas “los derechos fundamentales que constituyen la expresión de la opción personalista que subordina el Estado y la sociedad al respeto y la defensa de la persona y su dignidad”. Asimismo, siguiendo el análisis efectuado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, “debe tenerse presente que el corolario de las importantes limitaciones impuestas a la soberaní­a de Estados por el Derecho de Gentes luego de la Segunda Guerra Mundial -proscripción del jus ad bellum y especialmente en lo que se refiere a la protección de derechos fundamentales de todo ser humano en todo tiempo y lugar-, es el reconocimiento, por el Derecho Constitucional, de la limitación del poder soberano del Estado en relación a las mismas materias” .

Respecto del alcance no ilimitado de la noción de amnistí­a, válido por los mismos argumentos en lo que se refiere a la prescripción, el Tribunal Constitucional del Perú declaró : “la Constitución (…) tiene que aplicarse en consonancia y coherencia con el resto del ordenamiento constitucional, es decir, la prerrogativa de dar una amnistí­a no es ni puede ser absoluta”. (subrayado nuestro).

III. La inaplicación de la prescripción no afecta el principio de legalidad.

De acuerdo con lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos : “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito” (artí­culo 9). Esta norma que prohibe sancionar penalmente mediante leyes ex post facto actos que antes no estaban incriminados, no debe confundirse con el régimen rationae temporis de la acción penal o de la pena. Este régimen cuya duración varí­a de Estado a Estado, es adoptado por éstos sin que se reconozca, en el derecho penal comparado ni en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, un derecho humano en el delincuente a la impunidad, esto es, a la prescripción. Esto es así­ en la medida que la cuestión relativa a la prescripción es un asunto que en sí­ mismo no altera la existencia de las normas penales incriminantes sino el ejercicio de la persecución penal.

Cabe destacar, que no todas las legislaciones locales tienen prevista la prescripción como una causa de extinción de la acción penal, o esta no alcanza a ciertos delitos. Así­ es como en ciertos paí­ses los delitos comunes más graves son imprescriptibles. “La prescripción de los crí­menes no constituye un derecho esencial de la persona y mucho menos del criminal acusado e incluso condenado; no constituye una exigencia de la justicia misma, consagrada generalmente en las instituciones de los paí­ses civilizados, constituye una práctica de oportunidad convertida en norma en épocas que a menudo son recientes (Graven, “Les crimes contre l´humanité peuvent-ils béneficier de la prescription?”, Revue Pénale Suisse, Tome 81, Pasc. 2, 1965, citado por Fermé, L., op.cit., p.42) .

IV. Interrupción de la prescripción

La resolución del Ministerio Público que pretende sustentarse únicamente en la legislación de derecho interno, prescindiendo de las normas generales y convencionales en materia de derechos humanos de aplicación obligatoria de acuerdo a lo establecido por nuestra Constitución Polí­tica, incurre a pesar de ello en una incorrecta aplicación de las normas del Código Penal.

Así­, prescinde de tomar en cuenta lo establecido por el artí­culo 83 del Código Penal que establece que “La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Publico o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido”.

El plazo de la prescripción respecto a los hechos investigados se ha interrumpido con la actuación ante los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Ello lo ha reafirmado la propia Corte en el caso Las Palmeras:

” (…) eso no puede ocurrir porque el perí­odo de prescripción se suspende mientras un caso esté pendiente ante una instancia de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos”. De no ser así­, se negarí­a el efecto útil de las disposiciones de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados parte. Más aún, si se admite que el tiempo transcurrido mientras un caso se encuentra sujeto a conocimiento en el sistema interamericano sea computado para fines de prescripción, se estarí­a atribuyendo al procedimiento internacional una consecuencia radicalmente contraria a la que con él se pretende: en vez de propiciar la justicia, traerí­a consigo la impunidad de los responsables de la violación” (Sentencia de 26 de noviembre de 2002, párrafo 69).

Por lo tanto, desde la perspectiva de asumir que respecto a los graves delitos investigados era aplicable el plazo de la prescripción previsto en el Código Penal, hipótesis que no asumimos, por los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, la prescripción habrí­a quedado interrumpida por las actuaciones de los órganos de protección referidos. Por consiguiente, no ha corrido el plazo de prescripción sino a partir de la notificación de la sentencia de reparaciones de 3 de diciembre de 2001.

OTRO SI DECIMOS

Reiteramos nuestro domicilio legal en la casilla 4447 del Colegio de Abogados de Lima, Cuarto piso del Palacio de Justicia.

Lima, 20 de noviembre de 2003

Notas:

1. Caso Bámaca Velásquez, Reparaciones, supra nota 153, párr. 64; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 25, párr. 211; y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), supra nota 109, párr. 173.

2. Garcí­a Belaúnde, Domingo. Amnistí­a y Derechos Humanos (A propósito de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos) EN Constitucionalismo y Derechos Humanos. Lima, Grijley, 2002, pág. 127.

3. Defensorí­a del Pueblo, Informe Defensorial No. 57 “Amnistí­a vs. Derechos Humanos: buscando justicia”, aprobado por Resolución Defensorial No. 019-2001 /DP de 30 de mavo de 2001, p. 32.

4. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo I, Capí­tulo 4, nueral 4.2.7.), páginas 211 y ss. In www.cverdad.org.pe

5. Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. No. 013-96-I/TC Lima, de 28 de abril de 1997, Fundamento Cuarto.

6. Citado por Gabriel Caballo, Causa 8686/2000 caratulada “Simón Julio, del Cerro, Juan Antonio sustracción de menores de 10 años, sentencia de 6 de marzo de 2001, párrafo IV.c.1. Juez argentino que resolvió declarar la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad dictadas en Argentina por delitos de lesa humanidad.

Am 28. August stellte die Wahrheits- und Versöhnungskommission dem Land ihren lang erwarteten Bericht über die politische Gewalt zwischen 1980 und 2000 vor. Da der Bericht neun Bände umfasst, hat bisher niemand ausser den Kommissionsmitgliedern den vollständigen Text gelesen. Daher geben wir in diesem Artikel eine Zusammenfassung der Allgemeinen Schlussfolgerungen des Berichtes der CVR (28 Seiten). Ausserdem berichten wir von einigen Kritikpunkten, die gegen den Bericht vorgebracht wurden, sowie von Zustimmung, die der Bericht erhielt.

I.- Zusammenfassung des Berichts

Die Opfer

In den Schlussfolgerungen bestätigt die CVR, dass der bewaffnete interne Konflikt, in dem unser Land von 1980 und 2000 gelebt hat, 69 280 Todesopfer gefordert hat. Diese Zahl ist beinahe doppelt so hoch wie frühere Schätzungen. Die CVR erklärt, dass es “einen deutlichen Zusammenhang zwischen Armut, gesellschaftlicher Randstellung und der Wahrscheinlichkeit, Opfer der Gewalt zu werden, gab. Dies erklärt, warum 85% der Opfer in den Departamenten Ayacucho, Junin, Huanuco, Huancavelica, Apurimac, und San Martin lebten. Die CVR erklärt: “Zusammen mit den sozio-ökonomischen Gräben hat der Prozess der Gewalt die Tiefe der ethnisch-kulturellen Ungleichheiten aufgezeigt, die noch immer in unserem Land herrschen.” Das zeigt sich darin, dass 75% der Opfer Quechua oder eine andere Eingeborenensprache als Muttersprache hatten, und dass 79% im ländlichen Raum lebten. Ausserdem hatten die Opfer im Durchschnitt “einen deutlich niedrigeren Bildungsgrad als der Landesdurchschnitt”. Die traurige Konsequenz daraus ist, dass diese Tragödie “vom Rest des Landes nicht als eigene empfunden oder angenommen wurde.”

Die CVR hält auch fest, dass “im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen bewaffnete interne Konflikte stattfanden, die Organisationen der Opfer sehr schwach waren. Das war so, weil in der Mehrheit der Fälle die Opfer arme Campesinos waren, die wenig über ihre Rechte wissen, nur schwer Zugang zum Rechtssystem, schwache soziale Netze und geringe Kontakte mit der Stadt haben. Diese Schwäche förderte die Straffreiheit der Täter.”

Sendero Luminoso, der Hauptverantwortliche

Die CVR bestätigt, dass Sendero Luminoso (SL) der Hauptverantwortliche für die Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen ist. Die Kommission schreibt SL 54% der Todesopfer zu. Sie beschuldigt SL auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, da die Organisation bei der Durchsetzung ihres fundamentalistischen militaristischen und totalitären Projekts mit terroristischen Zügen”extreme Gewalt und unerhörte Grausamkeit” walten liess und “absoluten Mangel an Respekt der Menschenwürde und des Rechts auf Lebens einschliesslich der eigenen Mitglieder” zeigte. Ausserdem beschuldigt die Kommission Sendero “rassistische Auffassungen und die Idee der Vorrangstellung über eingeborene Völker” zu hegen, sowie “bewusst brutale Reaktionen der Ordnungskräfte gegen die Zivilbevölkerung zu provozieren”. Daher erklärt Salomon Lerner, Präsident der CVR: “Aufgrund ihres imminent kriminellen und totalitären Charakters, der jedes humanitäre Prinzip leugnet, ist PCP-Sendero Luminoso eine Organisation, die als solche keinen Platz in einer demokratischen und zivilisierten Nation, wie die, die wir Peruaner aufbauen wollen, haben kann.”

Die politischen Parteien wurden ihrer Verantwortung nicht gerecht

Die CVR bringt ihre Anerkennung und “Hochachtung für die Führer und Mitglieder demokratischer politischer Parteien zum Ausdruck, die ihr Leben opferten und Misshandlungen erlitten, weil sie ehrlich ihre politischen Pflichten erfüllten.” Die CVR stellt jedoch fest, dass Accion Popular, Regierungspartei von 1980 bis 1985, und die APRA, Regierungspartei von 1985 bis 1990, politische Verantwortung für die Ereignisse tragen, und dass Fujimori, der zwischen 1990 und 2000 regierte, strafrechtliche Verantwortung trägt. Auch die Linke, obwohl sie nicht regierte, trägt Mitverantwortung aufgrund ihrer anfänglichen Zweideutigkeit gegenüber den Subversiven.

Im Falle von Accion Popular (AP) erkennt die CVR an, dass Fernando Belaunde der Subversion in “einer schwierigen Lage” entgegentreten musste, ohne Mitarbeit der anderen politischen Kräfte. “Diese fehlende Übereinstimmung komplizierte die Möglichkeiten einer einheitlichen Antwort auf die subversive Bedrohung enorm.” So “verloren die AP-Regierung und die Opposition wertvolle Zeit, indem sie die Verantwortung für die Ereignisse nach ihrer eigenen politischen Tagesordnung beurteilten.” Die CVR weist jedoch darauf hin, dass die Entscheidung der AP, die Führung des Kampfes gegen die Subversion den Streitkräften zu überlassen (Ende 1982) “einen Prozess der Militarisierung einleitete, der mehr als ein Jahrzehnt dauerte und schwerwiegende Konsequenzen für das Land hatte.” Dies führte dazu, dass 28% der Todesopfer sich in den Jahren 1983 und 84 häufen. Daher “gibt die CVR der Regierung der Accion Popular politische Verantwortung für die vom Staat verübten Menschenrechtsverletzungen”

Mit bezug auf die Partido Aprista Peruano (APRA) erkennt die CVR an, dass Alan Garcia zu Beginn seiner Regierungszeit die antisubversive Strategie ändern und die zivile Kontrolle wiedererlangen sowie eine “Politik des Respekts der Menschenrechte und der Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen” einführen wollte, wie der Fall des Massakers von Accomarca (August 1985) zeigt. Die Vorfälle in den Gefängnissen (18. und 19. Juni 1986) stellen jedoch einen Umschlagspunkt dar, und von da an “handelten die Streitkräfte mit grösserer Selbständigkeit in ihrem Kampf gegen die Subversion”. Die CVR erklärt, dass die “Regierung der APRA schwere politische Verantwortung” sowohl für den Fall der Gefängnisse als auch für die Vertuschung des Massakers von Cayara (Mai 1988) trägt. In diesem Fall erklärte die von APRA-Parlamentsmitglied Enrique Melgar geleitete Untersuchungskommission des Kongresses, dass “das Massaker nicht stattgefunden habe”, was von der APRA-Mehrheit des Kongresses verabschiedet wurde.

Die CVR erklärt, dass A. Fujimori “die antisubversive Strategie der Streitkräfte als seine eigene übernahm”. Weiter heisst es: “Der CVR liegen hinreichende Indizien vor, um zu erklären, dass Alberto Fujimori, sein Berater Vladimiro Montesinos und hohe Beamte des SIN [Geheimdienst] strafrechtliche Verantwortung für die Morde, das Verschwindenlassen und die vom Todesschwadron “Colina” durchgeführten Massaker tragen.” Ausserdem beschuldigt die Kommission seine Regierung, die Medien manipuliert zu haben, damit sie “den ‘Terrorismus’ in übertriebenem Mass als latente Bedrohung darstellten und im Bewusstsein hielten, um den autoritären Stil der Regierung zu rechtfertigen und die Opposition zu diskreditieren.”

Mit bezug auf die Linke erkennt die CVR zwar an, dass “in vielen Teilen des Landes Mitglieder der Linken eine Bremse für das Vordringen des Sendero waren.” Gleichzeitig wirft sie ihr jedoch vor, dass “die Mehrzahl der Organisationen, die nachher die IU (Izquierda Unida) [Vereinigte Linke] bildeten, mit leichten Abweichungen eine Redeweise und Strategie teilten, die die Machtübernahme durch bewaffneten Kampf wählte.” Das führte zu einer “unzulänglichen und oft zu späten ideologischen Abgrenzung von Sendero und speziell vom MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru). Die Kommission weist auch darauf hin, dass “die Linke,und zwar zu Recht, die Menschenrechtsverletzungen des Staates anklagte, jedoch die von den subversiven Gruppen, speziell vom MRTA, begangenen Verbrechen nicht in gleicher Weise behandelte.” Schliesslich kritisiert die Kommission, dass die Spaltung der IU, “den Damm brach, den die IU in breiten Kreisen des Volkes darstellte, und so die Ausbreitung der subversiven Gruppen und später des Fujimorismus begünstigte.”

Auf der anderen Seite weist die CVR darauf hin, dass im Justizwesen “die in ihm vertretenen politischen Kräfte bis zu einem sehr späten Zeitpunkt des Konflikts (1991) keine Initiativen darüber hatten oder zeigten, wie den subversiven Gruppen in umfassender Weise begegnet werden könnte”, und dass nach dem Staatsstreich von 1992 sowohl der Kongress als auch der CCD (Congreso Constituyente Democratico) [Verfassungsgebende Versammlung] “nicht nur ihre verfassungsgemässen Kontrollfunktionen aufgaben, sondern der Verschleierung und Straffreiheit zustimmten und sie förderten” wie es sich am Beispiel der Verabschiedung des Rahmengesetzes über die Amnestie im Juni 1995 zeigte.

Die Verantwortung der Ordnungskräfte

Die CVR “erkennt die harte und aufopferungsvolle Arbeit an”, die die Mitglieder der Streitkräfte und der Nationalpolizei “während der Jahre der Gewalt leisteten. Ausserdem bringt sie ihre aufrichtige Anerkennung für die wertvollen Mitglieder der Streitkräfte und der Polizei zum Ausdruck, die bei der Erfüllung ihrer Pflicht ihr Leben verloren oder Behinderungen erlitten haben.”

Im Fall der Polizei, die zunächst für die Bekämpfung der Subversion zuständig war, stellt die Kommission fest, das sie nicht über angemessene Unterstützung der Regierung verfügte, und dass ihre logistische Ausstattung unzureichend war. Ausserdem erlaubte die Korruption von hohen Polizeibeamten und strategischen Einheiten es nicht, angemessen zu reagieren. Im Mass wie die “militärische Offensive voranschritt, begingen Angehörige der drei Polizeieorganisationen, die in den Notstandsgebieten eingesetzt waren, schwere Menschenrechtsverletzungen.” Daher stellt die CVR fest, dass “sich der Abstand zwischen der Polizei und der Bevölkerung in dem Masse vergrösserte wie die Polizei in den bewaffneten internen Konflikt verwickelt war.” Die Kommission hebt jedoch die Arbeit der DINCOTE (Direccion contra el Terrorismus) hervor, deren geheimdienstliche Tätigkeit die Verhaftung des Führers des MRTA, Victor Polay (Juni 1992) und des Sendero, Abimael Guzman (September 1992) ermöglichte. Die CVR erklärt, dass “diese Verhaftungen einen grundlegenden Beitrag zur strategischen Niederwerfung der Subversion und des Terrorismus darstellten.”

