{"id":172,"date":"2002-04-14T15:40:53","date_gmt":"2002-04-14T13:40:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/?p=172"},"modified":"2019-02-20T15:43:57","modified_gmt":"2019-02-20T14:43:57","slug":"las-comisiones-de-la-verdad-en-america-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/2002\/04\/14\/las-comisiones-de-la-verdad-en-america-latina\/","title":{"rendered":"Las Comisiones de la Verdad en Am\u00e9rica Latina*"},"content":{"rendered":"

por Esteban Cuya<\/strong><\/p>\n

Indice<\/h3>\n
\n

Introducci\u00f3n<\/a><\/p>\n

Qu\u00e9 son las comisiones<\/a><\/p>\n

Argentina<\/a><\/p>\n

Chile<\/a><\/p>\n

El Salvador<\/a><\/p>\n

Per\u00fa – Vargas Llosa<\/a><\/p>\n

Bolivia<\/a><\/p>\n

Brasil<\/a><\/p>\n

Paraguay<\/a><\/p>\n

Conclusiones<\/a><\/p>\n

Notas finales<\/a><\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n

<\/a>Introducci\u00f3n<\/h2>\n

La mayor\u00ed\u00ada de las sociedades latinoamericanas experimentaron en las \u00faltimas cuatro d\u00e9cadas permanentes situaciones de violencia y conflictos internos, a causa de graves condiciones de injusticia y desigualdad econ\u00f3mica y social. Ante esto, las fr\u00e1giles democracias latinoamericanas, siguiendo los mandatos de los estrategas instalados en Washington D.C., cedieron el poder a c\u00fapulas militares portadoras de una vocaci\u00f3n mesi\u00e1nica. De esta forma, el fantasma de la dictadura militar se instal\u00f3 con mucha facilidad en los Estados desunidos del Sur, reemplazando a los d\u00e9biles gobiernos constitucionales, no necesariamente democr\u00e1ticos.<\/p>\n

El poder militar se entron\u00f3 en 1954 en Paraguay, en 1964 en Brasil, y poco despu\u00e9s en Per\u00fa, (1968), Uruguay, (1972) Chile (1973), Argentina, (1976) Bolivia, entre otros pa\u00ed\u00adses. Por esta raz\u00f3n, los nombres de los generales Alfredo Stroessner, Rafael Videla, Augusto Pinochet, el coronel Hugo Banzer, y el civil Jos\u00e9 Mar\u00ed\u00ada Bordaberry, se hicieron conocidos para miles de v\u00ed\u00adctimas de sus gobiernos, as\u00ed\u00ad como para muchos hombres y mujeres solidarios que en diversas partes del mundo se esforzaron para denunciar sus atrocidades y sus numerosas violaciones a los derechos humanos.|1| En algunos pa\u00ed\u00adses, gobiernos elegidos democr\u00e1ticamente se pon\u00ed\u00adan bajo la tutela militar, tal como ocurri\u00f3 en Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras.<\/p>\n

Los reg\u00ed\u00admenes militares no solo aspiraban a eliminar las se\u00f1ales de una supuesta subversi\u00f3n en sus pa\u00ed\u00adses, sino a construir estructuras econ\u00f3micas y pol\u00ed\u00adticas tendientes a la modernizaci\u00f3n y el desarrollo de sus sociedades en el marco de la doctrina de la “Seguridad Nacional”.|2| Como modernizaci\u00f3n se entend\u00ed\u00ada la implantaci\u00f3n del capitalismo, al estilo de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, al que se le consideraba como el \u00fanico modelo posible para las naciones latinoamericanas.<\/p>\n

Tal como lo sostiene el periodista Daniel Samper Pizano, el nuevo tipo de dictadura latinoamericana, naci\u00f3 a mediados de los a\u00f1os sesenta en Brasil, “con la meta de promover un desarrollo capitalista acelerado, dentro de patrones elaborados por economistas teorizantes de EE.UU. que requieren como condici\u00f3n un estricto control social”. “Para ello, agrega es preciso dividir al pa\u00ed\u00ads de manera maniquea entre los que est\u00e1n con el r\u00e9gimen y los que no est\u00e1n con \u00e9l. A estos \u00faltimos se les equipara a subversivos o c\u00f3mplices de la subversi\u00f3n, y en la larga lista de sospechosos quedan inscritos, autom\u00e1ticamente, sindicatos, agremiaciones campesinas, intelectuales y estudiantes. La prensa es sometida a una estricta censura. Los militares se convierten en una casta de poder.”|3|<\/p>\n

Muy acertadamente Horacio Verbitsky, asegur\u00f3 sobre el proceso argentino, que “Los militares que en 1976 capturaron el poder y en tres a\u00f1os consiguieron su objetivo de eliminar a las guerrillas montoneras y del ERP, se propon\u00ed\u00adan instaurar un nuevo orden que reci\u00e9n al filo del siglo XXI ceder\u00ed\u00ada paso a los civiles, organizados en partidos distintos de los del pasado.” Seg\u00fan Verbitsky, en la visi\u00f3n de los militares, “La econom\u00ed\u00ada florecer\u00ed\u00ada en pocas y grandes unidades modernas y la Lucha Contra la Subversi\u00f3n ser\u00ed\u00ada cantada como una gesta continuadora de las campa\u00f1as de la emancipaci\u00f3n y de la conquista del desierto, un regreso vital a las fuentes de la nacionalidad, con la cruz y la espada en alto”.|4|<\/p>\n

En el contexto de la “Guerra Fr\u00ed\u00ada” entre los Estados Unidos y la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica todo aquel que se opon\u00ed\u00ada a la construcci\u00f3n de ese proyecto pol\u00ed\u00adtico econ\u00f3mico era considerado como enemigo de la patria, y por lo tanto, ten\u00ed\u00ada que ser perseguido y eliminado. Entonces, en Am\u00e9rica Latina, las torturas, los secuestros, las desapariciones forzadas, el genocidio, el destierro, se convirtieron en una realidad cotidiana que envolvi\u00f3 a miles de personas en el contexto de sociedades militarizadas controladas por medio del terror.<\/p>\n

Los reg\u00ed\u00admenes dictatoriales se prolongaron en algunos pa\u00ed\u00adses por varias d\u00e9cadas, con el prop\u00f3sito de concretar sus proyectos de Estados fuertes y modernos: En Paraguay: Stroessner, (1954-1991). En Chile: General Augusto Pinochet, (1973-1990). En Argentina: Videla, Viola, Galtieri, (1976-1982). En Uruguay: Jorge Pacheco Areco, y Jos\u00e9 Mar\u00ed\u00ada Bordaberry (1966- 1985).<\/p>\n

El aislamiento. Internacional por sus violaciones a tos derechos humanos y a los convenios de la ONU, la lucha permanente y sacrificada de la resistencia interna, \u00e9l desgaste generalizado por la corrupci\u00f3n institucional, entre otros hechos, determinaron, el alejamiento pol\u00ed\u00adtico de los militares, y la devoluci\u00f3n del poder a los civiles. Luego de estos periodos tan Convulsionados, de dictaduras militares, terrorismo de Estado y violencia insurgente, a mediados de los a\u00f1os 80 Am\u00e9rica Latina comenz\u00f3 a transitar hacia reg\u00ed\u00admenes democr\u00e1ticos. A la ca\u00ed\u00adda de Videla y Cia., sigui\u00f3 la ca\u00ed\u00adda de Garc\u00ed\u00ada Meza y Banzer, de Pinochet; de Stroessner, entre otros.<\/p>\n

Borr\u00f3n y cuenta nueva?<\/h3>\n

Con el retorno de los civiles a la conducci\u00f3n del Estado, surge el crucial debate sobre qu\u00e9 hacer con los responsables de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. C\u00f3mo reconstruir las sociedades maltratadas, c\u00f3mo restablecer la paz, c\u00f3mo buscar la reconciliaci\u00f3n nacional, sin hacer justicia?.<\/p>\n

Generalmente los propios reg\u00ed\u00admenes militares, antes de dejar el poder, trataron de cerrar la etapa de la historia que ileg\u00ed\u00adtimamente dirigieron y procuraron neutralizar cualquier posibilidad de enjuiciamiento posterior de sus actos de gobierno y de sus violaciones a los derechos humanos. Con la ilusi\u00f3n de borrar el horror de sus acciones, y con la pretensi\u00f3n del olvido y de la impunidad, estos reg\u00ed\u00admenes dictatoriales, al final de su mandato o los gobiernos que les sucedieron, dictaron leyes de “Obediencia debida”, “Caducidad” “Punto Final”, “Amnist\u00ed\u00ada”, etc.<\/p>\n

De esa forma pretend\u00ed\u00adan ignorar que el derecho a la justicia es un derecho humano, anterior y superior a la autoridad del Estado, de car\u00e1cter universal, del cual depende la seguridad jur\u00ed\u00addica de las personas, el orden social y la paz. Quer\u00ed\u00adan desconocer que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que no pueden, en ning\u00fan caso, ser objeto de amnist\u00ed\u00ada.<\/p>\n

En algunos casos, el juicio a los que detentaron el poder form\u00f3 parte de la oferta electoral de los movimientos que pretend\u00ed\u00adan suceder a los militares en la conducci\u00f3n del pa\u00ed\u00ads. En la pr\u00e1ctica, “para salvar a la democracia”, se renunciar\u00ed\u00ada a este compromiso. No resulta f\u00e1cil sacudirse de las estructuras militares, judiciales y pol\u00ed\u00adticas que apoyaron a los reg\u00ed\u00admenes totalitarios, y que aun en los nuevos per\u00ed\u00adodos democr\u00e1ticos permanecen fuertes e intactas.<\/p>\n

Pero el clamor de justicia de los familiares de las v\u00ed\u00adctimas, as\u00ed\u00ad como la lucha de algunos abogados, periodistas, religiosos, magistrados, pol\u00ed\u00adticos y activistas internacionales de solidaridad, han conducido a la creaci\u00f3n de comisiones investigadoras de la verdad. As\u00ed\u00ad se crearon, desde instancias del poder oficial, en Argentina, la CONADEP, (Comisi\u00f3n Nacional sobre la Desaparici\u00f3n de Personas); en Chile, la “Comisi\u00f3n de Verdad y Reconciliaci\u00f3n”; y en El Salvador, la “Comisi\u00f3n de la Verdad”. En otros casos, como ocurri\u00f3 en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, las Comisiones de la Verdad, surgieron como una opci\u00f3n \u00e9tica, un esfuerzo directo, a veces clandestino, de los activistas y organismos de derechos humanos, sin contar con el mandato gubernamental.<\/p>\n

Verdad, Justicia, Reconciliaci\u00f3n<\/h3>\n

Los responsables de las violaciones a los derechos humanos, as\u00ed\u00ad como ciertos sectores no golpeados por la violencia oficial, proponen llegar pronto a la reconciliaci\u00f3n de la sociedad, para reconstruir el pa\u00ed\u00ads. Aqu\u00ed\u00ad no les interesa para nada saber la verdad de los hechos. Mucho menos que se haga justicia. Desconocen que en 1985 la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, estableci\u00f3 que “Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, as\u00ed\u00ad como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.” Adem\u00e1s, tienen temor de escarbar, remover el pasado, agitar las aguas. El fantasma de la dictadura militar sigue presente como una amenaza latente.<\/p>\n

Los familiares y amigos de las v\u00ed\u00adctimas, los grupos de derechos humanos, y algunos sectores de la sociedad reclaman el conocimiento de la verdad y la aplicaci\u00f3n de la justicia como pasos previos a la reconciliaci\u00f3n nacional. Como lo indica Luis P\u00e9rez Aguirre, “Se ha dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros nos preguntamos, por quien y cu\u00e1ndo se cerraron esas heridas. Ellas est\u00e1n abiertas y la \u00fanica manera de cerrarlas ser\u00e1 logrando una verdadera reconciliaci\u00f3n nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de lo sucedido. La reconciliaci\u00f3n tiene esas minimas y b\u00e1sicas condiciones.”|5|<\/p>\n

El jurista peruano Carlos Chipoco, precisa, adem\u00e1s, que el derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios jur\u00ed\u00addicos y pr\u00e1cticos; y que la verdad debe ser completa, oficial, p\u00fablica e imparcial. Agrega que la b\u00fasqueda de la verdad es importante, por un deber moral hacia las v\u00ed\u00adctimas, los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones p\u00fablicas y para evitar que las violaciones se repitan. Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perd\u00f3n y la reconciliaci\u00f3n, y para cumplir con el Derecho Internacional.|6|<\/p>\n

El derecho a la verdad es parte de la reparaci\u00f3n del da\u00f1o ocasionado por los agentes del Estado, reparaci\u00f3n que adem\u00e1s debe incluir medidas de car\u00e1cter econ\u00f3mico, social, m\u00e9dico, jur\u00ed\u00addico, para tratar de reivindicar la memoria de las victimas y aliviar en parte la tragedia ocasionada a los familiares afectados.<\/p>\n

En base a su experiencia en Chile, el m\u00e9dico psiquiatra Carlos Madariaga afirma que existe un confusionismo conceptual respecto a lo que se entiende por reparaci\u00f3n.|7| Aclara que generalmente las instancias gubernamentales han entendido la reparaci\u00f3n de manera reduccionista, privilegiando las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jur\u00ed\u00addicos, \u00e9ticos, sociopol\u00ed\u00adticos y psicosociales, hecho que ha generado en las v\u00ed\u00adctimas fuertes sentimientos de frustraci\u00f3n y desencanto, estados psicoemocionales que han hecho abortar en gran medida los esfuerzos de reparaci\u00f3n en curso.<\/p>\n

La acrobacia pol\u00ed\u00adtica permite que los gobiernos de transici\u00f3n atiendan, en cierta medida, las exigencias de justicia y de reconciliaci\u00f3n, prefiriendo esta \u00faltima, como garant\u00ed\u00ada de “estabilidad democr\u00e1tica”. Por eso ponen m\u00e1s empe\u00f1o en favorecer la impunidad de los violadores de los derechos humanos, volviendo a agredir as\u00ed\u00ad, en nombre de la reconciliaci\u00f3n, a los familiares de las v\u00ed\u00adctimas.<\/p>\n

<\/a>Qu\u00e9 son las Comisiones de la Verdad?<\/h2>\n

Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigaci\u00f3n creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia pol\u00ed\u00adtica o guerra interna, a enfrentarse cr\u00ed\u00adticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano.<\/p>\n

A trav\u00e9s de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en Conflicto, Investigar los hechos m\u00e1s graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jur\u00ed\u00addicas correspondientes.<\/p>\n

El trabajo de la Comisi\u00f3n de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Polic\u00ed\u00ada, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta problem\u00e1tica. Esta investigaci\u00f3n abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las v\u00ed\u00adctimas, proponer una pol\u00ed\u00adtica de reparaci\u00f3n del da\u00f1o, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones p\u00fablicas, burl\u00e1ndose del Estado de derecho.<\/p>\n

C\u00f3mo nacen las Comisiones de la Verdad<\/h3>\n

En algunos de los casos la b\u00fasqueda de la verdad surge como un proceso legal, o formal, “encargado” por los gobiernos, bajo la presi\u00f3n de los grupos defensores de los derechos humanos, a un grupo de expertos; tal como se hizo en Argentina, Chile y El Salvador. En estos pa\u00ed\u00adses, las Comisiones de la Verdad se crearon, tras exigencias masivas, por mandato legal, despu\u00e9s de negociaciones y acuerdos pol\u00ed\u00adticos.<\/p>\n

Generalmente las Comisiones de la Verdad surgen en vista de la probada inefectividad del Poder judicial para sancionar las numerosas violaciones a los Derechos Humanos. En los pa\u00ed\u00adses sometidos a reg\u00ed\u00admenes autoritarios, el Poder Judicial generalmente se convierte en un ap\u00e9ndice del poder ejecutivo y no tiene capacidad para juzgar independientemente los cr\u00ed\u00admenes de los agentes del Estado. Finalmente quienes deben velar por la justicia se hacen C\u00f3mplices del terror oficial.|8|<\/p>\n

En casi todos los pa\u00ed\u00adses del continente americano son diversos los casos de abdicaci\u00f3n del Poder Judicial ante la prepotencia de los gobiernos y de las FF.AA. Por esta causa, flagrantes violaciones a los derechos humanos quedan en la m\u00e1s absoluta impunidad. Como prueba de esto podemos mencionar los siguientes casos:<\/p>\n

la masacre de cerca de 115 guerrilleros, jueces y otros civiles en el Palacio de Justicia de Colombia, luego del asalto efectuado por el M-19, en Bogot\u00e1, el 6 de noviembre de 1985, seg\u00fan inform\u00f3 el Ministro de Defensa, Gral. Miguel Vega Uribe.|9|<\/p>\n

La masacre de cerca de 300 inculpados acusados de terrorismo en tres c\u00e1rceles de Lima y Callao, en el Per\u00fa. Lima, 18 y 19 de junio de 1986. Despu\u00e9s de una farsa de Juicio, se dieron castigos m\u00ed\u00adnimos a los agentes subalternos que participaron en la masacre.<\/p>\n

El asesinato de m\u00e1s de 100 ind\u00ed\u00adgenas wayuu, en la c\u00e1rcel de Maracaibo, Venezuela, el 3de enero de 1994, seg\u00fan denunci\u00f3 Amnist\u00ed\u00ada Internacional.|10|<\/p>\n

En otros casos, las comisiones de la verdad nacen como fruto del trabajo solidario de las organizaciones de derechos humanos, que para investigar los graves hechos de violencia oficial desarrollan un esfuerzo casi clandestino. As\u00ed\u00ad ocurri\u00f3 en Brasil, con el trabajo de la Arquidi\u00f3cesis de Sao Paulo, que bajo la direcci\u00f3n del Cardenal Evaristo Arns elabor\u00f3 el Informe Brasil Nunca M\u00e1s. En Paraguay el Comit\u00e9 de Iglesias para Ayudas de Emergencias, CIPAE, tambi\u00e9n public\u00f3 una serie de investigaciones sobre la dictadura de Stroessner, bajo el T\u00ed\u00adtulo Paraguay Nunca M\u00e1s. En esta misma perspectiva pueden ubicarse los esfuerzos del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, con su Informe: Uruguay Nunca m\u00e1s, y del colectivo de organizaciones colombianas y extranjeras que publicaron un valioso Informe titulado: “El terrorismo de Estado en Colombia”.<\/p>\n

Pero han habido casos en donde las Comisiones de la Verdad se crearon con fines encubridores, para procurar darle un respaldo moral a la “verdad” oficial. As\u00ed\u00ad pas\u00f3 en el Per\u00fa con la “Comisi\u00f3n Uchuraccay”, presidida por el escritor Mario vargas Llosa en 1983 y que investig\u00f3 la masacre de ocho periodistas y un gura que los acompa\u00f1o.<\/p>\n

