Asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez

por Katya Salazar (1), diciembre 2004

El nombre de Ciudad Juárez ya está vinculado con los asesinatos de mujeres. Desde 1993 casi 400 mujeres han sido asesinadas en esa ciudad ubicada en el desierto, en la frontera con los Estados Unidos. Diferentes historias, pero un elemento común: autoridades misóginas, ineficientes y corruptas, y como consecuencia, impunidad absoluta.

Pero Ciudad Juárez es mucho más que una ciudad en el medio del desierto, violenta y sin reglas -la ciudad de las mujeres asesinadas. Es también una ciudad de oportunidades (un trabajo en alguna de las maquiladoras de la ciudad (2) o la posibilidad de cruzar la frontera). Colindante con las ciudades norteamericanas de El Paso (Texas) y Las Cruces (Nuevo México), forma con ellas -para efectos comerciales- una sola metrópoli separada solamente por la frontera, con un intenso tráfico diario de bienes y personas. Paradójicamente, mientras El Paso es el centro comercial de la región y una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos, Ciudad Juárez es la sede principal de la industria maquiladora en México y tiene un elevado í­ndice de criminalidad vinculado principalmente al crimen organizado, el narcotráfico (recordemos el famoso “Cártel de Juárez”), la prostitución, el tráfico de drogas y de personas, entre otras actividades ilí­citas.

Para entender a la Ciudad Juárez de hoy, debemos retroceder hasta la Revolución Mexicana (1910-1917), cuando el paí­s quedó sumido en una grave crisis económica, polí­tica y social, producto de la lucha por el poder. Para superar esta crisis y aprovechando su ubicación en la frontera, se intentó convertir a Ciudad Juárez en un gran centro turí­stico de diversión nocturna -lugares de juego, bares- para mexicanos y estadounidenses, quienes se convirtieron en sus principales consumidores. A partir de 1965, con la implementación de programas de promoción de la inversión extranjera en la frontera, el desarrollo económico de Ciudad Juárez se reorientó a la industria maquiladora, siendo actualmente la principal fuente de ingresos y puestos de trabajo. Lamentablemente, este modelo de crecimiento económico muy beneficioso para los propietarios de las maquilas, se desarrolló sin tomar en cuenta el capital humano que les permití­a obtener importantes ganancias con su mano de obra barata y sin exigencias.

Por distintas razones, durante los años 70 y 80, la oferta de trabajo de la industria maquiladora se dirigió principalmente a las mujeres, en un contexto de alto desempleo masculino. La dinámica familiar empezó a cambiar y muchas mujeres empezaron a sostener el hogar, lo que produjo un choque cultural al interior de las familias, con hombres acostumbrados a ser los proveedores y las mujeres encargadas del cuidado de la familia. El consumo de alcohol creció de manera alarmante entre los hombres y según algunas fuentes, Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad con el mayor í­ndice de madres solteras en México. Aunque estas circunstancias no explican los crí­menes que se han cometido en Ciudad Juárez, es cierto que la independencia y el cambio de rol asumido por muchas mujeres fueron en contra de ciertas tradiciones mexicanas (algunas vigentes hasta ahora), lo que parece haber exacerbado actitudes violentas en muchos hombres en contra de las mujeres.

Ciudad Juárez es también la ciudad del desarraigo y la pobreza. Entre el 35 y el 50 por ciento de su población (que casi alcanza el millón y medio de personas) no ha nacido ahí­ sino que proviene de otros estados. Muchos llegaron por las posibilidades de trabajo que ofrecí­a la industria maquiladora y otros con la intención de cruzar -legal o ilegalmente- la frontera hacia los Estados Unidos, y mientras lo intentaban, se fueron instalando en la ciudad. Esta “población flotante” aumentó considerablemente el número de habitantes de la ciudad y ha creado “bolsones” de pobreza, reforzados por la falta de una infraestructura urbana y servicios públicos suficientes. Muchas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez pertenecí­an a este sector social.