Mit bezug auf die Streitkräfte (FF.AA.) erklärt die CVR, dass “sie die Pflicht hatten, die subversiven Gruppen, die die verfassungsmässige Ordnung der Republik herausforderten und die Grundrechte der Bürger verletzten, zu bekämpfen. Aber die Kommission stellt fest, dass “sie eine Strategie anwandten, die zunächst unterschiedslose Repression gegen die der Zugehörigkeit zum PCP-SL verdächtigte Bevölkerung bedeutete.” Sie stellt auch fest:”In bestimmten Gegenden und Momenten des Konflikts beinhaltete das Handeln der Streitkräfte nicht nur persönliche Exzesse einiger Offiziere oder Soldaten, sondern auch generelle und/oder systematische Verletzungen der Menschenrechte, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verletzungen internationaler Menschenrechtsnormen darstellen.” Die Kommission erkennt auch an, dass “die Streitkräfte später in der Lage waren, während des Prozesses der Gewalt aus ihren Fehlern zu lernen. Das ermöglichte es ihnen, ihre Strategie zu verfeinern, wodurch sie wirksamer wurde und weniger zu massiven Verletzungen der Menschenrechte neigte.”

Andere Verantwortlichkeiten

Die CVR stellt fest, dass die Justiz “ihre Aufgabe nicht angemessen erfüllte. Sie sprach weder Urteile im Rahmen des Gesetzes für die Aktionen der subversiven Gruppen, noch wahrte sie die Rechte der Gefangenen oder beendete die Straffreiheit für die Vertreter des Staates, die schwere Menschenrechtsverletzungen begingen.”

Im Falles der Kirchen erklärt die CVR, dass sowohl die katholische als auch die evangelischen Kirchen ” dazu beitrugen, die Bevölkerung vor Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Die katholische Kirche als Institution verurteilte von Beginn an die Gewalt der bewaffneten Gruppen und gleichermassen die Menschenrechtsverletzungen durch den Staat (“¦) In Departamenten wie Puno, Cajamarca, Ancash, Ucayali oder Amazonas half die Rolle von Priestern, Laien und Katecheten, das soziale Netz zu stärken und eine Schranke gegen das Vorrücken des PCP-SL und die Ausuferung des sogenannten “schmutzigen Krieges” zu errichten.” Die CVR stellt jedoch fest, dass “die Verteidigung der Menschenrechte im Erzbistum Ayacucho nicht stark war”, sondern dass “dieses Erzbistum diejenigen Organisationen der Kirche, die in diesem Bereich arbeiteten, behinderte und Menschenrechtsverletzungen leugnete.” Gleiches stellt die Kommission für Huancavelica und Abancay fest.

Mit bezug auf die Menschenrechtsorganisationen stellt die CVR fest, dass “das Land den Menschenrechtsorganisationen grossen Dank schuldet, denn durch die Ausübung des demokratischen Rechts der Kontrolle der Ordnungskräfte trugen sie dazu bei, einige der brutalsten Aspekte des Konflikts zu kontrollieren sowie breite internationale Solidarität für den demokratischen Kampf des peruanischen Volkes zu gewinnen.”

Über die Medien sagt die CVR, dass zahlreiche mutige journalistische Untersuchungen es ermöglicht haben, viele Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen zu identifizieren. Durch ihre Berichte und Kommentare verurteilten die Medien die subversive Gewalt. Die CVR stellt jedoch fest, dass “die Medien nicht dieselbe Haltung in bezug auf die Untersuchung und Anklage von Menschenrechtsverletzungen hatten (“¦) Es gab Medien, die eine zweideutige Haltung hatten und in bestimmten wichtigen Fällen sogar die willkürliche Gewalt des Staates rechtfertigten.” Die Kommission weist auch darauf hin, dass “in vielen Medien das Thema der subversiven und antisubversiven Gewalt nicht in einer Weise behandelt wurde, die einen wesentlichen Beitrag zur Befriedung des Landes bedeutet hätte”. Dies lag an einer Logik der Gewalt, die eine wenig sensible Behandlung des Themas bewirkte, sowie an “der Vorherrschaft einer kommerziellen Logik, die in den schlimmsten Fällen zu Sensationsjournalismus führte und sich Ende der 90er Jahre mit dem Phänomen der Mega-Korruption und dem Kauf von Medien verkomplizierte.”

Die CVR erklärt, dass die Ronderos (Comites de Autodefensa-CADs) [Selbstverteidigungskomittees] eine zentrale Rolle im strategischen Sieg über SL in ländlichen Gegenden spielten, und dass “das Land deshalb nach wie vor in ihrer Schuld steht”. Gelegentlich jedoch “gingen die CADs über die Aufgabe der Selbstverteidigung hinaus und machten sich, wie Untersuchungen der CVR zeigen, Verbrechen schuldig, die bestraft werden müssen”. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass “die Präsenz des PCP-SL in den Anden sowie die antisubversive Reaktion des Staates alte Konflikte innerhalb und zwischen Kommunen wiederbelebte und militarisierte.”

Schliesslich hält die CVR fest, dass es einen Teil vor allem der städtischen Bevölkerung gab, der die menschenrechtsverletzende antisubversive Strategie guthiess. So sagt die Kommission, dass die Neigung ziviler Regierungen “zu einer militärischen Lösung ohne zivile Kontrolle sich im Einklang mit weiten Teilen der peruanischen Gesellschaft befand, vor allem städtischer Bevölkerung mittlerer Bildungsgrade, die von staatlichen Dienstleistungen profitierte und weit weg von Zentrum des Konflikts lebte. Diese Kreise betrachteten das Problem mehrheitlich mit Gleichgültigkeit oder verlangten eine schnelle Lösung und waren bereit, den ‘sozialen Preis’ in Kauf zu nehmen, den die Bewohner der ärmsten ländlichen Regionen zu zahlen hatten.” Die CVR stellt fest, dass “während der städtischen Offensive des PCP-SL weite Kreise aller Bevölkerungsschichten bereit waren, Demokratie gegen Sicherheit einzutauschen und Menschenrechtsverletzungen als notwendigen Preis zur Beendigung der Subversion zu tolerieren.”

Folgen und Notwendigkeit der Wiedergutmachung

Die CVR sagt, dass dieser schwerste Konflikt unserer Geschichte als Republik “tiefe Spuren auf allen Ebenen des Lebens unseres Landes hinterlassen hat. Die Weite und Intensität des Konfliktes vertieften die schwerwiegenden Ungleichheiten des Landes, zerstörten die demokratische Ordnung, verschärften Armut und Ungleichheit sowie Formen der Diskrimination und des Ausschlusses, schwächten die sozialen und emotionalen Netze und förderten eine Kultur der Angst und des Misstrauens.” Ausserdem führten sie zur “massiven Zerstörung der produktiven Infrastruktur, zum Verlust sozialen Kapitals und wirtschaftlicher Möglichkeiten. Die Departamente, die am meisten unter dem Konflikt litten, belegen heute die letzten Plätze in den Statistiken über Armut und soziale Entwicklung.” Die Kommission sagt, dass “das extreme Leiden Groll erzeugt hat und die mitmenschlichen Beziehungen mit Missgunst und Gewalt gefärbt hat.”

Daher erklärt die CVR, dass es notwendig sei, “die schweren Schäden soweit es möglich ist wiedergutzumachen”. Dazu hat die Kommission ein “Integrales Wiedergutmachungsprogramm” vorgestellt, “in dem individuelle und kollektive, symbolische und materielle Formen der Wiedergutmachung verbunden werden”. Ausserdem erklärt die CVR, dass “der weitere Horizont der nationalen Versöhnung die volle Beteiligung als Bürger für alle Peruaner und Peruanerinnen ist”. Zum Schluss heisst es, dass die Kommission “versteht, dass die Versöhnung auf der persönlichen Ebene und in der Familie, in den gesellschaftlichen Organisationen und in der Neuordnung der Beziehung zwischen dem Staat und der Gesellschaft als ganzer geschehen muss. Die drei Ebenen müssen einem allgemeinen Ziel dienen, das der Aufbau eines Landes ist, das sich positiv als multiethnisch, plurikulturell und mehrsprachig versteht. Diese Erkenntnis ist die Grundlage für die Überwindung der Diskrimination, die die Grundlage für viele Unstimmigkeiten unserer Geschichte als Republik bildet.”

II. Kritik des Berichts

Obwohl seit der Veröffentlichung der Schlussfolgerungen der CVR erst drei Tage vergangen sind, können wir eine Zusammenfassung der Kritik an dem Bericht versuchen:
1.- Einige kritisieren die Methodologie, die benutzt wurde, um die Zahl der Opfer zu berechnen. Alan Garcia (APRA), Rafael Rey (Unidad Nacional) und Victor Garcia Belaunde (Accion Popular) waren die Hauptvertreter dieser Kritik, aber nicht die einzigen. Rey sprach von der CVR als “Lügenkommission”, um dann fortzufahren: “Ich fordere die Mitglieder der Kommission heraus, den Personalausweis, die Geburtsurkunde oder irgendein Dokument zu zeigen, dass beweist, dass es diese Personen gab.” Seine Forderung zeigt, wie weit dieser Herr von der Alltagswirklichkeit der Peruaner entfernt ist.

2.- Es wird auch kritisiert, dass der Bericht die Streitkräfte und Nationalpolizei mit Sendero Luminoso gleichstelle. Dieser Einwand wird wiederum von der APRA, Rey und Barba (Unidad Nacional) vorgebracht, aber auch von der Mehrzahl der Offiziere i.R. des Heeres, der Marine und der Nationalpolizei, die das Empfinden haben, dass der Bericht der CVR die Arbeit der Streitkräfte und Polizei nicht anerkennt. Sie erklären, man müsse verstehen, dass die von den Streitkräften und der Polizei verübten Menschenrechtsverletzungen Auswirkungen des Stress des Krieges und ihrer Unerfahrenheit waren. Ausserdem erklären sie, dass sie das Land vom Terrorismus gerettet haben, und dass anstatt sie zu kritisieren, ihnen den Prozess zu machen und zu verlangen, dass sie das Land um Verzeihung bitten, ihnen Dank zustehe. Eine ernsthafte Lektüre des Berichts würde ihnen zeigen, dass das so nicht stimmt.

3. Es wird gesagt, dass das von der CVR ausgegebene Geld (13 Millionen Dollar) besser für andere Dinge verwandt worden wäre, denn der Bericht tauge nicht. Barba (UN) sagte: “Dieser Bericht sollte in den Müll geworfen werden.” J. Favre, Ex-Präsident des Unternehmerverbandes Confiep ist ähnlicher Meinung. Der Bürgermeister von Lima, Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional) erklärte, das Geld wäre besser verwendet worden, wenn man es ihm gegeben hätte, um Arbeiten in Lima durchzuführen.

4. Es wird kritisiert, der Bericht sei ideologisch gefärbt, da viele der Kommissionsmitglieder aus der Linken kommen. Hier sind die Stimmen von Barba und Rey (Unidad Nacional) und von Vertretern des Fujimorismus am lautesten. Luz Salgado ist so weit gegangen zu sagen: “Die CVR hat genau die im Jahr 2000 von Sendero Luminoso gezeigte Strategie verfolgt: die Schuld gleichzustellen, um die entsprechende Vergebung zu erlangen.” Sie sind aber nicht die einzigen. Garcia Belaunde sagt mit bezug auf die CVR: “Viele von ihnen haben damals dem Sendero Beifall geklatscht und die von ähnlichen Ideologien in anderen Ländern begangenen Verbrechen gerechtfertigt.” Und das unsagbare Kongressmitglied Mufarech (Peru Posible) ist soweit gegangen, darum zu bitten, dass der Kongress die Verbindung der CVR mit Sendero untersuche.

5. AP und die APRA weisen die politische Verantwortung zurück, die ihnen zugeschrieben wird, und der Fujimorismus die ihm zugesprochene strafrechtliche Verantwortung. Während der Feier in Huamanga belästigten Mitglieder der APRA und des Fujimorismus die CVR. Diese Haltung wurde vom Grossteil der auf dem Platz anwesenden Bevölkerung nicht geteilt. Garcia Belaunde seinerseits hat erklärt, der Bericht der CVR sei “einseitig und enttäuschend’. Und leider hat sich auch Ex-Präsident Valentin Paniagua, Führer von AP, von der CVR distanziert.

Generell will keine der Parteien, die zwischen 1980 und 2000 regiert haben, irgendeinen Fehler im Kampf gegen die Subversion unter ihrer jeweiligen Regierung anerkennen. Augusto Alvarez Rodrich sagt dazu: “Viele andere Politiker flüchten sich in irgendeins der im Abschlussbericht der CVR benutzten Adjektive anstatt zum Kern vorzudringen (“¦) Die Unfähigkeit unserer politischen Führer, eine ehrliche Selbstkritik hinsichtlich ihrer Verantwortung an dem Holocaust, der in unserem Land stattgefunden hat und der sachgerecht im Bericht der CVR wiedergegeben ist, zu begehen, lässt eine dunkle Zukunft vorhersehen, in der es nicht möglich ist, mit dem vorgesclagenen Prozess der nationalen Versöhnung voranszuschreiten, der mit der Überwindung diskriminierender Praktiken beginnt. Eine Versöhnung, die noch aussteht, ist sie unserer Politiker mit dem Land.”

6.- Andere kritisieren den “Status”, den die CVR Sendero Luminoso gibt. Mehrere der Kritiker, unter ihnen Alan Garcia, Barba, Rey, Garcia Belaunde haben, ohne wenigstens die Schlussfolgerungen gelesen haben, die wir oben beschrieben haben, erklärt, die CVR stufe SL nicht als terroristisch ein, was nicht stimmt. Sie kritisieren auch, dass von bewaffnetem Konflikt gesprochen wird, denn ihnen zufolge hat es einen solchen nicht gegeben, sondern nur einen Kampf der peruanischen Gesellschaft gegen den Terrorismus des Sendero. Sie sind nicht damit einverstanden, dass Sendero als PCP-SL bezeichnet wird, d. h. als Partido Comunista del Peru-Sendero Luminoso. Ihrer Meinung nach müsste von Sendero als von einer Bande terroristischer Verbrecher gesprochen werden. Darauf hat Kommissionsmitglied Tapia geantwortet, dass in den Handbüchern für den Kampf gegen die Subversion der Streitkräfte von SL als Partei gesprochen wird. Und S. Lerner hat erklärt: “Wenn wir von Sendero sprechen, wollen wir dazu beitragen, dass man ihn verstehen kann, denn nur so kann er bekämpft und besiegt werden. SL war eine Organisation, die nach Macht strebte, und eine Organisation, die nach Macht strebt, ist politisch. Natürlich strebten sie auf gewaltsame Weise und mit kriminellen Mitteln nach Macht.”

7.- Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich gegen das von der CVR vorgeschlagene “Integrale Wiedergutmachungsprogramm”. Es wird gesagt, dieser Vorschlag erwecke unverantworticherweise Verlangen nach Geld in der Bevölkerung, es sei irreal und demagogisch, da der Staat kein Geld habe, es durchzuführen. APRA-Kongressmitglied Mulder sagte, der Vorschlag der CVR “werde den Geldbeutel aller Peruaner ohne Ausnahme treffen. Wieviel wird das kosten? Ein Anheben der Mehrwertsteuer auf 23%?”

III.- Unterstützung für den Bericht

Obwohl die meisten Medien den oben erwähnten Kritikpunkten den meisten Raum gewährt haben, ist die Haltung der Zeitungen El Comercio, Peru 21 und La Republica, sowie des Fernsehkanals Canal N hervorzuheben, die die Arbeit der Wahrheits- und Versöhnungskommission offen unterstützt und versucht haben, der Bevölkerung die Schlussfolgerungen des Berichts und verschiedene Meinungen dazu vorzustellen.

Breite Kreise der Zivilgesellschaft (Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften, NGOs, kirchliche Kreise, verschiedene Persönlichkeiten) haben die CVR ebenfalls unterstützt, zunächst um der Kampagne entgegenzuwirken, die darauf abzielte, die Arbeit der Kommission zu dislegitimieren. Am Tag vor der Vorstellung des Berichtes organisierten sie Mahnwachen in mehreren Orten mit Slogans wie “NUNCA MAS” ["Nie wieder"] und “PARA QUE NO SE REPITA” ["Damit es sich nie wiederhole"] als eine Form, die öffentliche Meinung zu sensibilisieren und ihre Unterstützung für die CVR zu bestärken. Es muss hervorgehoben werden, dass nach Angaben der letzten landesweiten Umfrage von Apoyo (15./16. August) die CVR bisher den Rückhalt der Mehrheit der Bevölkerung (51%) geniesst.

Die Peruanische Bischofskonferenz ihrerseits hat eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie “die ganze nationale Gemeinschaft” dazu aufruft, “diesen Bericht in einer ernsten, friedlichen und respektvollen Atmosphäre aufzunehmen”. Die Bischofskonferenz erklärt: “Peru will die Wahrheit wissen, sucht Gerechtigkeit und sehnt sich nach Versöhnung.” Ausserdem begleiteten Msgr. Bambaren und P. Gustavo Gutierrez die Kommissionsmitglieder bei der Präsentation des Berichtes, sowohl in Lima als auch in Ayacucho. Letzterer erklärte: “Die Kommissionsmitglieder sind für ihre moralische und intellektuelle Qualität anerkannte Persönlichkeiten innerhalb und ausserhalb Perus.”