La Metodolog\u00ed\u00ada de Trabajo de las Comisiones de La verdad<\/h3>\n

Buscar la verdad de las violaciones a los derechos humanos, cuando los acontecimientos est\u00e1n a\u00fan muy cercanos, por cierto implica muchos riesgos, tanto para los investigadores, como para los informantes, testigos, familiares. La injustificada sospecha de que los activistas de derechos humanos apoyan a la subversi\u00f3n, as\u00ed\u00ad como el temor de que sus organismos cuenten en su archivo con materiales relacionados a la historia de la violencia policial y militar, muchas veces ha llevado a las autoridades militares a precipitados allanamientos de las sedes de estos organismos y a la detenci\u00f3n, o desaparici\u00f3n de los luchadores de derechos humanos. Esta agresi\u00f3n directa contra los organismos de derechos humanos fue una norma de casi todos los gobiernos en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

.<\/p>\n

En Argentina, las autoridades militares, con apoyo judicial, allanaron las sedes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Movimiento Ecum\u00e9nico de Derechos Humanos, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS y detuvieron a varios de sus miembros. Las Fuerzas Armadas y policiales, en los a\u00f1os de las dictaduras, allanaron los locales de la Vicar\u00ed\u00ada de Solidaridad de Chile, el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, as\u00ed\u00ad como de la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos y Defensa de la Democracia, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de Bolivia, (En esa ocasi\u00f3n asesinaron al diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz).<\/p>\n

Igualmente allanaron las sedes de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de El Salvador, el Servicio de Paz y Justicia de Ayacucho, Per\u00fa; entre otros organismos. La historia de la lucha por los derechos humanos nos ense\u00f1a que cada organismo debe estar prevenido para que cuando la fiera lo ataque, sus da\u00f1os se reduzcan a lo m\u00ed\u00adnimo. Hay que mantener normas b\u00e1sicas de seguridad para proteger a los colaboradores, y tambi\u00e9n la documentaci\u00f3n testimonial y los archivos, conservando copias dobles del material y ubic\u00e1ndolos en lugares en donde no sea posible que los cuerpos oficiales lo encuentren f\u00e1cilmente.<\/p>\n

En muchos casos, por el lado de las v\u00ed\u00adctimas, existe abundante material documental, en forma de denuncias legales, recursos jur\u00ed\u00addicos, Actas y protocolos de necropsia, testimonios ante jueces y fiscales, que tambi\u00e9n deben ser archivados por los organismos de derechos humanos.<\/p>\n

Seguramente el testimonio de sobrevivientes de operaciones militares as\u00ed\u00ad como los informes de los testigos y familiares de las v\u00ed\u00adctimas, son algunos de los m\u00e1s valiosos recursos para avanzar en la obtenci\u00f3n de la verdad. Estas personas requieren de una protecci\u00f3n especial, hasta que la paz y la reconciliaci\u00f3n nacional se hayan consolidado. En el Per\u00fa, as\u00ed\u00ad como en El Salvador, son numerosos los casos de testigos de violaciones de los derechos humanos que fueron desaparecidos o asesinados poco tiempo despu\u00e9s de haber informado a los medios period\u00ed\u00adsticos o a las comisiones investigadoras oficiales.<\/p>\n

Durante el proceso de investigaci\u00f3n y elaboraci\u00f3n del Informe Brasil Nunca Mas, el grupo de trabajo adopt\u00f3 muchas medidas de seguridad, para no dejar huellas de lo que estaban haciendo. Adem\u00e1s de usar casas fuera de la capital del pa\u00ed\u00ads, y de tener copias dobles de los documentos, en sus comunicaciones orales y escritas emplearon un lenguaje cifrado, codificado, s\u00f3lo entendible por ellos. El “Chocolate” era el t\u00e9rmino que se empleaba para referirse a los documentos secretos. La documentaci\u00f3n fue microfilmada y procesada dos veces, para que una copia fuese guardada, sin riesgos, fuera del pa\u00ed\u00ads. Se aprovech\u00f3 el viaje al extranjero de personas con rango diplom\u00e1tico para transportar las copias microfilmadas y los recursos para el financiamiento de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

La ONUSAL apoyo a la Comisi\u00f3n de la Verdad en El Salvador, facilitando equipos electr\u00f3nicos para la distorsi\u00f3n de la voz y el aislamiento de las ondas sonoras. De esa manera se trataba de proteger la identidad de los informantes y sus testimonios. Por otro lado, ante el temor de intimidaci\u00f3n militar a los informantes, las entrevistas se realizaron muchas veces en sedes diplom\u00e1ticas o en lugares reservados, lejos de los ojos y las orejas militares.<\/p>\n

A nivel oficial, los organismos de derechos humanos o las comisiones de la verdad, algunas veces han logrado la cooperaci\u00f3n de los jueces y fiscales de las diversas regiones fuera de la capital, para elaborar un diagn\u00f3stico m\u00e1s exacto del n\u00famero de v\u00ed\u00adctimas de violaciones de los derechos humanos. En el Per\u00fa, por ejemplo, una Fiscal\u00ed\u00ada Provincial registr\u00f3, documentadamente, una cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos en 1993, que casi duplicaba el balance anual nacional establecido por los grupos de derechos humanos.<\/p>\n

Aunque resulta sumamente dif\u00ed\u00adcil, tambi\u00e9n es posible obtener documentos confidenciales que circulan al interior de las Fuerzas Armadas y Policiales, en forma de Tesis, \u00f3rdenes, planes de acci\u00f3n, estrategias, doctrina y filosof\u00ed\u00ada de guerra interna, etc. sus propias publicaciones (revistas boletines, libros) son una fuente que no hay que desechar. Su vanidad les lleva a exponer all\u00ed\u00ad sus puntos de vista, justificando las violaciones a los derechos humanos, e informar de los ascensos otorgados por “servicios especiales a la patria”, y presentar a sus guerreros conductores. Aunque son raros, en diversos pa\u00ed\u00adses han habido casos de efectivos militares y policiales, que discrepan con la guerra sucia, o que tienen remordimientos de conciencia, o se sienten traicionados por sus jefes, y que han aportado una valios\u00ed\u00adsima informaci\u00f3n sobre las estructuras oficiales del terror. Sin embargo, aqu\u00ed\u00ad debe actuarse con suma cautela, por los riesgos de infiltraci\u00f3n policial o militar en el trabajo de los grupos de derechos humanos.<\/p>\n

A pesar de los problemas de censura, los medios de prensa diaria pueden ser una valiosa fuente de informaci\u00f3n para las investigaciones de la Comisi\u00f3n de la Verdad, pues ah\u00ed\u00ad se registran los partes de guerra, los casos de detenciones, las denuncias de torturas, asesinatos, etc. Igualmente se ha encontrado valiosos datos en publicaciones gremiales de los sindicatos, las universidades, los grupos religiosos, entre otros.<\/p>\n

Organismos como la Cruz Roja Internacional y Amnist\u00ed\u00ada Internacional, tambi\u00e9n pueden aportar muy valiosa informaci\u00f3n sobre las v\u00ed\u00adctimas de los abusos y los presuntos responsables. En algunos pa\u00ed\u00adses las comisiones de la verdad obtuvieron de las delegaciones diplom\u00e1ticas abundante material sobre las violaciones a los derechos humanos. Los documentos suministrados por la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, por ejemplo, dieron bastantes evidencias sobre los escuadrones de la muerte que actuaban con apoyo de la Central de Inteligencia Americana y del Ej\u00e9rcito salvadore\u00f1o en los a\u00f1os 80.<\/p>\n

Las comunidades de exiliados dispersos por todo el mundo tambi\u00e9n conservan un importante caudal de informaci\u00f3n, en forma de cartas, boletines, recursos jur\u00ed\u00addicos, y otros documentos sobre casos de violaciones a los derechos humanos que se conocen muy poco dentro del pa\u00ed\u00ads.<\/p>\n

El Desarrollo de las Comisiones de la Verdad<\/h2>\n

A. Comisiones Oficiales.<\/h2>\n

<\/a>1. Argentina<\/h3>\n

Comisi\u00f3n Nacional solare la Desaparici\u00f3n de Personas. CONADEP.<\/p>\n

Tras su fracaso en la pol\u00ed\u00adtica econ\u00f3mica, y la derrota en la guerra de Las Malvinas, adem\u00e1s del gran repudio internacional por sus graves violaciones a los derechos humanos, a fines de 1983 los militares argentinos se vieron forzados a devolver el poder a los civiles.<\/p>\n

En Argentina, los derechos humanos de miles de personas fueron violados en forma org\u00e1nica y estatal por la represi\u00f3n de las Fuerzas Armadas, que usaron una “tecnolog\u00ed\u00ada del infierno” seg\u00fan se pudo comprobar por las miles de denuncias y testimonios de las v\u00ed\u00adctimas. Los organismos de derechos humanos establecen en cerca de 30,000 personas el n\u00famero de desaparecidos y asesinados en la guerra sucia.<\/p>\n

Tal como lo dijo en su oportunidad el presidente Ra\u00fal Alfons\u00ed\u00adn, despu\u00e9s de esta etapa de tanta violencia, “No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicaci\u00f3n \u00e9tica semejante”. Por eso, uno de los primeros actos constitucionales del presidente Alfons\u00ed\u00adn, fue crear la Comisi\u00f3n de la Verdad, llamada Comisi\u00f3n Nacional para la Investigaci\u00f3n sobre la Desaparici\u00f3n de Personas, CONADEP a la que le encarg\u00f3 investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983, el per\u00ed\u00adodo de las dictaduras militares.<\/p>\n

Entonces, poco a poco, la poblaci\u00f3n argentina fue conociendo de una manera m\u00e1s global los horribles sucesos que en su debido momento se neg\u00f3 a aceptar que realmente estuvieran aconteciendo en el pa\u00ed\u00ads. “Tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la m\u00e1s grande tragedia de nuestra historia, y la m\u00e1s salvaje”, asegur\u00f3 despu\u00e9s la CONADEP en su Informe “Nunca M\u00e1s”.<\/p>\n

Al inicio de su gobierno, las nuevas autoridades civiles procesaron a los nueve Comandantes Generales de las FF.AA., del llamado “Proceso de Reconstrucci\u00f3n Nacional”: generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, y Leopoldo Galtieri; los Brigadieres Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo; y los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini, y Jorge Isaac Anaya. Se consider\u00f3 que en su condici\u00f3n de jefes supremos conocieron e impulsaron los planes de exterminio de los presuntos “subversivos”.<\/p>\n

Alfons\u00ed\u00adn orden\u00f3 procesar judicialmente a nueve ex comandantes del Ej\u00e9rcito, la Armada y la Fuerza A\u00e9rea, “por haber sembrado el dolor, el terror y la muerte”, pero, como inform\u00f3 Horacio Verbitsky, “confi\u00f3 la tarea al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”. Ante esto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo P\u00e9rez Esquives sostuvo que “el gobierno actu\u00f3 con excesiva cautela, para no irritar a los militares”.<\/p>\n

El ex Presidente Reynaldo Bignone fue encarcelado, acusado de ordenar el secuestro de dos soldados conscriptos, cuando era director del Colegio Militar. Tambi\u00e9n se encarcel\u00f3 al almirante Chamorro, por su actuaci\u00f3n como jefe del campo de concentraci\u00f3n de la Escuela de Mec\u00e1nica de la Armada, ESMA; el general Ram\u00f3n Camps, por haberse jactado de su participaci\u00f3n en miles de casos de desapariciones pol\u00ed\u00adticas y al ex comandante del primer cuerpo del Ej\u00e9rcito, general Guillermo Su\u00e1rez Mas\u00f3n.<\/p>\n

Para terminar el debate sobre los miles de desaparecidos, las Fuerzas Armadas, en su Acta Institucional, manifestaron que “\u00fanicamente el juicio hist\u00f3rico podr\u00e1 determinar con exactitud a quien corresponde la responsabilidad de m\u00e9todos injustos o muertes inocentes”, y que todas las acciones realizadas en la guerra constituyeron “actos de servicio”. Adem\u00e1s, p\u00fablicamente proclamaron su deseo de que los enemigos desaparecidos y muertos “reciban el perd\u00f3n de Dios”.|11|<\/p>\n

La CONADEP. Decreto Ley de creaci\u00f3n: D.L. 187\/83 del 15 de diciembre de 1983. Per\u00ed\u00adodo de investigaci\u00f3n: 9 meses.<\/p>\n

Miembros de la CONADEP:<\/p>\n

Ernesto S\u00e1bato. (Escritor)<\/p>\n

Jaime F. de Nevares. (Obispo de Neuqu\u00e9n)<\/p>\n

Marshall T. Meyer. (Rabino Jud\u00ed\u00ado)<\/p>\n

Ricardo Colombres.<\/p>\n

Ren\u00e9 Favarolo.<\/p>\n

Hilario Fern\u00e1ndez Long.<\/p>\n

Carlos T. Gattinoni. (Obispo Metodista)<\/p>\n

Gregorio Klimovsky.<\/p>\n

Eduardo Rabossi.<\/p>\n

Magdalena Ruiz de Gui\u00f1azu.<\/p>\n

Santiago Marcelino L\u00f3pez. (Diputado)<\/p>\n

Hugo Di\u00f3genes Piucill. (Diputado)<\/p>\n

Horacio Hugo Huarte. (Diputado)<\/p>\n

Para crear la CONADEP el gobierno tuvo que superar conflictos en el Congreso, donde la tendencia mayoritaria era asignar las investigaciones sobre los desaparecidos a una comisi\u00f3n interna. Era tanto el temor a los militares que el Senado no cumpli\u00f3 con designar sus tres representantes para la CONADEP, como s\u00ed\u00ad lo hicieron los diputados.<\/p>\n

La CONADEP, desde el inicio de su trabajo enfrent\u00f3 muchas dificultades, que pudo superarlas, gracias al apoyo decidido de las entidades nacionales e internacionales de derechos humanos. Los primeros colaboradores rentados de la CONADEP, que cumpl\u00ed\u00adan su jornada trabajando a\u00fan en d\u00ed\u00adas feriados y fines de semana, muy pronto abandonaron su labor, abrumados y quebrantados por los horrores que d\u00ed\u00ada a d\u00ed\u00ada fueron conociendo por el testimonio directo de las v\u00ed\u00adctimas de la represi\u00f3n.<\/p>\n

Gracias al empe\u00f1o de Ernesto S\u00e1bato y la presi\u00f3n de los organismos de derechos humanos, algunos miembros de la Comisi\u00f3n tuvieron la posibilidad de viajar al extranjero y recibir denuncias de los exiliados argentinos en Estados Unidos, Francia, Suiza, Espa\u00f1a, M\u00e9xico, entre otros pa\u00ed\u00adses. La CONADEP logr\u00f3 el apoyo de la Canciller\u00ed\u00ada, que habilit\u00f3 “oficinas de denuncias” de desapariciones durante la dictadura militar, en la mayor\u00ed\u00ada de las sedes diplom\u00e1ticas argentinas dispersas por el mundo. Las repercusiones del trabajo de la Comisi\u00f3n en los peri\u00f3dicos y la televisi\u00f3n europeos anim\u00f3 a muchos exiliados a cooperar con las investigaciones.<\/p>\n

Conforme la CONADEP avanzaba en sus investigaciones, sus miembros fueron insultados y amenazados por los agentes de la represi\u00f3n, que los acusaron de “activar los odios y resentimientos, impedir el olvido, y no propiciar la reconciliaci\u00f3n nacional”.<\/p>\n

La CONADEP, luego de nueve meses de trabaJO en los que reuni\u00f3 m\u00e1s de 50,000 p\u00e1ginas de testimonios y denuncias; en noviembre de 1984 public\u00f3 su Informe, con el T\u00ed\u00adtulo: “Nunca M\u00e1s. Informe de la Comisi\u00f3n Nacional sobre la Desaparici\u00f3n de Personas”. All\u00ed\u00ad dio cuenta de la desaparici\u00f3n de 8,960 personas, seg\u00fan denuncias debidamente documentadas y comprobadas. La CONADEP dej\u00f3 abierta la posibilidad de que el balance final de las v\u00ed\u00adctimas aumentara, pues muchos otros casos quedaron en la etapa de investigaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de los datos, por lo que la cifra de 8,960 desaparecidos no puede considerarse definitiva. El 80 % de las v\u00ed\u00adctimas de los militares argentinos ten\u00ed\u00adan entre 21 y 35 anos de edad.<\/p>\n

El Informe se\u00f1ala que en Argentina exist\u00ed\u00adan 340 centros clandestinos de detenci\u00f3n, dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. All\u00ed\u00ad los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, y sometidos a toda clase de humillaciones. Tambi\u00e9n indica que “De algunos de los m\u00e9todos de tortura empleados en esa guerra interna no se conoc\u00ed\u00adan antecedentes en otras partes del mundo”. En esos a\u00f1os de la dictadura militar, las t\u00e9cnicas de tortura argentina se exportaron a otros pa\u00ed\u00adses del continente.<\/p>\n

La CONADEP descubri\u00f3 que entre los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales, se estableci\u00f3 un “Pacto de Sangre”, que implicaba la participaci\u00f3n de todos en las violaciones a los derechos humanos. A causa de esto, cuando alg\u00fan miembro de esas fuerzas trataba de desobedecer un mandato criminal, pronto lo convert\u00ed\u00adan en una v\u00ed\u00adctima m\u00e1s. La Comisi\u00f3n comprob\u00f3 que “Todo signo de discrepancia dentro de las FF.AA. y de Seguridad con los m\u00e9todos utilizados para la detenci\u00f3n y eliminaci\u00f3n de personas fue sancionado de modo brutal. Brindar alguna informaci\u00f3n a los familiares de detenidos-desaparecidos sobre su localizaci\u00f3n, estado f\u00ed\u00adsico o destino era equivalente a la muerte. Estaban prohibidos, incluso, los comentarios entre las propias filas sobre los operativos realizados, sancion\u00e1ndose con el mayor rigor cualquier signo de humanidad que pudiera tenerse con el prisionero”.|12|<\/p>\n

El Informe “Nunca Mas” indica que miles de personas fueron exterminadas, habi\u00e9ndose destruido previamente sus cuerpos para evitar su posterior identificaci\u00f3n. “No se cometieron excesos, si se entiende por ello actos particularmente aberrantes. Tales atrocidades fueron pr\u00e1ctica com\u00fan y eran actos normales y corrientes efectuados a diario por las fuerzas represivas”<\/p>\n

