por Esteban Cuya
Investigador del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania.
La fiebre modernizadora neoliberal ha ganado muchos adeptos en el Perú, especialmente entre los que manejan el poder en el país andino. Los más pintorescos personajes creen ser como la gallina de los huevos de oro, o como el Rey Midas, que todo lo convertía en aquel preciado objeto. Por eso, el Presidente peruano Alberto Fujimori anunció al mundo que iba a patentar su modelo de golpe de Estado, y cobrarle derechos de autor a Boris Jeltzin y al fracasado presidente guatemalteco que le imitó en su aventura totalitaria.
Más tarde, el mismo Fujimori reveló que gracias a su gobierno el Perú contaba con el Servicio de Inteligencia mejor preparado del mundo, y que estaba en condiciones de vender “tecnología de inteligencia” a la CIA estadounidense como también a la Mossad israelí o a otras muy conocidas agencias de los países civilizados. Probablemente aquí esté la fuente de los millonarios ingresos que declaró el misterioso ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos Torres, principal asesor, y tutor, de Alberto Fujimori, el Presidente que se ha enquistado en el Poder con intenciones ya confesadas de mantenerlo en los próximos 30 años.
La Fiebre modernizadora destruyó en el Perú el Estado de Derecho y la democracia, para instalar en su lugar un supuesto nuevo modelo llamado “democracia directa”, que ha llevado a que el sistema de gobierno y el funcionamiento del Estado en el Perú no cumplan ni siquiera los más mínimos requisitos de una sociedad democrática.
Como el Congreso Nacional elegido democráticamente aprobaba leyes con mucha lentitud, o rechazaba las iniciativas provenientes del gobierno, en abril de 1992 Fujimori y sus generales cerraron el Congreso, apresaron a varios de los líderes parlamentarios, e instalaron tanques de guerra en la sede del legislativo, para impedir su reapertura. De esta manera se llevó a la practica este sueño de permitirle a Fujimori ejercer la “democracia directa”, sin debate ni fiscalización parlamentaria.
Ya que la aspiración de Fujimori de perpetuarse en el poder necesitaba de una apariencia jurídica mínima, después del Golpe de Estado del 5.04.1992, debido a la presión de la comunidad internacional creó un Congreso Constituyente a su medida, que reformó la anterior Constitución, y estableció la reelección presidencial inmediata.
Con este mismo órgano “democrático”, Fujimori dictó leyes en contra de sus opositores y a favor de sus aliados y compañeros de aventuras, estrategia que ha utilizado contínuamente, creando un grave clima de fragilidad jurídica. Así surgieron tanto la famosa “Ley Susana”, que le impidió postular en las elecciones generales a su ex esposa, Susana Higuchi, como la “Ley Cantuta”, y la “Ley Barrios Altos”, de Amnistía a favor de sus allegados, culpables de graves violaciones de los derechos humanos.
Más tarde, en julio de 1997 Fujimori dictaría la inconstitucional Ley “Ivcher”, un Decreto Supremo que despojó de la nacionalidad peruana adquirida legalmente y de su propiedad accionaria al dueño del canal 2 de televisión de Lima, Baruch Ivcher, víctima de la actual convivencia civico-militar que integran Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos.
El pecado de Baruch Ivcher fue permitir que en su canal de televisión se revelaran los casos de asesinato y tortura a agentes del servicio de inteligencia del Ejército, por sus propios compañeros de trabajo y se denunciara la intercepción telefónica que venían sufriendo cerca de 200 líderes de la oposición política, abogados y periodistas independientes. Los doctores Guillermo Rey, Manuel Aguirre y Delia Revoredo, magistrados del Tribunal Constitucional opinaron en contra de una segunda reelección presidencial, rechazando la “Ley de Interpretación Auténtica” firmada por Fujimori, y al poco tiempo fueron sancionados, despojándoseles ilegalmente de sus funciones. Mas tarde el gobierno de Fujimori convirtió al resto del Tribunal Constitucional en una dependencia del Palacio de Gobierno, sin criterio propio ni independencia. Muy caro les costó a los honorables magistrados defender sus principios democráticos.