Auf der politischen Ebene muss hervorgehoben werden, dass trotz des enorm starken Drucks auf Präsident Toledo, die Präsentation des Berichtes zu verschieben oder den Bericht nicht zu veröffentlichen, die Regierung die CVR bis zum Schluss unterstützt hat.
Allerdings hat es unsere Besorgnis erregt, dass sich der Präsident bei seiner Rede zur Entgegennahme der Arbeit der Kommission im Regierungspalast genötigt sah, seine Unterstützung für die Streitkräfte zu bekräftigen. Auch die Eilfertigkeit, mit der die CVR aufgelöst wurde, ohne ihrem Gesuch nach einem angemessenen Zeitraum, um die geordnete Übergabe der gesamten Dokumentation an die entsprechenden Stellen sicherzustellen, stattzugeben, ist beunruhigend.

Erwähnenswert ist auch, dass die Führerin der Unidad Nacional, Lourdes Flores, die Position von Barba und Rey nicht teilt. Sie erklärte zwar, dass sie in der Behandlung der Streitkräfte nicht mit dem Bericht übereinstimmt, “die Behandlung von Sendero Luminoso” erscheine ihr aber gut. Sie hält es auch für “gut, dass sie [die CVR] geschaffen wurde. Die Arbeit ist es wert, sorgfältig gelesen und unterstützt zu werden. Die Kommission darf nicht dämonisiert werden, sondern sollte mit wohlwollenden Augen betrachtet werden. Ich begrüsse ihre Arbeit mit Respekt, auch wenn ich diese Anmerkungen habe.” Eine weitere Person, die ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht hat, ist der Präsident der Region Lambayeque, Yehude Simon

Wir stimmen völlig mit S. Lerner überein, wenn er darauf hinweist, dass die moralische Verpflichtung, die von dem Bericht der CVR ausgeht, “die Verpflichtung ist, Recht zu schaffen und die Wahrheit obsiegen zu lassen, die Verpflichtung, die sozialen Gräben zuzuschütten, die den Hintergrund für das erlebte Unglück bildeten.” Wichtige Kreise der peruanischen Gesellschaft, vor allem in den politischen Parteien, den Streitkräften und der Nationalpolizei, aber auch in der öffentlichen Meinung, weigern sich weiterhin, dies zu akzeptieren. Unsere Verantwortung besteht heute darin, ihnen zu verstehen zu geben, dass das der Weg ist, auf dem Peru beginnen kann, seine Wunden zu heilen, und der einzig gangbare, um die Grundlagen dafür zu schaffen, dass sich die zwischen 1980 und 2000 stattgefundene Tragödie nie mehr wiederholt. Das wäre die beste Ehrung für alle diejenigen, die ihr Leben verloren haben, oder durch das Leiden, das sie ungerechterweise erleben mussten, bleibend gekennzeichnet sind.

____________________

1. Wenn nicht anders erwähnt, stammen alle Zitate aus: Comision de la Verdad y Reconciliation. Conclusiones Generales del Informe Final de la CVR. [Wahrheits- und Versöhnungskommission. Allgemeine Schlussfolgerungen des Abschlussberichtes der CVR]. Der Bericht ist zugänglich auf der Website http://www.cverdad.org.pe und auf der Seite der Zeitung El Comercio http://www.elcomercioperu.com.pe. Auf beiden Seiten kann beinahe der gesamte Inhalt der neun Bände des Abschlussberichts ausgelesen werden.

2. Discurso de Presentacion del Informe Final de la Comision de la Verdad y Reconciliacion [Rede zur Präsentation des Abschlussberichts der Wahrheits- und Versöhnungskommission] am 28. August 2003 im Regierungspalast

3. Zeitung La Razon, 29. August 2003, S. 3

4. Zeitung La Razon, 29. August 2003, S. 3

5, Zeitung El Comercio, 29. August 2003, S. A-8

6. Zeitung Peru 21, 29. August 2003, S. 7

7. Leitartikel in Peru 21 vom 30. August 2003

8. “Se lanzan argumentos perversos para desacreditar el informe” ["Es werden perverse Argumente benutzt, um den Bericht unglaubwürdig zu machen"]. Interview in La Republica, 30. August 2003, S.4

9. Zeitung Correo, 29. August 2003, S. (

10. Consejo Permanente dela Conferencia Episcopal Peruana [Ständiger Rat der Peruanischen Bischofskonferenz] La Verdad y la Reconciliacion Compromiso de Todos [Wahrheit und Versöhnung, eine Verpflichtung für alle], Lima 21. August 2003

11. Domingo, Sonntagsbeilage von La Republica, 31. August 2003, S.7

12. Interview in Domingo, Sonntagsbeilage von La Republica, 31. August 2003, S.11

13. Discurso de Presentacion del Informe Final de la Comision de la Verdad y Reconciliacion [Rede zur Präsentation des Abschlussberichts der Wahrheits- und Versöhnungskommission] am 28. August 2003 im Regierungspalast

Am 28. August 2003 wurde der abschließenden Bericht der Wahrheitskommission Präsident Toledo übergeben und den anderen Staatsorganen vorgestellt. Es handelt sich um 9 Bände, die in vier Teile aufgeteilt sind:

Teil 1: Der Prozess der Gewalt, Beschreibung der Tatbestände, die Opfer;
Teil 2: Die Gründe für die Gewalttaten;
Teil 3: Die Folgen der Gewalt;
Teil 4: Die Empfehlungen der Wahrheitskommission für die Versöhnung und einen neuen sozialen Pakt.

Der Bericht ist den Bürgern und Bürgerinnen zugänglich gemacht worden, unter anderem über das Internet unter der Homepage des Nationalen Zusammenschlusses der Menschenrechtsorganisationen und durch CD´s, die man u.a. von APRODEH erhalten kann.

Die Regierung, das Parlament und die Judikative sollen die Empfehlungen der Wahrheitskommission übernehmen.

1. BILANZ DER ARBEIT DER WAHRHEITSKOMMISSION

Bei der Quetschua-sprachigen Bevölkerung Perus wird die Arbeit der Wahrheitskommission treffend mit dem Wort YUYANAPAQ bezeichnet, das zwei Bedeutungen hat: Zum einen bedeutet es: Zur Erinnerung, zum anderen: wach werden.

17 000 Menschen haben vor der Wahrheitskommission ihre Fälle dargestellt.
Dadurch hat man 3719 Fälle rekonstruieren können.

Die Wahrheits- und Versöhnungskommission leistete ihre Arbeit dezentralisiert.
7 Büros haben vor Ort die Arbeit der Wahrheitskommission koordiniert. Die Fälle wurden in 530 Distrikten und 137 Provinzen aufgenommen. Es wurde im ganzen Land gearbeitet. Die Wahrheitskommission verfügte über geeignete Experten und Gutachter, von denen viele aus den betroffenen Ortschaften kamen und auch die einheimischen Sprachen übersetzen konnten. Ihre Arbeit wurde landesweit durch zahlreiche junge freiwillige Mitarbeiter unterstützt. Sie informierten über die Arbeit der Kommission auf Plätzen, auf den Straßen, an Universitäten, Schulen usw. Die Wahrheitskommission hatte in jeder betroffenen Region viel Unterstützung von der Bevölkerung.

Die Wahrheitskommission, das Büro des Ombudsmannes, das Internationale Rote Kreuz und der Nationale Zusammenschluss der Menschenrechtsorganisationen hat eine Liste der Personen erstellt, die verschwunden sind. Es wurde die Initiative: “Damit es sich nicht wiederholt” gegründet. Man geht von etwa 9.261 Fällen von Verschwundenen aus.

Die Kommission hat eine Datenbank von 59 Tausend Personen angelegt. Es handelt sich um Opfer, Täter und Zeugen. Durch die Zusammenführung dieser Informationen haben sie die Geschichte einer Ortschaft oder auch einer Gewalttat rekonstruiert. So wurde festgestellt, wie alles passiert ist und wer Opfer und wer Täter ist.

Zu 19 Fällen wurden tiefgehende Studien erstellt: Molinos (Junin), Lucanamarca, Huancasancos und Sacsamarca (Ayacucho), zu den Ashaninkas (die Hälfte der Bevölkerung dieser ethnischen Gruppe wurde ermordet), Uchuraccay, Universitäten, Gewalt und Drogenhandel, Selbstverteidigungskomitees.

In 50 Fällen wurde eine strafrechtliche Verantwortung behauptet. Darüber wurden juristische Akten angelegt. Das Ziel ist, dass diese Personen vor Gericht angeklagt werden. Diese 50 Akten liegen bei der Staatsanwältin Perus. Dabei werden etwa 100 Personen beschuldigt, vor allem Militärs, da die große Mehrheit der Terroristen schon im Gefängnis sitzt.

Die Wahrheitskommission hat mit den Staatsanwalt und verschiedenen Gruppen von Gerichtsmedizinern Ausgrabungen von 3 Massengräbern durchgeführt in Chuschi, Totos und Lucanamarca/Ayacucho. Die Leichen wurden mit besonderen Ritualen in ihre Dörfer und zu ihren Angehörigen zurückgebracht. Es wurde ein “Nationale Planung für weitere Ausgrabungen von Massengräbern” erstellt.

Die Wahrheitskommission organisierte insgesamt 13 öffentliche Anhörungen. Es gab regionale öffentliche Anhörungen wie z. B. die öffentlichen Anhörungen in Ayacucho, Lima und Cuzco. Und es gab thematischen Anhörungen wie z. B. Anhörung der Frauen, Anhörung der Leute und die unschuldig im Gefängnis waren. Die erste öffentliche Anhörung in Ayacucho hatte landesweit große Aufmerksamkeit erregt. Außerdem hatte die Wahrheitskommission 7 öffentliche Versammlungen veranstaltet. Auf den öffentlichen Anhörungen und Versammlungen hat man 431 Zeugenaussagen gehört. Dabei ging es um 318 Fälle von Menschenrechtsverletzungen. An den Anhörungen nahmen etwa 9800 Personen teil. Bei den öffentliche Anhörungen ging es darum, den Opfern, die keine Stimme hatten, eine Stimme zu geben. Die Wahrheit der Opfer stand im Mittelpunkt. Die Ziele der öffentliche Anhörungen waren: die Würdigung der Opfer und eine Vertiefung der Arbeit der Wahrheitskommission. Durch die Aussagen der Opfer erlebte man den Krieg in seinem täglichen Terror. Der Krieg bot für niemanden ein Vorteil. Das widerspricht den Erzählungen der “siegreichen Krieger” und deren Kriegsdarstellungen.

Es wurden 15 Treffen für BürgerInnen organisiert, damit sie sich über das Thema Gewalt im Zusammenhang mit dem Demokratisierungsprozess austauschen konnten.

Es wurden Geschichten von sieben betroffenen Ortschaften vorgestellt, um die Veränderung in dieser Zeit festzustellen.

Die Wahrheitskommission hat ebenfalls mit den Präsidenten Gespräche geführt, die in dieser Zeit an der Macht waren: Belaúnde und Alan Garcia. Mit Fujimori war das nicht möglich. Der Präsident der Kommission war in Japan, aber Fujimori lehnte jedes Gespräch mit ihm ab. Ebenso hat man mit Führern von Sendero (Abimael Guzman) und MRTA (Victor Polay) gesprochen.

Ebenso hat die Wahrheitskommission im März 2003 mit den Offizieren und Generalen des Militärs Gespräche geführt, die in der Zeit des internen Krieges für die betroffenen Regionen zuständig waren.

Im Juni 2003 organisierte die Kommission ein internationales Seminar mit dem Titel: “Von der Verweigerung zur Anerkennung”. Das wichtigste Thema waren die Prozesse nach dem Abschluss der Arbeit der Kommission in Ländern wie Argentinien, Chile, Guatemala, Südafrika, El Salvador u.a.

Außerdem wurden im Juni auch Versammlungen der gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen einberufen. Die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen sollten ihr Verhalten in der Zeit des Internen Krieges erklären. So hat es eine Sitzung mit den verschiedenen politischen Parteien und mit dem Leuchtenden Pfad stattgefunden. Es wurde auch eine Sitzung mit den Militärs geplant, aber sie lehnten das mit der Rechtfertigung des damaligen Ausnahmezustands in Lima ab.

2. ERGEBNISSE

Die Jahre zwischen 1980 und 2000 wurden als Jahre der Schande und der Unwürdigkeit bezeichnet, als die schlimmsten Jahre der peruanischen Geschichte.

2.1 Die völlige Ausgrenzung

Die Kommission stellt fest, dass die Zahl der Opfer höchstwahrscheinlich bei 69280 Personen liegt. Davon sind 9.261 Verschwundene. Das wurde durch eine statistische Methode festgestellt, die in Bosnien und Guatemala erfolgreich erprobt wurde. Es könnten zwischen 61 000 und 77 000 sein. Bisher kennt man die Namen von 32 000 Opfern. Sie sind Opfer der terroristischen Gruppen oder des Militärs. So viele Tote hat es bei keinem Krieg in Peru gegeben seit der Unabhängigkeit. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass es Zehntausende von internen Flüchtlingen gab und dass zwischen 1992 und 2000 zumindest 22 000 unschuldige Personen im Gefängnis waren.

Wenn es ein Land gäbe, in dem alle Menschen gleichberechtigt wären, würde in diesem Land jeder Mord als Scheitern der Mitmenschlichkeit empfunden werden. Jeder Mord wird in diesem Land die Justiz auf den Plan rufen, um die Angehörigen zu entschädigen und die Täter zu bestrafen. Das hat in Peru in der Zeit von 1980 bis 2000 beinahe nie stattgefunden: Es gab keine Entschädigung, keine Bestrafung, keine Gerechtigkeit. Noch schlimmer war, dass es nicht einmal eine Erinnerung an das gab, was geschehen war. Das bedeutet, dass die Ausgrenzung in Peru so extrem ist, dass Tausende von Menschen verschwinden, ohne dass jemand in der Gesellschaft der Mächtigen davon etwas merkt. Das ist ein doppelter Skandal: Ein Skandal ist der Mord, das Verschwindenlassen und die Folter. Ein anderer Skandal ist die Gleichgültigkeit und Unfähigkeit und Mitleidlosigkeit der Leute, die diese Katastrophe hätten verhindern können.

In diesem Bericht wird die Wahrheit genau beschrieben. Die Liste der Verbrechen ist so groß, dass es nicht mehr möglich ist, davon als Ausnahme oder Fehler sprechen kann. Es ist eine so offensichtliche Wahrheit, dass sich die Verantwortlichen nicht mehr mit Unwissenheit entschuldigen können.

Man konnte sich nicht darauf einigen, dass es sich dabei um einen ethnischen Konflikt handelt. Es ist jedoch klar, dass die Vernichtung so vielen Menschen nur möglich war, weil die ärmste Bevölkerung Perus von den Mächtigeren missachtet wird. Das wurde sowohl bei den Mitläufern des Leuchtenden Pfads als auch bei den Vertretern des Staates festgestellt. Diese Missachtung spielt im Alltagsleben der peruanischen Bevölkerung eine große Rolle.

Bei vielen Aussagen der Opfer wird immer wieder die rassistische Verachtung gegenüber den einfachen Leuten deutlich, die am Anfang des Verbrechens, wie zB bei Vergewaltigungen, Entführung der Kinder stand – und das geschah auch durch Vertreter der Streitkräfte und Polizisten des Staates.

Über die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Ausgrenzung in Peru wurde viel geschrieben. Aber vom Staat und von der Zivilgesellschaft wurde dagegen wenig unternommen. Der Bericht zeigt der ganzen peruanischen Gesellschaft und der Welt, dass die Missachtung anderer Menschen ein Fluch ist, der alles zerstört. Keine Gesellschaft kann mit der Missachtung leben. Seit heute werden uns die Namen der ermordeten und verschwundenen Opfer in Peru daran erinnern.

2.1. 2 Es gab ein enges Verhältnis zwischen Armut, sozialer Ausgrenzung, ethnischer Zugehörigkeit und der Wahrscheinlichkeit, Opfer zu werden.

Aus dem Departement von Ayacucho kamen sich 40 % der ermordeten und verschwundenen Opfer. 85 % aller Opfer kamen aus Ayacucho mit Juní­n, Huánuco, Huancavelica, Apurí­mac und San Martí­n. Diese Regionen gehören zu den ärmsten Regionen Perus und dort bleibt nur 9% des Bruttosozialprodukts des ganzen Landes. 79 % der Opfer lebten in ländlichen Gebieten. 75% der Opfer sprachen Quetschua oder andere einheimische Sprachen als Muttersprache.

2.2 Die Folgen des internen Krieges

Der interne Krieg verschärfte die Ungleichheiten der Gesellschaft und die Diskriminierung. Die Armut des Landes nahm zu. Außerdem zerstörte der interne Krieg die demokratische Ordnung. Eine Kultur des Misstrauens und der Angst entstand. Es entstand ein großer Schaden auf wirtschaftlicher Ebene, wie zB durch die Zerstörung der Infrastruktur. Die Regionen, die am meisten unter dem internen Krieg gelitten haben, gehören zu den ärmsten des Landes.

2.3 Die Verantwortlichen

Der Bericht macht deutlich, dass viele Menschen dieser Gesellschaft eine Verantwortung für das Geschehene tragen, weil sie, diese Situation ohne Widerspruch akzeptierten. Gleichzeitig muss man jedoch auch über die konkreten Verantwortungen sprechen. Die Straflosigkeit darf keinen Platz mehr in diesem Land haben. Die Zivilgesellschaft soll sich gegen die Straflosigkeit wenden. Die Wahrheitskommission hat viele konkrete Personen als Verantwortliche benannt.