Tambi\u00e9n la CONADEP difundi\u00f3 una lista de 1351 represores, entre ellos diversos m\u00e9dicos, jueces, periodistas, obispos y sacerdotes cat\u00f3licos que actuaron como Capellanes de los militares y que colaboraron con ellos en la guerra sucia. En la lista de represores aparecen, entre otros, el Obispo P\u00ed\u00ado Laghi, Nuncio Apost\u00f3lico del Estado Vaticano en Argentina, el ex Obispo de La Plata, Antonio Plaza, el Monse\u00f1or Emilio Graselli, el sacerdote Christian Von Wernich, el capell\u00e1n Pelanda L\u00f3pez, y el Monse\u00f1or Adolfo T\u00f3rtolo, Vicario de las Fuerzas Armadas.<\/p>\n

Pese a las investigaciones de la Comisi\u00f3n, y las denuncias de los grupos de derechos humanos en Argentina, el Congreso ascendi\u00f3 a cientos de militares involucrados en secuestros, torturas y desapariciones forzadas, y que aparec\u00ed\u00adan en la lista de la CONADEP como violadores de los Derechos Humanos. Incluso Asaz, el asesino de dos monjas francesas, fue ascendido. “Sabe cuantos Astiz hubo en la Armada? Trescientos Astiz”, dijo el contraalmirante (r) Horacio Mayorga, ex jefe de la base naval de Trelew, en una entrevista en 1985. “Los oficiales de la ESMA eran personas austeras que mataban por la Patria”, agreg\u00f3.|13| Igualmente fueron ascendidos el ex director de la ESMA, capit\u00e1n de Nav\u00ed\u00ado Jos\u00e9 Mar\u00ed\u00ada Arriola; el ex director de la Escuela de Submarinos de Mar de Plata, capit\u00e1n de Nav\u00ed\u00ado Roberto Pertussio; los tenientes coroneles \u00ed\u201cscar Bianchi y Athos Rhenes, que intervinieron en diversas masacres a civiles indefensos, y el coronel Julio C\u00e9sar Durand, quien dirigi\u00f3 la intervenci\u00f3n argentina en el Golpe de Estado de 1980 en Bolivia.<\/p>\n

El ex capit\u00e1n de la Armada (r) Francisco Scilingo, en declaraciones al periodista Horacio Verbitsky, en marzo de 1995, confirm\u00f3 que cerca de 2,000 presos pol\u00ed\u00adticos de la dictadura fueron asesinados por oficiales de la Marina, que los arrojaron vivos al mar, despu\u00e9s de haber sido drogados. Algunos altos representantes de la iglesia cat\u00f3lica conoc\u00ed\u00adan sobre estos hechos, pero en vez de tratar de impedirlos, apoyaron estos horribles cr\u00ed\u00admenes. Scilingo afirm\u00f3 que los sacerdotes cat\u00f3licos se encargaban de tranquilizar el esp\u00ed\u00adritu” de los oficiales que participaban en tales cr\u00ed\u00admenes, pues regresaban de cada Vuelo” con un fuerte remordimiento de conciencia. “El capell\u00e1n de la ESMA… me hablaba que (el vuelo) era una muerte cristiana, porque (los presos) no sufr\u00ed\u00adan, porque no era traum\u00e1tica, y que habla que eliminarlos; que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia est\u00e1 prevista la eliminaci\u00f3n del yugo del trigal. Me dio cierto apoyo”, declar\u00f3 Scilingo.|14|<\/p>\n

Tambi\u00e9n se lleg\u00f3 a saber que una isla que pertenec\u00ed\u00ada a la Iglesia Cat\u00f3lica fue prestada a la ESMA, para que los oficiales de la marina lo usaran como Campo de Concentraci\u00f3n.|15| All\u00ed\u00ad se trasladaba a los presos pol\u00ed\u00adticos, cada vez que las comisiones de las Naciones Unidas, la OEA, Amnist\u00ed\u00ada Internacional o de otros organismos visitaban la ESMA para investigar las graves denuncias de tortura.<\/p>\n

La CONADEP tom\u00f3 la iniciativa de presentar varias recomendaciones a los distintos poderes del Estado, “con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la repetici\u00f3n de Conculcaciones de los derechos humanos”. Entre sus propuestas incluy\u00f3: la continuaci\u00f3n de las investigaciones por la v\u00ed\u00ada judicial, la entrega de asistencia econ\u00f3mica, becas de estudio y trabajo a los familiares de las personas desaparecidas; y la aprobaci\u00f3n de normas legales que declaren como crimen de tesa humanidad la desaparici\u00f3n forzada de personas. Igualmente, la CONADEP recomend\u00f3 la ense\u00f1anza obligatoria de los derechos humanos en los centros educativos del Estado, tanto civiles como militares y policiales, el apoyo a los organismos de derechos humanos, y la derogatoria de toda la legislaci\u00f3n represiva existente en el pa\u00ed\u00ads. Muchas de estas recomendaciones est\u00e1n a\u00fan pendientes de llevarse a la pr\u00e1ctica. Y la dolorosa verdad sigue aflorando, como un trauma colectivo que exige una terapia integral.<\/p>\n

——————————————————————————–<\/p>\n

<\/a>2. Chile<\/h3>\n

Comisi\u00f3n Nacional de Verdad y Reconciliaci\u00f3n<\/p>\n

Tras la derrota moral y pol\u00ed\u00adtica de Pinochet el pueblo de Chile eligi\u00f3 como Presidente a un miembro moderado de la oposici\u00f3n, quien hab\u00ed\u00ada anunciado su compromiso ineludible con la defensa de los derechos humanos.<\/p>\n

Consecuente con su promesa, el Presidente Patricio Aylwin, mediante el Decreto Supremo No. 355 del 24 de abril de 1990, cre\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Verdad y Reconciliaci\u00f3n, con el objetivo de Contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las m\u00e1s graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los \u00faltimos anos, con el fin de colaborar a la reconciliaci\u00f3n de todos los chilenos”.<\/p>\n

Se design\u00f3 como miembros de la Comisi\u00f3n a:<\/p>\n

Ra\u00fal Rettig Guissen (Presidente)<\/p>\n

Jaime Castillo Velasco<\/p>\n

Jos\u00e9 Luis Cea Ega\u00f1a<\/p>\n

M\u00f3nica Jim\u00e9nez de la Jara<\/p>\n

Laura Novoa V\u00e1squez<\/p>\n

Jos\u00e9 Zalaquett Daher<\/p>\n

Ricardo Mart\u00ed\u00adn D\u00ed\u00adaz<\/p>\n

Gonzalo Vial Correa<\/p>\n

Los dos \u00faltimos hab\u00ed\u00adan sido funcionarios del gobierno del dictador Pinochet.<\/p>\n

La tareas que se le encomend\u00f3 a la Comisi\u00f3n de Verdad fueron:<\/p>\n

“Establecer un cuadro, lo m\u00e1s completo posible, sobre los graves hechos de violaci\u00f3n a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias.<\/p>\n

Reunir informaci\u00f3n que permita individualizar a sus v\u00ed\u00adctimas y establecer su suerte o paradero.<\/p>\n

Recomendar las medidas de reparaci\u00f3n y reivindicaci\u00f3n que estimara de justicia, y<\/p>\n

Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deber\u00ed\u00adan adoptarse para impedir o prevenir la comisi\u00f3n de nuevos atropellos graves a los derechos humanos”.<\/p>\n

Se determin\u00f3 que se investiguen a los hechos con resultado de muerte o desaparici\u00f3n ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 bien sea dentro del pa\u00ed\u00ads o en el extranjero”. Toda la investigaci\u00f3n debi\u00f3 hacerse en un plazo de nueve meses, del 9 de mayo de 1990 al 9 de febrero de 1991.<\/p>\n

M\u00e1s de 60 personas de los diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos colaboraron y trabajaron a tiempo completo para el procesamiento de las informaciones obtenidas por la Comisi\u00f3n. Entre ellos, cabe destacar el valioso trabajo que cumplieron Jaime Castillo Velasco y Jos\u00e9 Zalaquet Daher. Domingo Namuncur\u00e1, un l\u00ed\u00adder del SERPAJ, fue designado Asesor Presidencial en Derechos Humanos.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n recibi\u00f3 a m\u00e1s de 3,400 familiares de desaparecidos y asesinados que presentaron m\u00faltiples casos, de los cuales 644 quedaron fuera de su competencia. Tambi\u00e9n consult\u00f3 archivos de m\u00e1s de 100 organizaciones de derechos humanos, acad\u00e9micas, pol\u00ed\u00adticas y religiosas.<\/p>\n

Los miembros de la Comisi\u00f3n, adem\u00e1s de investigar dentro del pa\u00ed\u00ads, tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero, con el prop\u00f3sito de entrevistar a v\u00ed\u00adctimas de la represi\u00f3n as\u00ed\u00ad como a familiares directos de los detenidos-desaparecidos y otros tipos de v\u00ed\u00adctimas de la dictadura pinochetista.<\/p>\n

Las sedes de las gobernaciones e intendencias provinciales dentro del pa\u00ed\u00ads, as\u00ed\u00ad como las Embajadas y Consulados chilenos en el exterior sirvieron para la recepci\u00f3n de denuncias de desapariciones. Muchos estudiantes de las facultades de derecho colaboraron muy eficazmente para asesorar a los familiares de las v\u00ed\u00adctimas en la presentaci\u00f3n de sus denuncias. Despu\u00e9s hubo necesidad de contratar asistentes sociales, pues los familiares de las v\u00ed\u00adctimas, al hacer memoria de los sucesos ocurridos, ca\u00ed\u00adan en profundas crisis emocionales.<\/p>\n

A sus demandas de informaciones sobre las v\u00ed\u00adctimas de la dictadura chilena respondieron favorablemente los hospitales, y el Registro civil, pero la gendarmer\u00ed\u00ada y las Fuerzas Armadas, aunque respondieron a un 70 % de las cartas enviadas por la Comisi\u00f3n, casi siempre manifestaban que los documentos sobre los detenidos-desaparecidos “ya hab\u00ed\u00adan sido incinerados o destruidos, en cumplimiento de disposiciones jur\u00ed\u00addicas”.<\/p>\n

S\u00f3lo una m\u00ed\u00adnima parte de los 160 miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que la Comisi\u00f3n quiso interrogar, prest\u00f3 su colaboraci\u00f3n, aunque aportaron pocas informaciones. La mayor\u00ed\u00ada de los oficiales y agentes, seg\u00fan las respuestas de los ministros respectivos, ya hab\u00ed\u00adan sido dados de bajas o no aparec\u00ed\u00adan como miembros de esas fuerzas.<\/p>\n

Las normas nacionales e internacionales de los derechos humanos, as\u00ed\u00ad como las leyes de guerra o del derecho internacional humanitario formaron parte del marco jur\u00ed\u00addico con el cual trabaj\u00f3 la Comisi\u00f3n al analizar los distintos hechos de violencia.<\/p>\n

El Resultado final de las investigaciones de la Comisi\u00f3n fue un Informe de tres partes:<\/p>\n

Primera parte: Relaci\u00f3n de los hechos de violaciones de los derechos humanos, hasta la p\u00e1gina 1094<\/p>\n

Segunda parte: Recomendaciones para reparar el da\u00f1o: P\u00e1gs. 1,096 hasta 1,168.<\/p>\n

Tercera parte: “V\u00ed\u00adctimas”, Volumen de 635 p\u00e1ginas, con una rese\u00f1a biogr\u00e1fica de las 2,279 personas respecto de las cuales la Comisi\u00f3n se form\u00f3 una Convicci\u00f3n de que murieron o desaparecieron como v\u00ed\u00adctimas de la violaci\u00f3n a sus derechos humanos, entre ellos 132 miembros de las fuerzas del orden.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se investig\u00f3, aunque no muy profundamente, la actuaci\u00f3n de los partidos pol\u00ed\u00adticos legalmente reconocidos en los hechos de violencia, especialmente en el Golpe de Estado, as\u00ed\u00ad como el rol que cumplieron, entre otros, las iglesias cristianas, los medios de comunicaci\u00f3n, los partidos pol\u00ed\u00adticos, los profesionales y sus organismos gremiales.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n analiz\u00f3 el rol de los familiares de las v\u00ed\u00adctimas, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y la reacci\u00f3n de la comunidad internacional a trav\u00e9s de la ONU, la OEA, el ACNUR; la Comisi\u00f3n internacional de Juristas, la Cruz Roja y Amnist\u00ed\u00ada Internacional, que a lo largo de la dictadura emitieron numerosos informes denunciando las graves violaciones a los derechos humanos en el r\u00e9gimen de Pinochet.<\/p>\n

Con todas sus investigaciones, la Comisi\u00f3n de la Verdad comprob\u00f3 el poder omn\u00ed\u00admodo del que gozaba la DINA |16| y estableci\u00f3 que “Se trataba de un organismo cuyo funcionamiento en la pr\u00e1ctica fue un secreto y por encima de la ley, su organizaci\u00f3n interna, composici\u00f3n, recursos, personal y actuaciones escapaban no s\u00f3lo del conocimiento p\u00fablico sino tambi\u00e9n del control efectivo de la legalidad. M\u00e1s a\u00fan, la DINA fue efectivamente protegida de todo control, no sedo del que pudieran haber ejercido el Poder Judicial, altos oficiales de las FF.AA., e incluso del de la Junta de Gobierno; en efecto, aunque formalmente la DINA depend\u00ed\u00ada de la Junta de Gobierno, en la pr\u00e1ctica respondi\u00f3 solamente ante la Presidencia de la Junta de Gobierno, m\u00e1s tarde Presidencia de la Rep\u00fablica”. Agrega el Informe de la Comisi\u00f3n de la Verdad, que: “Este organismo, en el hecho secreto, y as\u00ed\u00ad libre de controles e injerencias, ten\u00ed\u00ada la amplia misi\u00f3n de reunir y evaluar la informaci\u00f3n que despu\u00e9s se emplear\u00ed\u00ada para tomar importantes decisiones de Gobierno.”<\/p>\n

Despu\u00e9s de sus minuciosas investigaciones sobre los desaparecidos y asesinados por las fuerzas del orden la Comisi\u00f3n recomend\u00f3 la reparaci\u00f3n p\u00fablica de la dignidad de las v\u00ed\u00adctimas, y diversas medidas de bienestar social, pensi\u00f3n \u00fanica de reparaci\u00f3n, atenci\u00f3n especializada en salud, educaci\u00f3n, vivienda, condonaci\u00f3n de ciertas deudas y exenci\u00f3n de la obligatoriedad del Servicio Militar a los hijos de las v\u00ed\u00adctimas. La Comisi\u00f3n present\u00f3 tambi\u00e9n recomendaciones en los aspectos jur\u00ed\u00addicos y administrativos, como la “declaraci\u00f3n de muerte de personas detenidas-desaparecidas”, la adecuaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00ed\u00addico nacional al derecho internacional de los derechos humanos, y la ratificaci\u00f3n de tratados internacionales sobre derechos humanos. Igualmente propuso diversas medidas para reformar el poder judicial y las Fuerzas Armadas, al como la continuaci\u00f3n de las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n de Verdad y Reconciliaci\u00f3n recomend\u00f3 la penalizaci\u00f3n del ocultamiento de informaci\u00f3n respecto a las inhumaciones ilegales, ya que muchos familiares de las v\u00ed\u00adctimas continuaron reclamando los restos de sus seres queridos.<\/p>\n

En enero de 1992 el gobierno chileno, mediante la ley 19.123 cre\u00f3 la Corporaci\u00f3n Nacional de Reparaci\u00f3n y Reconciliaci\u00f3n, para ejecutar las recomendaciones de la Comisi\u00f3n de Verdad y Reconciliaci\u00f3n, especialmente en la reparaci\u00f3n material de los da\u00f1os causados por la dictadura pinochetista, calificada por la Comisi\u00f3n como Zuna tragedia desgarradora”.<\/p>\n

En los a\u00f1os posteriores al trabajo de la Comisi\u00f3n de Verdad y Reconciliaci\u00f3n, los grupos de derechos humanos y los familiares de los desaparecidos lograron hallar a algunas de las v\u00ed\u00adctimas de la dictadura enterradas en cementerios clandestinos. Tambi\u00e9n se obtuvieron m\u00e1s pruebas de las actividades criminales de los agentes de la DINA, y su Jefe, Manuel Contreras recibe una condena de siete a\u00f1os de “prisi\u00f3n efectiva”, por su implicaci\u00f3n en el asesinato del Dr. Orlando Letelier. Contreras, con apoyo del Ej\u00e9rcito se atrinchera en un Hospital militar y trata de burlarse del fallo judicial. Finalmente Contreras demuestra que a\u00fan en reg\u00ed\u00admenes democr\u00e1ticos, los militares conservan amplias porciones de autonom\u00ed\u00ada y poder, al que por ning\u00fan medio quieren renunciar.<\/p>\n

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<\/a>3. El Salvador<\/h3>\n

Comisi\u00f3n de la Verdad.<\/p>\n

Miembros de la Comisi\u00f3n:<\/p>\n

Belisario Betancur. (Ex Presidente de Colombia)<\/p>\n

Reinaldo Figueredo Planchart. (Congresista venezolano)<\/p>\n

Thomas Buergenthal. Estadounidense. Juez. (Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)<\/p>\n

Esta Comisi\u00f3n, apoyada por un numeroso grupo de asesores y colaboradores, nacionales y extranjeros, trabaj\u00f3 durante seis meses para investigar y dos meses adicionales para elaborar y presentar su informe, que fue titulado “De la Locura a La Esperanza” La guerra de 12 a\u00f1os en El Salvador”.<\/p>\n

La divisi\u00f3n de Derechos Humanos de la ONUSAL le facilit\u00f3 apoyo t\u00e9cnico y log\u00ed\u00adstico para procurar proteger la identidad de los testigos e informantes, muchos de los cuales, solo accedieron a testificar cuando se les asegur\u00f3 una reserva absoluta. Diversos gobiernos extranjeros y organismos internacionales colaboraron con la Comisi\u00f3n, suministrando documentos confidenciales emitidos por sus delegaciones diplom\u00e1ticas, y proveyendo declaraciones oficiales de agentes policiales y militares.<\/p>\n

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El mandato<\/h4>\n

La Comisi\u00f3n de la Verdad de El Salvador surgi\u00f3 como resultado de los Acuerdos de Paz de El Salvador negociados en m\u00e1s de tres a\u00f1os (1989-1992) entre el gobierno de El Salvador y el movimiento guerrillero Frente Farab\u00fando Mart\u00ed\u00ad para la Liberaci\u00f3n Nacional, FMLN, que estuvieron enfrentados durante todo ese per\u00ed\u00adodo. Las negociaciones se llevaron a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas, y la colaboraci\u00f3n de Colombia, M\u00e9xico, Espa\u00f1a y Venezuela y culminaron en el Acuerdo de Paz firmado en Chapultepec, M\u00e9xico, el 16 de enero de 1992.|17|<\/p>\n

