La instauración del denominado “Proceso de Reorganización Nacional” tuvo como objetivo la especulación financiera, el desguace del aparato productivo, el traspaso de recursos económicos a los sectores de mayores ingresos y a las empresas multinacionales. Para ello fue necesario desmantelar el tejido social y polí­tico, proscribir las organizaciones gremiales. El genocidio y los crí­menes de lesa humanidad fueron el correlato de esta polí­tica.

La Corte Suprema de Justicia legitimó a quienes se alzaron contra la Constitución Nacional y la pusieron por debajo de los Estatutos dictados por el autodenominado Proceso, reconociéndoles, además, facultades legislativas, judiciales y constituyentes.

El genocidio contó con el respaldo de la cúpula de la iglesia católica, que llamó a los militares a intervenir en una “guerra santa”. El adoctrinamiento de los militares se llevó a cabo bajo la supervisión de los Estados Unidos, en forma coordinada con el resto de las dictaduras del continente. Mientras tanto, la Embajada norteamericana velaba por los intereses de sus ciudadanos, es decir, por los beneficios económicos de sus grandes empresas.

El estado de sitio, el dictado de órdenes secretas “antisubversivas”, la tortura, la desaparición forzada de personas, el aniquilamiento de miles de personas, el robo de bienes de las ví­ctimas, los centros clandestinos de detención donde se sometió a miles de personas a condiciones infrahumanas, niños nacidos en cautiverio, la privación de libertad sin juicio; todo fue posible bajo el imperio de un poder autoritario que dijo reconocer sólo la “ley de dios”.

Con su silencio, el Poder Judicial brindó un importante apoyo a los crí­menes que se cometieron en forma sistemática y se erigió en el último eslabón de la cadena represiva al perseguir, encarcelar y enjuiciar a miles de personas por lo que llamaron “actividades subversivas”.

Familiares de las ví­ctimas denunciaron la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., que elaboró un informe el 11 de abril de 1980 en el que mencionó la existencia de numerosas violaciones a los derechos humanos y encomendó al Estado Argentino que debí­a reparar y administrar justicia por tales crí­menes.

Antes de ceder el gobierno, los militares dictaron una autoamnistí­a por los crí­menes cometidos durante este perí­odo y declararon la muerte de todos los desaparecidos. Esta norma fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia al momento de revisar la sentencia a los ex comandantes.

Quien era entonces un candidato a la Presidencia de la Nación, el Dr. Raúl Alfonsí­n, dijo en su campaña que debí­an contemplarse los distintos niveles de responsabilidad. Ya como primer mandatario y luego de recibir el gobierno de parte del General Bignone, miembro de la cuarta y última junta militar, dictó dos decretos por los que ordenó la persecución penal contra las cúpulas de las tres primeras juntas militares y contra miembros de organizaciones guerrilleras, dirigentes gremiales y militantes polí­ticos. La tristemente célebre teorí­a de “los dos demonios” se hallaba en marcha, como una forma de diluir las responsabilidades del terrorismo de Estado y de reconocerle legitimidad a la represión desatada. Luego de recuperada la democracia, muchos presos polí­ticos continuaron en prisión, a pesar de haber padecido la tortura y el encierro en centros clandestinos de detención.

Alfonsí­n encomendó a un grupo de notables, que actuó en lo que se denominó la “Comisión Nacional de Desaparición de Personas” (CONADEP), la elaboración de un informe sobre las violaciones a los derechos humanos, que fue presentado el 20 de septiembre de 1984.

Como polí­tica central del gobierno elegido por ví­a electoral, el Poder Judicial no fue depurado; sólo se modificó la composición de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual la gran mayorí­a de los jueces que hicieron oí­dos sordos a los gritos de las ví­ctimas y sus familiares y que habí­an jurado por los Estatutos del Proceso, pasaron a ser jueces en la democracia.

El Congreso de la Nación modificó el Código de Justicia Militar para otorgar a los militares la facultad de juzgar a sus pares implicados en violaciones a los derechos humanos, en lo que se dio en llamar la doctrina de la “autodepuración”. Sólo se previó la justicia civil para actuar como tribunal de apelación de las sentencias dictadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Este Consejo Supremo estaba compuesto de la misma forma que durante la dictadura.

La doctrina de la “autodepuración” fue sustentada por el gobierno de Raúl Alfonsí­n, con el argumento de que los crí­menes cometidos no debí­an caer sobre las instituciones y que habí­an respondido exclusivamente a la voluntad de algunos individuos. Luego, la Corte Suprema convalidó esta estrategia, a pesar de haber sido fuertemente criticada por haberse creado un fuero de excepción y por la violación al principio republicano de división de poderes, ya que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dependí­a del Presidente de la Nación.

Esta ví­a impidió toda pesquisa e investigación de los hechos y frustró cualquier juzgamiento. Por las “demoras injustificadas” en las investigaciones, intervinieron las cámaras federales en lo criminal y correccional. Cabe aclarar que la posibilidad de que una cámara federal interviniera por esta razón, no formaba parte del proyecto de ley enviado al Parlamento por el Presidente Alfonsí­n, y fue agregada en el texto final de la ley por los partidos de oposición. El Consejo Supremo no sólo no investigó sino que reivindicó lo actuado durante el terrorismo de Estado.

Las tres primeras juntas militares que tomaron el poder a partir de 1976 fueron juzgadas por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llamó el “juicio contra los ex comandantes”, como consecuencia de la inactividad del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las penas impuestas oscilaron entre la reclusión perpetua y los cuatro años de prisión. Hubo, además, cuatro absoluciones. Todos los jueces integrantes de esta Cámara Federal provení­an de la dictadura, del mismo modo que los integrantes de la Fiscalí­a que llevó a cabo la acusación.

La diferencia abismal entre la imposición de penas y la absolución como también entre los montos de las penas, radicó, esencialmente, en que la Cámara Federal optó por una responsabilidad individual, es decir que cada uno de los comandantes debió responder por los hechos cometidos en la órbita de su arma y no por lo actuado por las otras.

A su vez, los hechos investigados se restringieron a aquellos cometidos por los imputados en su calidad de comandantes y no a otros delitos que pudieron haber cometido como miembros y/o jefes de las distintas dependencias de las Fuerzas Armadas, con lo cual los miembros de las segunda y tercera juntas no respondieron por los crí­menes cometidos durante la primera, a pesar de sus altos rangos en cada una de las fuerzas.

Todo esto indica claramente la decisión polí­tica –y por ende jurí­dica- de restringir al máximo los juicios por violaciones a los derechos humanos y sus castigos, y de sostener que sólo existieron individuos que cometieron crí­menes y no la planificación de aniquilamiento.

Apenas conocido el fallo de la Cámara Federal en diciembre de 1985, el gobierno de Alfonsí­n hizo pública su intención de dar un “punto final” a los juicios. A partir de allí­ en abril de 1986 se impartieron las instrucciones al fiscal general ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de no ir en detrimento de la “capacidad espiritual” de las fuerzas.

Las presiones militares por dar un corte a los procesos iniciados fueron en aumento. A las declaraciones públicas de varios de los integrantes de las Fuerzas Armadas les sucedió una serie de levantamientos militares.

En medio de la grave crisis polí­tica e institucional, el Presidente Alfonsí­n envió un proyecto de ley al parlamento en diciembre de 1986. En su discurso a la sociedad dijo que el paí­s debí­a mirar hacia el futuro. Comenzó a gestarse el “punto final” que se sancionó el 29 de ese mismo mes. Se trató, en verdad, de una autoamnistí­a, prohibida tanto por la Constitución argentina como por los pactos de derechos humanos. Por esta medida se extinguí­a la acción penal si una persona no era llamada dentro de los sesenta dí­as de promulgada la norma.

El efecto que causó la ley fue una avalancha de presentaciones ante la Justicia en contra de quienes se hallaban imputado y el dictado de innumerables procesamientos contra miembros de las fuerzas militares.

A ello le siguieron las instrucciones impartidas a los fiscales federales de la justicia civil para que restringieran al máximo el número de causas.

El alzamiento militar de semana santa de 1987 originó que Alfonsí­n se doblegara ante tales presiones: el dí­a 13 de mayo de 1987 el Presidente de la Nación envió un proyecto al Congreso, que luego se convirtió en ley, por el que se estableció la “obediencia debida”, concepto por el cual se presumí­a que los miembros inferiores de las FFAA habí­an actuado en cumplimiento de órdenes emanadas de la superioridad, excluyéndose los delitos contra menores, la violación y usurpación de la propiedad.

Mediante esta norma el Congreso asumió funciones judiciales por las que estableció que los miembros subalternos de las Fuerzas Armadas habí­an actuado de modo irreprochable, sin admitir prueba en contrario. A los pocos meses fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la única excepción del Dr. Jorge Bacqué. Esta postura fue compartida por los tribunales federales inferiores, lo que llevó al cierre de todas las causas en trámite.

La persistente presión militar hizo que el sucesor de Alfonsí­n, el Dr. Carlos Menem, dictara los decretos de indulto perdonando las penas a los pocos militares que habí­an sido condenados, quienes recuperaron su libertad.

Tanto las leyes de obediencia debida y de punto final como los indultos presidenciales fueron seriamente cuestionados por la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, por el Comité contra la Tortura de la ONU y por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque impidieron el derecho a la justicia de gran parte de la población argentina y porque los delitos aberrantes cometidos no pueden ser amnistiados ni perdonados.

Sin embargo, el trabajo de los organismos de derechos humanos no cesó y gran parte de la sociedad argentina continuó reclamando justicia y castigo por tales crí­menes.

El trabajo incesante realizado con el anhelo de obtener justicia en algún lugar del mundo dio como resultado la presentación de una denuncia ante el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, a cargo del juez Baltasar Garzón, quien actualmente investiga la comisión de los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas cometidos por los militares argentinos y chilenos.

Jueces de otros paí­ses, como Italia, Francia, Suiza e Israel, se sumaron a la persecución penal de estos graves crí­menes, en señal de que toda la comunidad internacional se hallaba conmovida. A fines de 2.000 un juez mexicano hizo lugar a la extradición a España del marino argentino Ricardo Cavallo reconociendo la jurisdicción universal.

Como consecuencia del dictado de órdenes de detención de estos jueces extranjeros contra militares argentinos, nuestro paí­s se ha transformado en una gran cárcel para los genocidas. Ni el gobierno de Menem ni el del actual Presidente, Fernando De la Rúa, han dado muestras de colaboración con los juicios iniciados en el exterior y reclamaron el principio de la territorialidad para estos crí­menes, exhibiendo su afán en sostener la impunidad en la Argentina y reconociendo las leyes e indultos dictados.

En estos últimos años ha habido un cambio muy positivo en la comunidad internacional con respecto al reconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su incorporación al derecho interno de los Estados. El debate por la instauración de una Corte Penal Internacional y sucesos como la detención de Pinochet y los juicios de Ruanda y la ex Yugoslavia lo demuestran.

Este avance significativo otorgó nuevos aires en la lucha contra la impunidad en la Argentina, donde se presentaron diversas querellas criminales. Por una de ellas se investiga la existencia de un plan sistemático de apropiación de niños nacidos en cautiverio; en esta causa fueron privados de libertad varios militares, entre los que se encuentran Videla y Massera, por ser autores mediatos del ocultamiento y supresión del estado civil de centenares de menores, hijos de detenidos-desaparecidos. El juez que interviene en la causa aplicó el derecho internacional de los derechos humanos y entendió que se trataba de crí­menes de lesa humanidad y por lo tanto, de carácter imprescriptible.

Hay dos importantes antecedentes en la Argentina: los casos de los oficiales nazis requeridos de extradición, Eric Priebke y Franz Schwammberger, en los que la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de la Plata, respectivamente, fundaron la aceptación de ambos pedidos, en virtud de la comisión del delito de genocidio y de crí­menes de lesa humanidad.

También se presentó una querella contra los máximos responsables de las dictaduras que usurparon el poder en el Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y la Argentina, por la existencia de lo que se denominó el “plan cóndor”, por el cual, con el conocimiento, consentimiento y apoyo de los EEUU, llevaron a cabo un sistema de persecución, represión y eliminación de opositores polí­ticos. Este “operativo cóndor” tuvo sus principales ví­ctimas dentro del territorio argentino y uno de sus gestores más relevantes fue el General chileno Augusto Pinochet. El juez a cargo de esta investigación ha solicitado al Gobierno de los EEUU una serie de documentos que recientemente han sido desclasificados, de los que surge con evidencia esta red criminal que estuvo enquistada en las estructuras de varios Estados.

