Franco Albarracin Vallejos
El fundador y uno de los más reconocidos defensores de derechos humanos en la historia de Bolivia decía: “Gastar la vida es trabajar por los demás”[1]. Con esta frase y otras reflexiones plasmadas en una de sus obras, Luis Espinal Camps representa el legado y el espíritu de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Esto era conocido y entendido a la perfección por los gobiernos militares y fascistas de los ochenta, por esa razón, un 21 de marzo de 1980, Luis Espinal fue secuestrado, torturado y posteriormente asesinado por parte de grupos paramilitares.
Durante los años 1964 y 1982, la población boliviana vivió momentos difíciles debido a la toma de poder de parte de gobiernos militares. A partir del golpe militar liderado por René Barrientos Ortuño, se ejecutaron innumerables violaciones en contra de los derechos humanos. El gobierno de Barrientos contaba con la asesoría del exoficial Nazi de la SS, Klaus Barbie, quien desempeñó sus funciones en calidad de asesor de los Servicios de Inteligencia. Con la muerte del expresidente René Barrientos, el año 1969, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Ovando Candia, protagonizó un nuevo golpe de Estado en contra del exvicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas.
Los años posteriores, las pugnas de poder y los constantes golpes militares provocaron una evidente inestabilidad política y un escenario difícil para el retorno a la democracia. Entre los gobiernos más represores y vulneradores de derechos humanos, podemos mencionar el del General Hugo Banzer Suarez (1971) y de Luis Garcia Meza (1981).
El gobierno de Garcia Meza protagonizó el golpe de estado en contra de la expresidenta Lidia Gueiler, y lideró un régimen represivo que provocó la muerte de cientos de bolivianos, ente ellos, Marcelo Quiroga Santa Cruz (líder político) y Luis Espinal Camps (defensor de derechos humanos).
Los golpes de estado impedían la posibilidad de un retorno hacia la democracia, sin embargo, en octubre de 1982, Hernan Siles Zuazo asumió la presidencia de Bolivia; empezando una nueva etapa democrática en el país.
La dictadura de Garcia Meza entendía perfectamente que la defensa de los derechos humanos no se limitaba a la denuncia y registro de los abusos del régimen, sino también, permitía construir y pavimentar el camino hacia una democracia. Entre los legados de Luis Espinal, se encuentra la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, institución que recoge décadas de lucha y defensa de los derechos humanos.
El artículo tiene por objeto presentar e informar sobre la existencia de la Asamblea de Derechos Humanos, su importancia durante los momentos más críticos de la historia contemporánea boliviana, y el error que cometen los gobiernos al atacar y debilitar la institucionalidad de las organizaciones defensoras de derechos humanos. A partir de esta reflexión, se recoge la idea sobre la importancia de las y los defensores en la recuperación, mantenimiento y protección de la democracia. Por consiguiente, el presente artículo, en una primera parte, expone de manera general y concreta la historia de la APDHB y su rol dentro de los gobiernos democráticos posteriores a las dictaduras bolivianas. La segunda parte se centra en los ataques recibidos por parte del gobierno de Morales, el debilitamiento de la institución y sus consecuencias en el contexto del conflicto post-electoral.
HISTORIA Y ANTECEDENTES DE LA ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) fue fundada en 1976 durante la dictadura de Hugo Banzer Súarez. Existieron dos instituciones precursoras que definieron la estructura y el rol de la Asamblea en relación a la defensa de los derechos humanos, el Comité Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDDH) y la Comisión Boliviana de Justicia y Paz[2].
El Comité Nacional contó con una importante participación de la Confederación Médica Sindical de Bolivia (COMSIB), después de la detención arbitraria e irregular de su presidente. Por su parte, la Comisión de Justicia y Paz, tuvo un rol significativo con la investigación de la masacre de Tolata en 1974 y con las demandas de mejores condiciones de vida para pobladores campesinos[3].
En los más de 40 años de existencia de la Asamblea, la institución ha consolidado un nivel importante de legitimidad y credibilidad en relación a su trabajo y labor en beneficio de los más desprotegidos.
Entre los hechos más relevantes podemos mencionar los siguientes: el apoyo a la huelga de hambre en contra del dictador Hugo Banzer Suarez; el rechazo a los golpes militares y a la violaciones de derechos humanos durante la época de las dictaduras; la demanda de investigación por la muerte del padre Luis Espinal Camps; la conformación del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) en 1980; las luchas en favor de sectores vulnerables, entre éstos, los pueblos indígenas y campesinos; las denuncias de las masacres perpetradas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, al igual que las graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por el gobierno del expresidente Morales[4].