La decisi\u00f3n de crear la Comisi\u00f3n de la Verdad fue adoptada en los Acuerdos de M\u00e9xico, que definen las funciones y facultades de la Comisi\u00f3n, y se firmaron en Ciudad de M\u00e9xico el 27 de abril de 1991. La autoridad de la Comisi\u00f3n se ampli\u00f3 con el art\u00ed\u00adculo 5 del Acuerdo de Paz de Chapultepec, titulado “Superaci\u00f3n de la Impunidad.” Estas disposiciones constituyen el “Mandato” de la Comisi\u00f3n, definida de la siguiente manera: “La Comisi\u00f3n tendr\u00e1 a su cargo la investigaci\u00f3n de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento p\u00fablico de la verdad.” Para esto, se indic\u00f3 que la Comisi\u00f3n tomar\u00e1 en cuenta las siguientes consideraciones:<\/p>\n

a. la singular trascendencia que pueda atribuirse a los hechos a ser investigados, sus caracter\u00ed\u00adsticas y repercusi\u00f3n, as\u00ed\u00ad como la conmoci\u00f3n social que originaron; y<\/p>\n

“b. la necesidad de crear confianza en los cambios positivos que el proceso de paz impulsa y de estimular el tr\u00e1nsito hacia la reconciliaci\u00f3n nacional.”<\/p>\n

En cuanto a la impunidad, las funciones espec\u00ed\u00adficas que se le asignaron a la Comisi\u00f3n se definen en el Acuerdo de Chapultepec de la siguiente manera: \u00ed\u2030se reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo se\u00f1alamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde est\u00e9 comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las Partes remiten la consideraci\u00f3n y resoluci\u00f3n de este punto a la Comisi\u00f3n de la Verdad.”<\/p>\n

Adem\u00e1s de las facultades que los Acuerdos de Paz le confirieron respecto a la impunidad y la investigaci\u00f3n de graves hechos de violencia, a la Comisi\u00f3n tambi\u00e9n le encargaron elaborar recomendaciones “de orden legal, pol\u00ed\u00adtico o administrativo, que podr\u00e1n incluir medidas destinadas a prevenir la repetici\u00f3n de tales hechos (de violencia), as\u00ed\u00ad como iniciativas orientadas hacia la reconciliaci\u00f3n nacional”.<\/p>\n

De esta forma se dot\u00f3 a la Comisi\u00f3n con dos facultades espec\u00ed\u00adficas: la de realizar investigaciones y la de presentar recomendaciones, en cuya ejecuci\u00f3n se comprometieron ambas Partes.<\/p>\n

El Mandato le encarga a la Comisi\u00f3n investigar “graves hechos de violencia… cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento p\u00fablico de la verdad”. Aqu\u00ed\u00ad la Comisi\u00f3n tom\u00f3 en cuenta la singular importancia de cada acto violento, las repercusiones que tuvieron y los desordenes sociales que ocasionaron. El Mandato no enumer\u00f3 ni identific\u00f3 ning\u00fan caso espec\u00ed\u00adfico para que fuera investigado por la Comisi\u00f3n; tampoco distingui\u00f3 entre actos de violencia en gran escala y aquellos que involucraban solamente a unas cuantas personas. Al investigar estos hechos, la Comisi\u00f3n tom\u00f3 en cuenta factores adicionales relacionados con el cumplimiento de su Mandato.<\/p>\n

El primero es que lo que se hab\u00ed\u00ada de investigar eran hechos graves o flagrantes cometidos por ambos lados del conflicto salvadore\u00f1o y no solamente por una de las partes.<\/p>\n

Segundo, el Acuerdo de Chapultepec inst\u00f3 a la Comisi\u00f3n, a poner atenci\u00f3n especial en el tema de la Impunidad de los hechos de violencia cometidos por oficiales de la Fuerza Armada, que nunca fueron investigados ni castigados.<\/p>\n

Entonces, al optar por investigar un caso en lugar de otro, se tuvo presente consideraciones respecto del car\u00e1cter representativo del caso, la disponibilidad de pruebas, los recursos investigativos disponibles, el tiempo requerido para llevar a cabo una investigaci\u00f3n exhaustiva, y el tema de la impunidad tal como lo define el Mandato.<\/p>\n

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El derecho aplicable<\/h4>\n

Al definir las normas jur\u00ed\u00addicas aplicables a su labor, la Comisi\u00f3n estableci\u00f3 que durante el conflicto salvadore\u00f1o, ambas partes ten\u00ed\u00adan la obligaci\u00f3n de acatar una serie de normas del derecho internacional, entre ellas las estipuladas en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, o bien en ambos. Por otro lado, a lo largo del per\u00ed\u00adodo de guerra interna, el Estado de El Salvador estaba en la obligaci\u00f3n de adecuar su derecho interno a sus obligaciones conforme al derecho internacional.<\/p>\n

En el Acuerdo de San Jos\u00e9 sobre Derechos Humanos, las Partes reconocieron que por “derechos humanos” se entiende “los reconocidos por el ordenamiento jur\u00ed\u00addico salvadore\u00f1o, incluidos los tratados en los que El Salvador es parte, as\u00ed\u00ad como por las declaraciones y principios sobre derechos humanos y sobre derechos humanitarios aprobados por las Naciones Unidas y por la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos.”<\/p>\n

La Comisi\u00f3n de la Verdad reconoci\u00f3 que el derecho internacional de los derechos humanos s\u00f3lo es aplicable a los gobiernos, mientras que en determinados conflictos armados, el derecho internacional humanitario es vinculante para ambos lados. Es decir, tanto para los insurgentes como para las fuerzas del gobierno. Sin embargo, hay que reconocer que cuando se da el caso de insurgentes que ejercen poderes gubernamentales en territorios bajo su control, tambi\u00e9n se les puede exigir que cumplan con ciertas obligaciones en materia de derechos humanos, vinculantes para el Estado seg\u00fan el derecho internacional; por ende, resultar\u00ed\u00adan responsables en caso de un incumplimiento. El FMLN sostuvo oficialmente que ten\u00ed\u00ada algunos territorios bajo su control y efectivamente ejerci\u00f3 ese control.<\/p>\n

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Las investigaciones<\/h4>\n

Las Comisi\u00f3n de la Verdad investig\u00f3 primeramente la violencia ejercida por agentes del Estado contra los opositores pol\u00ed\u00adticos. All\u00ed\u00ad ubic\u00f3 el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y las dos acompa\u00f1antes en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana (1989). Enseguida analiz\u00f3 diversas ejecuciones extrajudiciales, como el asesinato de los dirigentes del Frente Democr\u00e1tico Revolucionario, las religiosas norteamericanas, los periodistas holandeses, as\u00ed\u00ad como los ataques a organismos de DDHH (FENASTAS y COMADRES), las desapariciones forzadas, las masacres de campesinos por la Fuerzas Armadas (Casos Mozote, R\u00ed\u00ado Sumpul y El Calabozo). Despu\u00e9s investig\u00f3 los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, entre ellos el de Monse\u00f1or \u00ed\u201cscar Arnulfo Romero.<\/p>\n

En segundo lugar, la Comisi\u00f3n de la Verdad investig\u00f3 la violencia del FMLN contra opositores como el asesinato de alcaldes, y jueces, las ejecuciones extrajudiciales de campesinos colaboradores del gobierno, el asesinato de militares estadounidenses sobrevivientes, entre otros.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n asegur\u00f3 que “Ninguna de las tres ramas del poder p\u00fablico: judicial, legislativo ejecutivo, fue capaz de controlar el desbordante dominio militar en la sociedad”.<\/p>\n

Finalmente, la Comisi\u00f3n de la verdad presento una serie de Recomendaciones que incluyen: Reformar la legislaci\u00f3n penal y el Poder Judicial, depuraciones en las Fuerza Armadas, Fuerzas Policiales y dentro de la administraci\u00f3n p\u00fablica; inhabilitaciones pol\u00ed\u00adticas a las personas involucradas en violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, por un lapso no menor de diez a\u00f1os. Tambi\u00e9n recomend\u00f3 investigar y terminar con los grupos ilegales (Escuadrones de la muerte).<\/p>\n

Igualmente la Comisi\u00f3n recomend\u00f3 que el gobierno salvadore\u00f1o otorgue una reparaci\u00f3n material y moral para las v\u00ed\u00adctimas de la violencia y sus familiares directos. Se recomend\u00f3 la entrega de tierras, equipamiento agropecuario, becas de estudio, etc. Los acuerdos de Paz fijaron un calendario de actividades, muchas de las cuales, como la entrega de tierras a los combatientes de ambos lados, y la Compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, solo se han cumplido en m\u00ed\u00adnima parte. En la pr\u00e1ctica el Estado salvadore\u00f1o descuid\u00f3 mucho el cumplimiento de los acuerdos. Por eso, pese al empe\u00f1o del FMLN, as\u00ed\u00ad como a los esfuerzos de la ONU y los pa\u00ed\u00adses amigos, la pacificaci\u00f3n en El Salvador es todav\u00ed\u00ada un proceso muy lento.<\/p>\n

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<\/a>4. Per\u00fa<\/h3>\n

Desde el ano 1980, tras 12 a\u00f1os de gobiernos militares, el Per\u00fa experimenta una situaci\u00f3n de guerra interna, en la que el movimiento subversivo “Sendero Luminoso” (Partido Comunista del Per\u00fa) se enfrenta al Estado peruano. El movimiento insurgente transit\u00f3 de su pr\u00e1ctica subversiva inicial al terrorismo, causando miles de v\u00ed\u00adctimas, no s\u00f3lo de miembros de las fuerzas del orden, sino principalmente, de campesinos, dirigentes gremiales y populares; autoridades comunales profesionales; y poblaci\u00f3n en general. Igualmente las Fuerzas del Estado han cometido graves y numerosos actos de detenciones masivas, torturas, desapariciones forzadas y genocidio contra la poblaci\u00f3n peruana. Esta guerra interna ha producido cerca de 30,000 muertos y m\u00e1s de 5,000 desaparecidos.<\/p>\n

En diversos momentos, el Estado a trav\u00e9s del Congreso de la Rep\u00fablica o el Poder Ejecutivo, cre\u00f3 Comisiones investigadoras de la Verdad, para deslindar responsabilidades frente a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. Generalmente los gobiernos de turno, despu\u00e9s de mucha pugna, ced\u00ed\u00adan a las exigencias de la oposici\u00f3n pol\u00ed\u00adtica y de algunos gobiernos extranjeros preocupados por los derechos humanos en el Per\u00fa.|18|<\/p>\n

La mayor\u00ed\u00ada de las comisiones que se crearon, nacieron con prop\u00f3sitos claramente justificatorios de la pol\u00ed\u00adtica “contra subversiva” oficial. As\u00ed\u00ad ocurri\u00f3 con la llamada “Comisi\u00f3n Uchuraccay”, una de las primeras encargadas de investigar casos de violaciones de los derechos humanos en el Per\u00fa.<\/p>\n

Muy pocas veces las investigaciones encargadas en el Per\u00fa han tenido un efecto pacificador y restaurador de la justicia. La impunidad para los violadores de los derechos humanos es casi norma oficial. Cuando alguna vez se trat\u00f3 de llegar al fondo de los hechos y sacar a luz a los responsables de actos contra los derechos humanos, pronto se levantaron las FF.AA. y policiales para mostrar que se consideran entes sagrados e intocables; y as\u00ed\u00ad se impidi\u00f3 el castigo a los culpables.|19|<\/p>\n

Por falta de una clara comprensi\u00f3n del fen\u00f3meno de la violencia, as\u00ed\u00ad como de apoyo del Poder Judicial y de recursos materiales, las diversas comisiones investigadoras de la verdad en el Per\u00fa, no han podido, en la mayor\u00ed\u00ada de los casos, llevar a buen t\u00e9rmino el resultado de sus investigaciones, ni proteger a los informantes y testigos. Muchas personas, luego de presentar sus testimonios y denuncias, fueron desaparecidas o asesinadas por las fuerzas del Estado, o por”grupos desconocidos”. As\u00ed\u00ad ocurri\u00f3 con los testigos de los casos “Uchuraccay”, “Soccos”, “Cayara”, “Umaru y Bellavista”, “Accomarca”, “Operaci\u00f3n Aries-Huallaga”, entre otros. M\u00e1s tarde, las Fuerzas Armadas encargar\u00ed\u00adan esa labor, de eliminar a los testigos o sobrevivientes de masacres a los grupos llamados de “defensa civil”, a los que entreg\u00f3 algunas armas.<\/p>\n

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4.1 Comisi\u00f3n Investigadora de la muerte de los periodistas en Uchuraccay: (Enero 1983)<\/h4>\n

Mario Vargas Llosa. (Escritor)<\/p>\n

Mario Castro Arenas. (Periodista)<\/p>\n

Abraham Guzm\u00e1n Figueroa. (Jurista)<\/p>\n

El origen de esta Comisi\u00f3n Investigadora fue el esc\u00e1ndalo nacional e internacional ocasionado por el atroz asesinato de ocho periodistas y un gu\u00ed\u00ada campesino, el 26 de enero de 1983, en la localidad andina de Uchuraccay, Ayacucho, que debido al crecimiento de la violencia se hallaba en Estado de Emergencia, bajo un total control militar.<\/p>\n

Un sector importante del periodismo peruano acus\u00f3 a los militares y a los “Sinchis” (Polic\u00ed\u00ada antisubversiva) de haber fomentado la masacre de los periodistas, quienes procuraban investigar la veracidad de los partes de guerra oficiales, que daban cuenta del asesinato de presuntos miembros de Sendero Luminoso por parte de los propios campesinos.<\/p>\n

Los periodistas y los abogados de Ayacucho sospechaban de la puesta en marcha, por las Fuerzas Armadas, de una estrategia de guerra sucia, con torturas, desapariciones forzadas, asesinatos de campesinos de la regi\u00f3n en la que actuaba Sendero Luminoso. El desarrollo de la violencia en los meses posteriores, confirmar\u00ed\u00ada la veracidad de estas preocupaciones. Los periodistas se organizaron para viajar a Uchuraccay a fin de investigar por sus propios medios el nuevo curso que estar\u00ed\u00ada tomando la lucha contrainsurgente. Fue as\u00ed\u00ad, en la b\u00fasqueda de la verdad, como les alcanz\u00f3 la muerte.<\/p>\n

Al conocerse la noticia tr\u00e1gica de la desaparici\u00f3n de los ocho periodistas y su gu\u00ed\u00ada, la sociedad peruana se sinti\u00f3 muy conmovida. El Decano del Colegio de Periodistas del Per\u00fa, Dr. Mario Castro Arenas afirm\u00f3 que “Ni en la segunda guerra mundial, ni en los arrozales fangosos de Vietnam hab\u00ed\u00adan muerto tantos periodistas juntos como en Uchuraccay”. Meses despu\u00e9s de la tragedia, el Decano del Colegio de Periodistas lanzar\u00ed\u00ada sus lamentos:<\/p>\n

“Qu\u00e9 bochorno, qu\u00e9 verg\u00fcenza, que espanto. Los teletipos repiquetearon por el mundo entero, describiendo la tragedia. Los diplom\u00e1ticos peruanos acreditados en el exterior y los que viv\u00ed\u00adan escondi\u00e9ndose de la polic\u00ed\u00ada de inmigraciones de Nueva York y de la DISIP de Caracas emergieron de su semiclandestinidad para negar que en el Per\u00fa existiesen pueblos situados culturalmente en la edad de piedra donde se podr\u00ed\u00ada asesinar por error a ocho periodistas con piedras y con palos como las hordas de la era de las cavernas”.|20|<\/p>\n

Aunque los dirigentes del gobierno anunciaron su inter\u00e9s de que se esclarezca la verdad sobre la masacre de los periodistas, en el fondo, lo que buscaban era obtener un respaldo “acad\u00e9mico” a la versi\u00f3n oficial sobre la tragedia, previamente difundida por el Presidente de la Rep\u00fablica, y que se basaba en los informes del Comando Pol\u00ed\u00adtico Militar de Ayacucho.<\/p>\n

El Presidente de la Rep\u00fablica, Fernando Bela\u00fande Terry, mediante Resoluci\u00f3n Suprema del 27 de enero de 1983, Creo una “Comisi\u00f3n Investigadora de los sucesos de Uchuraccay”, con el fin de “contribuir al esclarecimiento de una verdad que reclaman urgentemente la conciencia nacional y la opini\u00f3n p\u00fablica del resto del mundo”. Se estableci\u00f3 que la Comisi\u00f3n no tendr\u00ed\u00ada competencia judicial o policial.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n trabaj\u00f3 con el apoyo de los antrop\u00f3logos Juan Ossio, Fernando Fuenzalida y Luis Millones. Tambi\u00e9n asesoraron a la Comisi\u00f3n el jurista Fernando de Trazegnies, el psicoanalista Max Hern\u00e1ndez, los ling\u00fcistas Rodolfo Cerr\u00f3n Palomino y Clodoa\u00ed\u00addo Soto, as\u00ed\u00ad como el historiador Ricardo Valderrama.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n se desarropo del 28 de enero hasta el 28 de febrero de 1983, con entrevistas a autoridades militares, policiales y pol\u00ed\u00adticas de la zona Convulsionada y la revisi\u00f3n de documentaci\u00f3n reservada de las FF.AA, tanto en Ayacucho como en Lima.<\/p>\n

Aunque estaba claro que la verdad podr\u00ed\u00ada conocerse investigando en el mismo lugar de los cr\u00ed\u00admenes, la Comisi\u00f3n se hizo presente en Uchuraccay solo por cuatro horas, durante un Cabildo Abierto convocado por el Comando Pol\u00ed\u00adtico Militar de Ayacucho. De acuerdo a los militares, en Uchuraccay exist\u00ed\u00ada un ambiente de alta tensi\u00f3n, y agresividad contra los for\u00e1neos, que pon\u00ed\u00ada en peligro la vida de los integrantes de la Comisi\u00f3n, por lo cual no era recomendable permanecer m\u00e1s de cuatro horas en la zona de la tragedia. Adem\u00e1s del reducido tiempo para investigar en el lugar de los cr\u00ed\u00admenes, los miembros de la Comisi\u00f3n ten\u00ed\u00adan la barrera del idioma, ya que la mayor\u00ed\u00ada de la poblaci\u00f3n de Uchuraccay, a la que se acus\u00f3 de haber cometido el asesinato de los periodistas, s\u00f3lo hablaba quechua y muy pocos dominaban el castellano.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n tuvo facultades para interrogar a altos jefes militares y policiales que operaban en la zona de Ayacucho, pero las entrevistas se realizaron en un clima de terror paralizante, investigando solo aquellos aspectos acordados con los militares, revisando documentos poco esclarecedores, evitando asuntos controversiales que Compromet\u00ed\u00adan a las fuerzas del orden en violaciones a los derechos humanos.|21|<\/p>\n