En otras causas criminales actualmente abiertas se investiga la supresión del estado civil de niños nacidos en cautiverio. En una de ellas, hace pocos dí­as el juez federal Gabriel Cavallo declaró la invalidez de las leyes de obediencia debida y punto final, por ser ambas violatorias de la Constitución Nacional y de los Pactos internacionales de derechos humanos, con el objeto de investigar las desapariciones de los padres de una menor nacida en un centro clandestino de detención. Este elogiable fallo, fruto de un concienzudo estudio y esforzado trabajo, será objeto de apelación ante la Cámara Federal de Buenos Aires por parte de los detenidos en esta causa, los torturadores Julio Simón y Juan Antonio Del Cerro.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habí­a declarado la constitucionalidad de ambas normas y es probable que sostengan esta postura en una eventual intervención.

Según nuestro sistema, la declaración de inconstitucionalidad sólo puede regir para el caso concreto, con lo que la lucha jurí­dica en este punto recién ha comenzado. Los organismos de derechos humanos están estudiando los pasos a seguir para solicitar la reapertura de todas aquellas causas que fueron cerradas luego de la promulgación de ambas leyes y para que se inicien aquellos casos que jamás fueron denunciados.

Mientras tanto, el poder militar ya ha fijado su posición: el fallo va en contra de la reconciliación nacional –como si la reconciliación nacional pudiera ser fruto de algo distinto que la justicia-; quien fuera Presidente de la Nación al momento de sancionarse las leyes, Raúl Alfonsí­n, manifestó que mirar hacia el pasado puede abrir viejas heridas; el actual ministro de defensa, Horacio Jaunarena –que ocupaba el mismo cargo en esa época- dijo que las Fuerzas Armadas gozan del reconocimiento del pueblo argentino y que las leyes son constitucionales; la jerarquí­a de la iglesia católica se mostró disgustada –los mismos obispos que comenzaron a elaborar con las Fuerzas Armadas una eventual mesa de diálogo para una inviable reconciliación nacional-; los periodistas del stablishment reconocieron el fallo aunque mencionaron que polí­ticamente no era conveniente e insistieron en la teorí­a de los dos demonios.

Muchos de los jueces que podrí­an intervenir en las causas por violaciones a los derechos humanos ya se han manifestado por la constitucionalidad de las leyes.

La impunidad trajo como consecuencia que en perí­odos democráticos hayan sucedido hechos atroces como los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que causaron decenas de muertos y en las que se sospecha seriamente la participación de policí­as y militares argentinos. Las ejecuciones extrajudiciales de parte de la policí­a es una constante y hay centenares de casos en los últimos años. La tortura se ha seguido utilizando en las comisarí­as, a pesar de haber existido más de cuatrocientas denuncias, los jueces no han condenado a ningún agente del Estado. El Ejército Argentino, durante el gobierno de Raúl Alfonsí­n, ejecutó a militantes de una agrupación de izquierda que atacó un regimiento. Tres de los atacantes se encuentran actualmente desaparecidos, a pesar de que fueron detenidos con vida por agentes del Estado. La polí­tica económica que instaurada durante la dictadura se ha intensificado en los últimos años provocando la exclusión social de un gran sector de la población. La impunidad ha corroí­do las estructuras de la sociedad argentina y continúa siendo sostenida desde las más altas esferas.

Es nuestro afán derribar el muro de impunidad para que no se repita la historia y como homenaje a la memoria de las ví­ctimas, de quienes tomamos el compromiso de trabajar por una sociedad donde la justicia y la libertad se hagan realidad. Para ello, continúa siendo vital el interés de toda la comunidad internacional. Muchas gracias.

Das Urteil des Obersten Bundesgerichts (STF) in Brasília vom 28. April 2010 über eine Reinterpretation des Amnestiegesetzes von 1979 schützt bedauerlicherweise jene Vertreter der aufeinander folgenden Militärregierungen, die massenweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben und erklärt sie für unschuldig.

Als einer der Erstunterzeichner des „Appells an das Oberste Bundesgericht: Keine Amnestie für Folterer“, welcher vom „Komitee gegen die Amnestie für Folterer“ lanciert wurde, nehme ich das Urteil des Obersten Bundesgerichts mit Befremden und Ablehnung zur Kenntnis, ein Urteil, das letztlich die Folterer freispricht, die unter uns herumlaufen wie irgend einer der ehrenhaften Polizisten oder Militärs, die engagiert ihre Pflicht erfüllen und darüber wachen, dass das Gesetz respektiert und die öffentliche Ordnung in Brasilien gewahrt werde.

Das Oberste Bundesgericht irrt sich, wenn es die Opfer des Terrors den Folterern gleichstellt. Es ist eine Fehler, in Bezug auf beide Seiten, Folterer und ihre in den Folterkellern misshandelten Opfer, von einer „Bilateralität“ zu sprechen. Tatsache ist, dass die Militärregierung 1979 ein Amnestiegesetz erließ, welches „alle politischer oder damit verbundener Verbrechen Beschuldigten“ freisprach. Die von Sicherheitsagenten oder anderen Angehörigen der Militärregierungen begangenen Verbrechen gegen die Menschenrechte wurden als „politische Handlungen“ interpretiert, was nicht zu rechtfertigen ist, denn in einem Rechtsstaat kann man Hinrichtungen ohne Gerichtsbeschluss, Folter, Vergewaltigung oder Verschwindenlassen von Personen „im Dienste des Vaterlands“ unmöglich als „politischer oder damit verbundene Verbrechen“ klassifizieren und sie dementsprechend unter Amnestie stellen. Dies ist eine Absurdität im Quadrat, die überhaupt nur beim Nachdenken über die Motive für eine derartige Argumentation zu verstehen ist. Wer weiß, möglicherweise war der Sinn der gerichtlichen Urteils identisch mit den Überlegungen der Autoren des Gesetzes von 1978: die „Pazifizierung des Vaterlands.“

Ganz ohne Zweifel, seit der Zeiten der Diktatur sind einige Jahrzehnte verflossen, deshalb ist es gerechtfertigt, an die grundlegenden Tatsachen bezüglich des zur Debatte stehenden Themas zu erinnern:

Es war Dom Hélder Câmara, der einmal konstatierte: Die Gewalt der linken Terroristen war die Gewalt Nummer 2, die sich aus der Gewalt Nummer 1 ergab. oder, um es präzis zu sagen, der Sturz Jangos. Wer mit den Feindseligkeiten begonnen hatte, war das Militär, das anfing zu verhaften und zu foltern und zwar nachweislich bereits in den ersten Tagen der „rettenden Revolution“, wie sie die Bewegung der Generäle, welche die Macht an sich gerissen haben, zu bezeichnen pflegten

Die am Kampf gegen die Diktatur beteiligt waren, gegen die Folterer und ihre Auftraggeber, haben lediglich auf die Gewalt reagiert; diejenigen, welche widersinnigerweise Guerilleros und sogar Terroristen genannt wurden, haben erst danach geschossen, sie agierten und reagierten aus Notwehr.

Es war nicht so, wie der Ex-Minister der Generäle (Erziehung und Justiz) Jarbas Passarinho mich glauben machen wollte, als er mir in seiner Antwort auf meinen Kommentar zu seiner interessanten Biographie unter dem 16.12.1996 schrieb:

„Ich weiß nicht, ob Sie das1973 in Kuba prämierte Buch kennen A esquerda armada no Brasil, basierend auf der Grundlage von Aussagen kommunistischer guerrilheiros e terroristas. Darin wird von Mordaktionen, „justiçamento”, „Hinrichtung“, genannt, berichtet, z. B. Vom Fall des amerikanischen Captains Chandler, ermordet unter dem Vorwand, er habe gegen das vietnamesische Volk gekämpft und sei CIA-Agent: sodann der Fall des Unternehmers Boilensen; sowie des deutschen Majors, eines studiosus der Escola de Estado Maior, der Militärakademie des Generalstabs der brasilianischen Streitkräfte, irrtümlich „justiçado”, „gerichtet“, weil man ihn für den bolivianischen Hauptmann Gary Prado gehalten hatte, der Che Guevara festnahm. All dies wird in jenem Buch von Zeugen voller Stolz offenbar gemacht.“

Wer während der Ostertage des Jahres 1964 mit der Gewalt begann, waren nicht die genannten „kommunistischen Terroristen“, wie die Militärs heute behaupten; es waren, ganz im Gegenteil, Adepten der „demokratischen Revolution“, wie der Fall des bekannten Gregório Bezerra beweist, der sich am 1. April auf dem Weg vom pernambukanischen sertão hinab nach Recife befand. Als er die Zuckermühle in Ribeirão erreicht hatte, wurde er von einem Hauptmann der Militärpolizei festgenommen. Auf dem Weg nach Recife traf man auf eine Abteilung der Streitkräfte, begleitet von einer Bande von pistoleiros, die vom Eigentümer des Latifundiums Estreliana mit dem Auftrag entsandt worden waren, Gregorio umzubringen. Es gab eine Diskussion über das geschickteste Vorgehen: sollte man den Gefangenen auf der Stelle oder besser zu einem späteren Zeitpunkt töten? Man beschloss, ihn nach Ribeirão mitzunehmen. Dort angekommen, fesselte man den Mann und warf ihn auf ein Armeefahrzeug. In Recife angekommen, wurde er dem Kommandeur der IV. Heeresgruppe, General Justino Alves Bastos, übergeben. Von dort brachte man ihn zur Kaserne der Companhia de Motomecanização. Vom ersten Augenblick an begann Oberstleutnant Darcy Villocq Viana, zusammen mit einer Gruppe von Soldaten, ihn anzugreifen, mi Gewehrkolben zu schlagen und auch nicht mit Fußtritten zu sparen. Unter den Gefangenen, die zusammen mit Gregorio eingeliefert worden waren, befand sich auch ein Arzt, dem geheißen wurde, diesen vom Blut, das unaufhörlich über seinen Körper rann, zu reinigen. Der Arzt benutzte sein eigenes Hemd, um die Verletzungen Gregorios zu behandeln. Während sich der Arzt mit Bezerra befasste, Versuchte der Oberstleutnant, so unglaublich es auch klingen mag, ein Stahlrohr in den Anus eines der Gefangenen einzuführen. Dieses geschah am ersten Tag des Monats April und keiner der Gefangenen, die solche Gräuel erlebt hatten, war ein „Terrorist“, und, davon kann überhaupt nicht die Rede sein, ein „Folterer“ – somit ist es völlig unsinnig, von „Bilateralität“ zu sprechen, wie es das Oberste Bundesgericht tut! Die Folter wurde ganz ausschließlich zum Instrument der Sicherheitskräfte (welch ein Widerspruch in sich selbst!) der Diktatur. Man braucht nur auf die Tragödie im Nordosten zu blicken: „In den von Kriminellen beherrschten Kasernen, aber auch auf den wichtigsten Straßen von Recife, mit den vor aller Augen vorbei getriebenen Gefangenen, und, wie zu erinnern ist, jeder mit einem Strick um den Hals, sagt Helio Fernandes. Auch due „via crucis“Gregorios führte durch die Stadt. Inmitten eines makabren Szenariums, umgeben von einer vor Schrecken erstarrten Menge auf der „Praça Burle Marx”, wie der Platz heute heißt, vor dem Portal der Kirche des Stadtteils Casa Forte, in unmittelbarer Nachbarschaft einer Reihe von Einrichtungen der Pfarrei, einschließlich eines von Schwestern geleiteten Gymnasiums, brüllte der Kommandeur der Infanterieabteilung aus vollem Hals: „Kommt alle herbei und seht, wie der Kommunist Gregório Bezerra gehenkt wird!“ Die Mutter Vorsteherin des Collegs beobachtete voller Horror das barbarische Szenarium unter ihrem Fenster; als sie gewahr wurde, dass ihre Schülerinnen, voller Angst, dies alles auch mit ansahen, ergriff sie das Telefon und verständigte den Bischof, der unverzüglich die militärische Hierarchie von dem Geschehen in Kenntnis setzte. „Im letzten Augenblick erschien Oberst Ibiapina und stoppte die Barbarei, die alle Bewohner In Schrecken versetzt hatte.“, berichtete Paulo Cavalcanti.

Sargento Gregório wurde zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt, jedoch sehr bald, zusammen mit anderen 69 politischen Gefangenen, von der brasilianischen Regierung gegen den von Stadtguerillas entführten Botschafter der Schweiz, Giovanni Enrico Bucher, ausgetauscht und nach Chile ausgeflogen.