Los sucesos descritos demuestran el rol fundamental de la APDHB en la denuncia por el respeto y garantía de los derechos humanos. Sin importar el gobierno de turno, la Asamblea de derechos humanos ha ejercido un papel histórico manteniendo su imparcialidad, independencia y objetividad. Por esa razón, ésta institución ha tenido un rol protagónico en relación a la lucha por el fortalecimiento y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia.
Con una representación en cada departamento del país, la Asamblea ha desempeñado un papel muy similar a la defensoría del pueblo. A través de su sistema de atención de casos, la institución tiene la capacidad de monitorear la situación de cada departamento, denunciar violaciones a derechos humanos y fomentar el dialogo y la concertación en conflictos.
Durante la época de gobiernos neoliberales, la Asamblea tuvo un rol protagónico al momento de canalizar las denuncias de los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, su credibilidad y legitimidad ante la población, permitió desempeñar un rol mediador. De esta manera, durante varios años, la APDHB tuvo un rol conciliador que permitió la transformación de algunos conflictos violentos en escenarios de dialogo entre posiciones extremas y antagónicas.
El rol desempeñado por la Asamblea, junto al trabajo constante e invaluable de sus voluntarios, generaron en más de una ocasión el malestar de los gobernantes. Un ejemplo a mencionar es el caso de su expresidente, Waldo Albarracin, quien fue secuestrado y torturado durante el Gobierno del expresidente Gonzalo Sanchez De Lozada[5].
A pesar de los obstáculos y limitaciones, la APDHB tuvo un rol importante durante los conflictos de febrero y octubre del año 2003; hechos que motivaron la renuncia del presidente de turno, después de fuertes represiones y las masacre de más de 60 personas. En ese entonces, el papel pacificador y mediador de las organizaciones de derechos humanos, fueron esenciales para el mantenimiento de la democracia y el estado de derecho.
LA APDHB Y SU ROL DURANTE LA ÚLTIMA DECADA EN BOLIVIA
El continente americano continúa siendo una de las regiones más peligrosas para defender los derechos humanos[6]. Los ataques en contra de defensores responden a patrones sistemáticos de violencia que buscan paralizar la labor de denuncia y monitoreo de violaciones a derechos humanos. Las restricciones legales, campañas de desprestigio y el “paralelismos institucional” fueron tácticas recurrentes que buscaron obstaculizar la labor de la organización.
El “paralelismo” o “paralelismo institucional” es una expresión utilizada por algunas organizaciones de la sociedad civil en Bolivia, para explicar las acciones de autoridades públicas o grupos afines a un partido político, que buscan apropiarse de la identidad de una institución, con el objeto de perjudicar su trabajo y, al mismo tiempo, demostrar a la opinión publica un supuesto apoyo de la organización a favor de un determinado partido político. De esta forma, estos grupos se apropian del nombre y de los símbolos de una organización de la sociedad civil, y ejecutan acciones de hostigamiento y estigmatización en contra de la institución real, con el objeto de restarle legitimidad y credibilidad.
Al respecto, existieron una gran cantidad de declaraciones emanadas de altas autoridades de gobierno, no solo en contra del trabajo de la organización, sino también, en contra de su presidenta, Amparo Carvajal Baños. Por ejemplo, el año 2018, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a Amparo Carvajal de ser “Patrocinadora de organizaciones criminales”[7]. El mismo año, el expresidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter realizó las siguientes publicaciones: “Derecha pro imperialista usa Asamblea Permanente de DDHH de La Paz y se oculta en el Opus Dei de la iglesia católica para atacar al proceso de Cambio con campaña de mentiras y falsas denuncias…”[8]. Bajo la misma línea, en 2019, en el marco de los conflictos post-electorales en el país, el expresidente señaló que la presidenta de la APDHB y los exdefensores del Pueblo “solo cuidan los derechos de la derecha”[9].
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en reiteradas ocasiones que la repetición de declaraciones estigmatizantes puede generar un clima de hostilidad, intolerancia y violencia, de parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal, ya que determinados sectores de la población pueden interpretar las declaraciones como instrucciones, instigaciones o autorizaciones para cometer actos de violencia en contra del defensor o la defensora[10].
Este clima de hostilidad en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos, pudo verse reflejada a través de las restricciones legales y las tomas violentas de las instalaciones, generadas para implementar una estrategia de “paralelismo institucional”.