El Informe y su documentaci\u00f3n sustentatoria fue entregado a las autoridades el 4 de marzo de 1983. Inmediatamente se desplegaron esfuerzos para darle difusi\u00f3n internacional, ya que de acuerdo a la Comisi\u00f3n Investigadora, no exist\u00ed\u00ada responsabilidad del Estado en la masacre de Uchuraccay. Pero dentro del pa\u00ed\u00ads el Informe produjo un sabor amargo, una decepci\u00f3n por la forma escandalosa como se quiso limpiar la imagen del gobierno y de las fuerzas armadas que actuaban en Ayacucho.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n estructur\u00f3 su Informe en cuatro partes descriptivas y anal\u00ed\u00adticas, exponiendo su versi\u00f3n de los hechos, las causas de la masacre, los informes de los asesores, as\u00e9 como testimonios de testigos. En el Informe se sostiene que “La Comisi\u00f3n ha llegado a la convicci\u00f3n absoluta de que los comuneros que se encontraban en ese momento (el 26 de enero de 1983) en Uchuraccay confundieron a los nueve forasteros (los periodistas y el gu\u00ed\u00ada) que se aproximaban, con un destacamento de “senderistas” que venia, sin duda, a escarmentarlos por el linchamiento de varios de los suyos perpetrado en esa misma comunidad en los d\u00ed\u00adas anteriores. Esta operaci\u00f3n de represalias era temida y esperada en las comunidades iquichanas que hab\u00ed\u00adan matado senderistas y manten\u00ed\u00ada a los comuneros en un estado de \u00e1nimo sobresaltado, medroso y furibundo…”|22|<\/p>\n

Tambi\u00e9n se afirma que “La Comisi\u00f3n tiene la “convicci\u00f3n relativa” de que los periodistas debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un di\u00e1logo previo, y por una multitud a la que el miedo y el c\u00f3lera, mezclados, enardec\u00ed\u00adan y dotaban de una ferocidad infrecuente en su vida diaria y en circunstancias normales.” Sin embargo, la Comisi\u00f3n aclara que “no puede descartar, que este intento de di\u00e1logo se produjera (considerando el hecho de que tres de los periodistas hablaban quechua) y fuese in\u00fatil debido al exceso de suspicacia, p\u00e1nico y furor de los comuneros…”<\/p>\n

La Comisi\u00f3n investigadora reitera que una llegado a la “convicci\u00f3n absoluta” de que el asesinato de los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay, posiblemente con la colaboraci\u00f3n de comuneros de otras comunidades iquichanas, sin que, en el momento de la matanza, participaran en ellas fuerzas del orden”. M\u00e1s rotundamente Vargas Llosa y sus colaboradores afirman que “La Comisi\u00f3n ha llegado a la convicci\u00f3n absoluta de que los periodistas fueron asesinados porque los comuneros los creyeron terroristas y sin sospechar su verdadera condici\u00f3n”.|23|<\/p>\n

En Cambio, seg\u00fan el Tribunal de Ayacucho, “los campesinos de Uchuraccay fueron obligados a atacar a los periodistas, por presi\u00f3n de las Fuerzas Armadas. Los comandantes militares y policiales actuaron como instigadores del crimen”. El Tribunal ayacuchano identific\u00f3 a veintisiete comuneros como autores de la masacre, y al general Clemente Noel y Moral (Jefe del Comando Pol\u00ed\u00adtico Militar de Ayacucho) junto con cinco oficiales de la polic\u00ed\u00ada y uno de la Marina, como autores intelectuales.|24|<\/p>\n

La Comisi\u00f3n Investigadora se encarg\u00f3 de construirle una explicaci\u00f3n academicista a las versiones que el gobierno hab\u00ed\u00ada difundido previamente, indicando que los campesinos asesinaron a los periodistas. Para ello, la Comisi\u00f3n busc\u00f3 justificaciones \u00e9tnicas, hist\u00f3ricas y culturales, apoy\u00e1ndose en la permanente sed de venganza de los abor\u00ed\u00adgenes andinos contra los blancos opresores. La Comisi\u00f3n sostuvo que los campesinos confundieron las c\u00e1maras fotogr\u00e1ficas con armas de guerra y pensaban que los periodistas eran terroristas que ven\u00ed\u00adan a atacarlos. As\u00ed\u00ad, seg\u00fan la Comisi\u00f3n, los periodistas, fueron v\u00ed\u00adctimas de una desafortunada equivocaci\u00f3n”.<\/p>\n

Un mes despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n del Informe, las fuerzas militares “descubrieron” casualmente las c\u00e1maras fotogr\u00e1ficas y varios rollos de pel\u00ed\u00adcula de los periodistas victimados, con im\u00e1genes que al ser reveladas pusieron en duda muchas de las”convicciones absolutas” de la Comisi\u00f3n. As\u00ed\u00ad se revel\u00f3 el deficiente trabajo de investigaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n presidida por Vargas Llosa.<\/p>\n

A pesar de que en todo momento las autoridades militares y policiales obstaculizaron al Poder Judicial, para impedir que se esclarezca la verdad del asesinato |25| y aunque exist\u00ed\u00adan evidencias de participaci\u00f3n “indirecta” de altos jefes militares y policiales en esta masacre, solo tres ind\u00ed\u00adgenas de la zona, Dionisio Morales, Sime\u00f3n Aucatoma y Mariano Cassani, fueron acusados. Otros implicados y testigos, como el Teniente Gobernador, desaparecieron o fueron asesinados en los d\u00ed\u00adas de las investigaciones.|26|<\/p>\n

Aunque la investigaci\u00f3n descart\u00f3 que los periodistas se hubieran presentado en Uchuraccay como senderistas, supuestamente portando una bandera roja, tal como lo hab\u00ed\u00ada sostenido el Jefe del Comando Pol\u00ed\u00adtico Militar, ninguna autoridad regional o nacional tuvo la honestidad de reconocer que se hab\u00ed\u00ada mentido al pa\u00ed\u00ads, ni mucho menos se esforzaron para reivindicar la memoria de las v\u00ed\u00adctimas. Cuando posteriormente, en 1985, el Tribunal de Ayacucho le pregunt\u00f3 a Vargas Llosa porqu\u00e9 la Comisi\u00f3n Investigadora present\u00f3 el Informe con su ins\u00f3lita versi\u00f3n, el escritor s\u00f3lo respondi\u00f3 que acept\u00f3 colaborar con el gobierno apara “salvar a la democracia” y que dirigi\u00f3 la elaboraci\u00f3n del Informe gui\u00e1ndose por las declaraciones de los militares.<\/p>\n

La actuaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n investigadora cre\u00f3 problemas al poder judicial, que denunci\u00f3 el avasallamiento de su soberan\u00ed\u00ada por parte del Poder Ejecutivo. Esta confusi\u00f3n demor\u00f3 el inicio de un proceso legal por la muerte de los periodistas. Y cuando el Tribunal de Ayacucho trat\u00f3 de averiguar la verdad de la masacre, muy pronto el Poder Ejecutivo, as\u00ed\u00ad como el Legislativo, le pusieron numerosas trabas, llegando, incluso, a volver a fojas cero el proceso judicial tras dos a\u00f1os de investigaciones. As\u00ed\u00ad, por segunda vez, la verdad de Uchuraccay fue maniatada.<\/p>\n

Frente al desamparo en que se dej\u00f3 a las familias de los periodistas victimados en Uchuraccay, diez a\u00f1os despu\u00e9s del asesinato, el 26 de enero de 1993, los gremios de los periodistas realizaron una multitudinaria marcha de protesta, demandando al Estado una pensi\u00f3n de gracia para los familiares de estos periodistas victimados en 1983. Hasta la fecha tal demanda no ha sido atendida.<\/p>\n

——————————————————————————–<\/p>\n

4.2 Comisi\u00f3n investigadora de las masacres en los Penales. (Agosto de 1986)<\/h4>\n

Congresistas:<\/p>\n

Rolando Ames Cobi\u00e1n. (Presidente)<\/p>\n

Jorge del Prado.<\/p>\n

Javier Bedoya de Vivanco.<\/p>\n

\u00d3scar Felipe Ventura.<\/p>\n

Agust\u00ed\u00adn Haya de la Torre.<\/p>\n

\u00c1ureo Zegarra. (Sector de la minor\u00ed\u00ada parlamentaria).<\/p>\n

Romualdo Biaggi Rodr\u00ed\u00adguez.<\/p>\n

Judith de la Mata.<\/p>\n

C\u00e9sar Delgado Barreto.<\/p>\n

Miguel \u00c1ngel Mufarech.<\/p>\n

Humberto Arenas.<\/p>\n

Nicanor Asmat Vega.<\/p>\n

Jos\u00e9 Barba Caballero. (Sector de la mayor\u00ed\u00ada)<\/p>\n

La masacre de mas de 250 prisioneros pol\u00ed\u00adticos en dos c\u00e1rceles peruanas, los d\u00ed\u00adas 18 y 19 de junio de 1986, por parte de efectivos de la Guardia Republicana y de la Marina de Guerra del Per\u00fa, origin\u00f3 la creaci\u00f3n de una Comisi\u00f3n Investigadora a nivel parlamentario. La mayor\u00ed\u00ada de los reclusos acusados de subversi\u00f3n fueron fusilados despu\u00e9s de que se hab\u00ed\u00adan rendido. El penal de El Front\u00f3n, en El Callao, fue bombardeado pese a que los presos amotinados no representaban gran peligro. No hubo ning\u00fan inter\u00e9s en rescatar a los heridos o sobrevivientes. La presi\u00f3n internacional para que se esclarezca la verdad de la masacre fue muy grande, ya que \u00e9sta se produjo cuando se celebraba en Lima el Congreso Mundial de la 11 Internacional Socialista.<\/p>\n

El Instituto de Defensa Legal, IDL, realizo un an\u00e1lisis jur\u00ed\u00addico de la acci\u00f3n del Estado para restablecer el orden y la autoridad en los penales, y lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que “la respuesta oficial adoptada, estuvo caracterizada por el empleo de una violencia a todas luces exagerada y desproporcionada, producto, sin duda del clima de violencia exacerbada, inhumana e inmoral que hoy envuelve al Per\u00fa”. Agrega el IDL, que “El saldo desolador de destrucci\u00f3n y muerte (murieron cerca de 300 internos)… basta para dejar constancia de lo irracional, desproporcionado, inhumano y antijur\u00ed\u00addico que caracteriz\u00f3 al tratamiento oficial dado a los motines en los penales.” |27|<\/p>\n

La Comisi\u00f3n, nombrada por el Congreso en el mes de agosto, tard\u00f3 mas de un a\u00f1o para instalarse, y desde el principio se dividi\u00f3 en dos bloques irreconciliables, debido a que los parlamentarios del oficialismo no quer\u00ed\u00adan realizar una investigaci\u00f3n seria e independiente que identifique a los responsables de la masacre. M\u00e1s bien, trabajaron para impedir el esclarecimiento de los hechos.|28|<\/p>\n

La Comisi\u00f3n tuvo facultad para citar en calidad de testigos a agentes policiales y miembros de la marina de guerra, ministros de Estado, jueces, fiscales, y familiares de las v\u00ed\u00adctimas. La Comisi\u00f3n tambi\u00e9n acudi\u00f3 al peritaje t\u00e9cnico del Colegio de Ingenieros, a fin de verificar o desmentir la versi\u00f3n gubernamental de que los pabellones de los prisioneros de El Front\u00f3n fueron derribados “casualmente”, lo cual impidi\u00f3 el rescate de los heridos o sobrevivientes. El peritaje t\u00e9cnico descart\u00f3 la versi\u00f3n del gobierno.<\/p>\n

Originalmente las m\u00e1s altas autoridades del pa\u00ed\u00ads prometieron cooperar para que se esclareciera la responsabilidad de los autores de la masacre de los penales, y para que nunca m\u00e1s se repitieran esos graves hechos. El Presidente de la Rep\u00fablica, Alan Garc\u00ed\u00ada, prometi\u00f3 efectuar una minuciosa investigaci\u00f3n de la matanza, y lleg\u00f3 a proclamar: “O se van ellos, (los culpables del genocidio) o me voy yo”. Al final, ninguno de los altos oficiales involucrados en la masacre se fue.<\/p>\n

Conforme las investigaciones demostraban que d\u00ed\u00adas antes de la masacre miembros del gobierno hab\u00ed\u00adan amenazado de muerte a los reclusos, como lo hizo el Ministro de Marina, y hab\u00ed\u00adan ordenado la actuaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas para debelar el mot\u00ed\u00adn, sin estimar las consecuencias; las principales autoridades del gobierno se obsesionaron en impedir el real conocimiento de la verdad. Las acusaciones de responsabilidad penal incluyeron al Presidente de la Rep\u00fablica, Alan Garc\u00ed\u00ada P\u00e9rez, as\u00ed\u00ad como al Viceministro del Interior, Agust\u00ed\u00adn Mantilla, y los ministros de Guerra y de Marina, Julio Pacheco Concha, entre otros miembros del gobierno, que aseguraron que el amotinamiento de los reclusos puso en peligro la seguridad de la Rep\u00fablica”. Las investigaciones de la Comisi\u00f3n demostraron que el mot\u00f3n de los reclusos ni siquiera alter\u00f3 el transporte p\u00fablico o privado en el Per\u00fa, y que con un poco de esfuerzo habr\u00ed\u00ada tenido una soluci\u00f3n no violenta.<\/p>\n

Debido a que no hubo consenso en cuanto al tratamiento de la informaci\u00f3n obtenida y la responsabilidad ante el pa\u00ed\u00ads de presentar la verdad, la Comisi\u00f3n Investigadora se dividi\u00f3, y al final se presentaron dos informes. Uno suscrito por los parlamentarios del partido del Gobierno y sus aliados (que fue aprobado), y otro suscrito por el presidente de la Comisi\u00f3n y parlamentarios de la oposici\u00f3n, en Minor\u00ed\u00ada.<\/p>\n

El informe del sector de la Minor\u00ed\u00ada se\u00f1ala que “Est\u00e1 demostrada la imprevisi\u00f3n de las autoridades gubernamentales”, ya que las autoridades del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, no cumplieron con las especificaciones respecto a la clasificaci\u00f3n de internos o a las medidas de seguridad indicadas en el C\u00f3digo de Ejecuci\u00f3n Penal”. De aqu\u00ed\u00ad se establece la responsabilidad penal y administrativa del Ministro de Justicia, Luis Gonz\u00e1lez Posada, y del jefe del INPE, Manuel Aqu\u00e9zolo.<\/p>\n

Tambi\u00e9n en el informe se sostiene que: “Est\u00e1 demostrado que los comunicados oficiales p\u00fablicos proporcionaron informaci\u00f3n falsa que magnificaba los hechos de los motines,” y que “est\u00e1 demostrado que el gobierno, al incumplir con su obligaci\u00f3n de proteger la vida humana, dio \u00f3rdenes que trajeron como consecuencia un injustificable n\u00famero de muertes”. Aqu\u00ed\u00ad se precisa que “La opci\u00f3n tomada de “debelar los motines a trav\u00e9s de la fuerza militar, en el plazo m\u00e1s breve y perentorio”, significaba poner en grave e innecesario peligro la vida de los rehenes y los internos. Igualmente se indica que “La fuerza militar utilizada fue desproporcionada en relaci\u00f3n al peligro realmente existente y las formas de ataque implementadas tampoco revelaron precauci\u00f3n alguna por reducir los costos humanos del debelamiento.”<\/p>\n

Adem\u00e1s, el informe en minor\u00ed\u00ada se\u00f1ala que “Est\u00e1 demostrado que algunos miembros de las Fuerzas del orden realizaron graves actos contra la vida de los internos, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales. Ante esto, se recomienda promover acciones penales contra el coronel de la Guardia republicana Rolando Cabezas, el general del Ej\u00e9rcito Jorge Rabanal Portilla, el general de la Polic\u00ed\u00ada M\u00e1ximo Mart\u00ed\u00adnez Lira, as\u00ed\u00ad como contra el Almirante V\u00ed\u00adctor Nicolini y el Vice Almirante Victor Ram\u00ed\u00adrez Isola.|29|<\/p>\n

El informe en Minor\u00ed\u00ada reitera que “Est\u00e1 demostrado que el gobierno aprob\u00f3 y aplic\u00f3 un Decreto Supremo inconstitucional”, por lo cual, la responsabilidad penal recae tambi\u00e9n en el Presidente de la Rep\u00fablica y en el Consejo de Ministros.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n liderada por el senador Rolando Ames, present\u00f3 recomendaciones de car\u00e1cter jur\u00ed\u00addico penal as\u00ed\u00ad como de medidas pol\u00ed\u00adticas y administrativas, entre las cuales se destacan:<\/p>\n

1. La transformaci\u00f3n y democratizaci\u00f3n integral del Estado.<\/p>\n

2. Nueva concepci\u00f3n de la Defensa Nacional. Esta debe basarse en la soberanea nacional, revisi\u00f3n de las nuevas leyes del Sistema de Defensa Nacional, nueva formaci\u00f3n institucional, una estrategia de paz alternativa, recuperaci\u00f3n de la iniciativa pol\u00ed\u00adtica y conquista de una amplia base social, a fin de mantener una superioridad moral.<\/p>\n

3.Respeto a las Normas internacionales y nacionales de protecci\u00f3n de los derechos humanos.<\/p>\n

4. Reformas Indispensables. Aqu\u00ed\u00ad se propone, entre otras cosas, mejorar la infraestructura y servicios en los penales, ejecutar reformas en la pol\u00ed\u00adtica penitenciaria para “hacer de los centros de detenci\u00f3n lugares donde sea posible la rehabilitaci\u00f3n de los internos, y dar oportunidades al interno de recuperar su identidad humana y social”.<\/p>\n

En cuanto a la Administraci\u00f3n de Justicia, se reconoce la necesidad de un Poder Judicial eficaz en el ejercicio de sus facultades de control a las acciones del Poder Ejecutivo. “Cuando se presentan situaciones de emergencia, como las estudiadas, estando de por medio la vida de las personas, rehenes e internos, los jueces deben ejercer sus facultades legales de protecci\u00f3n de los derechos de las personas”. Como otras buenas recomendaciones, esta tambi\u00e9n quedar\u00ed\u00ada en letra muerta. En los a\u00f1os posteriores los motines en los penales siguieron resolvi\u00e9ndose Conga violencia, con resultados tr\u00e1gicos.<\/p>\n

Esta Comisi\u00f3n tambi\u00e9n present\u00f3 recomendaciones en cuanto al rol de las fuerzas policiales, y sobre el rol del Ministerio P\u00fablico y el Defensor del Pueblo, a fin de establecerlos como \u00f3rganos interdependientes con los otros poderes del Estado. El Informe aprobado por el Congreso, el de la Mayor\u00ed\u00ada oficialista, no acepta responsabilidad penal del Presidente de la Rep\u00fablica ni de otros miembros del Poder Ejecutivo.<\/p>\n