Der von Angehörigen der IV. Heeresgruppe produzierte Terror erreichte derartige Ausmaße, dass sich Präsident Castelo Branco angesichts der Gerüchte, die ihn von allen Seiten erreichten, gezwungen sah, General Ernesto Geisel, Chef der casa militar im Präsidialamt, nach Recife zu entsenden, um dort ein Bild der Lage zu gewinnen. Der Bericht Geisels existiert, gehört allerdings zu den Dokumenten, die als Staatsgeheimnis behandelt werden und von keinem Staatsbürger eingesehen werden dürfen.

Es tut weh. über die Folter „oder damit verbundene Dinge“ zu sprechen.

Ich verspürte dies, als ich den früheren Minister der Generäle, Jarbas Passareinho, am 30.8.2007 in seinem Hause in Brasília besuchte. Ich bezog mich auf seine Biographie und erinnerte an die Tatsache, dass ich es, als ich ihn 35 Jahre zuvor im Erziehungsministerium aufgesucht hatte, nicht unterließ, ihn auf die Dinge hin anzusprechen, „die in den Kellern der Streitkräfte“ geschehen seien. Er wiederholte die Antwort, die er mir damals erteilt hatte: „Ich bin sicher, dass Sie tatsächlich viel mehr über den heimlichen Terror in den Kellern der Polizei erfahren haben, als wir zivilen Minister der Generäle.“

Ich erinnerte daran, dass der Erziehungsminister Passarinho 1972 der einzige Vertreter der Militärregierung gewesen sei, der das Wort „Folter“ über seine Lippen gebracht hatte, obwohl er die Tatsache der Folter in Brasilien gleichzeitig durch die Qualifikation „nicht systematisch…“ verharmloste.

Nach dieser Reminiszenz sprach Jarbas längere Zeit über das Thema der Folter, wobei er hervorhob, dass er, auch als Reserveoffizier, die Folter ablehne. Er erwähnte einen Fall von Tortur, während seines Mandats als Gouverneur des Bundesstaates Pará, der sein sofortiges energisches Eingreifen veranlasst hatte. In diesem Zusammen hang erwähnte er auch General Frota, der zweifellos eine Neigung zur Rechten hatte, jedoch rigoros gegen die Folter gewesen sei. Jarbas berichtete mit Genugtuung. dass es während seiner Zeit als Gouverneur des Staates Pará nicht erforderlich gewesen sei, auch nur eine Person wegen der Anwendung der Folter zu verhaften.

Aber … während seines Disputs über bestimmte Foltermethoden, mit mittels derer man unter bestimmten Umständen innerhalb sehr kurzer Zeit militärisch wichtige Informationen erhalten könne – wie dies bei den Franzosen in Algerien der Fall gewesen sei – unter solchen Umständen also sei das Leiden einer einzigen Person zu akzeptieren, um auf diese Weise das Leben vieler anderer Personen zu retten. Man könne sagen, dass es sich bei einem solchen Leiden um ein weniger schweres handle, wie beim Zahnarzt, der einen Zahn ohne irgend eine Betäubung ziehe; es tue im Augenblick sehr weh, doch man vergesse es bald wieder … Als ich dies vernahm, fiel mir die Devise des Hohenpriesters Kaiphas, des Obersten der Priesters in jenem Jahr der Exekution des Rebellen Jesus, ein: „Es ist uns besser, ein Mann sterbe für das Volk, denn dass ein ganzes Volk verderbe.“ (Joh. 11,49)

Doch die Folterer waren keine Zahnärzte, ganz im Gegenteil, sie waren Monstren, die sich groß und stark fühlten, wenn sie andere misshandelten. Ihre Opfer waren Idealisten, wie Jarbas Passarinho zugestand, als er sie folgendermaßen beschrieb: „Idealisten und paradoxerweise Materialisten“. Sie wurden schrecklich gefoltert, doch sie selbst haben niemals irgend jemanden gefoltert. Ich habe jahrelang mit dieser brasilianischen „Diaspora, mit diesen prächtigen jungen Leuten, in der Bundesrepublik und in Frankreich zusammen gelebt.

Unter ihnen Luis Travassos, Studentenführer in São Paulo, wie José Serra, der gegenwärtige Gouverneur des Staates São Paulo und Präsidentschaftskandidat. In den Jahren 19676/68 führte Luis große Demonstrationsmärsche an, aus denen Parolen ertönten, wie „Ein geeintes Volk kann niemals besiegt werden“ – die einzige Waffe, die von den rebellierenden Studenten benutzt wurde. Luis war Mitorganisator des sagenhaften Kongresses der UNE – der Nationalen Studentenunion – in Ibiúna, wo sich über 1000 Studenten versammelt hatten, heimlich, wie sie dachten, doch der Nationale Sicherheitsdienst war bestens informiert. Am letzten Tag seines Mandats als Vorsitzender der UNE, am 12. Oktober 1968, wurde Travassos zusammen mit 920 Kommilitonen festgenommen. Der junge Mann blieb ein ganzes Jahr in Haft. Welche Bestialitäten diese idealistische Jugend zu erdulden gehabt hatte, berichtete später Luis` Kollege in der Leitung der UNE, Jean-Marc von der Weid, ebenfalls inhaftiert, in einem Interview dem epd–Nachrichtenspiegel Nº 12 vom 25.3.71: vom ersten Tag an wurden sie geschlagen und systematisch gefoltert; es gab wiederholt Scheinerschießungen, die Gefangenen wurden an den Füßen aufgehängt und mit Elektroschocks gequält; man praktizierte das berüchtigte „water boarding” oder Halbertränken der horrorisierten Opfer. Zahnziehen ohne Betäubung ?

Nach einem langen Jahr entkam Travassos diesem, von „Sicherheitsorganen“ inszenierten, Inferno, zusammen mit weitereren 14 politischen Gefangenen, im Austausch gegen dem. von Stadtguerillas entführten, Botschafter der USA, Charles Burke Elbrick. Eine Maschine der Força Aérea brachte die „auf Lebenszeit Verbannten“ nach Mexiko.

Der Weg Travassos`führte über Mexiko, Kuba und Chile in die Bundesrepublik Deutschland, wo er mit seiner Ehefrau, MArijane Lisboa, vom Ökumenischen Studienwerk Bochum in die Förderung aufgenommen wurde.

Marijanes Weg war nicht minder grausam als der ihres Mannes. Während der ersten Jahre nach dem Staatsstreich agitierte sie zusammen mit der akademischen Jugend von Rio de Janeiro und nahm 1968 auch an dem Protestmarsch teil, bei dem der junge Student Edson Luís erschossen wurde. Auf Anordnung des Geheimdienstes der Marine wurde Marijane verhaftet und in das berüchtigte Folterzentrum des CENIMAR – Centro de Informações da Marinha – auf der Ilha das Flores verbracht, wo die Folter so brutal praktiziert wurde, dass das Herz der jungen Frau z versagen drohte. Es vergingen anderthalb Jahre, bis ein Militärgericht gegen sie verhandelte. Obgleich von diesem freigesprochen, wurde sie vor der Tür des Gerichtsgebäudes erneut in Haft genommen. Als man sie nach 20 Tagen wieder freiließ, dauerte die Freiheit nur 5 Tage, nach denen man sie wiederum einkerkerte. Nach 30 Tagen wurde sie wieder entlassen und vom Anwalt der Familie abgeholt doch auf der Fahrt nach Hause hielt man das Auto des Anwalts an, zog Marijane heraus und brachte se encapuzada – das Gesicht von einer Kapuze verhüllt – zu einem berüchtigten Folterzentrum des Heeres in Tijuca. Nach sechs Wochen gelang es der Familie, ihre Entlassung zu bewirken. Auf dem Heimweg entschloss sich MArijane, in der chilenischen Botschaft um Asyl nachzusuchen. Von dort brachte man sie nach Santiago. Welche Odyssee“

Wie kann man hier von „Bilateralität“ sprechen, angesichts dieser Menschen, die alle Varianten der Bestialität erduldet, einschließlich Vergewaltigung, und die nie im Leben eine Person in böser Absicht angerührt haben; wie kann das Oberste Bundesgericht diese Personen an die Seite von Folterern stellen?

Wie können die Bundesrichter die Amnestie, als „bilateral“ bezeichnen, die den Folterknechten und jenen Brasilianern, die das „Verbrechen“ begangen haben, diesen Folterern Widerstand zu leisten, gewährt wurde? – fragt auch Helio Fernandes, de große Reporter der Tribuna da Imprensa, die von der Diktatur praktisch liquidiert worden war.

Wie ist es möglich, Monstren wie jene, die den Gefangen Bacuri Eduardo Leite, Angehöriger der Stadtguerilla, zerstückelten, indem sie ihm erst ein Ohr abschnitten, dann die Augen herausrissen und danach einen der Arme, seinen Körper Stück für Stück zerstörten – wie ist es möglich, Monstren, die solche Gräuel begangen haben, mit den Opfern, die in ihrem ganzen Leben nie einen Menschen misshandelt hatten, zu vergleichen? – Monstren, welche sogar die Leichen ihrer Opfer gevierteilt haben, als handle es sich um Schlachtvieh, Methoden, wie sie nachweislich im Centro de Investigação von Petrópolis-RJ gang und gäbe waren.

Wenn man dies alles bedenkt, erscheint einem das Urteil des Obersten Bundesgerichts (STF) irrational. Die Folter kann unmöglich als eine legale Funktion des Staates angesehen werden, es ist unmöglich, die Folter als Teil der Aufgaben eines Staatsdieners zu definieren. Die Folter ist ein Verbrechen gegen die Würde des Menschen und darf nicht amnestiert werden. Wenn der Folterknecht im Namen des Staates gehandelt hat, muß auch die Regierung zur Verantwortung gezogen werden, wie es mittlerweile in Chile, Argentinien und Uruguay geschieht.

Wir bedauern, dass Brasilien die Konfrontation mit einer finsteren Periode seiner Geschichte ablehnt.

O julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre uma reinterpretação da Lei da Anistia de 1979 – a qual protege integralmente os respectivos representantes dos governos militares de serem julgados por execuções extrajudiciais, por torturas e por estupros -, este julgamento do STF que tomou lugar no dia 28 de abril 2010 em Brasília, infelizmente indulta e protege àqueles representantes dos governos militares que de maneira maciça cometeram crimes contra a humanidade.

Fazendo parte do primeiro grupo de pessoas que assinaram o „Apelo ao Supremo Tribunal Federal: Não anistie os torturadores”, enviado pelo Comitê Contra a Anistia dos Torturadores, observo com estranheza e repúdio a decisão do Supremo, que em última análise absolve os torturadores que andam por aí como qualquer policial ou militar honesto, que está cumprindo seu dever de zelar pela observação das leis e pela manutenção da ordem pública no Brasil.

Engana-se o Supremo, que iguala as vitimas do terror da ditadura com os torturadores. É um equívoco falar numa „bilateralidade” com referência aos dois lados, os torturadores e as vítimas do terror nos porões. Fato é, que o governo militar em 1979 promulgou uma Lei de Anistia que exonerava todos os acusados que cometeram „crimes políticos ou conexo com estes”. As violações dos direitos humanos cometidas por agentes de segurança ou outros integrantes dos governos militares foram interpretadas como „atos políticos”, coisa injustificável, porque num Estado de direito nunca pode-se classificar prisões e execuções extrajudiciais, torturas, estupros ou desaparecimento „a serviço da Pátria” como „crimes políticos ou conexo com estes” e os incluir na anistia. É coisa absurdíssima mesmo, que só se explica refletindo sobre os motivos de tal argumentação. Quem sabe, a razão do julgamento era a mesma que valeu na elaboração da lei de 1979: a „pacificação do País”.

Sem dúvida, desde os tempos da ditadura já passaram umas décadas, por isso vale lembrar os fatos básicos do assunto em disputa:

Foi Dom Hélder Câmara quem disse, a violência dos terroristas de esquerda era a de número 2, derivada da violência número 1, ou seja, a deposição de Jango. As hostilidades foram iniciadas pelos militares que passaram a prender e a torturar, comprovadamente já nos primeiros dias da „revolução salvadora”, como costumaram chamar o movimento dos generais que assaltaram o Poder.

Os que se envolveram na luta contra a ditadura, contra os torturadores e seus mandantes, estavam apenas reagindo à violência. Atiraram depois; os que foram absurdamente chamados de guerrilheiros e até de terroristas, agiram e reagiram em legítima defesa.