2.3.1 Der Leuchtende Pfad

Wenn der Leuchtende Pfad diesen Krieg gegen den peruanischen Staat nicht erklärt hätte, hätte der interne Krieg nicht stattgefunden. Der Leuchtende Pfad trägt die Verantwortung für die Ermordung von 54 % der Opfer.

Die Massenmorde und Zerstörung von Ortschaften waren ein wichtiger Teil der Strategie des Leuchtenden Pfads. Das einzige Ziel war die Erlangung der Macht. Das Leben der Menschen zählte dabei nicht. Durch diese Kriegsstrategie haben viele Menschen ihr Leben verloren. Diese Ideologie wurde bei den Aussagen der Vertreter dieser Organisation festgestellt. Die Ermordungen und Zerstörungen waren nur Mittel, um deren Ziele zu erreichen. Diese Ideologie war totalitär, ausgrenzend und hat keinen Platz in einem Land, das die Demokratie weiterentwickeln will.

2.3.2 MRTA war weniger auf Terror fixiert. Sie ist für 1,5 % der Opfer verantwortlich. Auch für diese Gruppe war die Gewalt ein legitimes Mittel, um politische Ziele durchzusetzen.

Viele junge Leute, die Mitglieder in den terroristischen Gruppen waren, akzeptierten diese Ideologien, um die Ungerechtigkeit in der peruanischen Gesellschaft zu bekämpfen. Sie waren sich nicht bewusst, dass diese Ideologien auf Terror fixiert sind und einen totalitären Staat zum Ziel haben. Die Kommission fordert eine Veränderung gesellschaftlicher Strukturen in Richtung auf Gerechtigkeit, damit terroristische Ideologien bei jungen Menschen in Peru keinen Nährboden finden.

2.3.3 Der peruanische Staat

Auf diese blutige Kriegserklärung musste der peruanische Staat reagieren und die Bevölkerung im Rahmen des Rechtsstaates schützen. Die Sicherheitskräfte hatten die Pflicht, das Recht eines jeden auf Würde und Leben zu verteidigen. Sie haben das aber in dieser Zeit nicht so verstanden. Sie begingen eine systematische und allgemeine Verletzungen der Menschenrechte. Sie sind für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich: Ermordungen, Massenmorde, das Verschwindenlassen von Personen, sexuelle Gewalt gegen Frauen, u.a. Der peruanische Staat und die Sicherheitskräfte müssen erkennen, dass diese Menschenrechtsverletzungen keine Ausnahmefälle oder Fehler waren, damit es sich nicht wiederholt.

Der Staat, die Todesschwadrone und die Verteidigungskomitees tragen die Verantwortung für den Tod von 37,26% der Opfer. Die Staatssicherheitskräfte sind für 35,33 % der Opfer verantwortlich.

Diese Geschichte wäre nicht so gravierend, wenn die politischen Vertreter des Staates nicht mit Gleichgültigkeit, Passivität oder Unfähigkeit reagiert hätten. Im schlimmsten Fall war die Mittäterschaft oder Genehmigung der politischen Verantwortlichen notwendig. Sie waren letztendlich diejenigen, die hätten alles verhindern können.

Die politisch Verantwortlichen haben zu schnell ihre Verantwortung an das Militär abgegeben. Auf die Anklagen der Opfer, arme Leute, haben sie das Verhalten wiederholt, das die Geschichte Perus seit hunderten von Jahren prägt. Sie haben die Klagen zwar wahr genommen, aber vergessen.

Daher wird in dem Bericht klar über die politische Verantwortung gesprochen. Diese politische Oberschicht muss eine Erklärung gegenüber der Bevölkerung zu ihrem Verhalten ablegen, wenn sie weiterhin politische Verantwortung tragen will.

2.4 Die Verteidigungskomitees

Seit Beginn des internen Krieges haben sich arme BäuerInnen organisiert, um gegen den Leuchtenden Pfad Widerstand zu leisten. Sie haben deren Ideologie abgelehnt und sahen diese als Bedrohung. Viele der Selbstverteidigungskomitees wurden aus eigener Initiative gegründet, andere mit Unterstützung der Sicherheitskräfte. Diese Selbstverteidigungskomitees spielten eine große Rolle beim Sieg über den Leuchtenden Pfad. Trotzdem gab es Ausnahmesituationen, in denen deren Mitglieder auch Verbrechen begangen haben. Nach Ende des internen Krieges kehrten viele ihrer Mitglieder zum normalen Leben zurück. Die peruanische Gesellschaft ist ihnen zu Dank für deren Beitrag zum Frieden verpflichtet.

2.5 Die Kirchen

Die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen haben die Bevölkerung gegen Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen geschützt. Die katholische Kirche und einige evangelische Kirchen haben als Institutionen von Anfang an die Menschenrechtsverletzungen sowohl von Seiten der terroristischen Gruppen als auch des Militärs angeklagt. Viele Leben wurden dadurch gerettet und viele Menschenrechtsverletzungen verhindert. Allerdings hat sich der Bischof der Diözese Ayacucho nicht für die Einhaltung der Menschenrechte eingesetzt. Er hat sogar die Arbeit der Menschenrechtsorganisationen verhindert und die Menschenrechtsverletzungen geleugnet. In einer ähnlichen Situation waren die Gebiete von Huancavelica und Abancay. Es gab auch einige evangelische Kirchen, die die Menschenrechtsarbeit nicht förderten. Viele Priester, Pfarrer, Mönche und Nonnen so wie kirchliche Mitarbeiter verloren durch ihren Einsatz für die Menschenrechte ihr Leben.

2.6 Die Menschenrechtsorganisationen

Zwischen 1980 und 2000 haben sich viele Organisationen der Zivilbevölkerung sehr stark für die Einhaltung der Menschenrechte eingesetzt. Die Arbeit dieser Organisationen wurden von dem Nationalen Zusammenschluss der Menschenrechtsorganisationen koordiniert. Durch ihre Arbeit waren sie die ethische Reserve der peruanischen Bevölkerung im Einsatz für den Frieden. Sie waren für die Opfer oft die einzigen, die ihnen zur Wahrheit und Gerechtigkeit verhelfen konnten. Viele einfache, quetschuasprachige Frauen haben sich in der nationalen Organisation der Angehörigen der Entführten, Verhafteten und Verschwundenen ANFASEP zusammengeschlossen. Diese Organisation hat in den schlimmsten Zeiten mit Mut und Hartnäckigkeit die Arbeit für den Frieden gefördert und die Einhaltung der Menschenrechte gefordert.

2.7 Integrales Programm für die Entschädigung

Es handelt sich um ein Projekt der Entschädigung der Opfer der Menschenrechtsverletzungen. Es geht dabei um die Entschädigung für materielle, soziale und moralische Schäden. Es ist in sechs Schwerpunkte aufgeteilt:

Programm für die symbolische Entschädigung
Programm für Entschädigung im Bereich Gesundheit
Programm für die Entschädigung im Bereich Erziehung
Programm für die Wiedererlangung der bürgerlichen Rechte
Programm für die wirtschaftliche Entschädigung
Programm für kollektive Entschädigung der betroffenen Dörfer

2.8 Vorschläge für institutionelle Veränderungen

Es geht um Vorschläge für Veränderungen in folgenden Institutionen:

Streitkräfte, Polizei, Justizsystem (Gefängnisse), Teilnahme der Bevölkerung an politischen Entscheidungen, politische Parteien, Dezentralisierung, Erziehung und Gesundheit. Es werden auch soziale Projekte vorgeschlagen, die alle diese Institutionen gleichzeitig betreffen.

2.9 Versöhnung

Der Prozess der Versöhnung war ein zentrales Thema der Arbeit der Wahrheitskommission. Die Versöhnung wird als Ziel verstanden, das nur durch einen neuen sozialen Pakt über die politischen Grundprinzipien des Staates erreicht werden kann. Dieser neue Pakt soll die Gewalt ablehnen und Toleranz innerhalb der verschiedenen Gruppen der peruanischen Gesellschaft fördern. Es wurde ein Gesetzentwurf vorgeschlagen, der die Gründung eines nationalen Rates der Versöhnung fordert.

3. REAKTIONEN AUF DEN ABSCHLUSSBERICHT

Die Veröffentlichung des Abschlussberichts wurde von vielen Organisationen als wichtiger Schritt hin zu Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie begrüßt.

Die Infostelle Peru hält den Bericht für ausgezeichnet und präzise. Alle Aussagen werden ausführlich begründet und belegt. Sie sind in ihren Beurteilungen vorsichtig. Der Bericht ist neutral, objektiv und mit einer klaren Option für die Opfer. Der Bericht vertritt keine Interessen der Täter. Er beschränkt sich nicht auf die Anklage der Menschenrechtsverletzungen, sondern sucht die Wurzeln der Gewalt in den strukturellen Problemen Perus. Der Bericht wird als Bericht des Schreckens und der Hoffnung bezeichnet. Des Schreckens, weil die Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch das Militär und die terroristischen Gruppen beschrieben werden. Der Hoffnung, weil hier der weitere Weg beschrieben wird für die Fortsetzung des Demokratisierungsprozesses, den Aufbau eines Rechtsstaats ohne Ausschließung großer Bevölkerungsteile und die vollständige Einhaltung der Menschenrechte.

Gleichzeitig haben Leute aus verschiedenen politischen Spektren den Bericht völlig abgelehnt, manche mit primitiven Äußerungen oder im Namen der Ehre des Landes. Die Mitglieder der Wahrheitskommission wurden sogar strafrechtlich angeklagt. Es liegt eine Anklage gegen der Bericht beim Verfassungsgericht vor. So wurde z.B. auch Bischof Bambaren auf beleidigende Weise angegriffen. Es handelt sich um Leute, die auf die Annehmlichkeiten der Macht und der eigenen Vorteile nicht verzichten wollen. Sie verneinen das Recht der Armen und Opfer, eine Stimme in der Gesellschaft zu haben. Sie wollen, dass sich Peru nicht in Richtung auf mehr Gerechtigkeit verändert. Viele von ihnen gehören zu den gesellschaftlichen und politischen Gruppen, die für die Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, wie zB Leute vom Leuchtenden Pfad, der katholische Bischof Cipriani, Alan Garcia, Rafael Rey (ehem. Abgeordneter Fujimoris), das Militär u.a. Diese Kampagne wird durch die Presse unterstützt, die immer noch in der Hand von Fujimori – Anhängern liegt. Sie werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Durchsetzung der Empfehlungen zu verhindern.

Am 21. November 2003 veröffentlichte Präsident Toledo seine offizielle Erklärung zum Bericht der Wahrheitskommission. Er betonte die Wichtigkeit der Arbeit der Kommission und entschuldigte sich im Namen des peruanischen Staates bei den Opfern. Er sieht den Leuchtenden Pfad als Hauptverantwortlichen für den internen Krieg. Die Taten der staatlichen Sicherheitskräfte betrachtete er jedoch als Ausnahmefälle, womit er der Wahrheitskommission widerspricht. Er stellte ein staatliches Programm zur Förderung der Versöhnung vor. Die Prinzipien dieses Programms sollen Gerechtigkeit und Wahrheit als Grundlage haben. Auch der Kampf gegen die Straflosigkeit gehört dazu. Zu den Zielen gehören die Identifizierung der Opfer und Entwicklungsprogramme für die betroffenen Regionen. Für die Identifizierung der Opfer wird ein nationales Register der Opfer eingerichtet.

Es wurden konkrete Maßnahmen bis 2006 für die kollektive Entschädigung vorgestellt. Es handelt sich um Ausgaben in Höhe von 820 Mio US $ in Ayacucho, Apurí­mac, Huancavelica, Satipo und La Convención. Die wichtigsten geplanten Maßnahmen sind die Verbesserung der Infrastruktur im Bereich Erziehung, Gesundheitseinrichtungen und Straßen sowie die Übergabe von 33 000 Eigentumsurkunden für indianische Dorfgemeinschaften. Den am meisten betroffenen Familien soll geholfen werden durch Stipendien, Sozialversicherung, psychologische Betreuung für die Waisen und Witwen. Der Bericht soll im Lehrplan der Schulen seinen Platz finden. Toledo versprach, eine Kommission für die Kontrolle der Umsetzung dieser Maßnahmen einzurichten. Er hat vor, sich um Gelder zu kümmern, um die Arbeit und Gehälter der Staatsanwälte bezahlen zu können, die die Fälle der Menschenrechtsverletzungen untersuchen. Um dieses Programm umsetzen zu können, benötigt der peruanische Staat internationale Unterstützung.

67,8 % der Bevölkerung Limas unterstützen nach einer Umfrage die Empfehlungen der Wahrheitskommission.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

In einem Land wie Peru ist die Arbeit gegen das Vergessen eine Art, die Gerechtigkeit zu fördern. Es sollen neue ethische Prinzipien durchgesetzt werden. Denn in diesen 20 Jahren entstand ein moralisches Vakuum. Das erkennt man daran, dass z.B. gesagt wurde, dass die Massenmorde “nur” Ausnahmeerscheinungen waren; Unschuldigsein war ein Grund, im Gefängnis zu landen; Mord wurde mit Frieden vertauscht. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, damit sich diese Geschichte nicht wiederholt.

Der Bericht ist also nicht nur ein Bericht der “Schande”, sondern gleichzeitig auch ein Beleg dafür, wie viele Menschen sich während des Internen Krieges mutig für Menschlichkeit und Gerechtigkeit eingesetzt haben. Wir hören von armen Leuten, die ihre Hoffnungen und ihren materiellen Besitz mit anderen geteilt haben. Wir finden Frauen und Männer, die trotz schrecklichem Leiden ihre Würde nicht verloren haben. Es gab auch viele DorfvertreterInnen und RichterInnen, die auf der Seite der bedrohten Bevölkerung geblieben sind. Es gab viele Leute, die auf der Seite der unschuldigen Gefangenen gearbeitet haben und andere die sich im Rahmen des Gesetzes für den Frieden eingesetzt haben.

Außerdem war dieser Bericht nur möglich, weil sich 17 000 Personen – vor allem arme Leute – dafür eingesetzt haben, dass ihre Geschichte des Schreckens bekannt wird um davon lernen zu können. Sie hatten keine Angst und haben die Verantwortlichen für Verbrechen benannt in der Hoffnung, dass irgendwann in Peru Gerechtigkeit herrscht. All diese Leute stehen ebenfalls im Mittelpunkt unserer Erinnerung. Dieser Bericht will auch eine Würdigung dieser Menschen sein. Dieser Bericht wird als ein Auftrag derjenigen, die nicht mehr hier sind, der Vergessenen und der Armen, verstanden.

In diesem Bericht wird über uns gesprochen, über unsere Taten und über das, was wir nicht getan haben. Es wird über unsere zukünftigen Verpflichtungen gesprochen. Das ist eine Geschichte, die heute beginnen soll.

5. WAS KÖNNEN WIR VON DEUTSCHLAND AUS FÜR DIE WAHRHEITSKOMMISSION IN PERU TUN?

Zunächst ist es wichtig, gut über die aktuellen Vorgänge informiert zu sein und andere darüber zu informieren. Es wäre außerdem wichtig zu analysieren, welche Rolle die Solidaritätsgruppen, die Entwicklungshilfe und der deutsche Staat in diesen 20 Jahren der Gewalt gespielt haben. Ein Vorschlag wäre, eine Briefaktion zu initiieren, damit die Solidaritätsgruppen, Hilfswerke, die peruanische Regierung dazu drängen die Forderungen der Wahrheitskommission durchzusetzen. Außerdem wäre es auch gut, einen Brief mit diesem Ziel an die deutsche Regierung zu richten. Die Menschenrechtsarbeit in Peru sollte in jedem Fall weiter unterstützt werden.

Wir bitten Sie daher, an folgende Adressen den vorgeschlagenen Brief zu richten:

An den Präsident Perus
Herrn Alejandro Toledo Manrique
sepres@presidencia.gob.pe

Inhalt des vorgeschlagenen Briefes:

Excelentí­simo Señor
Dr. Alejandro Toledo Manrique
Presidente Constitucional de la
República del Perú

Excelentí­simo Sr. Presidente:

nos dirigimos a Ud. con motivo de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En primer lugar, queremos felicitarle por el apoyo que su gobierno ha dado al trabajo de la Comisión.

Al mismo tiempo queremos expresar nuestro respaldo al Informe Final y Recomendaciones de la Comisión de la Verdad fundamentado en los 17 000 testimonios de gente mayoritariamente pobre y excluida. Afirmamos que esta Verdad, aunque dolorosa, iniciará un camino de libertad hacia la dignidad.

Señor Presidente, solicitamos respetuosamente que tome las medidas necesarias para que el Estado peruano cumpla con implementar las recomendaciones de la Comisión, a través de los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial que posibiliten:

1) Iniciar el proceso de judicialización de los casos de violacion de derechos humanos
que “sancione a los responsables y reivindique a
los inocentes” y erradique la impunidad en nuestro paí­s.
2) Implementar el Plan Integral de Reparaciones
3) Incorporar las polí­ticas de Reformas Institucionales

Para nosotros, estas medidas son condiciones indispensables para que el Perú logre una auténtica reconciliación.