Por ejemplo, mediante la Ley 351[11] y su Decreto Reglamentario exigían que los Estatutos de las Organizaciones No Gubernamentales debían adecuarse a los “lineamientos establecidos en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”[12]establecidas por el gobierno de turno. En consecuencia, varias organizaciones de derechos humanos tuvieron muchas dificultades para continuar con su trabajo rutinario, sobre todo, si eran críticos al anterior gobierno.
De manera análoga, las medidas fueron acompañadas por acciones concretas de división y paralelismo, las mismas que se ejecutaron a través de actos violentos, para generar confusión sobre la identidad, legalidad y el trabajo de organizaciones de derechos humanos.
Las acciones de división y paralelismo fueron frecuentes en contra de organizaciones sociales que, en el algún momento, cuestionaron medidas implementadas por el anterior gobierno, este fue el caso del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)[13]; la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)[14]; la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA)[15]; entre otras.
En el caso de la ADHB, el año 2014, un grupo de sectores afines al anterior gobierno, con la complicidad y aquiescencia de la Policía, tomaron de manera violenta las oficinas de la Asamblea de Derechos Humanos. En ese contexto, los grupos que tomaron de manera violenta la institución, decidieron conformar una organización paralela[16].
De manera similar, el lunes 6 de febrero del año 2017, las oficinas de la APDHB fueron nuevamente ocupadas a través de una intervención violenta. La toma fue protagonizada por dirigentes mineros sindicales afines al anterior partido de gobierno, quienes decidieron “crear” otra institución paralela a la Asamblea de Derechos Humanos[17]. Estas acciones tuvieron serias repercusiones en el funcionamiento normal de la institución.
Los ataques constantes y sistemáticos provocaron el debilitamiento de la institución. La aparición de instituciones “paralelas”; el constante hostigamiento de parte de autoridades y líderes políticos, al igual que el efecto inhibidor causado en los voluntarios, han ocasionado la desestructuración y deslegitimización de la organización.
Esta situación prácticamente inhabilitó a la APDHB como actor mediador capaz de canalizar conflictos y evitar hechos violentos. La estrategia de debilitar a la institución redujo de manera considerable las críticas y el monitoreo constante sobre violaciones a derechos humanos cometidas por el anterior gobierno. En esta situación complicada, la Asamblea vivió el conflicto de octubre y noviembre del año 2019, una de las crisis más difíciles que tuvo que vivir el país.
Después de serias denuncias de irregularidades en las elecciones nacionales de octubre del 2019[18], miles de bolivianos decidieron protestar durante varios días en contra del gobierno de turno. Dentro de ese contexto, los actos de represión, al igual que los discursos de odio, fomentados por las altas autoridades de gobierno, intensificaron la polarización y el enfrentamiento entre bolivianos. La destrucción de toda institucionalidad democrática en el país, al igual que un debilitamiento progresivo de la situación de derechos humanos en Bolivia, fueron los ingredientes exactos para que un fraude electoral desemboque en una crisis social.
Dentro de un contexto de conflictividad y polarización, y con la mayoría de organizaciones de derechos humanos debilitadas, la posibilidad de canalizar los conflictos en escenarios de dialogo fue casi imposible. Peor aún, ante los innumerables enfrentamientos y las graves represiones ejecutadas por la policía y las fuerzas armadas, las instituciones nacionales de derechos humanos no tuvieron la capacidad para registrar, informar y denunciar adecuadamente las vulneraciones a derechos humanos.
De esta forma, el debilitamiento y el ataque a organizaciones defensoras de derechos humanos, en especial en contra de la APDHB, tuvieron fuertes repercusiones en el mantenimiento de la democracia y el estado de derecho. Los gobiernos de turno, por lo general, desconocen la importancia de las organizaciones defensoras de derechos humanos y su capacidad para dirimir los conflictos y generar espacios de diálogo y concertación.
CONCLUSIÓN
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia es una institución conformada esencialmente por voluntarios y con varias décadas de experiencia en la defensa de los derechos humanos. Siguiendo los principios y el legado de uno de sus fundadores, Luis Espinal, la organización ha tenido un rol histórico en la defensa de los derechos humanos, pero también, en la protección de la democracia y el estado de derecho.
El trabajo de la institución tuvo repercusiones muy importantes en los momentos más difíciles de la historia contemporánea del país, sobre todo, al momento de canalizar conflictos y facilitar el dialogo entre actores en conflicto.