Nao foi como o ex-ministo dos generais (Educação e Justiça), Jarbas Passarinho, me quis fazer crer quando me escrevia numa carta datada em 16 de dezembro de 1996, ao responder uma carta tipo resenha da interessantíssima biografia dele, que lhe havia enviado no dia 13.11.1996:

“Não sei se o senhor conhece o livro: ‘A esquerda armada no Brasil’. premiado em Cuba e escrito a partir de depoimentos de guerrilheiros e terroristas de filiação comunista. Publicado em 1973, nele se contam as ações de assassinato denominadas „justiçamento”, como as do capitão americano Chandler, sob pretexto de ter lutado contra o povo vietnamita e ser „agente do CIA”; do empresário Boilensen; e do major alemão, aluno da Escola de Estado Maior do Exército brasileiro, „justiçado” por engano, tomado que foi pelo capitão boliviano Gary Prado, que prendera Che Guevara. Tudo é revelado com orgulho pelos depoentes!”

Quem iniciou a violência nos dias da páscoa em 1964 não foram os ditos “terroristas de filiação comunista”, como hoje em dia alegam os militares; muito pelo contrário, foram os adeptos da „revolução democrática”, como consta o caso do famoso Gregório Bezerra, que no dia 1º de abril encontrava-se no caminho do sertão pernambucano rumo ao Recife. Ao ter chegado na usina Pedrosa em Ribeirão, ele foi preso por um capitão da PM. Na viagem ao Recife encontraram um destacamento do Exército acompanhado por um bando de pistoleiros, enviados pelo proprietário do latifúndio Estreliana a fim de matar o Gregório. Ocorreu uma disputa acerca do procedimento mais razoável: matar o preso na hora mesmo ou mais tarde? Resolveu-se levá-lo a Ribeirão. Chegado lá, amarraram o homem e o jogaram num veículo do Exército. No Recife o entregaram às mãos do general Justino Alves Bastos, comandante do IV. Exército. De lá o levaram ao quartel da Companhia de Motomecanização. Imediatamente o comandante, tenente-coronel Darcy Villocq Viana, junto com uma turma de soldados, o agrediu, batendo nele fortemente com seus fuzis, não poupando ponta pés. Acontece que entre os presos que juntamente com Gregório deram entrada havia também um médico, ao qual deram ordem de limpar o homem do sangue que correu fortemente. Este médico utilizou sua própria camisa para tratar os ferimentos do Gregório. Enquanto o médico se ocupava do Gregório Bezerra, por incrível que pareça, o tenente-coronel tentou induzir uma barra de ferro no ânus dum preso seminu. Isso aconteceu no primeiro dia do mês de abril e nenhum dos presos que passaram tais crueldades foi um „terrorista”, e nem se fala num „torturador” – não faz mais o mínimo sentido falar de „bilateralidade”, como o está fazendo o Supremo! A tortura tornou-se instrumento exclusivo das forças de segurança (que contradição!) da ditadura. Vejam a tragédia no nordeste: „Nos porões dos quartéis dominados pelos criminosos, mas também nas principais ruas do Recife, com prisioneiros sendo „passeados à vista de todos, e relembre-se, amarrados pelo pescoço”, diz Helio Fernandes. Também a „via crucis” do Gregório o levou pelas ruas da cidade. Num cenário macabro, envolto de uma multidão estarrecida na „Praça Burle Marx”, como o lugar se chama hoje, em frente da igreja do bairro de Casa Forte, perante um número de instalações da paróquia, inclusive um colégio de freiras, o comandante do destacamento militar gritou: „Venham todos e olham como se enforca o comunista Gregório Bezerra!” A madre superiora do colégio assistiu com horror o cenário bárbaro lá embaixo, quando suas alunas, cheias de medo, observaram tudo pelas janelas, pegou o telefone e avisou o bispo que imediatamente alarmou a hierarquia militar. „No último momento apareceu o coronel Ibiapina e parou as bestialidades que horrorizaram todos os moradores”, contou Paulo Cavalcanti. Sargento Gregório foi condenado para muitos anos de prisão, mas antes, junto com outros 69 presos políticos pelo governo brasileiro, foi trocado contra o embaixador da Suíça, Giovanni Enrico Bucher, sequestrado por guerrilhas urbanas, e levado ao Chile.

O terror no nordeste, produzido por elementos pertencentes ao IV. Exército chegou a tamanha extensão que o presidente Castelo Branco teve que enviar o general Ernesto Geisel, chefe da casa militar, a Pernambuco para investigar a situação devido às reclamações de todos os lados. O relatório de Geisel existe, mas faz parte dos documentos que estão sendo tratados como segredo do Estado para o cidadão brasileiro não olhar.

Dói falar sobre a tortura „ou conexo com esta”.

Notei isso, quando na ocasião de uma visita a sua casa, no dia 30.8.2007, conversei com o ex-ministro dos generais, Jarbas Passarinho. Referindo-me à biografia dele, chamei atenção do fato de que, quando há 35 anos o visitei no ministério de educação na capital, não havia deixado de fazer uma observação a respeito das coisas ocorridos „nos porões” das Forças Armadas. Ele repetiu a resposta que ele havia-me dado naquela ocasião: „Estou certo de que os senhores realmente ouviram muito mais sobre o terror clandestino nos porões da polícia ou nos recintos de certos quartéis do que nós ministros civis dos governos dos generais.”

Lembrei que o ministro Passarinho naquele vez, em 1972, havia sido o único representante do Governo militar que deixou passar a palavra „tortura” por seus lábios apesar de que ele diminuiu a admissão da existência da tortura pelo termo „não sistemática”…

Após esta reminiscência, Jarbas falou por mais tempo sobre o tópico da tortura, destacando que ele, também como membro do Exército em função de oficial de reserva, rejeitava a tortura. Aí ele mencionava um caso de tortura que havia provocado sua imediata reação bastante enérgica. Nesse contexto ele mencionou o general Frota, que sem dúvida se inclinava à direita, mas que era rigorosamente contra a tortura. Jarbas contou com orgulho que durante seu mandato de governador do Estado de Pará não havia sido necessário prender nenhuma pessoa por cause do uso da tortura.

Mas …, ao disputir sobre certos métodos da tortura, através dos quais, pelas circunstâncias dentro de um prazo muito curto, poder-se-ia receber informações essenciais de natureza militar – como havia sido com os franceses na Argélia – nestas condições o sofrimento de uma só pessoa poderia ser aceitável para salvar a vida de muitas outras pessoas. Poderia dizer-se que esse sofrimento seja apenas um sofrimento menos grave, como no dentista, que tira um dente sem anestesia alguma; dói na hora, mas a gente esquece logo … Ouvindo isso, me lembrei do lema do sumo sacerdote, Caifas, presidente dos sacerdotes naquele ano da execução do rebelde Jesus: „É melhor que morra apenas um homem pelo povo, do que deixar que o país todo seja destruído” (João 11,49).

Mas, não eram dentistas os torturadores, muito pelo contrário, eram monstros que se tornaram poderosos ao maltratar os outros. Suas vítimas eram idealistas, como Jarbas Passarinho admitiu caracterizando-os: „idealistas paradoxalmente materialistas”. Foram severamente torturados, mas nunca torturaram ninguém. Convivi durante anos com esta „diáspora” brasileira na Alemanha e na Franca, jovens formidáveis.

Entre eles Luís Travassos, líder estudantil em São Paulo, como José Serra. Nos anos 1967/68 Luís liderou grandes passeatas, gritando palavras de ordem como „O povo unido jamais será vencido” – a única arma utilizada pelos estudantes rebeldes. Luis foi co-organizador do famoso Congresso da UNE em Ibiúna, onde se reuniram mais de 1.000 estudantes, clandestinamente, como pensaram, mas o SNI estava bem informado. No último dia de seu mandato como presidente da UNE, em 12 de outubro de 1968, Travassos foi preso com 920 estudantes. O rapaz ficou detido durante um ano inteiro. Quais as bestialidades que sofreu esta juventude idealista contou o colega de Luís na direção da UNE e também na prisão, Jean–Marc von der Weid, numa entrevista ao epd–Nachrichtenspiegel Nº 12 do dia 25.3.71: desde o primeiro dia foram batidos e sistematicamente torturados, houve repetidamente execuções fingidas, os presos foram pendurados pelas pernas e torturados com choques elétricos, e praticou-se o „water boarding” ou quase-afogar das vitimas horrorizadas. Tirar um dente sem anestesia?

Travassos deixou este inferno criado pelos „órgãos de segurança” depois de um ano, acompanhado de 14 presos políticos em troca do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, sequestrado por guerrilhas urbanas. Um avião da Força Aérea os levou ao México, „banidos por tempo de vida.”

Seu caminho o levou via México, Cuba e Chile à Alemanha, onde chegou com sua esposa Marijane Lisboa e onde a Obre Ecumênica de Estudos em Bochum os acolheu.
O histórico da Marijane foi muito cruel também. Junto com a juventude estudantil carioca ela agitou nos primeiros anos depois do golpe, assistindo a passeata em 1968 em que mataram o jovem estudante Edson Luís. Por ordem do serviço de inteligência da Marinha Marijane foi presa no CENIMAR – Centro de Informações da Marinha na Ilha das Flores, onde a tortura era tão brutal que o coração da moça começou a falhar. Demorou um ano e meio até que a moça teve de se apresentar perante um tribunal militar. Apesar de absolvida, ela foi detida de novo em frente à porta do tribunal. Posta em liberdade depois de 20 dias, ficou livre durante 5 dias e de novo entrou no cárcere. Depois de 30 dias foi posta em liberdade. Um advogado da família a buscou, mas no caminho o carro dele foi parado, pegaram a Marijane, e a levaram encapuzada ao centro de tortura do Exército na Tijuca. A família conseguiu que ela fosse posta em liberdade depois de três semanas. Aí, no caminho a casa, Marijane resolveu pedir asilo na embaixada chilena, de onde se foi para Santiago. Que odisséia!

Como é que é possível falar de „bilateralidade” em vista destas pessoas que sofreram todo tipo de besteira – inclusive estupro – e que nunca na vida nem tocaram em outra pessoa; como o STF pode colocar estas pessoas do lado dos torturadores?

Como os ministros do Supremo podem chamar de bilateral a anistia dada a torturadores e a brasileiros que praticaram o “crime” de resistir a esses torturadores? – perguntou também Helio Fernandes, grande repórter da Tribuna da Imprensa, praticamente liquidada pela ditadura.

Como é possível comparar monstros como aqueles que despedaçaram o preso Bacuri Eduardo Leite, militante da guerrilha urbana, primeiro cortando-lhe uma orelha, depois tirando-lhe os olhos e arrancando-lhe um braço, destruindo seu corpo, membro por membro – como é possível comparar monstros, que fizeram coisa desta, com as vitimas que não torturaram ninguém em toda sua vida? Monstros que até esquartejaram os cadáveres de suas vitimas como se fossem bois no matadouro, métodos que se usaram no Centro de Investigação em Petrópolis-RJ.

Considerando tudo isso, o julgamento do Supremo Tribunal Federal parece ser irracional. Tortura não pode ser considerada função legítima do Estado, não é possível declarar a tortura parte dos deveres dum funcionário público, Tortura é crime contra a dignidade humana e não deve ser anistiada. Se o torturador agiu em nome do Estado, deve ser responsabilizado até o governo, como neste meio tempo acontece no Chile, na Argentina e no Uruguai.

Lamentamos que o Brasil rejeite a confrontação com um período escuro de sua história.

Am 16. November 1989 zerrten Militärs in El Salvador sechs Jesuiten und zwei Hausangestellte nachts aus ihren Betten auf dem Gelände der Zentralamerikanischen Universität in San Salvador. Im Garten des Gebäudes wurden sie brutal hingerichtet. Unter den zahllosen Verbrechen dieser Diktatur rüttelte erst dieses die Welt auf.
20 Jahre später wurde in aller Welt der Ermordeten gedacht. In Nürnberg hielt Pater Martin Maier SJ, der lange Zeit selbst mit den Jesuiten in El Salvador gearbeitet hat und die Ermordeten gut kannte, im Caritas-Pirckheimer-Haus einen bewegenden Vortrag, in dem er auch auf die Hintergründe und Folgen des Verbrechens einging. Seinen Text hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Zum Artikel: El Salvadors ungesühnte Morde

Wie wacklig die Haltung der Regierenden in Brasilien hinsichtlich der historischen und juristischen Aufarbeitung der in den langen Jahren des Militärregimes von Vertretern der Ordnungskräfte begangenen Verbrechen wirklich ist, zeigt die heftige Polemik im Gefolge der von Justizminister Tarso Genro ausgelösten heißen Diskussion um die Frage nach dem Charakter der Amnestie von 1979 und, damit verbunden, um die Frage nach der Straffreiheit oder Strafbarkeit von Agenten des Staates, die von 1964 – 1985 schwere Verbrechen begangen haben.
Der Justizminister, Tarso Genro, hatte zusammen mit dem Chef der Secretaria Especial de Direitos Humanos – einem dem Präsidialamt zugeordneten Sekretariat ausschließlich für Menschenrechtsfragen – Paulo Vannucchi, ein Seminar veranstaltet, bei dem es insbesondere um die Frage der Verantwortlichkeit von Militärs und anderen Vertretern des Staates ging, die während der Diktatur Menschen gefoltert und getötet hatten.