Por nuestra partenos comprometemos a buscar, junto a sus pueblos y gobiernos, el apoyo polí­tico y económico necesario para que se hagan realidad las transformaciones recomendadas por la Comisión, inclusive las reparaciones.

Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente

Nombre y apellido/ organizacion/ ciudad y pais (Alemania)

Deutsche Übersetzung des vorgeschlagenen Briefes:

Herrn Dr. Alejandro Toledo
Präsident Perus

Sehr geehrter Herr Präsident Toledo,

wir wenden uns an Sie aufgrund der Übergabe des Abschluss – Berichts der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Zunächst wollen wir Ihnen gratulieren zur Unterstützung der Arbeit der Kommission durch Ihre Regierung.

Gleichzeitig wollen wir Ihnen mitteilen, dass wir den Bericht und die Empfehlungen der Wahrheitskommission völlig unterstützen, der auf 17 000 Zeugenaussagen beruht. Diese Zeugen waren vor allem arme und ausgegrenzte Personen. Wir wollen betonen, dass diese Wahrheit, auch wenn sie schmerzhaft ist, für diese Menschen ein Weg zu Freiheit und Würde sein kann.

Sehr geehrter Herr Präsident, wir bitten Sie alles Notwendige zu unternehmen, damit der peruanische Staat die Empfehlungen umsetzen kann. Das soll durch die drei Staatsgewalten geschehen: Die Exekutive, die Legislative und die Judikative, die es möglich machen, dass

1. der juristische Prozess begonnen wird um die Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen zu bestrafen und die Unschuldigen zu würdigen. In Peru darf die Straflosigkeit keinen Platz mehr haben.

2. Die Umsetzung des integralen Plans für die Entschädigung der Opfer.

3. Umsetzungen der Empfehlungen für die institutionellen Veränderungen

Diese Maßnahmen sind die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass die peruanische Gesellschaft zur Versöhnung gelangen kann.

Unsererseits wollen wir in unserer Bevölkerung und Regierung für Ihre Unterstützung werben, damit der peruanische Staat die Empfehlungen der Wahrheitskommission durchsetzen kann, wie zB die Entschädigung für die Opfer.

Hochachtungsvoll,

Vorname und Nachname, Organisation, Stadt und Land (Deutschland)

QUELLEN:
Für diesen Bericht wurden Dokumente der Wahrheitskommission verarbeitet.
Weitere Quellen: Instituto de Defensa Legal – Ideele, Zeitung “La Republica”, Zeitung “El Comercio”, Zeitschrift “Caretas”, Forum Solidaridad Peru, Forum Tpsipol/Red Democratica, AGENCIA PERU.COM, Servicio Informativo Signos online.

Elena Muguruza
Vorstandsmitglied
Muguruza.Esche@t-online.de

Bernhard Jimi Merk
Geschäftsführer
merk@infostelle-peru.de

La fiebre modernizadora neoliberal ha ganado muchos adeptos en el Perú, especialmente entre los que manejan el poder en el paí­s andino. Los más pintorescos personajes creen ser como la gallina de los huevos de oro, o como el Rey Midas, que todo lo convertí­a en aquel preciado objeto. Por eso, el Presidente peruano Alberto Fujimori anunció al mundo que iba a patentar su modelo de golpe de Estado, y cobrarle derechos de autor a Boris Jeltzin y al fracasado presidente guatemalteco que le imitó en su aventura totalitaria.

Más tarde, el mismo Fujimori reveló que gracias a su gobierno el Perú contaba con el Servicio de Inteligencia mejor preparado del mundo, y que estaba en condiciones de vender “tecnologí­a de inteligencia” a la CIA estadounidense como también a la Mossad israelí­ o a otras muy conocidas agencias de los paí­ses civilizados. Probablemente aquí­ esté la fuente de los millonarios ingresos que declaró el misterioso ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos Torres, principal asesor, y tutor, de Alberto Fujimori, el Presidente que se ha enquistado en el Poder con intenciones ya confesadas de mantenerlo en los próximos 30 años.

La Fiebre modernizadora destruyó en el Perú el Estado de Derecho y la democracia, para instalar en su lugar un supuesto nuevo modelo llamado “democracia directa”, que ha llevado a que el sistema de gobierno y el funcionamiento del Estado en el Perú no cumplan ni siquiera los más mí­nimos requisitos de una sociedad democrática.

Como el Congreso Nacional elegido democráticamente aprobaba leyes con mucha lentitud, o rechazaba las iniciativas provenientes del gobierno, en abril de 1992 Fujimori y sus generales cerraron el Congreso, apresaron a varios de los lí­deres parlamentarios, e instalaron tanques de guerra en la sede del legislativo, para impedir su reapertura. De esta manera se llevó a la practica este sueño de permitirle a Fujimori ejercer la “democracia directa”, sin debate ni fiscalización parlamentaria.

Ya que la aspiración de Fujimori de perpetuarse en el poder necesitaba de una apariencia jurí­dica mí­nima, después del Golpe de Estado del 5.04.1992, debido a la presión de la comunidad internacional creó un Congreso Constituyente a su medida, que reformó la anterior Constitución, y estableció la reelección presidencial inmediata.

Con este mismo órgano “democrático”, Fujimori dictó leyes en contra de sus opositores y a favor de sus aliados y compañeros de aventuras, estrategia que ha utilizado contí­nuamente, creando un grave clima de fragilidad jurí­dica. Así­ surgieron tanto la famosa “Ley Susana”, que le impidió postular en las elecciones generales a su ex esposa, Susana Higuchi, como la “Ley Cantuta”, y la “Ley Barrios Altos”, de Amnistí­a a favor de sus allegados, culpables de graves violaciones de los derechos humanos.

Más tarde, en julio de 1997 Fujimori dictarí­a la inconstitucional Ley “Ivcher”, un Decreto Supremo que despojó de la nacionalidad peruana adquirida legalmente y de su propiedad accionaria al dueño del canal 2 de televisión de Lima, Baruch Ivcher, ví­ctima de la actual convivencia civico-militar que integran Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Rí­os.

El pecado de Baruch Ivcher fue permitir que en su canal de televisión se revelaran los casos de asesinato y tortura a agentes del servicio de inteligencia del Ejército, por sus propios compañeros de trabajo y se denunciara la intercepción telefónica que vení­an sufriendo cerca de 200 lí­deres de la oposición polí­tica, abogados y periodistas independientes. Los doctores Guillermo Rey, Manuel Aguirre y Delia Revoredo, magistrados del Tribunal Constitucional opinaron en contra de una segunda reelección presidencial, rechazando la “Ley de Interpretación Auténtica” firmada por Fujimori, y al poco tiempo fueron sancionados, despojándoseles ilegalmente de sus funciones. Mas tarde el gobierno de Fujimori convirtió al resto del Tribunal Constitucional en una dependencia del Palacio de Gobierno, sin criterio propio ni independencia. Muy caro les costó a los honorables magistrados defender sus principios democráticos.

La fiebre neoliberal modernizante llevó a la señora Martha Chávez, presidenta de la Comisión de Defensa Orden Interno e Inteligencia del congreso peruano, a amenazar con el allanamiento a los medios de comunicación que no cooperaban con ella en sus investigaciones del espionaje telefónico, y a proclamar que su modelo de democracia no incluye las negociaciones con la oposición, ya que esto significa “una gran pérdida de tiempo”. Son numerosos los casos en que las ví­ctimas de un delito, debido a la fiebre modernizante son convertidos en culpables o en sospechosos para la seguridad del Estado. Esta practica lo inició el congresista Gilberto Siura, quien en julio de 1993 dijo públicamente que “los 10 desaparecidos de La Cantuta se han autosecuestrado”. Mas tarde se descubrió la verdad de cómo estas personas fueron secuestradas y asesinadas por el “grupo Colina” comandado por el Mayor del Ejército Martí­n Rivas.

La moda de invertir los valores y las responsabilidades continuó con la congresista Martha Chavez, en junio de 1997, cuando se descubre el asesinato y descuartizamiento de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército Mariella Barreto, y las torturas cometidas contra la agente Leonor La Rosa. En estas ocasión la congresista oficialista sostuvo que Leonor la Rosa se habrí­a “auto-torturado” y simplemente está haciendo teatro. Mas tarde los jueces comprobarí­an que Leonor La Rosa fue torturada en el sótano del Ministerio de Defensa, por sus propios colegas. El principal sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Mariella Barreto, el Mayor del Ejército Martí­n Rivas, quien a la vez está acusado de varios asesinatos, se pasea honorablemente por el Perú con total libertad y la protección de sus colegas. Su más reciente aparición pública fue en la sede del Parlamento peruano, el 14 de enero de este año, donde interrumpió un interrogatorio de los congresistas, y escapó descolgándose por las ventanas del Congreso Nacional.

Toda esta fiebre neoliberal, que cambia el sentido de las cosas, que pervierte la legalidad, y pone el mundo al revés, apasiona al presidente peruano Alberto Fujimori y a sus mas conspicuos colaboradores, conduciendo al Perú a un estado grave de caos jurí­dico y desprotección de los ciudadanos y ciudadanas. Por esto, no es extraño en el Perú que la Jueza Elba Greta Minaya, quien fuera declarada “Jueza del Año” en 1996, por su valiente defensa del estado de Derecho, aparezca después, en agosto de 1997, denunciada por el Ministerio del Interior por el delito de terrorismo y traición a la patria. Qué complejo y paradójico resulta el Perú! Los casos de inversión de los valores han continuado crónicamente entre los polí­ticos gobiernistas, qienes lanzaron la versión de que el congresista opositor Javier Diez Canseco habrí­a cometido un “auto-atentado”. En est magia neoliberal el oficialismo convirtió al periodista José Arrieta en un sospechoso de terrorismo, sólo por haber investigado y difundido las actividades del Mayor Martí­n Rivas y el tenebroso escuadrón de la muerte “grupo Colina”.

Otra manifestación de la fiebre neoliberal modernizante en el Perú es la producción de decretos legislativos con nombre propio, es decir, elaborados para enfrentarse directamente a aquél que desafí­a el totalitarismo gubernamental, o a quienes no aceptan mas guardar silencio ante las barbaridades del gobierno. Esta moda ha generado un clima total de inseguridad jurí­dica e injusticias. La última joya que exhibe el gobierno peruano es una nueva ley que homologa a los magistrados provisionales con los titulares, que sólo constituí­an un tercio del total. Ahora, los jueces premiados por el gobierno de Fujimori, con nombramientos definitivos sin cumplir los requisitos previos de evaluación y calificación, están habilitados para incorporarse automaticamente a los jurados electorales de todo el paí­s. Quien podrí­a dudar ahora del afán reeleccionista de Alberto Fujimori? La fiebre neoliberal modernizante está causando mucho daño al Perú. Cada dí­a aumentan las ví­ctimas de la prepotencia gubernamental. Lo asombroso es que la República Federal de Alemania, que valora tanto la Democracia y el Estado de Derecho y, enví­a sus expertos en estos temas a asesorar a diversos gobiernos por todo el mundo, siga su cooperación financiera con el Perú acrí­ticamente, como que si en este paí­s se viviera la mejor y más completa democracia del continente americano. El cliché fujimorista de “democracia directa” no es mas que un engaño que favorece a un reducido grupo de militares y empresarios rentistas. Yo prefiero la democracia social y participativa, que sabe aceptar las discrepancias y respeta tanto el derecho de las minorí­as como de las mayorí­as.

En el Perú actual existí­an generales de la dimensión histórica de Napoleón y de Alejandro Magno, y, qué injusticia, casi nadie se habí­a dado cuenta. Ahora, gracias a la cibernética, un “general victorioso” nos brinda la oportunidad de honrarle, exponiéndonos sus descubrimientos en cuanto a estrategia militar se refiere.

Pero pocos caerán en el juego. La soberbia es engañosa. El general Nicolás Hermoza Rí­os, Presidente, casi vitalicio, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, además de soberbio es vanidoso. Quiere que como el mundo admiró a Bonaparte, le admire también a él, el más reciente genio “made in Peru” para exportar. Sin embargo, el general Hermoza Rí­os comete una gran equivocación al tratar como una potencia extranjera invasora a los jóvenes tupacamaristas que ocuparon violentamente la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996, y que meses después fueron masacrados por efectivos militares bajo su comando.

Si algún periodista o polí­tico hubiera dado a conocer el documento titulado “Chavin de Huantar, Estrategias de una operación militar” que actualmente se viene difundiendo a través de la Red Cientí­fica Peruana asociada a Internet, ( http://ekeko2.rcp.net.pe/CCFFAA/REV972/PAG02.HTM) seguramente ya habrí­a sido acusado de traición a la patria y amenazado con prisión perpetua, por el “eficientí­simo” Consejo Supremo de Justicia Militar. Hay quienes purgan prisión prolongada en el Perú por haber dado a conocer documentos internos menos explí­citos de las Fuerzas Armadas.

Entonces es legí­timo preguntarse qué razones empujaron al autodenominado “General Victorioso” a difundir tan desesperadamente su parte de guerra, en el que da cuenta de cómo se diseño y se ejecutó la solución militar para rescatar en abril de 1997 a los rehenes capturados por los combatientes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Ciertamente no ha sido la vanidad literaria lo que condujo a Hermoza Rí­os a difundir su informe sobre la denominada “Operación Chavin de Huantar”, porque méritos en este aspecto no se encuentran en ninguna parte de la obra. Habrí­a que buscar la razón, de la repentina difusión del documento, en el temor de ser separado abruptamente de su puesto, y ser enviado al exilio dorado en Ucrania o en Bangla Desh, donde tiene sus buenos amigos. Entonces, ante una eventual separación, que le harí­a perder su lugar en el triunvirato de gobierno, Hermoza Rí­os prefirió adelantarse a los acontecimientos y entregar al paí­s su parte de guerra, todaví­a en servicio activo y no después como general en retiro.

De esta manera Hermoza Rí­os busca ceder su puesto, todaví­a bajo la supuesta condición de “General Victorioso”, artí­fice de la pacificación nacional en el Perú. Sin embargo, por mas esfuerzos maquilladores, Hermoza Rí­os seguirá siendo el general encubridor de los asesinos de los estudiantes de “La Cantuta”, protector de los asesinos de “Barrios Altos”, así­ como aliado y defensor del tenebroso escuadrón de la muerte “Grupo Colina”. Existen demasiadas evidencias del apoyo del general Hermoza Rí­os a ese grupo de asesinos profesionales, como las las documentadas denuncias del general Rodolfo Robles Espinoza, ví­ctima también de la prepotencia gubernamental. Todas estas responsabilidades penales no se pueden ignorar por mas leyes de amnistí­a que promulgue Alberto Fujimori a favor de los violadores de los derechos humanos.

Con una impresionante soberbia el general Hermoza Rí­os empieza su informe titulado “Chavin de Huantar, Estrategias de una operación militar”, declarando su convicción de que “el futuro de nuestra Nación se formará sobre la base de los conceptos éticos que nuestra conducta irá cincelando en los moldes morales del futuro, pero no como un intrumento cí­clico de repeticiones sino de desarrollo lineal y de renovación, teniendo como base los valores que deben ser patrones de comportamiento, como verdaderos términos de referencia en los destinos de nuestro paí­s”. (El subrayado es mio)

Ningún concepto ético positivo puede surgir del autodenominado “general victorioso” que amparó y sigue amparando a un escuadrón de la muerte como el “grupo Colina”. Qué pronto olvidó Hermoza Rí­os el nesfasto rol cumplido por las fuerzas armadas que bajo su comando, cometió en 1994 violaciones sexuales a mujeres indefensas y asesinatos de campesinos indefensos en Challhuayacu, Chavin de Pariarca, Cayumba Chico, Moyuna y Moena, (1) así­ como torturas a prisioneros, empleadas de las propias fuerzas armadas, y ejecuciones extrajudiciales en diversas localidades.

Continúa el general Hermoza Rí­os, comentando la operación “Chavin de Huantar”, de rescate de los rehenes y masacre de los jóvenes guerrilleros, refiriéndose a ella como “una operación militar que está agotando los adjetivos para calificarla y que de acuerdo con la percepción de los analistas militares ha revolucionado los conceptos, pues ha desestabilizado la teorí­a escrita y ha promovido inquietudes respecto de los conocimientos que puedan explicar, técnicamente, cómo es que, aquella tarde (el 22 de abril de 1997), en presencia de millones de espectadores, se ejecutó una estrategia polí­tico militar y de inteligencia que tal vez sentará las bases de una nueva doctrina universal en este tipo de operaciones.”

Pocas veces uno tiene la oportunidad de conocer por sus propias actuaciones y escritos a un militar tan soberbio y ridí­culo, comparándose, él mismo, con estrategas militares de dimensión y reconocimiento internacional. Poco le falta a Hermoza Rí­os para afirmar que gracias a él se inicia una nueva etapa en las teorí­as de las guerras modernas. Pero, téngase en cuenta que está hablando de una incursión militar frente a jóvenes guerrilleros, soñadores y distraí­dos, como si se tratara de una gran potencia extranjera, equipada con iguales o mayor cantidad de combatientes y armamento bélico.