Sin embargo, durante los últimos diez años, el anterior gobierno impulsó medidas para reducir el espacio cívico y obstaculizar la labor de instituciones de derechos humanos, entre estas, la APDHB. Este debilitamiento tuvo sus consecuencias dentro del conflicto de octubre y noviembre del año 2019. La ausencia de instancias capaces de reunir y fomentar el dialogo entre las partes en conflicto, al igual que el debilitamiento institucional de la mayoría de organizaciones de derechos humanos, incrementaron la polarización en el país.
Luis Espinal tenía una concepción muy clara del rol y el papel que desempeñan las y los defensores de derechos humanos. La labor de las organizaciones de derechos humanos no se limita al trabajo en favor de los sectores más desfavorecidos, sino también, tiene por objeto la búsqueda de una forma de gobierno y organización en base a principios democráticos, con pleno respeto a los derechos humanos, donde todas las personas, sin importar sus diferencias, tienen la posibilidad de encaminar decisiones, en base al dialogo y la concertación.
[1] Luis Espinal Camps, oraciones a quema ropa, Compañía de Jesús Provincia boliviana, La Paz Bolivia. 2015
[2] APDHB, carta dirigida a la Federación Internacional de Derechos Humanos, “Asamblea pone en conocimiento Toma violenta de Instalaciones de la Casa de los Derechos Humanos”, 9 de febrero de 2017. En archivo APDHB.
[3] APDHB, Amparo Carvajal y Remberto Cardenas, Historia, la APDHB en sus 42 años de existencia defiende, difunde y promociona los derechos humanos, 10 de diciembre de 2016
[4] Ídem
[5] Amnistía Internacional, temor por la seguridad: Dr. Waldo Albarracin, 3 de octubre de 1999
[6] Amnistía Internacional, Informe Anual América 2019, Defensores de derechos Humanos, febrero 2020
[7] Amnistía Internacional, preocupación por acusaciones contra Defensora de Derechos Humanos Amparo Carvajal por parte de altas autoridades de gobierno, 8 de noviembre de 2018; Ministerio de Gobierno, página oficial de Youtube, Ministro Romero informa que Tte Carlos Sandoval Ortiz falleció tras emboscada en La Asunta, min. 1.10, 24 de agosto de 2018
[8] Twitter, cuenta oficial de Evo Morales, Derecha pro imperialista usa Asamblea Permanente de DDHH de La Paz y se oculta en el opus dei de la Iglesia Católica para atacar al
Proceso de Cambio con campaña de mentiras y falsas denuncias. El pueblo sabe que trabajamos cada día por el Vivir Bien de nuestra querida, 2 de septiembre de 2018
[9] Twitter, cuenta oficial Evo Morales, Pese a que el pueblo masacrado llora sus muertos y denuncia crímenes de la dictadura inconstitucional de Mesa, Camacho y Áñez, los ex defensores del Pueblo Albarracín y Villena y la pdta de APDHB, Amparo Carvajal, callan con silencio cómplice. Solo cuidan derechos de la derecha, 17 de noviembre de 2019.
[10] Ídem párr. 85
[11] Ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas. 19 de marzo de 2013.
[12] Decreto Supremo N° 1597 de 5 de junio de 2013. Reglamento Parcial a la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas. Artículo 11.II.a.
[13] Página Siete, Grupo afín al MAS toma sede del Conamaq, en Sopocachi, 15 de enero de 2015; Los Tiempos, denuncian intento de toma de la Conamaq, 5 de julio de 2012
[14] Página Siete, CIDOB dividida por el gobierno de Morales, 24 de septiembre de 2013; El Deber, La creación de sectores paralelos surge en medio de los conflictos, 2018
[15] Los Tiempos, Dirigencia paralela: tomaremos todas las medidas hasta que nos entreguen ADEPCOCA, 1 de agosto de 2019; Correo del Sur, Directiva paralela toma dentro de Salud de Adepcoca y cocaleros orgánicos instalan vigilia, 31 de julio de 2019
[16] Erbol, Desconocen a directiva paralela de DDHH de La Paz, 10 de febrero de 2014;
[17] APDHB, “En Defensa de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia”, comunicado del 6 de febrero de 2017, en archivo APDHB.
[18] La auditoría de la Organización de Estados Americanos emitió un informe que detectó varias irregularidades en las elecciones en Bolivia. El informe fue respaldado por otras empresas auditoras y la misión de la Unión Europea.