Zum Artikel: BRASILIEN: Erinnerung oder Vergessen?

Von 1980 bis 2000 durchlitt das Andenland Peru seine bisher gewalttätigste Epoche seit den südamerikanischen Unabhängigkeitskriegen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ein durch die Guerillabewegung Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) initiierter „Volkskrieg“ gegen Staat und Regierung und die darauffolgenden kontrasubversiven Maßnahmen des peruanischen Militärs resultierten in massiven und systematischen Menschenrechtsverletzungen sowie zahllosen Überschreitungen des Humanitären Völkerrechts. Vor allem Perus ländliche Bevölkerung im südlichen und zentralen Andenhochland geriet ins Kreuzfeuer der bewaffneten Akteure: Zehntausende wehrloser Zivilist/innen wurden in Massakern getötet, außergerichtlich hingerichtet oder „verschwanden“ spurlos. Das Schicksal vieler dieser Opfer ist bis heute nicht geklärt. Die 2001 eingesetzte Wahrheits- und Versöhnungskommission untersuchte die Ausmaße sowie Ursachen und Hintergründe von Krieg und Gewalt und unterbreitete der Regierung zahlreiche Empfehlungen zur Wahrheitsfindung, der strafrechtlichen und gesellschaftlichen Aufarbeitung der begangenen Gräueltaten, der Wiedergutmachung für die Opfer und deren Angehörige sowie zur Demokratisierung des Landes. Einerseits ist seither vieles erreicht worden, oft in mühseligen kleinen Schritten, aber andererseits ist noch nicht abzusehen, inwieweit die gesteckten Ziele konsequent weiterverfolgt werden und inwieweit in Peru eine präventive Menschenrechtspolitik geführt werden kann. Letzteres gilt auch für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten der Bürger/innen.0cc974a6a7674e969b378bca78d330e1

Zum Artikel (PDF): Der Krieg im anderen Land – Perus Aufarbeitung von zwanzig Jahren Gewalt und Menschenrechtsverletzungen

Hay que decirlo y repetirlo con firmeza, cuantas veces sea necesario: en el dominio del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, las llamadas “leyes“ de amnistí­a no son verdaderamente leyes: no son nada más que una
aberración, una afrenta inadmisible a la conciencia jurí­dica de la humanidad.

Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La reforma constitucional de 1994 introdujo un cambio sustancial al sistema jerárquico normativo en Argentina. Pizzolo lo describe gráficamente como el “achatamiento” del triángulo superior de la pirámide kelseniana, de modo que la figura resultante parece más un trapecio: “En la cúspide de todo el ordenamiento, el reinado de la Constitución dejó de ser absoluto y exclusivo para constituirse en un gobierno mancomunado junto a tratados internacionales [de derechos humanos] que pasaban a tener su misma jerarquía”. Bien aclara este autor que “[l]o anterior no significó de ningún modo sacrificar la noción de ‘supremacía constitucional’, pues, dichos tratados alcanzaron aquella jerarquía por una habilitación directa de la misma Constitución (…) La Constitución continúa siendo entonces la norma ‘fundante’ y ‘fundamental’ de todo el sistema, en esta particularidad radica hoy su carácter absoluto y exclusivo. Pero en cuanto al ‘parámetro’ que deben seguir las normas ‘infraconstitucionales’ para ser admitidas como válidas jurídicamente dentro del sistema, la Constitución dejó de ser el único referente”1. De lo que se deduce que en caso de que una norma interna contradiga un tratado internacional de derechos humanos, tal norma es inconstitucional, carece de validez jurídica y por ello es inaplicable.

Artí­culo: El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad

Am 11. März 2006 verhafteten Beamte der Staatsanwaltschaft den Paramilitär Edgar Ignacio Fierro Florez alias “Don Antonio”. Fünf Tage zuvor hatte Fierro Florez im Zuge der so genannten Demobilisierung der Paramilitärs seine Waffen abgegeben. Die Behörden suchten ihn dennoch wegen schweren Totschlags und Erpressung. Bei seiner Verhaftung hatte “Don Antonio” unter anderem zwei Computer, zwei USB-Sticks und CDs mit Daten sowie mehrere Schriftstücke bei sich. Die darin enthaltenen Informationen sollten für eine Flut von Skandalen auf politischer Ebene sorgen.

Mit dem Fund stießen die Beamten der Staatsanwaltschaft auf zahllose schwerwiegende Beweise für Verbindungen zwischen den illegalen paramilitärischen Gruppen und hochrangigen Politikern, Unternehmern, Militärs und anderen Persönlichkeiten. “Don Antonio” hatte im Jahr 2002 seinen Abschied von den staatlichen Streitkräften genommen und sich danach den paramilitärischen Gruppen unter dem Befehl von Rodrigo Tovar Pupo angeschlossen; letzterer ist besser bekannt als “Jorge 40″. Er war nach Salvatore Mancuso der zweite Mann in der Hierarchie des “Bloque Norte” (nördlichen Blocks) der Paramilitärs. Die von der Staatsanwaltschaft entdeckten Informationen untermauern außerdem das, was Menschenrechtsorganisationen seit Beginn der Demobilisierung betonen: dass der Demobilisierungsprozess zur Farce verkommt und dass die paramilitärischen Gruppen ihr Treiben fortsetzen. Auf dem Computer von “Don Antonio” fanden sich detaillierte Informationen zu über 50 Morden, die Paramilitärs unter dem Befehl von “Jorge 40″ begangen hatten – Verbrechen, die nach dem Beginn des so genannten Demobilisierungsprozesses verübt worden waren.

Geheimdienst im Dienste der Straflosigkeit

Zwischen August 2004 und 2006 veröffentlichten die Medien zahlreiche Berichte über die Unterwanderung des kolumbianischen Geheimdienstes DAS durch Paramilitärs und Drogenmafia. Der “Departamento Administrativo de Seguridad” (DAS) ist die staatliche Geheimdienstbehörde und ist dem Präsidenten direkt unterstellt. Rafael Garcí­a, früherer Leiter der Informatikabteilung dieser Behörde, wurde am 27. Januar 2005 festgenommen und angeklagt. Im September 2004 war ans Licht gekommen, dass er während seiner damaligen Arbeit für den DAS Daten über Paramilitärs und Drogenhändler sowie Haftbefehle gegen diese gelöscht oder geändert hatte. Am 16. Dezember 2005 erklärte Garcí­a gegenüber der Staatsanwaltschaft, dass sein Vorgesetzter, der damalige Leiter des DAS Jorge Noguera, enge Beziehungen zu den Paramilitärs habe und dass hohe Beamte des Geheimdienstes Listen von Gewerkschaftern, Studenten und Führern von sozialen Bewegungen an die bewaffneten Gruppen weitergegeben hätten – Personen, die später ermordet wurden. Außerdem habe der DAS einen Wahlbetrug mit vorbereitet, der später die Wahl einiger Kongressabgeordneter im Jahr 2002 und etwa 300.000 Wählerstimmen zu Gunsten von Präsident Uribe ermöglichte [1] . Bei seiner Aussage vor dem Obersten Gerichtshof im November 2006 gestand Garcí­a zum ersten Mal, ein Mitglied der Paramilitärs gewesen zu sein [2] Am 15. November 2006 erhob die Disziplinarstaatsanwaltschaft als staatliches Kontrollorgan Anklage gegen Jorge Noguera und den ehemaligen Chef des DAS, Giancarlo Auque de Silvestre. Die Anklagen beziehen sich auf die Verbindungen zwischen der Führungsebene des DAS und den paramilitärischen Gruppen, auf Korruption und auf die Zusammenarbeit des staatlichen Geheimdienstes mit diesen Gruppen bei deren kriminellen Handlungen. Währenddessen befand sich Noguera in Mailand, wo er das Amt des kolumbianischen Konsuls bekleidete – ernannt vom Präsidenten Álvaro Uribe, nachdem Noguera seine Tätigkeit beim DAS beendet hatte.

Der Skandal wird endlich zum Skandal

Der Artikel “Die Beweise sprechen für sich”, am 11. November 2006 in der Zeitschrift “Semana” [3] veröffentlicht, beschreibt wie der Oberste Gerichtshof die Rolle der Politiker des Departments Sucre beim Aufbau der paramilitärischen Gruppen aufdeckte. Es handelt sich dabei nicht nur um schlichte Verbindungen zwischen Politikern einer bestimmten Region und illegalen bewaffneten Gruppen, sondern um die aktive Beteiligung von Abgeordneten des Repräsentantenhauses und des Senats bei der Bildung dieser Gruppen. Mehrere dieser Politiker sind heute im Gefängnis. Gegen einen von ihnen, Senator Álvaro Garcí­a Romero, laufen Untersuchungen wegen Bildung paramilitärischer Gruppen und Beteiligung an deren Verbrechen. 16 Jahre lang war er Abgeordneter des kolumbianischen Kongresses. Unter den Beweisen, über die der Oberste Gerichtshof gegen mehrere hochrangige kolumbianische Politiker verfügt, befindet sich der Mitschnitt eines Treffens im Januar 2006, den man auf dem Computer von “Jorge 40″ fand. An diesem Treffen nahmen vier Abgeordnete aus Sucre und weitere Politiker aus der Region teil sowie mehrere Paramilitärs der mittleren Befehlshierarchie des nördlichen Blocks der Paramilitärs. Die Zeitschrift “Semana” berichtet, die Aufnahme erbringe “den Beweis, dass ein großer Teil der politischen Klasse dieses Departments seit Jahren mit den Paramilitärs verbunden ist.”

Die jüngsten Berichte sprechen von insgesamt neun Mitgliedern des kolumbianischen Kongresses, gegen die der Oberste Gerichtshof ermittelt. Drei von ihnen befinden sich im Gefängnis. Obgleich mehrere der Parlamentarier Parteien angehören, die dem Präsidenten Uribe nahe stehen, war dieser sehr zurückhaltend hinsichtlich einer Distanzierung von ihnen. Erst mehrere Wochen nach Aufdeckung des Skandals verlangte er, dass alle Politiker mit Verbindungen zu den Paramilitärs dies offen legen. Doch ist das die wirksamste Maßnahme, die dem Staatspräsidenten zur Verfügung steht, um für Aufklärung zu sorgen?

Neue Variationen eines alten Themas

Am 15. Juli 2003 unterzeichneten die Regierung Uribe und die paramilitärischen “Vereinigten Selbstverteidigungsgruppen Kolumbiens” (AUC – Autodefensas Unidas de Colombia) das Abkommen von Santa Fe de Ralito [4] und nahmen damit offiziell Verhandlungen auf. Die Paramilitärs verpflichteten sich dazu, all ihre Angehörigen zu demobilisieren; im Gegenzug sicherte die Regierung die Reintegration der Demobilisierten in das zivile Leben zu [5].

Die Paramilitärs stehen auf den Listen der terroristischen Vereinigungen der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten. Seit vielen Jahren klagen Menschenrechtsorganisationen in ihren Berichten die Verbindungen zwischen dem Militär, Beamten und Paramilitärs an, so zum Beispiel amnesty international oder Human Rights Watch, bis hin zum Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission legte die Rolle des kolumbianischen Staates beim Entstehen der paramilitärischen Gruppen dar [6].

