por Michael Krennerich y Manuel Gongora

Durante largo tiempo los derechos sociales ocuparon una posición secundaria dentro de los sistemas jurí­dicos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Sin embargo, desde los años noventa, las demandas por una realización efectiva de los derechos a condiciones dignas de trabajo, a la salud, seguridad social, alimentación, agua, vivienda, educación y cultura, entre otros, también comenzaron a tomar fuerza en América Latina. En los principios fundamentales de sus Constituciones nacionales y en los acuerdos internacionales vigentes en su legislación interna, los Estados se han comprometido a respetar, proteger y dar cumplimiento a derechos tan largamente desatendidos y violados. Ello ha involucrado además –no sin controversias desde el derecho internacional público– a las organizaciones internacionales y a las empresas transnacionales, en razón a la enorme influencia que detentan sobre las condiciones polí­ticas, económicas y sociales de los paí­ses latinoamericanos. […]