{"id":71,"date":"2011-07-26T11:29:04","date_gmt":"2011-07-26T09:29:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/?p=71"},"modified":"2019-02-19T11:30:14","modified_gmt":"2019-02-19T10:30:14","slug":"la-necesaria-suscripcion-de-la-convencion-internacional-para-la-proteccion-de-todas-las-personas-contra-las-desapariciones-forzadas-por-el-estado-peruano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/2011\/07\/26\/la-necesaria-suscripcion-de-la-convencion-internacional-para-la-proteccion-de-todas-las-personas-contra-las-desapariciones-forzadas-por-el-estado-peruano\/","title":{"rendered":"La necesaria suscripci\u00f3n de la “Convenci\u00f3n Internacional para la protecci\u00f3n de todas las personas contra las desapariciones forzadas” por el Estado peruano"},"content":{"rendered":"

por Iv\u00e1n Arturo Baz\u00e1n Chac\u00f3n*<\/strong><\/p>\n

La Convenci\u00f3n Internacional para la protecci\u00f3n de todas las personas contra las desapariciones forzadas<\/em>[1]<\/a><\/sup> constituye un tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) mediante Resoluci\u00f3n 61\/177 del 20 de diciembre de 2006[2]<\/a><\/sup>. Ha entrado en vigor el 23 de diciembre de 2010, pero a\u00fan no ha sido suscrita por el Per\u00fa[3]<\/a><\/sup>.<\/p>\n

El eje de acci\u00f3n de la Convenci\u00f3n resguarda al individuo de conductas que pudieran atentar sobre derechos inderogables como la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, el debido proceso o de cualquier tipo de acto que pudiera poner en riesgo el derecho a la vida. Para mayor detalle, la desaparici\u00f3n forzada es definida por el art\u00edculo 2 de la Convenci\u00f3n seg\u00fan el siguiente texto:<\/p>\n

\u201cse entender\u00e1 por \u2018desaparici\u00f3n forzada\u2019 el arresto, la detenci\u00f3n, el secuestro o cualquier otra forma de privaci\u00f3n de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que act\u00faan con la autorizaci\u00f3n, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privaci\u00f3n de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustray\u00e9ndola a la protecci\u00f3n de la ley\u201d.<\/p><\/blockquote>\n

Dicho de otra manera, la desaparici\u00f3n forzada es una conducta que se inicia con la privaci\u00f3n de libertad, cualquiera que sea la forma, y que luego es negada u ocultada la informaci\u00f3n sobre la persona aprehendida, de modo que no le ser\u00e1 posible acceder a los mecanismos procesales o institucionales disponibles.<\/p>\n

En el contexto del conflicto armado interno sufrido entre 1980 y 2000, el Per\u00fa estuvo envuelto en una din\u00e1mica de violencia, siendo la desaparici\u00f3n forzada de personas una manifestaci\u00f3n de ella. Este fen\u00f3meno comprendi\u00f3 actos de agentes o funcionarios del Estado y de grupos subversivos, tal como lo determin\u00f3 la Comisi\u00f3n de la Verdad y Reconciliaci\u00f3n (CVR)[4]<\/a><\/sup>, la cual concluy\u00f3 que en particular Sendero Luminoso tambi\u00e9n incurri\u00f3 en la desaparici\u00f3n forzada de personas.<\/p>\n

Para enfrentarla en todo el mundo, en 1980 la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos cre\u00f3 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas. De esta manera, se dio una respuesta de corte humanitario ante las crecientes y continuas denuncias de su perpetraci\u00f3n, en dictaduras como la argentina y chilena. Actualmente, dicho Grupo conoce de 42,600 casos pendientes de resoluci\u00f3n en ochenta y dos Estados, encontr\u00e1ndose Per\u00fa con 2,371 casos pendientes hasta 2009[5]<\/a><\/sup>.<\/p>\n

Si bien el Per\u00fa es parte de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas[6]<\/a><\/sup>, consideramos necesaria la suscripci\u00f3n de la Convenci\u00f3n de la ONU por las siguientes razones:<\/p>\n

\u2022 La aplicaci\u00f3n de su art\u00edculo 3 obliga al Estado a investigar las desapariciones perpetradas por sus agentes o funcionarios y, eventualmente, a la cometida por particulares, como grupos subversivos[7]<\/a><\/sup>.
\n\u2022 Permitir\u00eda procesar a presuntos autores de desaparici\u00f3n forzada que provengan de pa\u00edses ajenos a Am\u00e9rica.
\n\u2022 Asimismo, la aplicaci\u00f3n de sus art\u00edculos 10 y 11 permitir\u00edan la extradici\u00f3n de sospechosos, su entrega a otro pa\u00eds o su transferencia a una instancia judicial internacional, como la Corte Penal Internacional[8]<\/a><\/sup>.
\n\u2022 La creaci\u00f3n del Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada (art. 26) es un nuevo mecanismo que contribuir\u00e1 a una mejor supervisi\u00f3n de los Estados parte (art. 29) y a recibir peticiones individuales para buscar y localizar a una persona desaparecida, de forma urgente (art. 30). Para estos fines, entre otros, cada Estado parte podr\u00e1 reconocer la competencia de este Comit\u00e9 para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen la violaci\u00f3n de esta Convenci\u00f3n por el Estado concernido (art. 31)[9]<\/a><\/sup>.<\/p>\n