Der Begriff Paramilitarismus steht im Zusammenhang mit der Politik der Aufstandsbekämpfung und geht zurück auf die 1960er Jahre. Das Thema Para-Politik ist nichts Neues, neu sind aber die Stichhaltigkeit der aktuellen Beweise, die umfangreiche Berichterstattung in der Presse sowie die wichtige Rolle, die die Medien spielen. Zu den bemerkenswertesten Beweisen gehören jene, die sich auf dem Computer von “Jorge 40″ fanden. Sie befördern ein altes Thema wieder an die Oberfläche: die Verbindungen zwischen der Regierung und den Paramilitärs. Genau wegen dieser so engen Beziehung zwischen diesen beiden Parteien lehnen Organisationen der kolumbianischen Zivilgesellschaft den so genannten Prozess der Demobilisierung der paramilitärischen Gruppen in seiner jetzigen Form ab, ebenso wie den juristischen Rahmen, in dem er stattfindet. Die Mitverantwortung von Staatsbediensteten wird durch den Prozess eher verschleiert als dass sie aufgedeckt würden. In einem Bericht von Human Rights Watch [7] wird daran erinnert, wie Militärberater der Vereinigten Staaten in den 1960er Jahren empfahlen, “ziviles und militärisches Personal für eine Geheimausbildung für Widerstandsoperationen auszuwählen, für den Fall, dass man sie in Zukunft benötigt.” Die nordamerikanischen Berater schlugen weiterhin vor, dass die so geschaffenen Strukturen “für Gegenspionage und Gegenpropaganda genutzt werden sollten und, falls nötig, um paramilitärische Sabotage- oder Terrorismusaktionen gegen bekannte Verteidiger des Kommunismus durchzuführen. Dies muss von den Vereinigten Staaten unterstützt werden.” Die Informationen, die den gegenwärtigen Skandal ausgelöst haben, verleihen diesem Thema neue Aktualität, das seit vielen Jahren bezeichnend ist für das Phänomen des Paramilitarismus in Kolumbien und in anderen Ländern dieser Welt.

Diese Geschichte dürfte wohl nicht mit den Enthüllungen enden, die hier beschrieben werden. Es scheint ein günstiger Moment dafür zu sein, dass endlich die Wahrheit über die Beziehung zwischen Paramilitärs und kolumbianischem Staat ans Licht kommen. Die Enthüllungen, die momentan hauptsächlich eine Region des Landes betreffen, sind sicherlich nur die Spitze des Eisbergs. Sie lassen aber ahnen, welch systematische Verbindungen es zwischen Politikern sowie staatlichen Institutionen im ganzen Land und dem Paramilitarismus gibt. Der Optimismus könnte jedoch jäh enttäuscht werden, wenn die kolumbianische Justiz ihre Ermittlungen nicht konsequent weiterführt. Und wenn die internationale Gemeinschaft sich taub und blind stellt und nicht endlich eine aktivere Rolle spielt. Sie muss einfordern, dass Menschenrechte und internationales humanitäres Recht respektiert werden und dass das Recht Vorrang erhält vor einer Willkürherrschaft der Gewalt und der Korruption.

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1 Siehe: http://www.revistacambio.com/html/portada/articulos/4647/

2 Siehe: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98535

3 http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98170 oder http://www.derechos.org/nizkor/corru/doc/sucre3.html

4 Name des Dorfes im Department Córdoba, an der atlanstischen Küste Kolumbiens, wo die Verhadlungen zwischen Regierung und Paramilitär stattfanden.

5 Siehe: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/dialogos.htm

6 Report on the Demobilization Process in Colombia, Inter-American Commission on Human Rights, December 2004, http://www.cidh.org/countryrep/Colombia04eng/toc.htm

7 Siehe: http://www.hrw.org/spanish/informes/1996/colombia2.html#historia

Una serie de revelaciones saca a flote parte de una realidad que muchos conocen y otros pretenden ocultar, los ví­nculos del Estado con los grupos paramilitares

El 11 de marzo de 2006, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalí­a capturaron al paramilitar Edgar Ignacio Fierro Florez alias “Don Antonio”. Éste habí­a entregado las armas cinco dí­as atrás en lo que ha sido llamado proceso de desmovilización de los paramilitares, pero las autoridades lo buscaban por estar acusado de homicidio agravado y extorsión. En el momento de la captura “Don Antonio” tení­a consigo, entre otras cosas, dos computadores, dos memorias USB, discos compactos y varios documentos escritos. Estas informaciones desatarí­an un torrente de escándalos en el ambiente polí­tico del paí­s.

Los miembros de la Fiscalí­a al encontrar estos elementos se apropiaron de un sinnúmero de pruebas contundentes de los ví­nculos existentes entre estos grupos armados e importantes polí­ticos, empresarios, militares y otras personalidades. “Don Antonio” se habí­a retirado en el 2002 del Ejército y se dedicó desde entonces a los grupos paramilitares, bajo las órdenes de Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como “Jorge 40″ quien, después de Salvatore Mancuso, era el segundo al mando del Bloque Norte de los paramilitares. Además, las informaciones corroboran lo que las organizaciones de derechos humanos llevan diciendo desde que empezó la desmovilización: que dicho proceso, más que cualquier otra cosa, es una farsa, y que los grupos paramilitares siguen funcionando y actuando cual si no existiese ningún acuerdo. En la computadora de “Don Antonio” se encontró información detallada sobre más de cincuenta asesinatos realizados por los paramilitares bajo el mando de “Jorge 40″, crí­menes cometidos después de haber empezado el denominado proceso de desmovilización.

La “inteligencia” al servicio de la impunidad

Entre agosto de 2004 y agosto de 2006, los medios de comunicación publicaron numerosa información sobre la infiltración del paramilitarismo y del narcotráfico en el DAS. Esta institución, el Departamento Administrativo de Seguridad, es el organismo de inteligencia estatal de Colombia y depende directamente del Presidente de la República. Rafael Garcí­a, ex jefe de informática del organismo, fue capturado el 27 de enero de 2005 y fue acusado de varios delitos. En septiembre de 2004 se conoció que éste, quien para esa época trabajaba para el DAS, habí­a borrado y modificado las bases de datos y las órdenes de captura de paramilitares y narcotraficantes. El 16 de diciembre de 2005, Garcí­a se presentó ante la Fiscalí­a ante la cual declaró que su jefe, el entonces director del DAS, Jorge Noguera tení­a relaciones estrechas con los paramilitares; que altos funcionarios de este organismo habí­an entregado listas de sindicalistas, estudiantes y lideres sociales a los actores armados, personas que fueron posteriormente asesinadas; y que el DAS habí­a participado en la preparación de un fraude que posibilitó la elección de algunos congresistas en el 2002 y aportó unos 300.000 votos para favorecer la elección del presidente Uribe (1). En su declaración ante la Corte la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2006, Garcí­a admitió por primera vez haber sido miembro de los paramilitares (2). El 15 de noviembre de 2006 la Procuradurí­a General de la Nación, órgano de control del Estado, formuló pliego de cargos contra, Jorge Noguera, y el ex secretario general del DAS, Giancarlo Auque de Silvestre. Las acusaciones tienen que ver con vinculación de la cúpula del DAS con los grupos paramilitares, corrupción y cooperación de este organismo estatal con acciones criminales de estos grupos. Mientras todo esto sucedí­a Noguera se encontraba en Milán, en donde ocupaba el cargo de cónsul de Colombia, al que fue designado por el presidente Álvaro Uribe, luego de terminadas sus funciones en el DAS.

El escándalo por fin es un escándalo

En el artí­culo “Las pruebas hablan por sí­ solas” publicado el 11 de noviembre de 2006 en la revista “Semana” (3), se informa sobre cómo la Corte Suprema de Justicia ha probado los nexos de los polí­ticos del departamento de Sucre en la creación de grupos paramilitares. No se trata de una simple vinculación entre polí­ticos de una determinada región y grupos armados al margen de la ley, sino de la participación activa de miembros del Congreso y de la Cámara en la conformación de estos grupos. Varios de los polí­ticos se encuentran hoy en la cárcel. Uno de ellos, quien está siendo investigado por conformación de grupos paramilitares y participación en sus crí­menes, es el senador Alvaro Garcí­a Romero. í‰l se ha desempeñado durante uno 16 años como parlamentario. Entre las pruebas que posee la Corte Suprema en contra de varios polí­ticos importantes de Colombia, está la grabación de una reunión realizada en enero de este año, que fue hallada en el computador de “Jorge 40″. A este encuentro asistieron cuatro diputados de Sucre, varios mandos medios del Bloque Norte de los paramilitares y otros polí­ticos de la región. Según la revista “Semana”, esta grabación “deja en evidencia que gran parte de la clase polí­tica de ese departamento ha estado durante años vinculada a los paramilitares.”
Las últimas informaciones mencionan, en total, a nueve miembros del Congreso de la República investigados por la Corte Suprema de Justicia. Tres de ellos se encuentran en prisión. A pesar de que varios de los congresistas sindicados forman parte de partidos polí­ticos afines al presidente Uribe, este último no se ha distanciado de ellos. Al cabo de varias semanas del escándalo exigió que todos los polí­ticos que tuviesen ví­nculos con los paramilitares deberí­an decirlo – ¿será ésta la medida más contundente al alcance del presidente de la República para esclarecer la situación?

Novedad de un tema viejo

El 15 de julio de 2003, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares de las “Autodefensas Unidas de Colombia” firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito (4), con el cual iniciaron de manera oficial un proceso de negociación en el que los paramilitares se comprometieron a desmovilizar a todos sus hombres, mientras que el Gobierno se encargarí­a de ofrecer garantí­as para que los desmovilizados se integren a la vida civil (5).
Los paramilitares están en las listas de grupos terroristas de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Informes de organizaciones de derechos humanos como amnistí­a internacional o Human Rights Watch, e incluso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llevan muchos años denunciando los ví­nculos entre las Fuerzas Militares, funcionarios públicos y los paramilitares. La Comisión Interamericana de derechos humanos explicó el papel del Estado Colombiano en el nacimiento de los grupos paramilitares (6). El paramilitarismo es un concepto que se relaciona con una polí­tica contrainsurgente que data de la década de los años sesenta. El tema de la para-polí­tica no es una novedad, pero si es nueva la contundencia de las pruebas actuales, el amplio despliegue que le ha otorgado la prensa al tema y el importante papel que está desempeñando la rama. Entre las pruebas más destacables se encuentran las que contiene el computador de “Jorge 40″. Sacan de nuevo a flote el tema viejo, el de los ví­nculos entre el Gobierno y los paramilitares. Precisamente, esta relación tan estrecha entre ambas partes es uno de los motivos por los cuales las organizaciones de la sociedad civil colombiana rechazan el denominado proceso de desmovilización de los paramilitares y el marco jurí­dico que lo acompaña, dado que estos factores más que esclarecer tienden a esconder la responsabilidad de agentes estatales. En un informe de Human Rights Watch (7) se recuerda cómo en los años 60, asesores militares de los Estados Unidos recomendaron: “seleccionar a personal civil y militar para entrenarlos clandestinamente en operaciones de resistencia en caso de que se les necesitara en el futuro.” El equipo de asesores estadounidenses sugirió además que esta estructura “se utilizara para funciones de contra inteligencia y contra propaganda y, si fuera necesario, para ejecutar actividades paramilitares de sabotaje o terroristas contra conocidos defensores del comunismo. Debe tener el apoyo de Estados Unidos.” Las informaciones que han desatado el escándalo actual no hacen otra cosa que actualizar un tema que ha caracterizado a lo largo de muchos años el fenómeno paramilitar en Colombia y en otros paí­ses del mundo.

Esta historia parece no terminar con las revelaciones mencionadas en este texto. El surgimiento de la verdad sobre la relación paramilitares – Estado colombiano parece que pasa en la actualidad por un momento positivo. Es obvio que las revelaciones, que en este momento se enfocaron sobre todo en una región del paí­s, son la punta del “iceberg” que permite vislumbrar los ví­nculos sistemáticos entre polí­ticos e instituciones estatales en todo el paí­s y el paramilitarismo. Todo puede quedar, sin embargo, en un optimismo pasajero si la Justicia colombiana claudica en sus investigaciones y si la comunidad internacional se hace la de los oí­dos sordos y los ojos ciegos, y no asume un papel más activo en favor del respeto a los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del reconocimiento de la supremací­a de la Justicia sobre el imperio arbitrario de la fuerza y la corrupción.

1. Ver: www.revistacambio.com/html/portada/articulos/4647/
2. Ver: www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98535
3. www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98170 o en www.derechos.org/nizkor/corru/doc/sucre3.html
4. Nombre de la población en el departamento de Córdoba, en la costa atlántica colombiana, en donde se realizaron las negociaciones entre el Gobierno y los paramilitares.
5. ver: www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/dialogos.htm
6. Report on the Demobilization Process in Colombia, Inter-American Commission on Human Rights, December 2004, www.cidh.org/countryrep/Colombia04eng/toc.htm
7. Ver: www.hrw.org/spanish/informes/1996/colombia2.html#historia

La inmunidad conseguida por los violadores de los derechos humanos

Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de Pinochet fueron increí­blemente numerosas. Las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones de detenidos, las torturas y la prisión polí­tica afectaron a millares de personas. Según los organismos de derechos humanos de la época, en los cuales colaboré, se persiguió directamente a 347.000 personas anualmente que corresponde a un promedio del 5,18% de las personas entre 15 y 54 años.