Poco despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n del Informe de la Minor\u00ed\u00ada, pese a que tanto el homicidio como el genocidio son delitos comunes, la Corte Suprema de Justicia del Per\u00fa, emiti\u00f3 una Resoluci\u00f3n trasladando al fuero militar el proceso seguido contra los responsables de la masacre en los penales. Luego, tras una parodia de juicio a los autores de la matanza, se exculp\u00f3 a los principales responsables civiles y militares. Las investigaciones de la Comisi\u00f3n, las evidencias de responsabilidad penal de altos oficiales del Ejercito, la Marina, la Polic\u00ed\u00ada, y de miembros del gobierno, no fueron tomadas en cuenta por el Poder Judicial.<\/p>\n

Incluso en las Naciones Unidas, ante las acusaciones presentadas contra el Estado peruano en la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos, el representante del gobierno, senador Javier Valle Riestra, sostuvo que no existe responsabilidad del gobierno en los cr\u00ed\u00admenes de los penales, porque “fueron perpretados por agentes estatales con mentalidad autoritaria que cubrieron de ludibrio a nuestra democracia”. Trat\u00f3 de ocultar la matanza de los prisioneros con poemas metaf\u00ed\u00adsicos y citas en lat\u00ed\u00adn.<\/p>\n

Posteriormente, tras siete a\u00f1os de investigaciones y negociaciones jur\u00ed\u00addicas-diplom\u00e1ticas, en 1994, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dict\u00f3 una sentencia relacionada a la masacre en el penal de El Front\u00f3n, ordenando al gobierno peruano indemnizar a los familiares de tres de las v\u00ed\u00adctimas.|30|<\/p>\n

B. Comisiones No oficiales<\/h2>\n

A continuaci\u00f3n presentamos el desarrollo de algunas comisiones de la verdad que surgieron por iniciativa no gubernamental, sin mandato legal espec\u00ed\u00adfico.<\/p>\n

<\/a>1. Bolivia<\/h3>\n

Comit\u00e9 impulsor del Juicio contra Garc\u00ed\u00ada Meza.<\/p>\n

Despu\u00e9s de 18 a\u00f1os de dictaduras militares, que usurparon el poder a gobiernos civiles leg\u00ed\u00adtimamente elegidos, en octubre de 1982 Bolivia recuper\u00f3 su institucionalizad democr\u00e1tica, eligiendo como Presidente al Dr. Hern\u00e1n Siles Suazo. Las v\u00ed\u00adctimas de violaciones a los derechos humanos, entre asesinados, torturados, desaparecidos, entre 1965 y 1982 eran numerosas. De acuerdo al Comit\u00e9 Impulsor del Juicio contra Garc\u00ed\u00ada Meza, El Golpe militar liderado por el General Hugo Banzer Su\u00e1rez, en agosto de 1971, inici\u00f3 uno de los gobiernos de facto m\u00e1s sangrientos en la historia del pa\u00ed\u00ads. Este Comit\u00e9 impulsor agrega que fueron denunciadas m\u00e1s de 14,000 detenciones ilegales de personas, muchas de las cuales fueron sometidas a crueles torturas; m\u00e1s de 6,000 exiliados, masacres; desaparici\u00f3n forzada de mas de 70 personas.|31|<\/p>\n

Igualmente el Comit\u00e9 Impulsor sostiene que durante la dictadura de 16 d\u00ed\u00adas del coronel Alberto Natusch Busch, agentes del gobierno de facto asesinaron a 76 personas en la ciudad de La Paz, desaparecieron a 140 personas y provocaron heridas graves a otras 204 personas. Durante la presentaci\u00f3n de pruebas en el Juicio de Responsabilidades, la activista de derechos humanos, Loyola Guzm\u00e1n, se\u00f1al\u00f3 que el r\u00e9gimen de Garc\u00ed\u00ada Meza es responsable de la desaparici\u00f3n de 22 personas y del asesinato de otras 52, entre ellas el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. La ASOFAMD denunci\u00f3 en mayo de 1990, que en Bolivia hab\u00ed\u00adan desaparecido 156 personas. De ellas, 76 corresponden al periodo del general Banzer, 34 al periodo del general Alfredo Ovando, 28 al de Garc\u00ed\u00ada Meza, 14 al de Alberto Natusch y 4 en el periodo de Ren\u00e9 Barrientos.<\/p>\n

Al restablecerse la institucionalizad democr\u00e1tica en el pa\u00ed\u00ads, se discuti\u00f3 sobre qu\u00e9 hacer con los cr\u00ed\u00admenes de las dictaduras, pero no hubo consenso sobre los casos que deber\u00ed\u00adan de ser investigados. Como el Poder Judicial, y el liderazgo de los partidos pol\u00ed\u00adticos, en su mayor\u00ed\u00ada, era el mismo que actu\u00f3 durante las dictaduras militares, no hubo la suficiente voluntad para sancionar a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n

Muy t\u00ed\u00admidamente el Presidente Hern\u00e1n Siles Suazo firm\u00f3 el 28 de octubre de 1982, el Decreto Supremo N. 241, creando la Comisi\u00f3n Nacional de Desaparecidos. Esta Comisi\u00f3n investig\u00f3, hasta abril de 1983, el asesinato de 14 prisioneros pol\u00ed\u00adticos, en 1972, por el gobierno de Banzer, y la desaparici\u00f3n de 22 personas en el periodo de Garc\u00ed\u00ada Meza.|32|<\/p>\n

En los primeros meses de transici\u00f3n democr\u00e1tica, solo se logr\u00f3 consenso en la necesidad de investigar los delitos cometidos por el r\u00e9gimen de fasto del general Luis Garc\u00ed\u00ada Meza, que practic\u00f3 masacres de opositores pol\u00ed\u00adticos, desapariciones forzadas, torturas, y expulsiones ilegales del pa\u00ed\u00ads.<\/p>\n

La Central Obrera Boliviana, las Iglesias Cat\u00f3lica y Metodista, la Universidad San Sim\u00f3n de la Paz, los gremios de periodistas, los grupos de derechos humanos, los familiares de las v\u00ed\u00adctimas de la dictadura, con el apoyo de algunos pol\u00ed\u00adticos iniciaron un Juicio de Responsabilidades contra el general Luis Garc\u00ed\u00ada Meza, y 55 de sus principales colaboradores, primero en febrero de 1984, en el Congreso Nacional y en abril de 1986 ante la Corte Suprema de Justicia. Una decisi\u00f3n del Congreso, del 25 de febrero de 1986, excluy\u00f3 las investigaciones de hechos ocurridos antes del Golpe de Garc\u00ed\u00ada Meza, protegiendo de esa manera, especialmente, al dictador Hugo Banzer.<\/p>\n

La confluencia de diversos organismos representativos de la sociedad, y de larga tradici\u00f3n de lucha como la COB, la Universidad, la Iglesia, junto con los grupos de derechos humanos, en la denuncia y el enjuiciamiento del r\u00e9gimen de Garc\u00ed\u00ada Meza, asegur\u00f3 un importante respaldo institucional y popular al proceso de investigar la verdad y castigar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos y atropellos al Estado de Derecho. Un selecto grupo de abogados y estudiantes de derecho, periodistas, as\u00ed\u00ad como familiares de las v\u00ed\u00adctimas de la dictadura, trabajaron en el Comit\u00e9 impulsor del Juicio, durante cinco a\u00f1os, para recopilar y procesar m\u00e1s de 30,000 p\u00e1ginas acumuladas sobre los hechos de la dictadura y elaborar los alegatos y las acusaciones.|33|<\/p>\n

Cuando el Congreso de la Rep\u00fablica decidi\u00f3 acusar al ex dictador ante la Corte Suprema, y el poder judicial expidi\u00f3 una orden de detenci\u00f3n, el 13 de enero de 1989, Garc\u00ed\u00ada Meza se declar\u00f3 en rebeli\u00f3n y se escondi\u00f3, para burlarse de la justicia. Un mes despu\u00e9s el Poder Judicial orden\u00f3 la confiscaci\u00f3n de las propiedades del ex dictador, la p\u00e9rdida de sus derechos ciudadanos, y reafirm\u00f3 la orden de b\u00fasqueda y captura. Despu\u00e9s se conocer\u00ed\u00ada que Garc\u00ed\u00ada Meza se hab\u00ed\u00ada escondido, inicialmente, en una de las haciendas de otro ex dictador, general Hugo Banzer Su\u00e1rez.<\/p>\n

Garc\u00ed\u00ada Meza desde la clandestinidad lanz\u00f3 diversas amenazas contra los grupos de derechos humanos y chantaje\u00f3 a dirigentes del gobierno, a fin de que le brindaran protecci\u00f3n a cambio de guardar silencio. La Corte Suprema de Justicia tambi\u00e9n recibi\u00f3 numerosas presiones a fin de retardar el proceso y diluirla en discusiones palaciegas. As\u00f3 Garc\u00ed\u00ada Meza vivi\u00f3, durante cinco a\u00f1os, con la protecci\u00f3n oficial, hasta que fue capturado en Brasil. Por eso, con toda raz\u00f3n, el Comit\u00e9 Impulsor indic\u00f3 que “En esa b\u00fasqueda sin cansancio de la verdad jur\u00ed\u00addica… hemos encontrado a\u00fan m\u00e1s feroz el rostro de los tiranos, de los masacradores, de los que torturaron y dispararon, de los que detr\u00e1s de los ejecutores planearon y ordenaron los cr\u00ed\u00admenes, y de los que se enriquecieron a costa del patrimonio p\u00fablico”.|34|<\/p>\n

El Comit\u00e9 impulsor del Juicio de Responsabilidades, a pesar de las amenazas, sigui\u00f3 su trabajo con mucha energ\u00ed\u00ada, elaborando los recursos acusatorios y difundiendo masivamente en los peri\u00f3dicos, la radio y la televisi\u00f3n informes respecto al juicio. Incluso prepar\u00f3 siete micro-documentales para la televisi\u00f3n, con los t\u00ed\u00adtulos de “Genocidio de la calle Harrington de La Paz”, (donde ocho dirigentes del MIR fueron asesinados), “Contra la Impunidad”, “Pr\u00f3fugo de la Justicia”, “La letra muerta de la Ley”, etc.<\/p>\n

El testimonio de la ex Presidenta de la Rep\u00fablica, Lydia Gueiler Tejada, en el Juicio, as\u00ed\u00ad como de varios ex ministros de Estado que formaron parte de su gobierno, y que fueron torturados por agentes de la dictadura, aport\u00f3 abundantes evidencias sobre la responsabilidad penal de los militares golpistas.<\/p>\n

El ex coronel Luis Arce G\u00f3mez, ex ministro del Interior de Garc\u00ed\u00ada Meza, responsable directo de la organizaci\u00f3n de grupos terroristas paramilitares al servicio de la dictadura, fue capturado por agentes bolivianos de la Unidad M\u00f3vil de Patrullaje Rural, y agentes estadounidenses de la Drug Enforcement Agency, DEA, el 10 de diciembre de 1989; tres a\u00f1os despu\u00e9s de haber sido declarado “rebelde y contumaz” y haberse fugado de la justicia. Inmediatamente, sin autorizaci\u00f3n del Poder Judicial de Bolivia fue trasladado hacia Miami, en un avi\u00f3n de la DEA, organizaci\u00f3n que lo entreg\u00f3 a la Corte Federal de Miami.<\/p>\n

En el curso de las investigaciones se fue revelando que por orden de los dictadores fueron asesinados el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, los ocho dirigentes del MOR, el sacerdote Luis Espinal, y muchos otros m\u00e1s; y se demostr\u00f3 que el gobierno de tacto clausur\u00f3 y destruy\u00f3 instalaciones y equipos de emisoras de radio y peri\u00f3dicos; allan\u00f3 iglesias, colegios y universidades, despilfarr\u00f3 el dinero del Estado, y dict\u00f3 muchas leyes anticonstitucionales.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se descubri\u00f3 c\u00f3mo se organizaron los escuadrones de la muerte que operaron en diversas ciudades de Bolivia cometiendo atentados terroristas y cr\u00ed\u00admenes con total impunidad. El Comit\u00e9 impulsor comprob\u00f3 que el criminal nazi Klaus Barbie contaba, en el per\u00ed\u00adodo de Garc\u00ed\u00ada Meza, con un grado de oficial superior y mando dentro del Servicio de Inteligencia del Ej\u00e9rcito de Bolivia. El General Luis Arce G\u00f3mez, con autorizaci\u00f3n del Alto Mando, otorg\u00f3 el grado de Teniente Coronel honor\u00ed\u00adfico a Klaus Altmann (Barbie), el 12 de febrero de 1980, cinco meses antes del golpe de Estado. Entre los asesores extranjeros tambi\u00e9n se comprob\u00f3 la participaci\u00f3n del Mayor de las FF.AA. de Argentina, Julio C\u00e9sar Durand, as\u00ed\u00ad como de los neofascistas italianos Stefano Delle Chiaie y Pierluigi Pagliai. |35|<\/p>\n

El Comit\u00e9 impulsor comprob\u00f3 que altos miembros del mismo ej\u00e9rcito boliviano entrenaban y dirig\u00ed\u00adan a grupos paramilitares que comet\u00ed\u00adan diversos atentados terroristas por todo el pa\u00ed\u00ads, y que asesinaron a opositores pol\u00ed\u00adticos, lanzaron bombas contra manifestaciones pac\u00ed\u00adficas, atacaron sedes de organismos pol\u00ed\u00adticos, religiosos y culturales, y atentaron contra un avi\u00f3n en el que viajaban l\u00ed\u00adderes del movimiento pol\u00ed\u00adtico UDP. Se confirm\u00f3 que todos estos atentados se hicieron con el prop\u00f3sito de justificar El Golpe de Estado, en vista de una supuesta incapacidad del Gobierno para controlar el terrorismo.<\/p>\n

Adem\u00e1s se comprob\u00f3 que el Servicio de Inteligencia del ej\u00e9rcito, a cargo del coronel Luis Arce G\u00f3mez, hab\u00ed\u00ada elaborado una lista negras en las que figuraban como personas a ser eliminadas, el padre Luis Espinal Camps, el diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el ex Presidente Walter Guevara Arce, el l\u00ed\u00adder sindical Juan Lech\u00ed\u00adn Oquendo, y el ex ministro Eduardo P\u00e9rez Iribarne. Igualmente se descubri\u00f3 que prominentes dirigentes de la empresa privada participaron en la preparaci\u00f3n del Golpe de Estado, que incluso financiaron, para luego beneficiarse con diversos contratos con el Estado.|36|<\/p>\n

Cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Impunidad de los Cr\u00ed\u00admenes de Lesa Humanidad, a petici\u00f3n de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otras ONGs bolivianas determin\u00f3 realizar en Bolivia una Sesi\u00f3n, durante los d\u00ed\u00adas 17 al 19 de julio de 1990, para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los \u00faltimos reg\u00ed\u00admenes militares, el gobierno se neg\u00f3 a autorizar dicha Sesi\u00f3n, con el pretexto de que no hay que perturbar la paz. Incluso los congresistas oficialistas emitieron una Resoluci\u00f3n, calificando como “delito” la sesi\u00f3n del Tribunal Permanente de los Pueblos, y se amenaz\u00f3 con deportar a los jueces instructores, si se atrev\u00ed\u00adan a entrar a Bolivia, ya que, argumentaron, de acuerdo a la legislaci\u00f3n vigente, s\u00f3lo la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para juzgar a dignatarios y ex dignatarios del Estado que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones.|37|<\/p>\n

Las autoridades bolivianas se negaron a conceder visas de entrada a las personas que actuar\u00ed\u00adan como jueces instructores del Tribunal, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo P\u00e9rez Esquivel de Argentina, la abogada chilena Fabiola Letelier y el sacerdote colombiano Javier Giraldo. En vista de esta negativa, la Sesi\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en Bogot\u00e1, en abril de 1991, y conden\u00f3 moralmente a los ex dictadores general Hugo Banzer Su\u00e1rez, coronel Alberto Natusch Busch y general Luis Garc\u00ed\u00ada Meza, inhabilit\u00e1ndolos moralmente para participar nuevamente en instancias de gobierno de su pa\u00ed\u00ads o de cualquier pa\u00ed\u00ads del mundo, seg\u00fan comunicaci\u00f3n del Secretariado del Tribunal Permanente de los Pueblos.<\/p>\n

Luego de m\u00e1s de seis a\u00f1os de juicio, en 1992 el Poder Judicial de Bolivia logr\u00f3 condenar al general Luis Garc\u00ed\u00ada Meza, y a Luis Arce G\u00f3mez, a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Actualmente Garc\u00ed\u00ada Meza se encuentra en la prisi\u00f3n de Chonchocoro, en La Paz, luego de haber sido extraditado del Brasil. Otros cincuenta implicados tambi\u00e9n recibieron su condena.<\/p>\n

Los abogados que representaron a la parte civil afectada por la dictadura de Garc\u00ed\u00ada Meza, manifestaron ante el Tribunal Supremo: “Estuvimos motivados por la b\u00fasqueda de la verdad desde el primer momento; y cuando en ese primer momento la principal defensa apareci\u00f3 siendo la mentira, nos volvimos incansables en esa b\u00fasqueda de la verdad… hab\u00ed\u00ada que probar que se delinqui\u00f3 b\u00e1rbaramente contra el pa\u00ed\u00ads, desde el aparato mismo del Estado… a la notoria verdad hist\u00f3rica hab\u00ed\u00ada que adjuntar la verdad jur\u00ed\u00addica”.<\/p>\n

Aunque el Comit\u00e9 Impulsor del Juicio de Responsabilidades fue una Comisi\u00f3n de la Verdad no creada por mandato legal, sino por imperativo \u00e9tico de las fuerzas progresistas de la sociedad boliviana, su trabajo fue muy eficaz, logrando comprometer a la mayor parte de los organismos del pa\u00ed\u00ads en la b\u00fasqueda de la verdad sobre esta etapa cr\u00ed\u00adtica de su historia. Sus integrantes trabajaron con la convicci\u00f3n de que “Ni el odio ni el menor atisbo de venganza han presidido nuestros actos en esta presencia acusatoria ininterrumpida de seis a\u00f1os y seis meses. Hemos cre\u00ed\u00addo que el da\u00f1o que la dictadura le hizo al pa\u00ed\u00ads fue inmenso, pero estamos convencidos, sobre todo, que la impunidad de esa dictadura ser\u00ed\u00ada un da\u00f1o mucho mayor”.<\/p>\n