Cabe destacar que la prohibici\u00f3n de incurrir en desaparici\u00f3n forzada es absoluta. No cuenta con justificaci\u00f3n alguna en el Derecho internacional, de acuerdo al art\u00edculo 1 de la Convenci\u00f3n, por lo que es entendida como una norma imperativa o ius cogens, tal como record\u00f3 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia emitida en el caso La Cantuta vs. Per\u00fa:<\/p>\n

\u201cLa obligaci\u00f3n de investigar, y en su caso enjuiciar y sancionar, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados; m\u00e1s a\u00fan pues la prohibici\u00f3n de la desaparici\u00f3n forzada de personas y el correlativo deber de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado car\u00e1cter de ius cogens\u201d[10]<\/a><\/sup>.<\/p><\/blockquote>\n

Este car\u00e1cter imperativo se desprende de la afectaci\u00f3n o de la amenaza inminente de agravio originada por la desaparici\u00f3n forzada, raz\u00f3n por la que el da\u00f1o no puede quedar impune[11]<\/a><\/sup>. Asimismo, mientras que en la jurisprudencia interamericana asiste a los familiares de la v\u00edctima el derecho de saber la verdad sobre lo ocurrido y de acceder al cuerpo de la misma si se produjo una situaci\u00f3n de concurrencia o concurso real con los delitos de homicidio o ejecuci\u00f3n arbitraria[12]<\/a><\/sup>, la Convenci\u00f3n de la ONU considera v\u00edctima tanto a quien sufre la privaci\u00f3n de libertad como a quien se perjudica directamente por la desaparici\u00f3n de otra persona (art. 24, inc. 1 del tratado). En otras palabras, protege mejor a los familiares, consider\u00e1ndolas tambi\u00e9n v\u00edctimas de la desaparici\u00f3n forzada. Es una disposici\u00f3n novedosa y avanzada en la situaci\u00f3n actual del Derecho internacional.<\/p>\n

El Estado peruano practica la pol\u00edtica de suscribir y ratificar los principales tratados de derechos humanos en las \u00faltimas d\u00e9cadas. As\u00ed, posibilita garant\u00edas para prevenir las violaciones de derechos humanos y permite el acceso a los mecanismos de protecci\u00f3n internacional creados por tales instrumentos, cuando la jurisdicci\u00f3n nacional resulte insuficiente o no se brinde resguardo a las personas.<\/p>\n

Es de observar que en la regi\u00f3n, solamente Rep\u00fablica Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Surinam y el Per\u00fa no han suscrito la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre esta materia[13]<\/a><\/sup>.<\/p>\n

En ese contexto, sorprende que el Estado peruano no haya realizado acciones para vincularse jur\u00eddicamente a este tratado, m\u00e1s aun si de acuerdo a lo expresado, existen s\u00f3lidas razones que deber\u00edan convocar a las nuevas autoridades estatales a suscribir y ratificar la Convenci\u00f3n Internacional para la protecci\u00f3n de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, con el reconocimiento expreso de la competencia del Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada, en el m\u00e1s breve plazo.<\/p>\n

Iv\u00e1n Arturo Baz\u00e1n Chac\u00f3n<\/strong><\/p>\n

*Magister en Derecho Penal, Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Pol\u00edtica de la Universidad Wiener y de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica del Per\u00fa.<\/p>\n

