por Patricio Orellana Vargas *
El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sido fuertemente rechazado por los gobiernos latinoamericanos afectados.
El mencionado informe al referirse a casos como el asesinato de Digna Ochoa y reconocer que en México siguen existiendo violaciones a los derechos humanos y corrupción generalizada de la policía y el ejército ha despertado la indignación de las autoridades de dicho país. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes declaró que este informe “constituye una inadmisible forma de intromisión en asuntos mexicanos” (Diario de Monterrey, La Jornada, Reforma, México).
Una reacción similar ha ocurrido en El Salvador, donde los derechos humanos y el funcionamiento de la justicia son cuestionados por muchos sectores. En este país, el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón calificó el informe como “irrespetuoso” (El Diario de Hoy, El Salvador)
En Chile, el presidente Lagos se sumó a estos rechazos y declaró que un país soberano no pude admitir injerencias externas. En el caso chileno el informe destaca las condiciones de hacinamiento en las cárceles del país, lo que es un hecho evidente, que el mismo presidente reconoció, señalando que se están construyendo nuevas cárceles para resolver el problema.
Aparentemente, resulta inaceptable que otro país emita juicios sobre la situación de un país soberano y estaríamos en presencia de una actuación típicamente imperialista. Sin embargo, hay que considera otros elementos, como recordar que en el caso chileno, durante la dictadura militar, los defensores de los derechos humanos recibían con gran beneplácito este tipo de informes e incluso se admiró y aplaudió la actitud comprometida de algunos embajadores, como los de Noruega, Suecia e Italia, que contribuyeron efectivamente a salvar muchas vidas en actos que el gobierno militar calificaba de “injerencias indebidas en la política de un país soberano”.
Es lamentable observar que las declaraciones del presidente Lagos coinciden con gobiernos donde se violan los derechos humanos, por una parte, y por la otra se utilizan los mismos argumentos de la dictadura. Esta posición de exaltar la soberanía es totalmente añeja. Nadie duda que hay un proceso de globalización, el que a pesar de tener muchas facetas negativas, conlleva otras positivas, como la universalización de los derechos humanos. Los derechos de la persona ya no son ni deben ser exclusivamente preocupación del Estado en cuyo país vive el afectado, sino que es y debe ser preocupación y responsabilidad de todas las personas y de todos los estados.
Insistir en la soberanía aislacionista es entender que la violación o respeto de los derechos humanos es competencia de cada país. Es reiterar la posición de la dictadura militar y que hoy levanta como bandera la derecha política.
La excusa del gobierno chileno es que quienes deben preocuparse de estos temas son los organismos internacionales, pero simultáneamente, declara que no es partidario de condenar a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por violaciones a los derechos humanos, no porque ellas no existan, sino porque esas condenas son inútiles.
En resumen, la lógica gubernamental es que las violaciones a los derechos humanos son de injerencia del país y en segunda instancia de los organismos internacionales, pero como éstos son ineficientes, la conclusión obvia es que sólo queda la bandera de Pinochet de la no injerencia.
Muchos pensábamos que Chile, que vivió la terrible experiencia de la violación sistemática de los derechos humanos, empezaría a jugar un rol destacado en la defensa de estos derechos en el mundo. El balance de estos años de democracia es que se sigue aplicando la doctrina Pinochet de no injerencia.
La paradoja que estamos viviendo es que el líder de la derecha asume clara injerencia en los asuntos cubanos, mientras el gobierno navega en las ambigüedades y contradicciones sobre estos temas.
Hay muchos cientistas políticos que ven una derechización del país y algunos líderes de gobierno parece que piensan que derechizarse puede acarrear más votos. Para ellos los principios y el compromiso contra un pasado de violaciones a los derechos humanos no es rentable.
La lección sugerida a nivel de persona es que si Ud. ve a alguien pegándole a un niño, debe abstenerse de intervenir. Si hay violencia familiar, ya lo sabe, no se meta en los asuntos ajenos a su familia.
Pensamos exactamente al revés, cada uno debe tener injerencia en lo que está ocurriendo frente a sus ojos y Chile debe aceptar la opinión de otros países- incluso del “odiado imperialismo yankee”- ahora, antes y mañana. Y también como país tenemos el deber de expresar nuestra opinión cuando hay constancia de que se están violando los derechos humanos, incluso en países como Estados Unidos y esto se debe hacer como país y también en los organismos internacionales, por lo tanto, igualmente debemos aceptar y valorar la preocupación de otros países sobre la vigencia de los derechos humanos en el nuestro.