La fiebre neoliberal modernizante llevó a la señora Martha Chávez, presidenta de la Comisión de Defensa Orden Interno e Inteligencia del congreso peruano, a amenazar con el allanamiento a los medios de comunicación que no cooperaban con ella en sus investigaciones del espionaje telefónico, y a proclamar que su modelo de democracia no incluye las negociaciones con la oposición, ya que esto significa “una gran pérdida de tiempo”. Son numerosos los casos en que las víctimas de un delito, debido a la fiebre modernizante son convertidos en culpables o en sospechosos para la seguridad del Estado. Esta practica lo inició el congresista Gilberto Siura, quien en julio de 1993 dijo públicamente que “los 10 desaparecidos de La Cantuta se han autosecuestrado”. Mas tarde se descubrió la verdad de cómo estas personas fueron secuestradas y asesinadas por el “grupo Colina” comandado por el Mayor del Ejército Martín Rivas.
La moda de invertir los valores y las responsabilidades continuó con la congresista Martha Chavez, en junio de 1997, cuando se descubre el asesinato y descuartizamiento de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército Mariella Barreto, y las torturas cometidas contra la agente Leonor La Rosa. En estas ocasión la congresista oficialista sostuvo que Leonor la Rosa se habría “auto-torturado” y simplemente está haciendo teatro. Mas tarde los jueces comprobarían que Leonor La Rosa fue torturada en el sótano del Ministerio de Defensa, por sus propios colegas. El principal sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Mariella Barreto, el Mayor del Ejército Martín Rivas, quien a la vez está acusado de varios asesinatos, se pasea honorablemente por el Perú con total libertad y la protección de sus colegas. Su más reciente aparición pública fue en la sede del Parlamento peruano, el 14 de enero de este año, donde interrumpió un interrogatorio de los congresistas, y escapó descolgándose por las ventanas del Congreso Nacional.
Toda esta fiebre neoliberal, que cambia el sentido de las cosas, que pervierte la legalidad, y pone el mundo al revés, apasiona al presidente peruano Alberto Fujimori y a sus mas conspicuos colaboradores, conduciendo al Perú a un estado grave de caos jurídico y desprotección de los ciudadanos y ciudadanas. Por esto, no es extraño en el Perú que la Jueza Elba Greta Minaya, quien fuera declarada “Jueza del Año” en 1996, por su valiente defensa del estado de Derecho, aparezca después, en agosto de 1997, denunciada por el Ministerio del Interior por el delito de terrorismo y traición a la patria. Qué complejo y paradójico resulta el Perú! Los casos de inversión de los valores han continuado crónicamente entre los políticos gobiernistas, qienes lanzaron la versión de que el congresista opositor Javier Diez Canseco habría cometido un “auto-atentado”. En est magia neoliberal el oficialismo convirtió al periodista José Arrieta en un sospechoso de terrorismo, sólo por haber investigado y difundido las actividades del Mayor Martín Rivas y el tenebroso escuadrón de la muerte “grupo Colina”.
Otra manifestación de la fiebre neoliberal modernizante en el Perú es la producción de decretos legislativos con nombre propio, es decir, elaborados para enfrentarse directamente a aquél que desafía el totalitarismo gubernamental, o a quienes no aceptan mas guardar silencio ante las barbaridades del gobierno. Esta moda ha generado un clima total de inseguridad jurídica e injusticias. La última joya que exhibe el gobierno peruano es una nueva ley que homologa a los magistrados provisionales con los titulares, que sólo constituían un tercio del total. Ahora, los jueces premiados por el gobierno de Fujimori, con nombramientos definitivos sin cumplir los requisitos previos de evaluación y calificación, están habilitados para incorporarse automaticamente a los jurados electorales de todo el país. Quien podría dudar ahora del afán reeleccionista de Alberto Fujimori? La fiebre neoliberal modernizante está causando mucho daño al Perú. Cada día aumentan las víctimas de la prepotencia gubernamental. Lo asombroso es que la República Federal de Alemania, que valora tanto la Democracia y el Estado de Derecho y, envía sus expertos en estos temas a asesorar a diversos gobiernos por todo el mundo, siga su cooperación financiera con el Perú acríticamente, como que si en este país se viviera la mejor y más completa democracia del continente americano. El cliché fujimorista de “democracia directa” no es mas que un engaño que favorece a un reducido grupo de militares y empresarios rentistas. Yo prefiero la democracia social y participativa, que sabe aceptar las discrepancias y respeta tanto el derecho de las minorías como de las mayorías.