Sin embargo, la historia oficial destaca que las violaciones a los derechos humanos fueron pocas en comparación con Argentina, Guatemala u otros paí­ses. Esta mistificación se logra mencionando exclusivamente los casos de ejecuciones arbitrarias, detenciones con desaparición y tortura, las que en todo caso, acumulativamente ascienden a 115.000 casos, la mayorí­a de ellos son casos de torturas.

Esta polí­tica de violaciones a los derechos humanos requirió de un aparataje represivo de impresionante magnitud que contó con miles de miembros.

Un balance siempre rojo

Después de 15 años de democracia (1990-2005) el balance es muy preciso. De las decenas de miles de casos de violaciones de derechos humanos no más de 50 se han aclarado, de los miles de agentes uniformados encargados de asesinar, hacer desaparecer y torturar, sólo han sido condenados 29, generalmente a penas irrisorias y en condiciones especiales en comparación con los reos comunes.

Este balance entrega un solo resultado: en Chile ha habido una impunidad casi total. En efecto, el funcionamiento del sistema judicial ha permitido que se actúe con una lentitud increí­ble: hay procesos que van a cumplir 30 años o más, desde que se presentó el habeas corpus inicial.

Inventando manipulaciones

Ha existido una capacidad inventiva tan fecunda para crear argucias que impidan lograr la justicia que alcanzan las cumbres del cinismo social, empezando porque el mismo gobierno militar que habí­a violado todos los derechos y se auto amnistió. Es decir, el culpable dictó una ley que le declaraba inocente y libre de cualquier responsabilidad y los hechos penales nunca habí­an existido: durante la dictadura esta ley de amnistí­a se aplicó a rajatabla y se ha mantenido ocasionalmente con algunos quiebres en la democracia.

Cuando llegó la democracia, Pinochet siguió como jefe del Ejército y advirtió que protegerí­a a “su gente” por los crí­menes cometidos. La timidez del Poder Judicial para procesar los casos de violaciones se transformó en terror paralizante.

En estas circunstancias, el primer presidente democrático, Patricio Aylwin anunció su sibilina polí­tica de “justicia en la medida de lo posible”, que inspirada en la ética de la responsabilidad de Weber, obligaba a considerar los efectos que podrí­a provocar cualquiera decisión. Así­ se evitó tener crisis con los militares, porque lo posible era definido por ellos.

Algunos placebos

Pero existí­a una obligación moral de hacer algo frente a la magnitud y masividad de estas violaciones. Entonces se encontró la solución en la expresión validada por la humanidad: Verdad. Ya que no se podí­a dar justicia se darí­a verdad.

Esta verdad fue el Informe Rettig. Esta verdad estaba llena de concesiones, era una verdad parcial y hasta una tergiversación de los hechos. Así­, por ejemplo, el informe Rettig no reconoce que haya habido tortura en Chile. ¿Alguien puede imaginar un sistema represivo sin la aplicación de este instrumento? En Chile la tortura fue el instrumento central del sistema represivo, las muertes y las desapariciones fueron simples consecuencias ocasionales del mismo.

En segundo lugar, el Informe aceptó las imposiciones de las fuerzas armadas y se registró en el mismo nivel a los militares muertos en combate, como si fuesen violaciones a los derechos humanos. Es evidente que estos hechos deben registrarse, pero nunca en la historia se ha considerado que militares armados hasta los dientes y respaldado por un ejército organizado y muertos en acción fuesen casos de violaciones a los derechos humanos. El ejército respectivo puede considerarlos héroes o mártires, pero no corresponde a los conceptos de ví­ctimas de los derechos humanos. Estos casos, aunque reducidos en número, contaminaban los conceptos aceptados sobre lo que son las violaciones a los derechos humanos y desnaturalizan el informe.

Muchos entendieron el carácter especial de la transición e interpretaron que esta verdad era un paso positivo y fue aplaudido por los que no lo estudiaron y por los que lo habí­an manipulado de esta forma.

Otro gran espectáculo

Cuando cambió la dirección del Ejército, se pensó que era la oportunidad de aplicar, por fin algunos mendrugos de justicia y se creó la Mesa de Diálogo con la presencia de militares, representantes del gobierno y abogados defensores de las ví­ctimas de las violaciones a los derechos humanos. Se pensaba que allí­ se recibirí­a una gran cantidad de información que permitirí­a acelerar los casos de derechos humanos, siempre paralizados o en lento avance.

Las fuerzas armadas reconocieron su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y hasta se especificó que los cadáveres de los detenidos desaparecidos habí­an sido lanzados al mar. La derecha y el gobierno comunicaron al paí­s y al mundo que este era un reconocimiento que mostraba la grandeza de los militares.

Cualquiera persona hubiera entendido que si el Ejército asumí­a la “responsabilidad” querí­a decir que iba a responder a las consecuencias de esos actos. Gran error: la responsabilidad terminaba, según los militares, cuando se reconocí­a. Nada más “¦ y así­ eso era mucho.

Si lo llevamos al campo de la parodia, podrí­amos decir que si el sádico de Alto Hospicio (criminal común que violó y asesinó a muchas niñas) podrí­a haber declarado que él asumí­a la responsabilidad por estos crí­menes, pero que no confesaba concretamente ninguno de ellos y que no se le podí­an probar, de manera que no podrí­a ser procesado y debí­a ser aplaudido por enmendar su actuar.

La misma lógica le pareció impecable al Ejército, con algunos agravantes adicionales.

Cuando se le pidió información concreta de los casos especí­ficos de ejecuciones y desapariciones, el Ejército informó que, desagraciadamente, no tení­a ninguna información porque no se habí­an guardado registros ni existí­an testigos o autores ya que habí­a pasado mucho tiempo. Sólo les faltó preguntar ¿Por qué no pidieron la información antes? Parece que no lo hicieron por una última brizna de decencia ya que se le habí­a pedido información desde 1973 en adelante.

La contraparte del poder militar era la vigencia de la “real politik”, sostenida por el presidente Eduardo Frei, que se traducí­a en un pragmatismo que justificaba la inercia ante la magnitud de los obstáculos.

La culminación del cinismo militar

Esta actitud era una burla cruel para con los familiares de las ví­ctimas. Reconocí­an el crimen global, pero no reconocí­an ningún crimen especí­fico, por lo tanto no habí­a culpables.

De esta manera se intentaba la máxima aspiración de los que habí­an violado los derechos humanos: el punto final, la impunidad.

En la historia de la humanidad, no hay recuerdo de ejércitos que no tengan y guarden la información de sus acciones. En la época actual, con la avalancha de las técnicas de la información, todos los ejércitos del mundo consideran que la información es vital. El único ejército del mundo que carecí­a de información era el Ejército de Chile.

Nadie del gobierno reclamó, todos aceptaron la explicación del Ejército y más aún celebraron la Mesa de Diálogo como un hecho histórico y un cambio democrático en el Ejército.

El gran show internacional

Cuando Pinochet fue detenido en Londres, todo Chile avergonzado, pensó que la justicia se lograrí­a en el Reino Unido, porque en Chile la justicia era algo inexistente, desconocido o imposible.

Pero nos habí­amos olvidado de los polí­ticos chilenos. Cuando vieron esta situación, todos reaccionaron al uní­sono: Hay que respetar la territorialidad de la ley, si hay delitos se deben procesar en Chile, ¿Por qué un paí­s extranjero va a procesar a un chileno por delitos cometidos en Chile? La clase polí­tica mostró una unidad férrea. Así­ desconocí­an la naturaleza universal de los derechos humanos, cuyas violaciones pueden perseguirse en cualquier lugar.

La derecha masivamente partió a Londres, y consiguió el apoyo de la fuerte palanca de la ex primera ministra Margaret Thatcher. Ricardo Lagos consiguió el compromiso y apoyo a regañadientes del laborismo y Frei movió todos los medios de presión diplomáticos de Estado a Estado. Y consiguieron el milagro: tampoco hubo justicia en el Reino Unido y Pinochet regresó al paí­s saludado con bandas y honores militares y se volvió a producir otro milagro: el pobre viejo perseguido e inválido, una vez que pisó tierra chilena pegó un salto y salió marchando al compás de las bandas.

Se habí­a probado que Pinochet era impune en Chile y además, ahora, en el mundo.

Manipulando a los familiares de las ví­ctimas

Desde 1974 los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados arbitrariamente, así­ como los familiares y ví­ctimas de la tortura, prisión polí­tica, relegación y exilio habí­an desarrollado una heroica lucha ante la represión policial durante la dictadura y de la indiferencia de las autoridades durante la democracia.
Sin embargo, estos familiares organizados significaban un frecuente llamado a la conciencia nacional y poní­a en jaque las maniobras del Gobierno y del Ejército. Para neutralizarlas se usó como elemento esencial el tiempo: tramitarlas indefinidamente, recomendarles acudir a los tribunales, instancia en la cual estaban sus casos y escuchar las explicaciones sobre las diligencias interminables. Por su parte, el Gobierno recurrí­a a los argumentos de la independencia de los poderes y la no injerencia en el poder judicial para lavar su imagen.

Final y paulatinamente se fueron concediendo pensiones, becas y subsidios a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. Estas ayudas fueron miserables y sin ninguna relación con los sistemas de indemnización que se han aplicado en otros paí­ses. La explicación era la pobreza de las arcas fiscales que, sin embargo, permití­an hacer renovaciones periódicas y modernización de todos los equipos militares.

Pero no se logró paralizar las acciones de estas agrupaciones que prosiguieron con su lucha por la verdad y la justicia ante la frialdad del sistema polí­tico.

La lucha inclaudicable de estas organizaciones demostró que a pesar del paso del tiempo la lucha continuaba y nuevas generaciones se incorporaban usando nuevos métodos, como las FUNAS, grupos de personas que denunciaban a prósperos oficiales que habí­an participado en la violación a los derechos humanos y que se habí­an construido máscaras de nobles ciudadanos.

Este ha sido el factor que ha mantenido la lucha por la justicia en Chile.

El control de la prensa y los otros medios ha permitido crear la vigencia de una ideologí­a de la impunidad, recurriendo incluso a estí­mulos subliminales.

Se ha sostenido que hay que terminar con estas exigencias interminables, propiciando los perdones, reclamando el olvido. Se insiste en la necesidad de olvidar el pasado y preocuparse exclusivamente del futuro.

Esta ideologí­a es propiciada y desarrollada por el Gobierno, la oposición, los medios de comunicación y llegó al clí­max del cinismo cuando el cardenal Francisco Javier Errázuriz levantó la bandera de que “Hay exceso de justicia”, negando toda la tradición de sus predecesores eclesiásticos que habí­an jugado un rol destacado en la lucha por los derechos humanos.

El “exceso de justicia” al que hace mención el cardenal es de que de 2000 violadores a los derechos humanos requeridos por la justicia, sólo 29 han sido condenados a penas mí­nimas y se desconoce la identidad de al menos otros 5000 violadores a los derechos humanos.

El manto protector

¿Cómo es posible que esta multitud de violadores estén encumbrados en altos cargos y tengan un status privilegiado?

En primer lugar, cuentan con la protección del Ejército que no entrega los antecedentes de sus actuaciones delictivas; en segundo lugar, esta misma institución mantiene y financia sus cargos o pensiones y cuando alguno de ellos puede sufrir algún riesgo se le financian guardias personales y si finalmente, ocurre el hecho excepcional que sean procesados, el Ejército le provee de los mejores (y más caros) abogados.

De manera que se presenta la paradoja corrupta de que el Estado financia a la vez el
proceso y la defensa, con el desequilibrio que los jueces son elegidos al azar mientras que los defensores son los mejores que existen.

Nunca más

Con la aplicación de hábiles polí­ticas de relaciones públicas, el Ejército, a través de su comandante en Jefe hizo una declaración que conmovió tanto a la clase polí­tica como la clase militar. En un acto muy importante declaró que el Ejército se comprometí­a en un “nunca más”.

La decisión fue considerada como de la mayor trascendencia por los medios de comunicación porque aseguraron que eso garantizaba que en el futuro no volverí­an a repetirse los bochornosos hechos de la dictadura militar (las violaciones a los derechos humanos).

Cualquier análisis elemental de esta promesa debe considerarla como lo que es: una promesa polí­tica. Es como creer que cuando cualquier candidato a un cargo público promete aumentar los sueldos, resolver los problemas de vivienda y mejorar la salud. Promesa que todos hacen y ninguno cumple.

Ahora el Ejército se sumaba a la vieja polí­tica de enmendar el pasado prometiendo cambiar a futuro. Habrí­a que preguntar si se pueden aceptar estas promesas a quienes habí­an jurado respetar la Constitución y la ley y las violaron en una forma jamás ocurrida en la historia de Chile.