Continúa Hermoza Rí­os afirmando que “El arte bélico, (!desde cuando la guerra es un arte?) en el dominio militar, apasiona a los estudiosos de las teorí­as militares, por eso se han escrito grandes tratados o se han sacralizado definiciones de militares de renombre universal. (“como él mismo lo está haciendo”, le falta decir). Mas adelante insiste en su proclama de que “los hechos nos están indicando que los analistas militares están reordenando conceptos (gracias a él) y comienzan a concebir una nueva teorí­a de la ejecución de las estrategias y están revaluando las ideas básicas del espí­ritu con que los hombres de aquella tarde, escribieron para la historia uno de los mas extraordinarios ejemplos de cómo se lleva a cabo el desarrollo de una estrategia.” Así­ pues, este general reitera su enfermiza tentación de presentarse como el mayor genio militar de los últimos tiempos, digno de ser incluí­do en las más prestigiosas enciclopedias universales sobre la guerra.

Declara Hermoza Rí­os que el objetivo polí­tico de la Operación Chavin de Huantar era “el rescate con vida de las personalidades secuestradas,..sin hacer concesión contraria a las leyes”. Enseguida afirma que se determinaron dos alternativas, una solución pací­fica y una solución militar. Muy pomposamente el “general Victorioso” declara que “la Solución militar buscaba recuperar la autoridad suprema del Estado y la soberaní­a nacional amenazados por el comando guerrillero tupacamarista que ocupó la residencia del embajador japonés en Lima”. Aquí­ sus expresiones no pueden ser más cí­nicas: “En el Estado de Derecho se garantiza que la autoridad, en representación del pueblo, se ejerza dentro de los lí­mites señalados por la Constitución y las leyes del Perú”.

Increí­ble, este general que viola la Constitución del Perú a cada rato se queja de que los tupacamaristas “estaban lesionando este principio esencial” poniendo en riesgo el orden de la Nación. Nadie va a creer sensatamente que el general Hermoza Rí­os puede dar lecciones de respeto al Estado de Derecho.

El general recalca que “El Estado de Derecho, en suma, es el orden y la paz, valores que estaban siendo quebrantados impunemente por los delincuentes terroristas” (sic). Pero quién habla ahora de Estado de Derecho y de impunidad? Justamente es el general que el 22 de abril de 1993 llevó los tanques y tropas en uniforme de combate a la puerta del Parlamento para obligar al Congreso a no seguir investigando la masacre de La Cantuta.(2)El general Hermoza Rí­os está descalificado para pretender dar clases de respeto al estado de Derecho.

Revela el llamado “general victorioso” que para llevar a cabo la Operación Chavin de Huantar” “La delegación de funciones desapareció, contra toda la doctrina operacional, y asumí­ personalmente las funciones en todos los niveles, pero agregando a esta conducta, respeto por la opinión y recomendación de los especialistas…”. Añade que “sin pretenderlo, los mecanismos polí­ticos iban esrimulando la arrogancia de los delincuentes y cada dí­a aparentemente estaban mas convencidos de que sus peticiones al final tendrí­an el éxito que ilusamente esperaban. Confirma así­ la hipótesis sostenida por los observadores independientes de la crisis de los rehenes, de que el gobierno peruano jamás tomó en serio la alternativa de la solución pací­fica a este problema.

Con un incomparable cinismo el general Hermoza Rí­os dice que “recordando a Sun Tzu me repetí­ muchas veces: “Finge inferioridad y estimula su arrogancia (operaciones de engaño) y eso fue lo que hicimos ya que nunca dimos muestras, por lo menos esa fue nuestra intención, de que nos estábamos organizando paralelamente como una fuerza de contingencia para el caso del agotamiento de las conversaciones”. Aquí­ el general escandalosamente falsea los hechos, ya que es conocido que el MRTA denunció inmediatamente a la ocupación de la residencia diplomática, la preparación de las Fuerzas Armadas para el asalto militar. Conociendo la ferocidad militar en la represión de la subversión y en el ataque a poblaciones campesinas indefensas, difí­cilmente los tupacamaristas podrí­an haber considerado como ángeles inofensivos a las fuerzas armadas y pensar que iban a permanecer como meros espectadores.

Sin ningún sentido autocrí­tico, y por el contrario con una embriagada soberbia, Hermoza Rí­os sostiene que “el trabajo de los años de la lucha contra el terrorismo nos produce profunda satisfacción, porque podemos decir que no sólo cumplió su objetivo, sino que sigue constituyendo la estructura básica sobre la que se continuarán realizando operaciones como la denominada “Chavin de Huantar”. Hay que recordar aquí­ que la captura de los principales lí­deres del movimiento terrorista “Sendero Luminoso”, y con esto el control de gran parte de las acciones de terror fue obra de un equipo de la Policí­a Nacional y no del Ejército.

Hermoza Rí­os indica que “la operación se ejecutó sin mayor dificultad hasta la orden de abrir los accesos de los túneles en el punto final, en este momento se producen imprevistos que fueron superados por soluciones alternas; en el interior de la residencia los delincuentes respondieron con fuego cruzado de ráfagas cortas y largas, asi como tiro por tiro y en algunos casos sin control, disparando gran cantidad de munición”. La cumbre de la mentira viene en la parte del informe, en la que el general afirma que “nuestros hombres defensivamente, como estaba ordenado, respondieron con tiros controlados y del tipo tiro por tiro, empleando armas con silenciador y con una gran disciplina de fuego, lo que permitió hacer en varias oportunidades tiro cruzado”. De haber sido así­ qué necesidad tení­a el gobierno de esconder los cadáveres de los tupacamaristas, que fueron literalmente destruí­dos a balazos. (Algunos oficiales se jactaron públicamente de haberle tirado en total más de 500 disparos a Nestor Cerpa Cartolini y cada uno de sus compañeros.)

Para respaldar la imagen de grandeza de su operación militar, el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas saca a relucir los efusivos mensajes de felicitación de no tan misteriosos personajes. Cita, entre otros, al general Manuel Bonnet, Brigadier General del Ejército colombiano, acusado de torturas y asesinatos a dirigentes sindicales y al sacerdote Tiberio Fernández Malfa, párroco de Trujillo, El Valle, Colombia. Según las investigaciones judiciales, 16 personas detenidas el 29.03.1990 por los soldados de Manuel Bonnet Locarno, fueron llevadas a la finca de un narcotraficante en Riofrí­o, donde fueron torturados, quemados con soplete, mutilados con motosierra y finalmente asesinados por los militares.(3) !Qué terrible resulta conocer al tipo de amigos que exhibe el general Hermoza Rí­os. Uno no sabe si hay que tener miedo o agradecerle por la confesión y advertencia.

Continuando con su informe, Hermoza Rí­os explica los factores que le llevaron al éxito, según su criterio, y que son entre otros,: El “secreto” y el principio de la “sorpresa”, las “operaciones de engaño”, la “variación de procedimientos de combate”, el principio de “rapidez”, así­ como el ensayo y la preparación del asalto militar a la residencia diplomática. Aquí­ el general se desborda en un frenesí­ que le lleva a destacar “el genio militar de mis soldados”, y a proclamar que “llenarí­amos páginas con detalles y quién sabe si al final de nuestro recuento, sólo nos quedarí­a el “hombre” como inspiración básica de esta enorme operación militar que le da tanto orgullo a las Fuerzas Armadas del Perú”. Enseguida agrega que “El éxito polí­tico y militar de la indicada operación en el ámbito de la comunidad internacional nos releva de emitir juicios de valor relacionados con la honestidad con que hemos realizado la descripción conceptual de este hecho trascendental en la historia de nuestro paí­s”.

El general Nicolás Hermoza Rí­os recalca su rol mesianico, afirmando que “Los hombres de ayer, de la década anterior, o no tuvieron la oportunidad de vivir los cambios del presente o no se enfrentaron a los desafí­os con riesgo de sus destinos. No hay otra verdad, por dura que sea debemos decirlo porque de ello depende que la historia se escriba con la verdad; de ello dependerá que nuestras acciones de hoy merezcan la atención positiva del mundo, penetren en todos los niveles mentales de nuestros hijos, y, porqué no, en nuestra propia vida mientras tengamos existencia para que edifiquemos las bases éticas de nuestra nación y comprendamos de una vez por todas que si hoy no nos preparamos no tendremos en el futuro las herramientas necesarias para el desarrollo de nuestro pueblo”. Llegado a este punto cualquier conocedor de la historia reciente de la violencia en el Perú no sabrí­a diferenciar si está frente a un informe del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, o uno de esos panfletos redactados por Abimael Guzmán, el jefe terrorista encarcelado. Concluye su i

nforme el general Hermoza Rí­os, con estribillos destacando que las Fuerzas Armadas del Perú “Somos una unidad indestructible; somos una sola voluntad de servicio a la patria, sobre la que se sustenta la cohesión institucional; somos los defensores del honor del Perú. Esta es la unidad de comando que nos da calidad moral para adoptar las decisiones que la responsabilidad legal y constitucional impone. Esta fue una operación militar que “rescató la vida” de la persona humana, fin supremo de la Sociedad y el Estado. (Sic)

Uno con justicia deberí­a preguntarse de qué Fuerzas Armadas está hablando Hermoza Rí­os? No puedo creer que se refiera a la del Perú. Yo no comparto su concepto de “servicio a la patria” ni su calificación de ser él uno de los defensores del honor del Perú. Ningún futuro positivo puede forjarse sobre la base de la mentira y la soberbia que exhibe tan alegremente el supuesto “General Victorioso”.

Notas:

(1) Los Sucesos del Alto Huallaga. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima junio de 1994.

(2)Lateinamerika Jahrbuch 1994. Institut für Iberoamerika- Kunde, Hamburg. Vervuert. Frankfurt am Main 1994. Pág. 192.

(3)ver: El terrorismo de Estado en Colombia. Ediciones NCOS, 1992. Bruselas. Pág. 71 y 72.

Sin duda alguna el Perú exhibe actualmente una caricatura de democracia, con un Presidente Alberto Fujimori que apoyado por las Fuerzas Armadas y su servicio de inteligencia destruyó el Estado de Derecho e impuso en su lugar un régimen dictatorial que a través de una pequeña “camarilla” domina todos los poderes del Estado.

Imitando a los pulpos, el presidente Fujimori ha extendido sus largos brazos a cada una de las instancias establecidas por la Constitución Nacional para fiscalizar y contrapesar la acción gubernamental. Fujimori y sus allegados civiles y militares, que aspiran a perpetuarse en el gobierno, han pervertido el ejercicio del poder polí­tico, utilizando sus cargos para obtener mezquinos intereses personales o de grupo.

Aún más, el gobierno se tomó la autoridad de desconocer la voluntad de cerca de 1 millon y medio de peruanos, que con sus firmas demandaron la realización de un Referendum en contra de la llamada “Ley de Interpretación Auténtica”, aprobada por Fujimori para facilitar una nueva e ilegal reelección presidencial.

El marionetismo como modelo

Cada parlamentario “de la mayorí­a”, cada Ministro de Estado, cada Juez o Fiscal en el Perú, cada Funcionario que ha deseado saborear los placeres del poder en los últimos diez años, ha tenido que renunciar a su independencia, abdicar a sus funciones y más bien convertirse en un tí­tere de Fujimori, y de Montesinos, que los han manejado y los manejan a su capricho y en función a sus propios intereses. Quienes trataron de ejercer sus funciones con dignidad, con independencia, con criterio profesional, o bien fueron forzados a renunciar a sus principios, o tuvieron que sufrir las consecuencias de su decisión, sufriendo pronto las represalias.

Ahora se acepta como normal en el Perú que cada Ministro o parlamentario, o juez nombrado por el gobierno recite los libretos elaborados por el Servicio de Inteligencia manejado por el ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos. Jamás en toda la historia del Perú Republicano se habí­a llegado a tan inmensa degradación de la función judicial o polí­tica.

La sumisión al poder de Fujimori permite por ejemplo que la señora Blanca Nélida Colán se mantenga más de seis años como soberana de la Fiscalí­a de la Nación, y que en lugar de defender los intereses del estado y de la sociedad peruana, haya concentrado sus esfuerzos en lavarle la cara, con el dinero de todos los peruanos, tanto a Fujimori, como a su asesor Vladimiro Montesinos, y al general golpista Nicolás Hermoza Rí­os, entre otros personajes de la farándula polí­tica del Perú.

La Sra. Blanca Nélida Colán fue acusada por congresistas de la oposición de enriquecimienlo ilí­cito, ya que no pudo explicar claramente cómo es que logró comprarse una mansión avaluada en US$ 750,000, cuando su ingreso mensual, mas el de su hermana, y el de su madre suman en total cerca de US$ 5,000.00 dólares. De esta cantidad tiene que pagar US$ 4,178.00 como devolución del préstamo que irregularmente recibió del llamado “Banco Nuevo Mundo”. Para tener derecho a un crédito de la magnitud que recibió la Sra. Blanca Nélida Colán, hay que demostrar un ingreso mí­nimo mensual tres veces mas grande que el valor de la cuota que se va a pagar cada mes. Como tantos casos de corrupción, seguramente este también va a quedar en las nieblas y tinieblas de la impunidad.

El nepotismo que caracteriza al gobierno de Fujimori se practica desvergonzadamente en todos los niveles de la administración del estado. Tanto Fujimori, como su asesor Montesinos, y cualquier funcionario o congresista de la fila del gobierno, actúan como que si el estado peruano fuese su propiedad privada, regalando puestos de trabajo a sus hermanos, hijas, sobrinos, y otros familiares directos e indirectos en funciones de gran responsabilidad, incluí­dos puestos de asesores ministeriales, diplomáticos, representantes en el exterior, jefes militares, sin considerar para nada la falta de calificación o de competencia para ejercer digna y eficientemente dichos puestos.

Epidemia de corrupción

Además, para consolidar sus aspiraciones de convertirse en Presidente vitalicio del Perú, Fujimori ha fomentado la corrupción económica de la mayorí­a de sus cercanos colaboradores, fundando una especie de hermandad de los ladrones de corbata y terno, que obligadamente, para evitar las sanciones correspondienntes por sus delitos, tendrán que oponerse, con tanta fuerza como él, a cualquier cambio de gobierno o transición democrática.

Son numerosos los casos de los altos funcionarios del Estado envueltos en operaciones sucias, chantaje, enriquecimiento ilí­cito, entre otros delitos que se practican como parte de la función que se les ha asignado. La acusación contra Augusto Miyagusuku, gerente de la estatal empresa de seguros “Popular y Porvenir”, por la utilización ilegal y la pérdida de varios millones de dólares de dicha empresa fue entrampada y luego archivada por la mayorí­a fujimorista en el Congreso. Las denuncias de un narcotraficante que aseguró haberle pagado durante dos años US$ 50,000 dólares mensuales al asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a fin de que evitara que los militares o policí­as le impidieran el tráfico de drogas tampoco fueron investigadas, ni por el congreso, ni por ninguna autoridad judicial en el Perú.

En octubre de 1998 la fiscal Juana Cordova y su esposo fueron sorprendidos recibiendo US$ 7,000 de un acusado de narcotráfico. El Juez de la Corte Suprema César Tineo, adulteró una sentencia, para favorecer a una empresa privada con un cobro ilegí­timo al estado de US$ 43 millones de dólares. Otros miembros de la Corte Suprema declararon que firmaron la mencionada sentencia sin haberlo leí­do previamente!. De esa forma, Fujimori y sus allegados podí­an tener bajo su control a varios miembros de la Corte Suprema del Perú. Sólo la valiente denuncia de la oposición parlamentaria logró que a fines de 1998 se destituyera al juez César Tineo y se le abriera un juicio.

En diciembre de 1998 el juez de la Corte de Cerro de Pasco, Alfredo Granados fue sorprendido por la policí­a con los US$ 3,000.00 que recibió de una empresa minera para favorecerle en una sentencia. Igualmente, el Juez de la Corte Superior de Lima, Pablo Rojas, fue sorprendido recibiendo la suma de US$ 2,000.00 dólares que le entregó el intermediario de un narcotraficante. Así­ como estos casos, podemos mencionar más de 400 casos de corrupción de jueces y fiscales entre 1995 y 1999. Ante esta situación el congresista oficialista Carlos Ferrero reconoció que “la voceada Reforma del Poder Judicial ha fracasado, ya que los niveles de corrupción son ahora mayores que nunca”.

El 25 de febrero de 1999 una sala Judicial ordenó formalmente la detención del Jefe del Estado Mayor del Ejército, el General Tomás Marky, quien habí­a sido designado en ese cargo a principios del año. Se le acusó de haberse apoderado de la suma de un millón de dólares que se incautó en 1995 a dos narcotraficantes colombianos en la zona de Ayacucho. En realidad habrí­a que encarcelar a mas generales que han actuado como socios de los narcotraficantes. El general Marky se debilitó con la salida sorpresiva de su cargo, a fines de 1998 del general Nicolás Hermoza Rí­os.

Sin embargo, pese a las evidencias de su responsabilidad en la apropiación ilí­cita del dinero, tanto el Presidente Alberto Fujimori, como el nuevo Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, (de triste participación en el engaño y la masacre de los tupacamaristas que ocuparon la residencia del embajador de Japon en Lima, en diciembre de 1997) abogaron en favor del general Marky, a quien calificaron como un “oficial honesto que debe quedar libre” -según Fujimori- y que “ha dejado en Ayacucho una huella de hombre honesto, serio, correcto y de un buen militar”, según Cipriani, quien exigió que se respeten los derechos humanos del general !!.