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<\/a>2. Brasil<\/h3>\n

Proyecto Brasil Nunca M\u00e1s.<\/p>\n

Responsables del Proyecto:<\/p>\n

Cardenal Paulo Evaristo Arns, Arzobispo de Sao Paulo<\/p>\n

Rev. Jaime Wright, Pastor Presbiteriano.<\/p>\n

Las investigaciones para conocer las violaciones a los derechos humanos de las \u00faltimas dictaduras (1964-1979) fueron dirigidas por miembros de la Arquidi\u00f3cesis de Sao Paulo, de la Iglesia Cat\u00f3lica. Alrededor de treinta personas vinculadas a la Arquidi\u00f3cesis trabajaron por m\u00e1s de cinco a\u00f1os en el m\u00e1s absoluto secreto para obtener los documentos, analizarlos, comprobar la informaci\u00f3n, y procesarla de acuerdo a criterios fijados previamente.<\/p>\n

La Investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en agosto de 1979 y concluy\u00f3 en marzo de 1985. En ese per\u00ed\u00adodo se logr\u00f3 sistematizar informaciones contenidas en 707 expedientes de procesos llevados ante el Tribunal Militar Supremo. Por esto, una caracter\u00ed\u00adstica del Informe es que se basa, fundamentalmente, en documentos oficiales de los procesos judiciales llevados a cabo por los Tribunales militares contra activistas y opositores pol\u00ed\u00adticos.<\/p>\n

El resultado del trabajo se difundi\u00f3 en vol\u00famenes de mas de 5000 p\u00e1ginas, (Proyecto A) con el t\u00ed\u00adtulo Brasil Nunca Mais, que fue considerado como “Una radiograf\u00ed\u00ada in\u00e9dita de la represi\u00f3n pol\u00ed\u00adtica y una anatom\u00ed\u00ada de la resistencia”. Una s\u00ed\u00adntesis del Informe se public\u00f3 en forma de libro en Petr\u00f3polis, en el verano de 1985. All\u00ed\u00ad se reuni\u00f3 informaci\u00f3n sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los reg\u00ed\u00admenes militares desde 1964 hasta 1979.<\/p>\n

El libro Brasil Nunca M\u00e1s, adem\u00e1s de describir las formas crueles, degradantes, de los castigos y las torturas, presenta datos hist\u00f3ricos sobre el origen de los reg\u00ed\u00admenes militares, el desarrollo de los aparatos represivos, y la perversi\u00f3n del derecho penal, que favoreci\u00f3 el atropello de los derechos humanos.<\/p>\n

Entre los colaboradores del Proyecto Brasil Nunca M\u00e1s, el r\u00e9gimen militar eligi\u00f3 como v\u00ed\u00adctima-s\u00ed\u00admbolo, a Paulo Stuart Wright, hermano menor del pastor presbiteriano Jaime Wright, con cuyo secuestro y asesinato se quiso amedrentar a los activistas de derechos humanos asociados a la Arquidi\u00f3cesis, para que abandonen sus denuncias y su acompa\u00f1amiento a los familiares de las v\u00ed\u00adctimas de la represi\u00f3n oficial. Si no se ha respetado al hermano de uno de los l\u00ed\u00adderes de la lucha por los derechos humanos, menos se respetar\u00ed\u00ada a los otros miembros de la comisi\u00f3n de la Arquidi\u00f3cesis. Esa era la l\u00f3gica para atemorizar y destruir a los grupos de solidaridad y de defensa de los derechos humanos.<\/p>\n

El Informe Brasil Nunca Mais incluye testimonios acerca de la labor de agentes de la CIA de los Estados Unidos, como el oficial estadounidense Dan Mitrione, quien ense\u00f1o los llamados “M\u00e9todos cient\u00ed\u00adficos para arrancar confesiones y obtener la verdad”. De acuerdo a numerosas y documentadas denuncias, Dan Mitrione entren\u00f3 a cientos de agentes militares y policiales brasile\u00f1os, utilizando en sus experimentos inicialmente ni\u00f1os y mendigos recogidos de las calles de Bello Horizonte.|38|<\/p>\n

Igualmente Brasil Nunca M\u00e1s describe las diversas t\u00e9cnicas de tortura empleadas por los militares y polic\u00ed\u00adas, el uso de insectos y animales como cobras y ratas, la aplicaci\u00f3n de productos qu\u00ed\u00admicos sobre el cuerpo de los prisioneros, seg\u00fan fue corroborado por diversas v\u00ed\u00adctimas. El Informe tambi\u00e9n presenta testimonios sobre torturas practicadas en menores de edad, as\u00ed\u00ad como en mujeres y gestantes, que sufr\u00ed\u00adan violaciones sexuales.|39|<\/p>\n

Brasil Nunca M\u00e1s indica que en el periodo de 1964 a 1979 se registran 125 casos de ciudadanos desaparecidos por motivos pol\u00ed\u00adticos algunos de los cuales posteriormente a su detenci\u00f3n por la polic\u00ed\u00ada fueron encontrados en cementerios, enterrados con nombres falsos. La lista completa de desaparecidos aparece en la p\u00e1gina 291 al 293 de BNM. En la versi\u00f3n editada en forma de libro en 1985, no figuran las listas de militares y polic\u00ed\u00adas involucrados en las violaciones a los derechos humanos, que se incluyeron en la publicaci\u00f3n global. Una lista de 444 agentes militares y policiales torturadores, que por razones estrat\u00e9gicas no fue incluida en las ediciones de Brasil Nunca M\u00e1s, fue publicada por la Arquidi\u00f3cesis de Sao Paulo en el Diario Folha de Sao Paulo y en el Jornal do Brasil, el 22 de noviembre de 1985.<\/p>\n

En el Informe “Brasil Nunca M\u00e1s” qued\u00f3 expuesta la verdadera caracter\u00ed\u00adstica del Estado brasile\u00f1o, en base a sentencias dictaminando torturas, castigos corporales, escarmientos en plazas p\u00fablicas, secuestros, desapariciones, normas de tratamiento carcelario inhumanas, todo eso estaba registrado en los expedientes judiciales. As\u00ed\u00ad, los mismos documentos oficiales prove\u00ed\u00adan un testimonio irrefutable.<\/p>\n

Despu\u00e9s de publicarse los vol\u00famenes del Informe Brasil Nunca Mais, las fuerzas armadas publicaron un furioso documento de respuesta, con el t\u00ed\u00adtulo Brasil Sempre, justificando su acci\u00f3n, llevada a cabo, seg\u00fan ellos, “para salvar a la patria del monstruo del comunismo y del caos interno”. A diferencia de los informes en Argentina y Chile y El Salvador, en Brasil el Informe Nunca M\u00e1s no presenta expl\u00ed\u00adcitamente recomendaciones ni formula peticiones directas para reformas en la polic\u00ed\u00ada y el Ej\u00e9rcito. La brutal radiograf\u00ed\u00ada que se presenta de la violencia policial y militar habla por s\u00ed\u00ad sola, de la necesidad de transformaciones en las estructuras del Estado. Brasil Nunca M\u00e1s transmite la demanda de respeto a la memoria de los muertos: La ausencia de sepultura, que impide que los muertos sean ‘venerados por sus familiares, lo cual, constitu\u00ed\u00ada una maldici\u00f3n b\u00ed\u00adblica aterradora. Por eso, se demanda la localizaci\u00f3n y entrega de los cuerpos de los desaparecidos a sus familiares, y la reivindicaci\u00f3n de las v\u00ed\u00adctimas: “Hasta cuando habr\u00e1, en Brasil, mujeres que no saben si son viudas, hijos que no saben si son hu\u00e9rfanos, criaturas humanas que esperan vanamente en puertas implacablemente trancadas, de un Brasil que juzg\u00e1bamos ingenuamente, exento de tantas crueldades”.|40|<\/p>\n

En 1984, la Assembleia legislativa del Estado do R\u00ed\u00ado Grande do Sul, public\u00f3 un Informe del Comit\u00e9 Brasile\u00f1o por la Amnist\u00ed\u00ada, en el cual indic\u00f3 que “Pasados mas de quince a\u00f1os de dictadura militar, el n\u00famero de muertos y desaparecidos suman m\u00e1s de trescientos, y ese n\u00famero tiende a aumentar porque el aparato represivo contin\u00faa intacto y activo”.|41| En 1995, el gobierno brasile\u00f1o aprob\u00f3 el DL 869\/95 con el prop\u00f3sito de otorgar una reparaci\u00f3n econ\u00f3mica a los familiares de 136 personas desaparecidas durante las dictaduras militares. La Ley encarga otorgar una reparaci\u00f3n econ\u00f3mica de hasta US$ 150,000 a cada familia de las personas asesinadas o desaparecidas que reconoce el gobierno.|42|<\/p>\n

Pero los familiares de los desaparecidos, y de las otras v\u00ed\u00adctimas siguen demandando el esclarecimiento de la verdad de lo que paso con sus seres queridos y el castigo a los responsables. Juntamente con el Movimiento Tortura Nunca Mais, los familiares de las v\u00ed\u00adctimas publicaron a fines de 1995 el libro “Dossie Dos Mortos e Desaparecidos Politicos a partir de 1964”.|43| Los fantasmas del pasado tortuoso en el Brasil siguen esperando su liberaci\u00f3n.<\/p>\n

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<\/a>3. Paraguay:<\/h3>\n

CIPAE. Paraguay Nunca M\u00e1s.<\/p>\n

El 4 de mayo de 1954, tras un corto periodo de gobierno constitucional, las Fuerzas Armadas de Paraguay dan un golpe de Estado y derrocan al presidente Federico Ch\u00e1vez, de la Asociaci\u00f3n Nacional Republicana. Dos militares asumen el poder, primero, por unos pocos ditas, el general Tom\u00e1s Romero Pereira, y poco despu\u00e9s, para quedarse por 35 a\u00f1os en el poder, el general Alfredo Stroessner.<\/p>\n

El largo periodo de gobierno del general Alfredo Stroessner marc\u00f3 a la sociedad paraguaya con el signo del terror. “El miedo que genera nuestro sistema pol\u00ed\u00adtico es tan cierto y evidente que no se necesitan estudios muy sutiles ni gran aparato cient\u00ed\u00adfico para demostrarlo”, afirmaba en 1974 el sacerdote Ram\u00f3n Juste. Agregaba que “el mero intento de decir o escribir p\u00fablicamente algo que pueda ser interpretado como critica al sistema es ya un s\u00ed\u00adntoma de gran audacia y a\u00fan a veces de temeridad suicida”.|44|<\/p>\n

Stroessner se jactaba p\u00fablicamente que hab\u00ed\u00ada convertido a su pa\u00ed\u00ads en la naci\u00f3n m\u00e1s anticomunista de todo el mundo. Con esa visi\u00f3n trataba de eliminar a los opositores pol\u00ed\u00adticos, mediante la tortura, el secuestro, la desaparici\u00f3n y el asesinato impune. El mismo se esforz\u00f3 por convertir a Paraguay en un santuario para los activistas anticomunistas de diversas partes del mundo. All\u00ed\u00ad centralizo sus archivos el sistema de terrorismo de estado de los pa\u00ed\u00adses del cono sur de Am\u00e9rica, bajo el nombre de “Operaci\u00f3n C\u00f3ndor”.|45|<\/p>\n

En Paraguay, las violaciones a los derechos humanos afectaron tambi\u00e9n a cientos de extranjeros que escapaban de persecuciones en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. En recompensa, la dictadura argentina, durante su guerra sucia, desapareci\u00f3 a 54 ciudadanos paraguayos que se encontraban en la capital federal, Buenos Aires, donde quer\u00ed\u00adan protegerse de la represi\u00f3n en su pa\u00ed\u00ads.|46|<\/p>\n

Ya en setiembre de 1976, la Liga Internacional por los Derechos Humanos difundi\u00f3 una lista de 203 prisioneros pol\u00ed\u00adticos en las c\u00e1rceles de Paraguay, algunos de los cuales llevaban m\u00e1s de 18 a\u00f1os encarcelados. La lista inclu\u00ed\u00ada casos de presos que murieron en las prisiones.|47|<\/p>\n

En junio de 1990, el Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, asegur\u00f3 que Paraguay, desde 1954 hasta el 3 de febrero de 1989 fue gobernado por una feroz dictadura que viol\u00f3 sistem\u00e1tica y gravemente los derechos humanos fundamentales, as\u00ed\u00ad como los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales del pueblo paraguayo.” Cuando los organismos no gubernamentales empezaron a difundir informes sobre la represi\u00f3n de la dictadura, durante la Sesi\u00f3n del Tribunal Permanente de los Pueblos, se confirm\u00f3 que el “stronismo”, una forma moderna del despotismo, cont\u00f3 con un poder absoluto en el pa\u00ed\u00ads, y estableci\u00f3 una “mafia” en el poder, a favor de un restringido grupo olig\u00e1rquico. Esta “mafia”, conformada por funcionarios p\u00fablicos, ha obrado bajo la dictadura consider\u00e1ndose por encima de las leyes, como si las leyes fuesen v\u00e1lidas solo para los ciudadanos comunes y no para las personas investidas de funciones p\u00fablicas.<\/p>\n

Desde su creaci\u00f3n en 1976, el Comit\u00e9 de Iglesias paras Ayudas de Emergencia, CIPAE, con el apoyo de varios organismos internacionales desarrollo un sistem\u00e1tico proceso de registro y documentaci\u00f3n de los hechos de violencia en el pa\u00ed\u00ads. Como varias sedes religiosas hab\u00ed\u00adan sufrido allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad, el CIPAE, desde su origen, tom\u00f3 la precauci\u00f3n de proteger la mayor parte de los archivos en casas de seguridad, sacar copias dobles, y a\u00fan microfilmar la documentaci\u00f3n. Aqu\u00ed\u00ad vale un reconocimiento profundo al reverendo Charles Harper, del Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, quien dio su apoyo total a la labor desarrollada por el CIPAE.<\/p>\n

El CIPAE en 1984 encarg\u00f3 a sus colaboradores, sistematizar la informaci\u00f3n sobre la violencia y sus efectos en Paraguay. Hab\u00ed\u00ada mucho temor de que las fuerzas represivas intentaran silenciar completamente a los organismos de derechos humanos. Por eso, hubo muchas dificultades para acceder a las fuentes documentales b\u00e1sicas, ya que el miedo paralizaba a los familiares de las v\u00ed\u00adctimas.<\/p>\n

El resultado de las investigaciones fue publicado a partir de mayo de 1990 en una serie de cuatro tomos bajo el t\u00ed\u00adtulo general de “Paraguay: Nunca M\u00e1s”, donde se registran numerosos hechos de violaci\u00f3n de los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner. En el Tomo I de Paraguay Nunca M\u00e1s, se indica que, 360 mil personas, de un total de tres millones de habitantes, pasaron por las c\u00e1rceles de Stroessner. Igualmente estima en 1 mill\u00f3n y medio el n\u00famero de paraguayos obligados a salir al exilio. |48|<\/p>\n

En “Paraguay Nunca M\u00e1s” se documenta minuciosamente el respaldo que le dio el gobierno de los EE.UU. al gobierno golpista al que reconoci\u00f3 formalmente nueve d\u00ed\u00adas despu\u00e9s de la deposici\u00f3n del gobierno constitucional. En agradecimiento, el gobierno del general Alfredo Stroessner, se ofrecer\u00e1 permanentemente al gobierno de EE.UU. como un aliado, dentro de la “Guerra Fr\u00ed\u00ada”, para combatir al comunismo. Igualmente se documenta las diversas formas de Violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00ed\u00adtica del Estado, con la declaratoria permanente del “Estado de Sitio”, la suspensi\u00f3n de las garant\u00ed\u00adas personales, el acoso a los disidentes pol\u00ed\u00adticos, la censura a los medios de comunicaci\u00f3n, y la creaci\u00f3n de una legislaci\u00f3n antisubversiva que facultaba las detenciones arbitrarias y la tortura.<\/p>\n

Otro trabajo de documentaci\u00f3n de las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Stroessner fue producido por la Iglesia Cat\u00f3lica de Misiones, con el t\u00ed\u00adtulo Ko\u00e1ga Roneeta (Ahora hablaremos), Testimonio Campesino de la represi\u00f3n en Misiones, 1976-1978.<\/p>\n

En este libro se expone la brutalidad policial y militar contra cientos de activistas de las Ligas Agrarias Cristianas y de la Juventud Agraria Cristiana, entre otras organizaciones de base, ya que el r\u00e9gimen de Stroessner consideraba que la Iglesia estaba infiltrada de comunistas. Igualmente se explica c\u00f3mo los torturadores actuaron en Paraguay con mucha fiereza y sadismo, y que incluso hab\u00ed\u00ada especialistas en cada tipo de tortura. Adem\u00e1s de describir muchos caso de torturas y asesinatos de dirigentes campesinos, el libro intenta identificar a cientos de personas que colaboraron con la represi\u00f3n, como jueces, alcaldes, intendentes, entre otros. Como en los otros pa\u00ed\u00adses del continente, muchos de estos personajes que cooperaron con los torturadores, y represores, m\u00e1s tarde, al conquistarse la democracia, seguir\u00ed\u00adan usufructuando el poder.<\/p>\n

Pese a las promesas oficiales de democratizares Estado, se constata que las estructuras administrativas, policiales y jur\u00ed\u00addicas han permanecido inalterables. Todav\u00ed\u00ada se mantiene la herencia stronista de: Los enormes poderes del Presidente, la falta de independencia del Poder Judicial, la presencia masiva de personal de la dictadura en los altos niveles del Estado, la inercia en los organismos de fiscalizaci\u00f3n, la negaci\u00f3n de justicia a las familias de las v\u00ed\u00adctimas. Por eso, de los cientos de casos denunciados, solo 16 merecieron atenci\u00f3n del Poder Judicial, que abri\u00f3 procesos investigatorios, que han continuado con mucha lentitud.<\/p>\n

Stroessner fue derrocado por un Golpe de Estado el 2 de febrero de 1989, y a partir de esa fecha, aumentaron las denuncias de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su largo per\u00ed\u00adodo de gobierno. El 24 de setiembre de 1989 las FF.AA. en pleno, hicieron p\u00fablico su Pronunciamiento Institucional, en el cual afirmaron, que “Las Fuerzas Armadas siempre han desempe\u00f1ado un papel protag\u00f3nico en la historia nacional, y que, se identifican plenamente con la proclama de su Comandante en Jefe, de “restaurar la dignidad de la naci\u00f3n, y contribuir con su esfuerzo a la instauraci\u00f3n de la democracia en nuestro pa\u00ed\u00ads”.<\/p>\n

Las FF.AA. agregaron que “El bien de un Paraguay moderno y democr\u00e1tico, es imposible de alcanzar con el esfuerzo de unos pocos”. Enseguida, proclamaron que, “celosa de la estabilidad pol\u00ed\u00adtica del pa\u00ed\u00ads y del bienestar de todos sus habitantes, observan con preocupaci\u00f3n que en algunos sectores de la sociedad se interprete equivocadamente el concepto de democracia, que permite el libre ejercicio de los derechos, pero dentro del marco de la Ley y el respeto a las autoridades. Concluyeron su Pronunciamiento aclarando que “S\u00f3lo cumpliendo las normas de convivencia social, avaladas por el respeto a los derechos humanos, se podr\u00e1 llegar a la Consecuci\u00f3n de los fines e ideales de una verdadera democracia.”|49|<\/p>\n