Los crí­menes y la respuesta del Estado mexicano

Aunque no existe certeza sobre el número exacto (las cifras oficiales no coinciden), podemos afirmar que entre 1993 y 2004, por lo menos 380 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Entre 100 y 130 de estos asesinatos fueron perpetrados con violencia sexual y en por lo menos 90 casos, las ví­ctimas no sólo fueron violadas, sino que fueron mantenidas en cautiverio por dí­as y hasta semanas, tiempo durante el cual fueron sometidas a terribles vejámenes y humillaciones, fueron torturadas, violadas de manera reiterada por distintas personas y en muchos casos mutiladas antes de ser estranguladas o asesinadas a golpes. Estos últimos 90 casos (usamos un promedio, pues aquí­ tampoco coinciden las cifras) son los llamados asesinatos “múltiples” o “seriales”, pues obedecerí­an a un patrón, a un modus operandi similar.

Las circunstancias que rodearon los asesinatos sin violencia sexual son conocidas (violencia intrafamiliar, venganza entre pandillas o bandas criminales, delincuencia común, etc.) y algunos de los responsables han sido procesados. Pero curiosamente, mientras más violencia contra la mujer presentaba el caso -me refiero a los asesinatos “múltiples” o “seriales”-menos interés mostraron las autoridades por aclararlos. Hasta ahora, solo hay teorí­as para explicar la autorí­a y motivación detrás de estos 90 casos, las que van desde las más tradicionales (violencia familiar, ajuste de cuentas entre narcotraficantes, asesinos en serie, psicópatas, misóginos, etc.) hasta las más innovadoras (ritos satánicos, tráfico de órganos, producción de videos pornográficos snuff o violentos, necrofilia, etc.). Lamentablemente, ninguna ha sido investigada de manera seria por las distintas autoridades designadas a lo largo de los años y comisiones ad hoc creadas para enfrentar el problema. A pesar del movimiento de denuncia y la cantidad de artí­culos, ensayos, libros, videos y hasta pelí­culas que se han hecho sobre estos casos, la gran mayorí­a de ellos (si no todos) continúa sin resolverse.

Pero no es la cifra de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez lo que más llama la atención (de hecho, el número de hombres asesinados en esa ciudad es mayor, pero se conocen las circunstancias en que se produjeron). Lo que aquí­ resulta inaceptable es la incapacidad del Estado mexicano de resolver estos casos, los que técnicamente no son muy complicados. Es cierto que hay un problema social de violencia contra la mujer que contextualiza y en muchos casos explica los asesinatos -de ahí­ el concepto de feminicidio-, pero hay que decir también que la respuesta de los funcionarios mexicanos frente a los asesinatos ha sido insuficiente y misógina, y en muchos casos cómplice y corrupta, lo que acarrea una responsabilidad funcional que deberá ser aclarada y sancionada.

¿No estamos exagerando?

Por encargo de Naciones Unidas, una comisión de expertos internacionales elaboró un informe donde se muestra claramente la ineficiencia de las autoridades mexicanas en la investigación de estos casos(3). Una de las principales constataciones de este informe que coincide con el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (4)-dos de los análisis más serios realizados hasta la fecha- es que el clima de violencia e impunidad que se vive en Ciudad Juárez, es promovido por las propias autoridades al no realizar investigaciones serias. Este cí­rculo de impunidad empieza cuando los familiares denuncian la desaparición y no son tomados en serio por las autoridades, quienes muchas veces sugieren que la ví­ctima se habrí­a ido con un novio y que ya regresará. Después del hallazgo de varios cadáveres, autoridades de alto nivel declararon ante la prensa que las ví­ctimas usaban minifaldas, salí­an a bailar, eran chicas fáciles o prostitutas. Autoridades de Chihuahua declararon que: “Es importante notar que la conducta de algunas de las ví­ctimas no concuerda con esos lineamientos del orden moral toda vez que se ha desbordado una frecuencia de asistir a altas horas de la noche a centros de diversión no aptos para su edad en algunos casos”(5).