A fines de marzo de 1999, el flamante Ministro de Trabajo, Jorge Mufarech tuvo la osadí­a de denunciar la existencia de una mafia en las Aduanas del Perú, que según sus investigaciones habrí­a recibido grandes coimas para ocultar un masivo contrabando que ocasionó pérdidas al estado peruano por unos 10,000 millones de dólares, durante todo el perí­odo de gobierno fujimorista. La acusación la dirigió, entre otros, contra una amiga de Fujimori, la Superintendenta de Aduanas, Carmen Higaona y a varios de sus más cercanos colaboradores. El escándalo comprometió a funcionarios del entorno de Fujimori. El Ministro Mufarech fue forzado a renunciar.

El 14 de abril Fujimori, tras despedir a sus seis ex-ministros “renunciantes”, dijo que las denuncias de corrupción habí­an sido precipitadas y exigió “que se muestren las pruebas”, a pesar de que el ahora ex ministro Jorge Mufarech ya habí­a cumplido con entregarlas tanto al Presidente así­ como a un Fiscal.

“Esta ola de corrupción es el sí­ndrome de los últimos dí­as. Fujimori ha juntado gente de todo pelaje en su organización, reclutada entre los que tení­an apetito para acceder a la administración pública, que sienten los pasos del fin del gobierno y se apresuran a llenar los bolsillos”, declaró a Inter Press Service el sociólogo Alberto Panessi.

Destrucción del Estado de Derecho en el Perú

En su aventura totalitaria el presidente Fujimori aniquiló al Tribunal Constitucional, a fin de evitar que sus aspiraciones de reelección presidencial fueran rechazadas por este órgano supremo del Poder judicial en el Perú, que se atrevió a emitir un dictamen contrario al que Fujimori y sus aliados esperaban. Enseguida Fujimori, al margen de lo que manda la Constitución, creó organismos fantasmas, carentes de sustento constitucional, (“Comisiones Ejecutivas”) a fin de despojarle de sus funciones y someter bajo su autoridad a los Tribunales de Justicia y a la Fiscalí­a de la Nación, colocando a sus amigos en los cargos de dirección. Para Fujimori el Estado de Derecho “es un discurso de los politiqueros”.

Fujimori, con la complicidad de la mayorí­a oficialista en el Congreso anuló arbitrariamente las principales funciones asignadas al Consejo Nacional de la Magistratura (organismo que fiscaliza la conducta funcional de los jueces) y a la Academia de la Magistratura, para después poder colocar a algunos jueces ineptos y corruptos en tribunales claves, a los cuales les correspondí­a pronunciarse en asuntos como la reelección presidencial, el Referendum convocado por la oposición, denuncias de corrupción, entre otros casos.

Esta certeza, de la inexistencia de un Estado de Derecho en el Perú, lo han confirmado no sólo expertos constitucionalistas, entre ellos el doctor César Landa(1) , profesor de la Universidad Católica del Perú, sino también instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en sus más recientes informes sobre el Perú.

Con toda razón en su reciente informe sobre los derechos humanos en el mundo el Departamento de Estado norteamericano afirma que “El Perú es una república con un sistema polí­tico multipartidario y un Poder Ejecutivo dominante, que con frecuencia utiliza su control sobre los poderes Legislativo y Judicial, ocasionando un detrimento al proceso democrático”". Agrega, además, que aunque “”La Constitución estipula la existencia de un Poder Judicial independiente,…en la práctica el sistema judicial es ineficiente, con frecuencia corrupto, y fácilmente manipulado por el Ejecutivo.”

Respecto al uso sistemático de la violencia, el Departamento de Estado sostiene que “La Constitución prohí­be la tortura y el trato inhumano o degradante. Sin embargo, en la práctica la tortura y el trato brutal de los detenidos a manos de las fuerzas de seguridad ocurren frecuentemente”.

Estas crí­ticas tan directas de los funcionarios norteamericanos del Departamento de Estado ocasionaron una serie de berrinches en las filas fujimoristas. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ví­ctor Raúl Castillo rechazó la acusación, y afirmó que el informe norteamericano dice cosas totalmente falsas, “ya que la administración de justicia en el Perú es autónoma”. Nadie en el Perú le creyó, ni siquiera su amigo Fujimori. Por su parte, el implacable parlamentario oficialista Daniel Espichan, quien se jacta de haber mandado a miles de acusados de terrorismo a la cárcel, mientras era Procurador del Estado para los casos deTerrorismo, reaccionó diciendo que “en el Perú hay total respeto a los derechos humanos”. Es decir, Espichan insiste en hacerse el ciego y no ver lo que todo el mundo observa y comprueba en el Perú.

Más recientemente el presidente Alberto Fujimori optó por retirar al Perú del sistema interamericano de vigilancia y protección de los derechos humanos. Ante esta amenaza, diversos partidos de oposición en el Perú, además de condenar al terrorismo, manifestaron que “Denunciamos la pretensión del Gobierno de apartarse de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el pretexto de que dicha Corte estarí­a liberando terroristas, lo que es falso, ya que la CIDH plantea el respeto al debido proceso.” (2)

Los parlamentarios de la oposición alertaron a la ciudadaní­a de que “con la determinación del gobierno y su mayorí­a parlamentaria las personas quedarán sin derecho de recurrir a la Corte Interamericana cuando sus derechos humanos sean violados”. Agregaron que “Sabemos que, por la intervención a la que están sometidos el Poder Judicial, el Ministerio Público y el recortado tribunal Constitucional, los derechos humanos más que nunca requieren de la tutela de la Corte Interamericana”.

Los derechos humanos se violan sistemáticamente

El gobierno de Fujimori tiene en el tema de los derechos humanos uno de sus puntos más crí­ticos, además de la falta de un Estado de derecho. Aunque a Fujimori algunos le aplauden en el exterior por haber controlado la subversión y el terrorismo, y haber detenido la hiperinflación en el Perú, también se le critica por la masiva pobreza y las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en todo su perí­odo de gobierno.

“La pobreza y el desempleo son las principales formas de violación de los derechos humanos en el Perú”, sostiene el informe publicado por la Asocición pro Derechos Humanos y el Centro de Asesorí­a Laboral, debido a que generan una exclusión social, una calidad de vida muy precaria, y bastante inestabilidad en la población” De acuerdo al mencionado informe, ahora la condición de pobreza corresponde al 50 % de la población peruana”.

Por otro lado, en las Naciones Unidas (ONU) existen mas de 5,000 denuncias de desapariciones aún no investigadas, desde 1982 hasta la actualidad. Los familiares de estos desaparecidos, en su mayorí­a población andina y amazónica, siguen reclamando verdad y justicia. Además hay miles de personas injustamente encarceladas.

Este tema de los derechos humanos está enfrentando cada vez más al gobierno peruano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) que cuestionó la falta de un debido proceso en muchos casos de terrorismo, la prisión ilegal de inocentes, la práctica de la desaparición forzada de personas y la total impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos de las personas.

La CIDH está exigiendo ahora que el gobierno peruano restituya en sus cargos a los tres ex integrantes del Tribunal Constitucional que fueron destituí­dos en 1997 por oponerse a una nueva postulación de Fujimori. También exige que se le devuelva la nacionalidad peruana al empresario de televisión Baruch Ivcher, atacado por el gobierno por las denuncias que hizo su televisora acerca de graves casos de tortura y asesinato cometidos por agentes del servicio de inteligencia al mando del asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Igualmente la Corte Interamericana está evaluando otras 20 denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en el Perú.

La respuesta del gobierno peruano ha sido intentar separar al Perú del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Militarización, pánico, amenazas a la población

La presión de la comunidad internacional de derechos humanos obligó al gobierno peruano a eliminar la función de “jueces sin rostro”, que tanto daño habí­a producido en miles de inocentes enviados a la cárcel por simples sospechas de simpatí­a con la subversión. Esto no significa que haya mejorado la protección de los ciudadanos frente a la prepotencia del Estado. Por el contrario, los civiles están ahora en abril de 1999 en una situación de mayor precariedad y vulnerabilidad que hace dos años.

Actualmente cerca del 20% de la población peruana vive bajo “Estado de Emergencia” con sus derechos humanos fundamentales recortados o negados por el Estado. Esto implica que más de 4 millones de peruanos no pueden siquiera esperar que se les respete el derecho a la vida, a la libertad, a no ser torturado, a no ser detenido sin mandato judicial. Las zonas bajo “Estado de Emergencia” son gobernadas prácticamente por los Comandos Polí­ticos-Militares.

Con el pretexto de alcanzar la “seguridad nacional”, en mayo de 1998 el gobierno promulgó una serie de Decretos Legislativos, supuestamente para terminar con los actos de delincuencia común como asaltos y secuestros que estaban cometiendo algunas bandas armadas, y que en la práctica significan: la negación del derecho de defensa y del debido proceso a los acusados, la penalización de los menores de edad, y la militarización de la justicia. Los menores de edad entre 16 y 18 años de edad ahora también pueden ser juzgados por los tribunales militares por actos de delincuencia común.

El Decreto Legislativo Nº 895, así­ como los siguientes 896 y 897, con el afán de proteger más la propiedad privada, definen confusamente algunos delitos comunes como “terrorismo agravado”. Otro Decreto, el 899 crea el delito de “pandillaje pernicioso”, para reprimir a las bandas juveniles que protagonizan actos de violencia en las calles. No se ha tomado en cuenta, para nada, examinar las raí­ces de la violencia juvenil, vinculadas a las graví­simas condiciones de injusticia social y frustración frente al futuro desesperante.

Otro Decreto, el Nº 900 intenta modificar normas Constitucionales, que sólo pueden ser cambiadas mediante proceso especial por el Poder legislativo. A través de ese Decreto el gobierno trata de obligar a todo el que quiere reclamar con recursos de Hábeas Córpus y Amparo en favor de personas encarceladas, a presentarlos sólamente en dos determinadas salas “Juzgados Especiales de Derecho Público”, lógicamente, donde están los jueces que han actuado con un favoritismo muy grande hacia Fujimori, como el Juez Percy Escobar Lino.

Otra perla que exhibe esta legislación para la “Seguridad Ciudadana”, es que a través del Decreto Legislativo Nº. 904 somete a la Policí­a Nacional practicamente bajo la tutela del Servicio de Inteligencia Nacional, es decir, bajo la jefatura del insaciable asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Aunque resulte increí­ble, esta legislación ya se está aplicando en el Perú. Por ejemplo,en julio de 1998 cuatro personas fueron condenadas por un Tribunal Militar (Consejo de Guerra) a “cadena perpétua”, por utilizar armamento de guerra cuando asaltaron diversos negocios en Trujillo y cometer actos de secuestro con violencia, y por herir a una persona. Claro que este tipo de procesos judiciales ha creado pánico y sentimiento de mayor inseguridad en la población peruana.

Tal como lo han proclamado las organizaciones peruanas de derechos humanos, “urge la derogatoria de los decretos legislativos sobre “Seguridad Ciudadana”, porque violentan diversas disposiciones constitucionales, exceden las atribuciones que el Poder Legislativo le otorgó al Poder Ejecutivo, y responden a una Polí­tica criminal represiva inadecuada para enfrentar esa problemática”.

Los injustamente presos

Más de 18,000 de los cerca de 26,000 presos que existen en las cárceles del Perú acusados de diversos delitos se encuentran como “inculpados”, es decir, que tanto ellos como el poder judicial ignoran el motivo real de su estancia en la prisión. Simplemente no han sido juzgados. Entre los inculpados hay personas que llevan mas de ocho años de cárcel. Muchas de estas personas fueron señaladas por presuntos “arrepentidos del terrorismo” como “terroristas” o “subversivos”, sin prueba alguna.

Además existen pueblos enteros en los Andes peruanos que viven bajo el temor de la captura por parte de la policí­a y del ejército, acusados de haber apoyado colectivamente la subversión. Miles de peruanos se encuentran en la condición de requisitoriados por los tribunales militares y civiles, sin que ellos mismos lo sepan. Debido a esta causa, pueden ser detenidos en el momento mas inesperado.

Por otro lado, sólo 450 de los cerca de 2,000 inocentes encarcelados bajo el cargo de subversión y terrorismo han sido amnistiados en los ultimos tres años tras una larga lucha de sus familiares y los grupos nacionales e internacionales de derechos humanos. Este proceso de reparación del daño, liberando a los inocentes, se ha detenido. Fujimori espera una coyuntura favorable en la que pueda utilizar polí­ticamente estos actos de justicia en favor del mejoramiento de su imagen.

Las condiciones de prisión

La caracterización de las celdas como cárceles-tumba no es una exageración. Los penales de Yanamayo y Challapalca (este último localizado a 4,800 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Puno) así­ como otros en los que se ha colocado a los acusados de subversión y terrorismo, y también a presos por delitos comunes lo confirman. Casi ninguna de las carceles peruanas reúne las condiciones mí­nimas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de prisioneros. En el sistema fujimorista se entiende que los presos no tienen derechos de ningún tipo.

En noviembre de 1998 una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató en el Perú “la vigencia de un regimen extremadamente riguroso en los penales, que incluye reclusiones de individuos por 23 horas al dí­a, en espacios muy pequeños, y en condiciones de hacinamiento. Este régimen puede producir enfermedades irreversibles por la falta de ejercicios fí­sicos” sostuvo la referida Comisión.

La Respuesta de la sociedad civil

Diversos sectores de la sociedad peruana han reaccionado muy crí­ticamente con acciones de desobediencia civil para enfrentar la destrucción del Estado de Derecho en el Perú. Especialmente los estudiantes universitarios, y los trabajadores del campo han manifestado públicamente su oposición al autoritarismo fujimorista, organizando huelgas y marchas de protesta por diversas regiones del paí­s.

La cadena de acciones de desobediencia civil tuvo su punto mas elevado el pasado 28 de abril, con la realización, por primera vez en los 9 años de Fujimorismo, de un Paro Nacional , en el que la población manifestó masivamente su rechazo a la polí­tica dictatorial del gobierno actual y a sus pretensiones de perpetuarse en el poder. En este mismo sentido, el Foro Democrático, que aglutina a importantes sectores polí­ticos, académicos, sindicales, propugna una candidatura única de la oposición, para enfrentar electoralmente unidos a toda la maquinaria del fujimorismo que intentará nuevamante su reelección.

Recogiendo la aspiración de los sectores crí­ticos de la población, el Foro Democrático que ya demostró su poder de convocatoria, al haber reunido cerca de 1 millon y medio de firmas en contra de la reelección se propone desarrollar este año un proceso de transición y refundación democrática basada en la unidad de acción de las fuerzas de oposición para lograr una descentralización efectiva y verdadera, la salida de emergencia de la crisis económica, y elecciones libres, sin fraude ni reelección. Asi busca un gobierno unitario de Transición Democrática en el año 2,000. Noble objetivo, que merece todo nuestro apoyo. (FIN)

1. El Constitucionalista César landa afirma:”Nunca antes como ahora el ejercicio del poder polí­tico gubernamental ha llegado a amenazar y a cuestionar la propia jurisdicción constitucional, como ha quedado evidenciado en los últimos años….Dicho en otras palabras, muestra los lí­mites del control constitucional del frágil Estado de Derecho peruano, administrado por las mismas autoridades que en 1992 no tuvieron reparo en quebrantar la institucionalidad constitucional, clausurando entre otros organismos constitucionales al Tribunal de Garantí­as Constitucionales, por considerar que sus resoluciones no eran conformes con el proyecto polí­tico y económico promovido por el gobierno y los poderes fácticos”.” Protección de los derechos fundamentales a través del Tribunal Constitucional,, en Pensamiento Constitucional, Pontificia Universidad católica del Perú, Añ0 V Nº 5, Lima, Noviembre de 1998.”Págs. 79 y 80.

2. El Comunicado fue difundido el 6 de julio de 1999 con las firmas de los congresistas Henry Pease Garcí­a, de Unión por el Perú, Gustavo Mohme Llona, de Democracia y Solidaridad; Luis Guerrero Figueroa, de Perú Ahora, y representantes del Partido Aprista Peruano, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, entre otros.

Después del final sangriento de la crisis de los rehenes el gobierno del Perú es, en el fondo, un escándalo a nivel internacional, solo elogiado por los poderes dominantes, que aplauden la señal enviada a los grupos subversivos, de que en vez de negociar soluciones polí­ticas a las demandas de los movimientos armados, se va a responder con la fuerza y con todo el poder de las armas.

Alberto Fujimori, quien se reafirma como modelo de engaño y burla al sistema democrático, ha preferido transitar del autoritarismo al totalitarismo, condición sine quanon a su modelo económico, que ubica al Perú como paí­s periférico, abastecedor de materias primas y mero consumidor dentro del mercado globalizado.

El Presidente del Perú, Alberto Fujimori, al autorizar la solución militar, exigida por los Estados Unidos, aprovechó la oportunidad también para lavar la cara de las fuerzas armadas peruanas, tan involucradas en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, torturas y secuestros de disidentes polí­ticos y agentes del propio servicio de inteligencia, así­ como en narcotráfico, corrupción financiera, y otros graves delitos.