A fines de 1993 se descubri\u00f3 en Paraguay, de manera casual, los archivos del sistema represivo de los gobiernos del cono sur de Am\u00e9rica, que fueron calificados como “Los archivos del Terror”. All\u00ed\u00ad se encontr\u00f3 abundante documentaci\u00f3n que explica cientos y hasta miles de casos de exiliados y detenidos pol\u00ed\u00adticos argentinos, uruguayos, bolivianos, paraguayos, chilenos, brasile\u00f1os y paraguayos, muchos de los cuales desaparecieron a manos de los servicios de seguridad de esos pa\u00ed\u00adses.<\/p>\n

En Paraguay los organismos de derechos humanos siguen demandando una rigurosa investigaci\u00f3n sobre las violaciones a los derechos humanos de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n

<\/a>III. Conclusiones tentativas sobre las Comisiones de la Verdad en Am\u00e9rica Latina:<\/h2>\n

1. La ineficacia del Poder Judicial para aplicar las leyes e imponer la justicia ante las violaciones a los derechos humanos exige la existencia de Comisiones de la Verdad.<\/p>\n

2. Las Comisiones de la Verdad en Am\u00e9rica Latina muestran diferentes procesos de organizaci\u00f3n, desarrollo, y aportaci\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n

3. Los esfuerzos de las Comisiones de la Verdad contribuyen relativamente a la pacificaci\u00f3n nacional, al revelar la historia oculta de la violencia, y abrir la posibilidad de sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n

4. Cuando la investigaci\u00f3n de las Comisiones de la Verdad no conduce a sancionar a los violadores de los derechos humanos, se convierte en un mecanismo de impunidad, un recurso oficial para superar el pasado sin curar las heridas.<\/p>\n

5. Para que una Comisi\u00f3n de la Verdad tenga \u00e9xito, adem\u00e1s de la participaci\u00f3n de los organismos de derechos humanos, se requiere un amplio movimiento de apoyo popular, en el cual las organizaciones pol\u00ed\u00adticas, religiosas, acad\u00e9micas, sindicales, campesinas y otras unan sus esfuerzos. La b\u00fasqueda de la verdad tiene m\u00e1s posibilidades restauradoras en la sociedad cuando forma parte de un esfuerzo abierto de pacificaci\u00f3n nacional que compromete a la mayor\u00ed\u00ada de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

6. Las Comisiones de la verdad tienen mas probabilidades de llegar al conocimiento pleno de la verdad cuando act\u00faan en el per\u00ed\u00adodo inmediatamente posterior a la finalizaci\u00f3n de la crisis de violencia.<\/p>\n

7. Las investigaciones encargadas en medio del proceso de violencia tienden a ser parciales e incompletas, por el peligro que conlleva identificar y se\u00f1alar p\u00fablicamente a los culpables de violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n

8. Las comisiones independientes tienen m\u00e1s probabilidades de llegar al conocimiento de la verdad que aquellas integradas por personas que forman parte de gobiernos acusados de cometer las violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n

9. Las investigaciones globales de los sucesos de toda la etapa de violencia y las medidas de reparaci\u00f3n tienen un impacto restaurador de la paz social mayor que las investigaciones y las soluciones parciales.<\/p>\n

<\/a>Notas finales:<\/h2>\n

1. Se sumaron a la lista dictadores que inclu\u00ed\u00ada, entre otros, a Rafael Leonidas Trujillo, en Rep\u00fablica Dominicana; P\u00e9rez Jim\u00e9nez en Venezulela, y Fulgencio Batista, en Cuba.<\/p>\n

2. El superministro de Econom\u00ed\u00ada del r\u00e9gimen militar argentino, Jos\u00e9 Alfredo Mart\u00ed\u00adnez de Hoz, asegur\u00f3 en su libro “Bases para un Argentina Moderna”, que los cimientos de su pol\u00ed\u00adtica econ\u00f3mica se basaban en “la liberalizaci\u00f3n de la econom\u00ed\u00ada y en la modernizaci\u00f3n del sistema productivo”. (Diario El Pa\u00ed\u00ads, Madrid, 6 de enero de 1982).<\/p>\n

3.”El fracaso internacional de la Seguridad Nacional”. Documentos del III Foro de los Derechos Humanos, Bogot\u00e1, 1983. Editorial Colombia Nueva, p\u00e1g. 8.<\/p>\n

4. Horacio Verbitsky, “La Posguerra Sucia”,Ed. Legasa, Bs.As., 1985, p\u00e1g. 25<\/p>\n

5. Luis P\u00e9rez Aguirre, “El Uruguay Impune y la memoria social”, p\u00e1g. 31. Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesi\u00f3n Uruguay. Abril 1990. Montevideo, Uruguay.<\/p>\n

6. Carlos Chipoco, “El derecho a la verdad”. En Paz, N 28. P\u00e1gs. 83 al 106, Lima, marzo de 1994. Chipoco comenta el desarrollo de esta teor\u00ed\u00ada en los casos de Argentina, Chile y El Salvador.<\/p>\n

7. “La reparaci\u00f3n por parte del Estado hacia las v\u00ed\u00adctimas de la Tortura”. Carlos Madariaga, en Reflexi\u00f3n, Cintras, a\u00f1o 7, N 22, diciembre de 1994, p\u00e1gs. 9 al 11.<\/p>\n

8. En Per\u00fa, con el gobierno del presidente Fujimori este sometimiento del poder judicial al poder ejecutivo en 1995 con las leyes de Amnist\u00ed\u00ada a los militares violadores de los derechos humanos. Ley N 26479, lleg\u00f3 a extremos desconocidos en latinoam\u00e9rica.<\/p>\n

9. Bolet\u00ed\u00adn CAJ N 13, Lima, diciembre de 1986.<\/p>\n

10. AI: AMR 53\/01\/94\/s AU 04\/94. Londres.<\/p>\n

11. Horacio Verbitsky, “La posguerra sucia”, Ed. Legasa, Bs.As., 1985, p\u00e1g. 30, 1985. El “Documentos Final” de las FF.AA. Fue publicado \u00ed\u00adntegramente en DIAL N 83, Barcelona, 20 de mayo de 1983, p\u00e1gs. 1 al 8.<\/p>\n

12. CONADEP, “Nunca M\u00e1s”, p\u00e1g. 254.<\/p>\n

13. Horacio Verbitsky, “El vuelo”, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1995, p\u00e1g. 21<\/p>\n

14. Ibid. P\u00e1g. 38. Hasta la fecha las Madres de Plaza de Mayo, en manifestaciones frente a la catedral de Buenos Aires, siguen pidiendo la separaci\u00f3n de los sacerdotes cat\u00f3licos que apoyaron a los torturadores.<\/p>\n

15. Ibid. P\u00e1g. 38. Hasta la fecha las Madres de Plaza de Mayo, en manifestaciones frente a la catedral de Buenos Aires, siguen pidiendo la separaci\u00f3n de los sacerdotes cat\u00f3licos que apoyaron a los torturadores.<\/p>\n

16. Direcci\u00f3n de Inteligencia Nacional. La DINA fue la cabeza y el coraz\u00f3n del sistema represivo pinochetista. Sus terror\u00ed\u00adficas acciones traspasaron las fronteras chilenas y causaron v\u00ed\u00adctimas en EE.UU. (Orlando Letelier), Argentina (Gral. Carlos Prats), Italia (Bernardo Leighton), Paraguay y en otros pa\u00ed\u00adses.<\/p>\n

17. Lo que sigue est\u00e1 basado en el informe “De la Locura a la Esperanza” de la Comisi\u00f3n de la Verdad para el Salvador.<\/p>\n

18. Por su propia iniciativa los poderes Judicial y Ejecutivo raras veces intentaron esclarecer las violaciones a los derechos humanos. Tanto el Presidente de la Corte Suprema, como los encargados de la Fiscal\u00ed\u00ada de la Naci\u00f3n, en los \u00faltimos 15 a\u00f1os, obraron m\u00e1s bien, para impedir el esclarecimiento de los delitos denunciados por los organismos de derechos humanos.<\/p>\n

19. Por su propia iniciativa los poderes Judicial y Ejecutivo raras veces intentaron esclarecer las violaciones a los derechos humanos. Tanto el Presidente de la Corte Suprema, como los encargados de la Fiscal\u00ed\u00ada de la Naci\u00f3n, en los \u00faltimos 15 a\u00f1os, obraron m\u00e1s bien, para impedir el esclarecimiento de los delitos denunciados por los organismos de derechos humanos.<\/p>\n

20. Mario Castro Arenas, “Uchuraccay en la Historia”, Memoria Anual 1993 del Colegio de Periodistas del Per\u00fa, Lima, p\u00e1g. 18<\/p>\n

21. A pesar de esto, la Comisi\u00f3n Investigadora, muy pomposamente en su Informe indica que “desea destacar el hecho, de gran significaci\u00f3n democr\u00e1tica, de que, acaso por primera vez en la historia de la Rep\u00fablica, civiles y militares, miembros del Gobierno y de la oposici\u00f3n, funcionarios y simples particulares, aceptan comparecer ante una Comisi\u00f3n Independiente…”<\/p>\n

22. Revista “Oiga”, “Informe sobre Uchuraccay”, texto completo, Lima, Per\u00fa, 7 de marzo de 1983, p\u00e1g. 25 a 36.<\/p>\n

23. Revista “Oiga”, Lima, Per\u00fa, 7 de marzo de 1983, p\u00e1gs. 25 a 36.<\/p>\n

24. Revista “SI”, “Las versiones de Uchuraccay”, Lima, Per\u00fa, 16 de marzo de 1987, p\u00e1g. 75<\/p>\n

25. La Revista “Caretas” inform\u00f3, que cuando el Fiscal de la Naci\u00f3n, Gonzalo Ortiz de Zevallos, intent\u00f3 viajar hacia Uchuraccay para investigar la masacre, el Presidente de la Rep\u00fablica le pidi\u00f3 quedarse en Lima un d\u00ed\u00ada m\u00e1s, para asistir al acto de instalaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Investigadora. El tiempo p\u00e9rdido en ese acto protocolar era suficiente para destruir muchas huellas del crimen. “Qu\u00e9 pas\u00f3 en Uchuraccay?”, Revista “Caretas”, Lima, Per\u00fa, 7 de febrero de 1983, p\u00e1g. 15.<\/p>\n

26. El decano de los peri\u00f3distas, Mario Castro Arenas, calific\u00f3 como “sospechoso” el asesinato de varios comuneros de Uchuraccay, como Celestino Ccente, Silvio Ch\u00e1vez y Marc\u00ed\u00ada G\u00e1lvez de Gavil\u00e1n, ocurridos en los cuatro meses posteriores a la masacre. “El Diario”, Lima, 5 de junio de 1983, p\u00e1g. 4 “Muerte de mujer de Gavil\u00e1n produce estupor e indignaci\u00f3n”.<\/p>\n

27. Carlos Chipoco C\u00e1ceda, Francisco Eguiguren Praeli y Miguel Talavera Rospigliosi. “Los Sucesos de los Penales: Nueva abdicaci\u00f3n de la autoridad democr\u00e1tica. Un enfoque jur\u00ed\u00addico”. Instituto de Defensa Legal, Lima, septiembre de 1986. Como puede verse, el IDL se adelant\u00f3 as\u00ed\u00ad en dos a\u00f1os a la Comisi\u00f3n Investigadora del Congreso, que trabaj\u00f3 con mucha lentitud debido a las maniobras de los representantes oficialistas.<\/p>\n

28. Esta conducta tambi\u00e9n ser\u00ed\u00ada t\u00ed\u00adpica de los otros congresistas oficialistas en los a\u00f1os siguientes, como fue el caso de Gilberto Siura, de Cambio 90, con sus ins\u00f3litas versiones sobre el Caso La Cantuta, en el per\u00ed\u00adodo de Fujimori.<\/p>\n

29. Rolando Armes et al. “Per\u00fa 1986: Informe al Congreso sobre los sucesos de los Penales.”, Lima, febrero de 1988, p\u00e1gs. 289 a 305.<\/p>\n

30. Comisi\u00f3n Andina de Juristas, “Informativo Andino”, N 98, “El caso Neira Alegr\u00ed\u00ada y otros, contra el Estado Peruano” por la masacre de El Front\u00f3n, p\u00e1g. 5, Lima, 30 de enero de 1995.<\/p>\n

31. “El golpe militar de Banzer fue dirigido por el imperialismo norteamericano, con la participaci\u00f3n de agentes de la dictadura militar brasile\u00f1a y por supuestos de la burgues\u00ed\u00ada local, muy especialmente por los grupos de origen alem\u00e1n”. Jos\u00e9 Oruro, “Sociedad y Pol\u00ed\u00adtica”, Lima, noviembre de 1980, p\u00e1g. 38.<\/p>\n

32. Latinamerica Press, London 31 de marzo de 1983, p\u00e1g. 2 Vol 15, N 1<\/p>\n

33. El equipo principal de trabajo estuvo integrado por: Juan del Granado Cos\u00ed\u00ado, Freddy Padilla Ledesma, Julio C\u00e9sar Sandoval, Jos\u00e9 Padilla Ledesma, Julio C\u00e9sar Sandoval, Jos\u00e9 Luis Guti\u00e9rrez Sard\u00e1n, Miguel Angel Virrueta. Todos representantes de los principales organismos acusadores.<\/p>\n

34. “Justicia y Dignidad”, APDHB, Sucre, 1992, p\u00e1g. 12<\/p>\n

35. “Justicia y Dignidad”, p\u00e1g. 78 El acta del compromiso de Altmann con las FF.AA. de Bolivia dice lo siguiente: 1) Yo, Klaus Altmann Hansen me comprometo a prestar servicios de orden incondicional con el Ej\u00e9rcito de Bolivia dentro de la especialidad de inteligencia. 2) Asimismo me comprometo a participar directamente en planteamiento y operaciones que requiera el Ej\u00e9rcito de Bolivia y donde se requiera mi participaci\u00f3n activa. 3) Me comprometo guardar la reserva en cuanto realice, exista, conozca o participe, poniendo como garant\u00ed\u00ada mi vida. 4) Yo, Cnl. Daen Luis Arce G\u00f3mez a nombre del Ej\u00e9rcito Nacional con las atribuciones que me competen, otorgo con venia de la Superioridad el grado de Tcnl. Honor\u00ed\u00adfico al se\u00f1or Klaus Altmann Hansen”.<\/p>\n

36. Ibid. p\u00e1g. 39<\/p>\n

37. Tribunal Permanente de los Pueblos, “Proceso a la Impunidad de Cr\u00ed\u00admenes de Lesa Humanidad en Am\u00e9rica Latina, 1989-1991”, Liga Internacional por los Derechos y la Liberaci\u00f3n de los Pueblos, Secci\u00f3n Colombiana, Bogot\u00e1, junio de 1991, 543 p\u00e1gs. P\u00e1gs 281 y 283.<\/p>\n

38. Arquidi\u00f3cesis de Sao Paulo, “Brasil Nunca M\u00e1s”, p\u00e1g. 32<\/p>\n

39. Ibid., p\u00e1gs. 43 a 50.<\/p>\n

40.”Brasil Nunca M\u00e1s”, Arquidi\u00f3cesis de Sao Paulo, p\u00e1g. 272<\/p>\n

41. “Dossie Dos Mortos e Desaparecidos”, Documento do Comit\u00e9 Brasileiro pela Anistia, Seccao de Rio Grande do Sul, Estado de Rio Grande do Sul, 1984, Assembleia Legislativa, p\u00e1g. 13. En el informe se presentan los casos de 6 brasile\u00f1os desaparecidos en Argentina y cinco en Chile, en 1973.<\/p>\n

42. CENCOS, 140. M\u00e9xico D.F., septiembre de 1995, p\u00e1g. 26.<\/p>\n

43. Vea el excelente comentario que expone sobre este libro el Reverendo Heinz Dressel, en las p\u00e1ginas de memoria.<\/p>\n

44. Revista “Acci\u00f3n”, p\u00e1g. 21 a 24, octubre de 1974, Asunci\u00f3n, Paraguay.<\/p>\n

45. Presento mayor informaci\u00f3n sobre este sistema represivo internacional durante las d\u00e9cadas de los 70 y 80 en mi art\u00ed\u00adculo “La operaci\u00f3n C\u00f3ndor: El terrorismo de Estado de alcance transnacional”, en “Memoria” N 5, Dokumentations und Informationszentrum Menschenrechte in Lateinamerika, N\u00fcrnberg, 1993, p\u00e1gs. 38 a<\/p>\n

46. La lista completa de estos paraguayos desaparecidos en Argentina fue publicada por el Consejo Mundial de Iglesias, en su informe “The Human Rights situation in Paraguay”, Febrero de 1988, Ginebra, p\u00e1g. 14<\/p>\n

47. Dr. Ben S. Stephansky y Professor Robert J. Alexander, “Report of Commission of Enquiry into Human Rights in Paraguay of the International League for Human Rights”, September 1976, p\u00e1gs. 35 a 38.<\/p>\n

48. CIPAE, “Paraguay Nunca M\u00e1s”, P\u00e1g. 212<\/p>\n

49. “Acci\u00f3n”, p\u00e1g. 9, N 100, octubre de 1989, “S\u00ed\u00adntesis del pronunciamiento de las FF.AA..”<\/p>\n

——————————————————————————–<\/p>\n

<\/a>* Este trabajo fue publicado originalmente en la revista Memoria<\/a> n\u00famero 7\/1995 y 8\/1996 en Nuremberg, Alemania<\/p>\n

El DIML – Dokumentations und Informationszentrum Menschenrechte in Lateinamerika (Centro de Documentaci\u00f3n e Informaci\u00f3n sobre Derechos Humanos en Am\u00e9rica Latina), forma parte del N\u00fcrnberger Menschenrechtszentrum (Centro de Derechos Humanos de Nurember) de Alemania<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

por Esteban Cuya<\/strong><\/p>\n

La mayor\u00ed\u00ada de las sociedades latinoamericanas experimentaron en las \u00faltimas cuatro d\u00e9cadas permanentes situaciones de violencia y conflictos internos, a causa de graves condiciones de injusticia y desigualdad econ\u00f3mica y social. […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,5],"tags":[31,27,49,33,23,43,21,29,30,50,24,35],"class_list":["post-172","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-america","category-regiones","tag-america-latina","tag-argentina","tag-bolivia","tag-brasil","tag-chile","tag-derechos-humanos","tag-el-salvador","tag-impunidad","tag-jurisdiccion-del-tribunal-criminal","tag-paraguay","tag-peru","tag-violaciones-de-derechos-humanos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/172","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=172"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/172\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":173,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/172\/revisions\/173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=172"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=172"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=172"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}