por William Bastidas, kolko e.V., enero 2007
Una serie de revelaciones saca a flote parte de una realidad que muchos conocen y otros pretenden ocultar, los vínculos del Estado con los grupos paramilitares
El 11 de marzo de 2006, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía capturaron al paramilitar Edgar Ignacio Fierro Florez alias “Don Antonio”. Éste había entregado las armas cinco días atrás en lo que ha sido llamado proceso de desmovilización de los paramilitares, pero las autoridades lo buscaban por estar acusado de homicidio agravado y extorsión. En el momento de la captura “Don Antonio” tenía consigo, entre otras cosas, dos computadores, dos memorias USB, discos compactos y varios documentos escritos. Estas informaciones desatarían un torrente de escándalos en el ambiente político del país.
Los miembros de la Fiscalía al encontrar estos elementos se apropiaron de un sinnúmero de pruebas contundentes de los vínculos existentes entre estos grupos armados e importantes políticos, empresarios, militares y otras personalidades. “Don Antonio” se había retirado en el 2002 del Ejército y se dedicó desde entonces a los grupos paramilitares, bajo las órdenes de Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como “Jorge 40” quien, después de Salvatore Mancuso, era el segundo al mando del Bloque Norte de los paramilitares. Además, las informaciones corroboran lo que las organizaciones de derechos humanos llevan diciendo desde que empezó la desmovilización: que dicho proceso, más que cualquier otra cosa, es una farsa, y que los grupos paramilitares siguen funcionando y actuando cual si no existiese ningún acuerdo. En la computadora de “Don Antonio” se encontró información detallada sobre más de cincuenta asesinatos realizados por los paramilitares bajo el mando de “Jorge 40”, crímenes cometidos después de haber empezado el denominado proceso de desmovilización.
La “inteligencia” al servicio de la impunidad
Entre agosto de 2004 y agosto de 2006, los medios de comunicación publicaron numerosa información sobre la infiltración del paramilitarismo y del narcotráfico en el DAS. Esta institución, el Departamento Administrativo de Seguridad, es el organismo de inteligencia estatal de Colombia y depende directamente del Presidente de la República. Rafael García, ex jefe de informática del organismo, fue capturado el 27 de enero de 2005 y fue acusado de varios delitos. En septiembre de 2004 se conoció que éste, quien para esa época trabajaba para el DAS, había borrado y modificado las bases de datos y las órdenes de captura de paramilitares y narcotraficantes. El 16 de diciembre de 2005, García se presentó ante la Fiscalía ante la cual declaró que su jefe, el entonces director del DAS, Jorge Noguera tenía relaciones estrechas con los paramilitares; que altos funcionarios de este organismo habían entregado listas de sindicalistas, estudiantes y lideres sociales a los actores armados, personas que fueron posteriormente asesinadas; y que el DAS había participado en la preparación de un fraude que posibilitó la elección de algunos congresistas en el 2002 y aportó unos 300.000 votos para favorecer la elección del presidente Uribe (1). En su declaración ante la Corte la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2006, García admitió por primera vez haber sido miembro de los paramilitares (2). El 15 de noviembre de 2006 la Procuraduría General de la Nación, órgano de control del Estado, formuló pliego de cargos contra, Jorge Noguera, y el ex secretario general del DAS, Giancarlo Auque de Silvestre. Las acusaciones tienen que ver con vinculación de la cúpula del DAS con los grupos paramilitares, corrupción y cooperación de este organismo estatal con acciones criminales de estos grupos. Mientras todo esto sucedía Noguera se encontraba en Milán, en donde ocupaba el cargo de cónsul de Colombia, al que fue designado por el presidente Álvaro Uribe, luego de terminadas sus funciones en el DAS.
El escándalo por fin es un escándalo
En el artículo “Las pruebas hablan por sí solas” publicado el 11 de noviembre de 2006 en la revista “Semana” (3), se informa sobre cómo la Corte Suprema de Justicia ha probado los nexos de los políticos del departamento de Sucre en la creación de grupos paramilitares. No se trata de una simple vinculación entre políticos de una determinada región y grupos armados al margen de la ley, sino de la participación activa de miembros del Congreso y de la Cámara en la conformación de estos grupos. Varios de los políticos se encuentran hoy en la cárcel. Uno de ellos, quien está siendo investigado por conformación de grupos paramilitares y participación en sus crímenes, es el senador Alvaro García Romero. í‰l se ha desempeñado durante uno 16 años como parlamentario. Entre las pruebas que posee la Corte Suprema en contra de varios políticos importantes de Colombia, está la grabación de una reunión realizada en enero de este año, que fue hallada en el computador de “Jorge 40”. A este encuentro asistieron cuatro diputados de Sucre, varios mandos medios del Bloque Norte de los paramilitares y otros políticos de la región. Según la revista “Semana”, esta grabación “deja en evidencia que gran parte de la clase política de ese departamento ha estado durante años vinculada a los paramilitares.”