Los expertos constataron que cuando un cadáver era hallado, no se protegí­a adecuadamente el lugar del hallazgo (cualquiera podí­a caminar por ahí­) ni se recogí­a correctamente la evidencia (tiempo después se seguí­a hallando ropa y restos humanos), la misma que no era sometida a las diligencias mí­nimas requeridas para obtener información y llegar a la verdad (toma de huellas dactilares y restos de sangre, búsqueda de restos en la piel de la ví­ctima, exámenes de ADN, etc.). De la lectura de los expedientes se desprendí­an algunas pistas que nunca fueron investigadas (por ejemplo, varias de las ví­ctimas estudiaban en la misma escuela de computación o trabajaban en la misma maquiladora). Tampoco se entrevistaron a testigos claves y personas del entorno de la ví­ctima, como amigos, familiares o la pareja sentimental, que podrí­an haber proporcionado información relevante. En general, no se utilizaron todos los medios que ofrece actualmente la ciencia para conseguir elementos probatorios objetivos, y muchos expedientes no pasaban de unas cuantas hojas.

Aparte de las dilaciones injustificadas en los procesos, también se comprobó graves abusos en la valoración de la prueba realizada por los jueces. En el caso del egipcio Omar Latif Sharif (uno de los 2 únicos condenados por los homicidios seriales) la orden de prisión se sustentó únicamente en la inculpación realizada por sus co-procesados en declaraciones iniciales que luego no fueron ratificadas ante el juez. Las declaraciones de estos co-procesados hací­an mención a diversas mujeres violadas y asesinadas, pero precisamente no mencionaban el homicidio que se le imputaba a Latif Sharif. Para justificar la prisión, la juez señaló que, ya que el inculpado era imputado por sus co-procesados del homicidio de otras varias mujeres “no es de extrañar que hubiera hecho lo mismo con la hoy extinta”(6).

Pero aún falta lo peor: en todos los expedientes examinados por la misión de Naciones Unidas hay un patrón que se repite: al momento de la declaración inicial, los inculpados confiesan los crí­menes que les son imputados y posteriormente, en sede judicial, no se ratifican y denuncian haber sido maltratados y torturados por los agentes policiales que participaron en su detención e interrogatorio, siendo esta la razón por la que “confesaron”. Sin embargo, los jueces rechazan estas denuncias de plano, no inician ninguna investigación para esclarecerlas -a pesar de que en algunos casos están acreditadas con certificados médico-legales, fotografí­as y otros medios de prueba- y por el contrario, toman estas declaraciones y confesiones como prueba plena en el proceso y base de la imputación y eventual condena (7).

En el caso de los procesados Gustavo Gonzáles y Javier Garcí­a (conocidos como “La Foca” y “El Cerillo”), ambos denunciaron haber sido torturados para confesar su culpabilidad en el asesinato de ocho mujeres. El juez rechazó sus denuncias sin practicar diligencia alguna, a pesar de los informes médicos extendidos por el servicio médico del penal al momento del ingreso de los detenidos donde se acreditaban quemaduras múltiples en los genitales, y las fotografí­as obrantes en el expediente, en las que se podí­an apreciar las lesiones con claridad. En febrero del 2002, el abogado de “La Foca” fue asesinado por un comandante de la Policí­a Judicial del Estado, quien dijo que se habí­a tratado de una confusión. A pesar de las denuncias, esta “confusión” nunca fue investigada. Un año después, “La Foca” falleció sospechosamente en el penal y en octubre de este año, “El Cerillo” fue condenado a 50 años de prisión por los ocho asesinatos(8). Un mes después, una de las ex fiscales especiales para los asesinatos de mujeres -quien viene siendo investigada por su actuación negligente en estos casos- declaró ante el Ministerio Público que las pruebas contra estas dos personas fueron “fabricadas” por indicación del Procurador y sub-Procurador de la zona norte del Estado. A pesar de su gravedad, estas declaraciones no han motivado hasta la fecha investigación alguna (9).