Ahora, Fujimori ofrece discursos rimbombantes, como el que dio en Nueva York el 15 de mayo, ante el Consejo de Relaciones Internacionales (Council of Foreing Relations), sobre la posición del Perú frente al fenómeno del Terrorismo. El mismo ha anunciado que va a exportar su “tecnologí­a de rescate de rehenes y solución de conflictos” que aunque en Lima produjo 17 muertes, y 15 heridos, así­ como 24 obreros mineros desaparecidos, lo califica como “exitosa” y “positiva”.

Sin embargo, su “tecnologí­a de rescate de rehenes”, que supone la incursión militar sorprevisa, con un costo de vidas humanas impredecible, también está llena de misterios y aspectos condenables que deben ser rechazados en toda sociedad democrática.

1. Instrumentalización de la Comisión de Garantes

Ante la presión de la mayorí­a de la población peruana y de la comunidad internacional, que reclamaban una solución no violenta de la crisis, el gobierno peruano aceptó la conformación de una Comisión de Garantes, que se encargarí­a de cooperar en la búsqueda de una solución pací­fica. Como nunca antes en el Perú, las demandas de una solución pací­fica de la crisis, provinieron de las mas diversas personas y movimientos de todo el mundo, conmovidos por el baño de sangre que se podrí­a desencadenar en cualquier momento, y que casi todos querí­an evitar. Miles de voces se levantaron por todo el mundo para invocarle al MRTA y al gobierno peruano flexibilidad en sus posiciones y una solución pací­fica de la crisis. Realmente se produjo una cruzada mundial por la paz y los derechos humanos en el Perú. En este proceso de presión nacional e internacional por una solución pací­fica, contribuyeron la mayorí­a de los medios de comunicación internacionales, que asombrados descubrieron los rostros ocultos y tristes del Perú profundo, simplemente maquillado por el neoliberalismo de moda. Los reportajes sobre el Perú y la crisis de los rehenes sacudieron al mundo, pues, por pimera vez, algunos importantes diarios y canales de televisión informaron sobre el infierno de las cárceles peruanas, de la desesperante pobreza de su pueblo, de la deuda social no pagada, que mata de hambre y de Tuberculosis en el Perú. Para muchos en el mundo, Fujimori dejó de ser el victorioso presidente de un paí­s en crecimiento, para convertirse en un anacrónico dictador.

Para la solución de la crisis de la residencia diplomática, el gobierno del Perú designó al Ministro de Educación, Domingo Palermo, como su representante en la Comisión de Garantes. Canadá, el Estado Vaticano y la Cruz Roja Internacional también nombraron sus representantes en dicha Comisión. El gobierno de Japón, igualmente, designó a uno de sus embajadores como observador en la Comisión de Garantes.

Se entendió claramente que tanto el MRTA como el gobierno peruano respetarí­an las gestiones y asumirí­an las recomendaciones de la Comisión de Garantes, porque de otro modo no se justificarí­a su existencia. El pleno de la comisión de garantes se pronunció por una solución pací­fica, y aparentemente se esforzó en alcanzarla. Sus gestiones beneficiaron a los rehenes, quienes muy pronto pudieron recibir toda la ayuda humanitaria, en medicinas, alimentos, ropa, libros, y otros recursos que hicieron su cautiverio “mas soportable”.

El MRTA respetó las acciones de la Comisión de Garantes y confí­o en su autoridad como mediador y garante ante el gobierno del Perú· Sin embargo, el gobierno peruano utilizó a los miembros de la Comisión de Garantes para entretener al comando tupacamarista, y por otro lado implementar sus planes de ataque militar a la residencia. Se aprovechó la “inmunidad” que le reconoció el MRTA a los garantes para introducir a la residencia equipos electrónicos de escucha, y de comunicación, con los que durante las últimas tres semanas previas al ataque, el servicio de inteligencia del Ejército controló minuto a minuto el movimiento tanto de los rehenes como del comando tupacamarista.

El gobierno peruano aseguró al de Japón, asi como al Papa Juan Pablo II y a la comunidad internacional, que se esforzarí­a en lograr una solución pací­fica y que sólo optarí­a por la solución militar cuando el MRTA dañara a algún rehen. Aunque el gobierno peruano se comprometió ante la Comisión de Garantes, en la práctica, continuó empeñado en la salida militar, y finalmente cedió a la tentación de ejecutar un acto violento que lave la cara a las FF.AA. y que permitiera a la vez levantar la caí­da imagen de Alberto Fujimori, quien vive como un esclavo de los militares y de las encuestas de opinión.

Ahora es legitimo preguntarse:

• Como quedan los acuerdos asumidos libre y soberanamente dentro de una Comisión Internacional de Garantes? Tienen o no tienen fuerza obligatoria?
• Que confianza puede tener la comunidad internacional para negociar con el gobierno del Perú, si ya se sabe que el triunvirato que gobierna al pais (Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y Alberto Fujimori) no cumple sus compromisos, cuando no ofrecen beneficios politicos y económicos?
• Reconocerán el Estado Vaticano, el gobierno de Canadá, el gobierno de Japón, que fueron groseramente utilizados, manipulados, por un triunvirato cí­vico-militar del Perú fiel a los intereses de los Estados Unidos antes que a las aspiraciones de paz del pueblo peruano ? Todos estos paí­ses, asi como las potencias mundiales, se apresuraron en felicitar a Fujimori por su “exitosa operación militar de rescate de los rehenes”. De esta forma, se hicieron complices del terrorismo de Estado que practica el gobierno del Perú desde hace varios años.

2. Pacificar no es aniquilar

Hay varios ex rehenes japoneses y peruanos que han declarado sobre las ejecuciones extrajudiciales de tupacamaristas que se habí­an rendido, o que habí­an sido tomados prisioneros, dentro de la residencia y que luego aparecieron muertos. Actualmente los organismos de DDHH del Perú están documentando estos crí­menes a fin de solicitar las investigaciones respectivas a los organismos judiciales y a las instancias internacionales.

Por su parte el gobierno de Fujimori se ha negado a entregar los cadáveres de los tupacamaristas a sus familiares. En el caso de los lí­deres del comando aniquilado, Nestor Cerpa y Rolly Rojas, ambos fueron enterrados clandestinamente. Los otros cadáveres tampoco han sido entregados a los deudos. En ninguno de los casos se autorizó una autopsia. Algunos militares que participaron en la incursión militar han declarado que cada tupacamarista recibió cerca de 500 balas, por lo que los cuerpos estarí­an totalmente destruí­dos. Eso justificarí­a la negativa a entregar los restos mortales de los tupacamaristas a sus familiares.

La búsqueda de la pacificación nacional en el Perú tiene que nacer del interior de la sociedad peruana, de sus organismos de base, como los barrios y comedores populares, los sindicatos, los colegios profesionales, las universidades, los medios de comunicación, las comunidades religiosas, y las otras fuerzas de la sociedad civil.

No se puede esperar una auténtica voluntad de paz de aquellos gobernantes que ordenaron el asesinato del máximo dirigente sindical peruano, Pedro Huilca, (Como lo denunció recientemente el general del Ejército peruano y defensor de loos derechos humanos Rodolfo Robles) y que son los mismos que planificaron y ordenaron las masacres de “Barrios Altos, “La Cantuta”, entre otros graves hechos. No hay paz sin justicia. Hay miles de viudas y huérfanos en el Perú que esperan justicia. Existen miles de presos condenados a diez o mas años de prisión, o a cadena perpetua, sin haber tenido ninguna partiipación en la subversión o en el terrorismo. La mayorí­a de estos presos sufre condiciones de vida infrahumanas en las horribles cárceles peruanas. Imposible hablar de paz con esta realidad de injusticia. Deben ser muy pocos en el Perú quienes desean la paz de los cementerios. La gran mayorí­a del pueblo peruano anhela la paz de la verdad, la paz de la justicia social, la paz de la fraternidad humana.

En vez de discursos triunfalistas de Fujimori y de sus generales, lo que el Perú necesita es crear una Comisión Investigadora, que esclarezca las ejecuciones extrajudiciales en la residencia japonesa. Esa demanda ha sido ya planteada por diversas instancias internacionales, como los grupos de los representantes Verdes y de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Aquí­ podrí­a aportar la fracasada Comisión de Garantes, que necesita reivindicarse ante el Perú y ante la comunidad internacional.

3. Los Misterios de Fujimori

Fujimori nunca se ha caracterizado por guardar algún respeto al sistema democrático. Tras la orgí­a militarista que siguió a la aniquilación de los tupacamaristas en la residencia japonesa, Fujimori emprendió otra feroz batalla, esta vez dirigida contra los poderes del Estado que no se han sometido totalmente a sus caprichos reeleccionistas. Se lanzó a atacar frontalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional que, por razon de principios y de conciencia no querí­an avalar su “Interpretación auténtica de la Constitución” y, por lo tanto, rechazaron su intención de postular para las elecciones presidenciales siguientes, del año 2,000. Enseguida el gobierno disparó sus fuerzas contra el Fiscal de la Nación, Miguel Aljoví­n, por exigir que los militares torturadores de la agente del Servicio de Inteligencia Leonor La Rosa, sean enjuiciados en los tribunales civiles y no en el Fuero Militar. El Fiscal fue acusado de prevaricato y abuso de autoridad por el general Guido Guevara, del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Por otro lado, el Congreso de la República, dominado por la mayorí­a gobiernista, abriéndole más puertas a la reelección de Fujimori, eliminó el capí­tulo de la ley electoral que, entre otros aspectos, prohibe la utilización de recursos del Estado para la propaganda electoral Ahora Fujimori ha anunciado que nuevamente va a Reformar el Poder Judicial, porque “la reforma aplicada en los últimos tres años no ha cumplido con los cambios necesarios para modernizar al paí­s”.

Lo que si constituye un verdadero misterio, en esta etapa post euforia militarista, es el destino de los 24 obreros mineros que fueron contratados engañosamente para construir los túneles hacia la residencia ocupada por el MRTA. En Lima se informó que dos de estos obreros murieron cuando se cayó una parte del tunel, y el resto se encuentra en condición de desaparecidos. Sus esposas e hijos los buscan y los reclaman, sin haber merecido ninguna respuesta del gobierno.

A modo de conclusión:

El balance de las últimas acciones del gobierno peruano, tras la crisis de los rehenes, revela una compleja realidad, de una sociedad civil totalmente dominada por las Fuerzas Armadas. El poder Militar se ha fortalecido con la impunidad creciente. Se empuja al Perú a una carrera interminable de violaciones a los derechos humanos, en una sociedad que rinde culto a la violencia. Cuando crezca más la desconfianza en el gobierno, y Fujimori baje en las encuestas, no serí­a raro que entonces se produzcan nuevos enfrentamientos armados contra Ecuador, a fin de terminar con las divisiones internas dentro del Perú, y empujar artificialmente a la unión del pueblo peruano alrededor de un pintoresco nacionalismo. El modelo fujimorista de resolución de conflictos debe ser condenado por su irracionalidad, su carácter antidemocrático, y por acarrear mas violencia.

1. Torturados, encarcelados, condenados, por tener familiares tupacamaristas.

Esta es una de las tantas irregularidades que exhibe el injusto sistema judicial peruano, que después del autogolpe de Estado del presidente Alberto Fujimori, de abril de 1992, está dominado en los procesos por “terrorismo” por jueces sin rostro.

VERONICA fue detenida por la policí­a en La Merced, el 6 de julio de 1993, cuando sólo tení­a 15 años de edad, y defendí­a a su esposo, quien era maltrado por los policí­as. Esta jóven desconocí­a que tres años atrás, su esposo se habí­a fugado del penal de Canto Grande, Lima, junto con otros militantes del MRTA. Verónica habí­a conocido a su esposo en 1992, cuando él trabajaba como empleado de una farmacia en Lima.

Al momento de la detención, Verónica se encontraba embarazada de dos meses, y posteriormente, en el penal de Huamanccacca, Huancayo, dio a luz a una niña, con quien vive en la prisión. Verónica sufrió brutales torturas de la policí­a en La Merced, un departamento en la selva central del Perú. Durante varios dí­as la colgaron con sogas desde el techo de la comisarí­a, le aplicaron descargas eléctricas en su cuerpo, y varios policí­as la violaron repetidamente. Después a Verónica se le diagnosticó SIDA, lo cual ha sido confirmado con pruebas posteriores. Ninguno de los policí­as que la torturaron y violaron ha sido sancionado por los tribunales en el Perú. Actualmente el esposo de Verónica sufre una condena de “cadena perpetua” en el penal de Trujillo. El caso de Verónica es atendido por el Centro de Estudios y Acción para la Paz, CEAPAZ, de Lima. La historia de esta grave violación de los derechos de Verónica se encuentra en las páginas 129 y 130 del libro “Los Inocentes Tienen nombre”

(APRODEH, CEAPAZ, IDL, FEDEPAZ Lima, noviembre de 1995)

La señora CARMEN CARDENAS MATA, y su hija MIRIAM QUISPE CARDENAS, han sido condenadas a 30 años de prisión sólo por ser esposa e hija de un militante tupacamarista. Ambas mujeres fueron acusadas de cooperación con el MRTA, por su relación familiar con el obrero de construcción Constantino Quispe Caceres, conocido como “Espartaco”, quien según la policí­a, dirigió la excavación del tunel de 338 metros, que el 9 de julio de 1990 permitió la fuga de 47 tupacamaristas del penal de Canto Grande, Lima. No existen indicios de alguna participación de la esposa y la hija de “Espartaco” en actividades subversivas o terroristas. Espartaco fue asesinado por miembros de Sendero Luminoso, cuando habí­a sido elegido dirigente comunal y querí­a trabajar para dotar de agua potable y electricidad a su barrio en Lima. Las dos prisioneras, acusadas de militancia tupacamarista, son defendidas en Lima por el abogado Miguel Gonzales del Rí­o. La historia de este caso puede leerse en las páginas 358-359 del libro “Los Inocentes tienen nombre”.

Así­ como estos casos, existen actualmente muchos otros, de hombres y mujeres, menores de edad, y ancianos, condenados a prisión unicamente por la militancia tupacamarista de alguno de sus familiares. Entre otros, podemos mencionar la injusta prisión de las hermanas Elsa y Elvia Tenorio Torrejón, detenidas en Bagua Grande desde enero de 1993.

2. Condenados a cárcel por delitos inexistentes

El señor TOMAS MENDOZA CRISANTO, obrero de la municipalidad de Morropón, Piura, fue condenado a 20 años de cárcel, acusado de ser tupacamarista por la corte Superior de Lambayeque, quien se fundamentó en el hecho de que el acusado, además de ser dirigente sindical, tení­a su domicilio en el pueblo joven “Luis de la Puente Uceda”, nombre del lider de las guerrillas peruanas de la década del 60. El señor Mendoza es defendido por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, de Lima. Su caso es expuesto en la pag. 241 del libro “Los Inocentes tienen nombre”

Otro tribunal de “jueces sin rostro” condenó al estudiante universitario EDWIN MOQUILLAZA VALDIVIA a 12 años de carcel, bajo la acusación de ser militante tupacamarista. Como prueba de su militancia los jueces se refirieron a dos videocasettes hallados en su casa, con informaciones públicas sobre la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y el derrocamiento del dictador Anastacio Somoza. Este caso se encuentra en revisión. Moquillaza es atendido por la Comisión Episcopal de Acción Social, de la iglesia católica, CEAS. El caso se presenta en la página 11 de “Los inocentes tienen nombre”

Igualmente MARIO OCAMPO SALDAí‘A, un técnico sanitario, detenido el 14 de febrero de 1992, fue sentenciado a 15 años de prisión, sólo por haber conducido en su motocicleta, sin saberlo, a un militante tupacamarista, que compró un stencil para luego, según la policí­a, imprimir un folleto subversivo. Ocampo se encuentra prisionero en la carcel de Picsi, Chiclayo. Su caso es atendido por la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH. La historia injusta de prisión es presentada en la página 80 de “Los inocentes tienen nombre”.

El profesor LIBORIO LOPEZ CURI fue condenado por “jueces sin rostro” a 10 años de prisión, acusado de militancia tupacamarista, por supuestamente haber brindado en 1992 alojamiento y alimentación en su casa a un guerrillero que todaví­a no ha sido capturado por las fuerzas policiales. La población de Rodriguez de Mendoza, Amazonas, reclamó, junto con la Comisión Episcopal de Acción Social, la liberación de este profesor. Fue reconocido como inocente y liberado gracias al trabajo de la Comisión de indultos.

El señor DOMICIANO HERRERA GONZALES, dedicado a la ocupación de radio- técnico y agricultor, paso dos años en prisión, acusado de haber colaborado con el MRTA, reparando un equipo de radiocomunicación que le entregaron los guerrilleros que ocuparon la localidad de Ron, Utcubamba, el 11 de mayo de 1992. Inicialmente fue condenado a 20 años de prisión. El Instituto de defensa Legal logró su liberación.

Estas breves historias revelan que sí­ es posible, y aún más, es necesario, que el gobierno peruano, apruebe una ley de amnistí­a que permita la liberación de tantas personas, condenadas como tupacamaristas, acusados de “subversivos” y “terroristas”, sin existir cargos concretos. Así­ se abrirá un camino más para la pacificación nacional que espera el pueblo peruano.