    \n
  1. [1]<\/a>En adelante, la Convenci\u00f3n.<\/li>\n
  2. [2]<\/a>Documento ONU A\/RES\/61\/177.<\/li>\n
  3. [3]<\/a>Disponible en: <http:\/\/treaties.un.org\/Pages\/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en<\/a>>. Consulta: 6 de enero de 2011.<\/li>\n
  4. [4]<\/a>Creada mediante D.S. N\u00ba 065-2001-PCM. Ampliada en su composici\u00f3n y variada en su denominaci\u00f3n mediante D.S. N\u00ba 101-2001-PCM. De acuerdo a la Comisi\u00f3n, Sendero Luminoso tambi\u00e9n particip\u00f3 en la desaparici\u00f3n forzada de personas (CVR. Informe Final, tomo VI, p. 55).<\/li>\n
  5. [5]<\/a>Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias<\/em>. Consejo de Derechos Humanos. 13\u00ba per\u00edodo de sesiones. Tema 3 de la agenda. Promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de todos los derechos humanos, civiles, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Documento ONU A\/HRC\/13\/31, de fecha 21 de diciembre de 2009; pp. 81-82, 137, 145 y anexo III. Disponible en: <http:\/\/daccess-dds-ny.un.org\/doc\/UNDOC\/GEN\/G09\/177\/07\/PDF\/G0917707.pdf?OpenElement<\/a>>. Consulta: 5 de enero de 2011.<\/li>\n
  6. [6]<\/a>Adoptada por la Asamblea General de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) en su vig\u00e9simo cuarto per\u00edodo ordinario de sesiones. Aprobada en el Per\u00fa mediante Resoluci\u00f3n Legislativa N\u00ba 27622 del 5 de enero de 2002.<\/li>\n
  7. [7]<\/a>Lo que se desprender\u00eda del texto del art. 3, que prescribe: \u201cLos Estados Partes tomar\u00e1n medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el art\u00edculo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que act\u00faen sin la autorizaci\u00f3n, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.\u201d En esta l\u00ednea de interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 3, v\u00e9ase G\u00d3MEZ CAMACHO, Juan Jos\u00e9. La desaparici\u00f3n forzada de personas: avances del Derecho Internacional, Revista Mexicana de Pol\u00edtica Exterior<\/em>, p\u00e1g. 32. EN: <http:\/\/portal.sre.gob.mx\/imr\/pdf\/GomezCam.pdf<\/a>> fuente consultada el 5 de enero de 2011. En el sentido de circunscribir la obligaci\u00f3n estatal a la investigaci\u00f3n de la desaparici\u00f3n forzada cometida por particulares no vinculados al Estado dado que en la definici\u00f3n del art\u00edculo 2 de la Convenci\u00f3n se menciona \u00fanicamente a actores estatales o conectados a ellos, v\u00e9ase SCOVAZZI, Tullio y CITRONI, Gabriella. The Struggle against Enforced Disappearance and 2007 United Nations Convention<\/em>. Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p\u00e1gs. 278 a 282. Disponible en:\u00a0<http:\/\/books.google.com\/books?id=PC65YtFlWiAC&printsec=frontcover&hl=es&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false<\/a>> consultada el 11 de julio de 2011. La menci\u00f3n a los debates en la aprobaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n, respecto a los actores no estatales, adem\u00e1s, en OTT, Lisa. Enforced Disappearance in International Law<\/em>. Uitgevers, Intersentia, 2011, p\u00e1gs. 200 y 201.<\/li>\n
  8. [8]<\/a>La Corte canaliza la cooperaci\u00f3n jurisdiccional necesaria para que se haga justicia frente a estos casos mediante un procedimiento diferente a la extradici\u00f3n.<\/li>\n
  9. [9]<\/a>OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Folleto informativo N\u00ba 6. Rev. 3<\/em>. Ginebra, p\u00e1gs. 11 y 12.<\/li>\n
  10. [10]<\/a>CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia del caso La Cantuta vs. Per\u00fa<\/em>, (Fondo, Reparaciones y Costas), del 29 de noviembre de 2006. Serie C N\u00ba 162, p\u00e1rrafo 157. V\u00e9ase tambi\u00e9n la sentencia emitida en el caso Anzualdo Castro vs. Per\u00fa<\/em> (Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), del 22 de septiembre de 2009, Serie C N\u00ba 202, p\u00e1rr. 59.<\/li>\n
  11. [11]<\/a>CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia en el caso Vel\u00e1squez Rodr\u00edguez<\/em>, mencionada, p\u00e1rr. 176; sentencia en el caso Castillo P\u00e1ez vs. Per\u00fa<\/em>, precitada, p\u00e1rr. 90; sentencia en el caso G\u00f3mez Palomino<\/em>, de 22 de noviembre de 2005, Serie C N\u00ba 136, p\u00e1rrs. 137 a 140 y 153, punto resolutivo 7; sentencia en el caso Neira Alegr\u00eda y otros vs. Per\u00fa<\/em>, de fecha 19 de enero de 1995, Serie C N\u00ba 20 (Fondo), p\u00e1rr. 69 y Punto Resolutivo 4.<\/li>\n
  12. [12]<\/a>CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia en el caso G\u00f3mez Palomino vs. Per\u00fa<\/em>, p\u00e1rrs. 141 y 153, punto resolutivo 8.<\/li>\n
  13. [13]<\/a>Seg\u00fan informaci\u00f3n disponible EN: <http:\/\/treaties.un.org\/Pages\/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en<\/a>> consultada el 11 de julio de 2011.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    por Iv\u00e1n Arturo Baz\u00e1n Chac\u00f3n*<\/strong><\/p>\n

    La Convenci\u00f3n constituye un tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) mediante Resoluci\u00f3n 61\/177 del 20 de diciembre de 2006. Ha entrado en vigor el 23 de diciembre de 2010, pero a\u00fan no ha sido suscrita por el Per\u00fa. […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,5],"tags":[24],"class_list":["post-71","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-america","category-regiones","tag-peru"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":72,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71\/revisions\/72"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.menschenrechte.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}