Conclusiones

Si bien los asesinatos de mujeres deben ser entendidos en un contexto mucho más amplio de fractura del tejido social, violencia y desprecio contra la mujer en Ciudad Juárez, el fenómeno no deja de tener un aspecto técnico-jurí­dico, donde resalta el bají­simo nivel de las investigaciones realizadas y la “creación” de culpables como respuesta a la presión de los familiares y de la prensa. Después de 10 años de asesinatos tenemos excelentes diagnósticos y hasta nuevos conceptos -Feminicidio- pero no tenemos respuestas a las preguntas básicas: ¿Quién mato a mi hija, en qué circunstancias y por qué?

Como respuesta a la presión nacional e internacional, el gobierno federal ha venido nombrando diversas autoridades para enfrentar el problema desde distintos ángulos. Entre ellas resaltan la Fiscalí­a Especial para investigar los asesinatos de mujeres, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer en Ciudad Juárez (creada por el Presidente Fox) y la Comisión Especial para que Conozca y de Seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993 hasta el dí­a de hoy (perteneciente a la Cámara de Diputados del Congreso Federal). Después de varios meses de trabajo, la Fiscalí­a Especial ha promovido investigaciones administrativas y/o penales para 130 funcionarios públicos por su desempeño doloso o negligente en las investigaciones (por cierto, ninguna de ellas por los asesinatos seriales). La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer viene implementando programas sociales de reconstrucción del tejido social y apoyo a la mujer en Ciudad Juárez. La Comisión de la Cámara de Diputados viene realizando un trabajo de seguimiento, información y difusión. Todas labores valiosas, pero que no tocan el centro del problema: los procesos penales. Estos fueron y siguen siendo mal llevados, y si bien es claro que la responsabilidad principal recae en las autoridades, la ausencia de una representación legal adecuada de las ví­ctimas y sus familiares lo permitió y lo sigue permitiendo. ¿Por qué en el marco de la labor de estas Comisiones no se incluye el trabajo legal? ¿Por qué no se apoya a los familiares de las ví­ctimas con una buena representación legal en el caso de su hija, esposa o madre asesinada? Esperamos que se investigue y sancione ejemplarmente a los funcionarios públicos señalados. Esperamos que la situación de la mujer en Ciudad Juárez mejore. Pero también esperamos que los procesos penales actualmente en curso se desarrollen de una manera seria y que los procesos olvidados o cerrados por falta de pruebas o por no haberse identificado a la ví­ctima, se reabran para ser investigados, esta vez de manera profesional, utilizando todos los medios cientí­ficos disponibles. Si con las técnicas que actualmente existen es posible aclarar muertes ocurridas hace más de veinte años, ¿por qué no se pueden aclarar estos casos? Podemos intentar entender el problema social que vive Ciudad Juárez pero mientras no hayan procesos judiciales bien llevados que permitan conocer que pasó realmente con las ví­ctimas, porqué y quiénes fueron los responsables, no terminaremos de entender qué es lo que pasó realmente en Ciudad Juárez estos últimos diez años.

Notas:

1.Oficial de Programa, Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
2. Ensambladoras pertenecientes a capitales extranjeros que producen bienes a muy bajo costo aprovechando la mano de obra barata, que luego son vendidos en el extranjero a los precios del mercado internacional.
3. Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Misión a Ciudad Juárez, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México, noviembre 2003.
4. Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 44, 7 de marzo 2003.
5. sub.-Procuradurí­a de Justicia del Estado Zona Norte, Informe de homicidios en perjuicio de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, 1993-1998, citado por Julia Monárrez Fragoso en: Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez: 1993-2001, Debate Feminista, año 13, Vol. 25, abril 2002.
6. Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Misión a Ciudad Juárez, noviembre 2003.
7. Idem.
8. Para más información, ver el Informe Anual 2004 de la organización Justicia para nuestras Hijas.
9. Conversación telefónica con la Dra. Lucha Castro, Directora de Justicia para nuestras Hijas, 7/12/2004. Fiscalí­a Mixta para investigar los asesinatos de mujeres.

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