La oferta era bien clara: reemplazar la justicia por la promesa de no seguir cometiendo violaciones a los derechos humanos.

Si retornamos a nuestra metáfora del sádico violador de Alto Hospicio, es exactamente lo mismo que si este violador hubiera declarado a través de los medios que ya no iba a seguir cometiendo sus crí­menes y aseguraba que nunca más los repetirí­a. ¿Entonces la población deberí­a aplaudir y perdonar al criminal mencionado? ¿Se pondrí­a punto final a cualquier proceso?

El absurdo es que la jerarquí­a militar consideró que este gesto era la expresión máxima de generosidad militar para terminar con los procesos a los violadores de los derechos humanos. Era lo mismo que cambiar la justicia por nada, porque las promesa polí­ticas son eso: nada.

La clase polí­tica se manifestó conmovida por la generosidad militar y declaró que el Ejército habí­a cambiado y ahora era un Ejército democrático. Pero la reacción del movimiento de derechos humanos fue muy clara y percibió que una promesa vana no reemplazaba a la justicia.

Las otras manipulaciones durante el gobierno de Lagos

La opinión pública era de que Lagos era un valiente luchador por los derechos humanos y que habí­a sido capaz de levantar su dedo frente al dictador. Pero la “real politik” habí­a mellado su compromiso con estos ideales y resultó ser el presidente del gobierno democrático que permanentemente estuvo buscando falsas salidas al problema de los derechos humanos. La culminación de esta actitud es la nominación de un juez de derecha a la Corte Suprema para asegurar la paralización de la justicia, simultáneamente, otorgó un indulto a un militar que cumplí­a prisión por haber participado en el asesinato de un dirigente sindical. Este asesinato se mantuvo sin culpables durante años de investigación, pero debido al cambio de juez, se encontró en pocas semanas a los culpables y se desenredó la trama. El mencionado dirigente sindical era un socialdemócrata de derecha y fue asesinado con alevosí­a. Cuando los asesinos, militares que seguí­an órdenes, fueron descubiertos, obligaron a un pobre carpintero a que firmara una declaración inculpándose del crimen y a continuación lo mataron y presentaron su muerte como un suicidio. Sin embargo, las pericias médicas y forenses demostraron que no era suicidio sino un asesinato. En consecuencia, este crimen fue uno de los más perversos de la dictadura y los culpables no demostraron ningún arrepentimiento, sin embargo, uno de los pocos casos en los que se habí­a alcanzado cierta justicia, se transformó de nuevo, en otro caso de impunidad, esta vez con la firma del Presidente democrático.

La Corte Suprema quiere terminar los procesos

En reiteradas oportunidades la Corte Suprema o sus representantes han ideado mecanismos para finalizar los interminables procesos. Aunque lo obvio es agilizar y terminar los procesos estableciendo la justicia, la Corte Suprema ha buscado como dejar las cosas en el nivel alcanzado y sostener que eso es suficiente. Una de las medidas propuestas fue establecer un plazo de seis meses pare cerrar todos los procesos, lo que significaba dejarlos, a casi todos, en estado de investigación, sin conclusiones. Cuando un clamor nacional rechazó esta medida, algunos jueces empezaron a aplicar la amnistí­a y otros adhirieron a la tesis de la Presidente del Consejo del Estado de la “amnistí­a impropia” que en la práctica obligaba a aceptarla. Por su parte la Sala Penal de la Corte Suprema declaró – en contra de todos los antecedentes- que en Chile no habí­a habido guerra y por lo tanto los Convenios de Ginebra no eran aplicables, aunque existí­a un decreto de Pinochet que establecí­a que habí­a guerra.

El Informe Valech

Otra maniobra del gobierno de Lagos, que contó con el apoyo de la Iglesia Católica, fue la elaboración de un informe sobre las torturas ocurridas durante la Dictadura Militar.
El informe fue realizado por gente comprometida con la causa de los derechos humanos, encabezada por el obispo auxiliar de Santiago, por lo cual lleva su apellido.

El reconocimiento oficial de que en Chile habí­a habido torturas era un efectivo paso hacia la verdad, porque hasta entonces, la tortura era un tema intocable ya que podí­a levantar las iras del Ejército. Este informe permitió establecer algunas pensiones mí­nimas o pequeñas indemnizaciones para los afectados o sus familias. Se hicieron muchas exclusiones: niños, personas fallecidas, casos no verificados, etc.

Aparentemente este fue un paso muy grande en el proceso de restablecer la vigencia de los derechos humanos, pero fue minimizado cuando el Gobierno declaró que no se publicarí­an los nombres de los torturadores (que en algunos casos eran conocidos).
De esta manera, el gran paso se transformó en un gesto del Estado para esconder la verdad y para proteger a los torturadores. De manera que el Presidente Lagos hizo de Chile el paí­s donde se torturaba, pero donde no existí­an torturadores. Un paí­s con tortura y torturados pero sin responsables de este crimen de lesa humanidad. Una verdad parcial se transformó en un nuevo manto de impunidad.

La cumbre del cinismo polí­tico

Todas estas maniobras han erosionado o anulado la posibilidad de lograr verdad y justicia. La situación es de una impunidad casi total, con solo una decena de caso en los cuales se ha logrado una justicia parcial, alcanzada gracias a los abogados de las ví­ctimas y no por las investigaciones policiales o de los tribunales.

Sin embargo, el intento de casi toda la clase polí­tica, es alcanzar la impunidad total. No cabe la menor duda que los tres candidatos presidenciales actuales, con posibilidades de ganar (la socialista Bachelet y los conservadors Piñera y Laví­n), les agradarí­an asumir el mando sin el espinudo problema de las violaciones a los derechos humanos. Es posible que el Presidente Lagos considere que la contienda electoral, con su bullicio, es el momento oportuno para imponer alguna solución, es por ello que ha brindado toda su simpatí­a a las maniobras de la derecha.

La derecha disfrutó de la polí­tica de la dictadura y durante la democracia, con la misma polí­tica neoliberal, sigue disfrutando, logrando una distribución del ingreso que le entrega más del 40% al quintil más rico de la población, lo que significa que tienen 15 veces más que el quintil correspondiente a los más pobres y el 10% más rico tiene 35 veces el ingreso del correspondiente 10% más pobre de la población. Entre 127 paí­ses, Chile ocupa el lugar 117 en materia de distribución de ingreso, es decir está entre los 15 paí­ses con peor distribución de ingresos. En el año 2004 las utilidades de las empresas crecieron en 70% y los salarios en menos del 5%.

La prensa de la derecha repite incansablemente que el modelo es un éxito y que debe seguir aplicándose. En cuanto a la violación de los derechos humanos, la derecha los negó sin cesar durante más de 30 años. Sólo ahora la evidencia ha sido tan abrumadora que no podido insistir en su negación. La actual táctica de sus miembros es sostener que ellos no sabí­an nada. A pesar de que permanentemente las instituciones de derechos humanos denunciaron estas violaciones, tanto en Chile como en el ámbito internacional, estos gerentes y grandes polí­ticos no sabí­an nada. Después, cuando se descubrió que Pinochet tení­a una fortuna mal habida en cuentas de bancos extranjeros, la derecha reiteró que de esos casos de corrupción tampoco sabí­a nada, de esta manera se ha desligado de toda responsabilidad con los crí­menes y delitos de la dictadura.

Simultáneamente, la derecha ha respaldado o ha iniciado las maniobras tendientes a lograr un punto final a la saga de las violaciones de los derechos humanos recurriendo al olvido, el perdón y la promesa del nunca más.

La última propuesta de personeros de esta derecha fue presentada por un senador ex almirante y un senador UDI que fue el gran protector de Colonia Dignidad (enclave alemán donde existió un campo de torturas y exterminio, además de prácticas de pedofilia por parte de sus dirigentes). El senador mencionado, Hernán Larraí­n, presenta la misma excusa de la derecha por su protección a la Colonia Dignidad: él no sabí­a nada.

La polí­tica de la derecha entra así­ del campo de la hipocresí­a al campo del cinismo.
La propuesta de estos personeros es un nuevo indulto general consistente en dejar en libertad, a todos los que hayan cumplido 10 años de condena; a todos los mayores de 70 años (la mayorí­a de las acusaciones son por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1989, por lo cual los violadores son, en general, personas mayores, especialmente los oficiales de altas graduaciones); a todos los que sufran de cualquier enfermedad, etc. Así­ se asegura la libertad provisional para casi todos los que están actualmente presos si prometen no seguir violando los derechos humanos y no cometer delitos. ¿Alguien se negarí­a a hacer esa promesa?

Si se analiza la propuesta es casi desvergonzada, porque fuera de favorecer a los violadores a los derechos humanos, se gratifica especialmente a los criminales mayores. ya que los que tengan condenas de 30 o 40 años lograrí­an reducirla a 10 años solamente, en cambio, los que tuvieren condenas a 5 o 6 años no tendrí­an ese beneficio. Es decir se favorece a los que han cometido delitos mayores (generalmente oficiales), mientras que los que han cometido delitos menores (generalmente soldados y suboficiales) no tendrí­an ningún beneficio.

Entusiasmo presidencial

Esta propuesta ha encontrado una cordial recepción en el Presidente Lagos y en otros directivos de la Concertación incluyendo a senadores del PPD y PRSD (Partidos social democráticos) y de la Democracia Cristiana.

La argumentación de estos últimos es que si se ha otorgado indultos similares a presos polí­ticos (que califican de terroristas) debe otorgarse también a los violadores de los derechos humanos. Por esta razón la bautizaron como Ley Espejo.

Un espejo turbio

Esta actitud de miembros de la Concertación, empezando por el Presidente Lagos, sólo muestra la debilidad de principios de estos próceres. Los presos polí­ticos que cometieron delitos son personas que realizaron sus actos sin ninguna protección estatal y que fueron castigados de inmediato: los violadores a los derechos humanos corresponde a personas protegidas por el Estado que realizaban polí­ticas centrales del Estado. Esto marca una naturaleza totalmente distinta en los delitos cometidos, de manera que un espejo no puede reflejar cosas distintas.

La naturaleza de los derechos humanos

Las violaciones de los derechos humanos son delitos de una categorí­a especial. Sólo pueden ser cometidos por los agentes del Estado o por personas que cuentan con su protección, son especiales porque el Estado está encargado de respetar y garantizarlos derechos humanos, por lo tanto si los viola, está negando su propia naturaleza y su propia legitimidad. Además hay una evidente desproporción entre el victimario (el Estado) y la ví­ctima (una persona). Esta naturaleza es lo que determina que las violaciones a los derechos humanos sean de una categorí­a especialmente monstruosa y determina que sus autores no puedan ser amnistiados, indultados, ni obtener otros beneficios especiales, tampoco rige ningún tipo de prescripción en estos casos. Esta doctrina universal, que fue la bandera de lucha en contra de la Dictadura, ahora es abandonada en la “real politik” de Lagos.

Sin embargo, Chile ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Fue uno de sus redactores) y toda la legislación humanitaria complementaria como la Convención en Contra de la Tortura y la Convención de Ginebra. Según estos convenios -que son ley en Chile- el Estado no puede dejar de respetar y garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la integridad fí­sica y sicológica de las personas. Tampoco pude dejar de aplicar la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos.

En estas circunstancias, lo que la derecha y parte de la Concertación proponen, es violar todos estos convenios y quedar al margen de la sociedad civilizada, reconociendo que el Estado está por sobre la persona humana y no como la tradición universal ha logrado establecer: que el Estado existe para proteger y garantizar los derechos humanos que son inderogables y que se basan en atributos inherentes de la persona humana y que son superiores al Estado.

Estas medidas son una proyección de la dictadura militar y una negación de la tradición democrática del pueblo chileno.

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Anexo:

Algunas fechas de los acontecimientos descritos:
1-Dí­a en que fue detenido Pinochet: 17 de octubre de 1998
2-Informe Rettig: 8 de febrero de 1991 fue entregado el informe al Gobierno.
3-Informe Valech: 10 de noviembre de 2004
4-La mesa de diálogo:

• 21 de agosto de 1999 discurso que convoca a la mesa de diálogo.
• Primera reunión de la mesa de diálogo fue el 22 de agosto de 1999.
• 13 de junio de 2000, Lagos recibió oficialmente los resultados de la mesa.
  (colaboración del periodista Rodrigo Quintana)

* Profesor de la Universidad de Chile. www.probidadenchile.cl El autor de esta nota fue investigador de la Vicarí­a de la Solidaridad y de otros organismos de derechos humanos durante la dictadura militar.