Las últimas informaciones mencionan, en total, a nueve miembros del Congreso de la República investigados por la Corte Suprema de Justicia. Tres de ellos se encuentran en prisión. A pesar de que varios de los congresistas sindicados forman parte de partidos políticos afines al presidente Uribe, este último no se ha distanciado de ellos. Al cabo de varias semanas del escándalo exigió que todos los políticos que tuviesen vínculos con los paramilitares deberían decirlo – ¿será ésta la medida más contundente al alcance del presidente de la República para esclarecer la situación?
Novedad de un tema viejo
El 15 de julio de 2003, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares de las “Autodefensas Unidas de Colombia” firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito (4), con el cual iniciaron de manera oficial un proceso de negociación en el que los paramilitares se comprometieron a desmovilizar a todos sus hombres, mientras que el Gobierno se encargaría de ofrecer garantías para que los desmovilizados se integren a la vida civil (5).
Los paramilitares están en las listas de grupos terroristas de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Informes de organizaciones de derechos humanos como amnistía internacional o Human Rights Watch, e incluso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llevan muchos años denunciando los vínculos entre las Fuerzas Militares, funcionarios públicos y los paramilitares. La Comisión Interamericana de derechos humanos explicó el papel del Estado Colombiano en el nacimiento de los grupos paramilitares (6). El paramilitarismo es un concepto que se relaciona con una política contrainsurgente que data de la década de los años sesenta. El tema de la para-política no es una novedad, pero si es nueva la contundencia de las pruebas actuales, el amplio despliegue que le ha otorgado la prensa al tema y el importante papel que está desempeñando la rama. Entre las pruebas más destacables se encuentran las que contiene el computador de “Jorge 40”. Sacan de nuevo a flote el tema viejo, el de los vínculos entre el Gobierno y los paramilitares. Precisamente, esta relación tan estrecha entre ambas partes es uno de los motivos por los cuales las organizaciones de la sociedad civil colombiana rechazan el denominado proceso de desmovilización de los paramilitares y el marco jurídico que lo acompaña, dado que estos factores más que esclarecer tienden a esconder la responsabilidad de agentes estatales. En un informe de Human Rights Watch (7) se recuerda cómo en los años 60, asesores militares de los Estados Unidos recomendaron: “seleccionar a personal civil y militar para entrenarlos clandestinamente en operaciones de resistencia en caso de que se les necesitara en el futuro.” El equipo de asesores estadounidenses sugirió además que esta estructura “se utilizara para funciones de contra inteligencia y contra propaganda y, si fuera necesario, para ejecutar actividades paramilitares de sabotaje o terroristas contra conocidos defensores del comunismo. Debe tener el apoyo de Estados Unidos.” Las informaciones que han desatado el escándalo actual no hacen otra cosa que actualizar un tema que ha caracterizado a lo largo de muchos años el fenómeno paramilitar en Colombia y en otros países del mundo.
Esta historia parece no terminar con las revelaciones mencionadas en este texto. El surgimiento de la verdad sobre la relación paramilitares – Estado colombiano parece que pasa en la actualidad por un momento positivo. Es obvio que las revelaciones, que en este momento se enfocaron sobre todo en una región del país, son la punta del “iceberg” que permite vislumbrar los vínculos sistemáticos entre políticos e instituciones estatales en todo el país y el paramilitarismo. Todo puede quedar, sin embargo, en un optimismo pasajero si la Justicia colombiana claudica en sus investigaciones y si la comunidad internacional se hace la de los oídos sordos y los ojos ciegos, y no asume un papel más activo en favor del respeto a los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del reconocimiento de la supremacía de la Justicia sobre el imperio arbitrario de la fuerza y la corrupción.
1. Ver: www.revistacambio.com/html/portada/articulos/4647/
2. Ver: www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98535
3. www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98170 o en www.derechos.org/nizkor/corru/doc/sucre3.html
4. Nombre de la población en el departamento de Córdoba, en la costa atlántica colombiana, en donde se realizaron las negociaciones entre el Gobierno y los paramilitares.
5. ver: www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/dialogos.htm
6. Report on the Demobilization Process in Colombia, Inter-American Commission on Human Rights, December 2004, www.cidh.org/countryrep/Colombia04eng/toc.htm
7. Ver: www.hrw.org/spanish/informes/1996/colombia2.html#historia
