La débil presencia de instituciones estatales en las regiones, las limitaciones para la participación política y el intento fallido de la reforma agraria fueron las razones por las cuales los movimientos campesinos se alzaron en armas hace seis décadas. Hoy, en el contexto del post-acuerdo de paz con las Farc-Ep, cabe preguntarse si más allá de la firma de este acuerdo, el gobierno nacional tiene la voluntad de plantear soluciones a las causas que generaron y agudizaron el conflicto, así como generar las condiciones en las cuales se respeten los derechos humanos de líderes sociales, quienes a través de la participación política están proponiendo alternativas para el actual modelo político y económico del país.