por Esteban Cuya
Investigador del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg

Sin duda alguna el Perú exhibe actualmente una caricatura de democracia, con un Presidente Alberto Fujimori que apoyado por las Fuerzas Armadas y su servicio de inteligencia destruyó el Estado de Derecho e impuso en su lugar un régimen dictatorial que a través de una pequeña “camarilla” domina todos los poderes del Estado.

Imitando a los pulpos, el presidente Fujimori ha extendido sus largos brazos a cada una de las instancias establecidas por la Constitución Nacional para fiscalizar y contrapesar la acción gubernamental. Fujimori y sus allegados civiles y militares, que aspiran a perpetuarse en el gobierno, han pervertido el ejercicio del poder polí­tico, utilizando sus cargos para obtener mezquinos intereses personales o de grupo.

Aún más, el gobierno se tomó la autoridad de desconocer la voluntad de cerca de 1 millon y medio de peruanos, que con sus firmas demandaron la realización de un Referendum en contra de la llamada “Ley de Interpretación Auténtica”, aprobada por Fujimori para facilitar una nueva e ilegal reelección presidencial.

El marionetismo como modelo

Cada parlamentario “de la mayorí­a”, cada Ministro de Estado, cada Juez o Fiscal en el Perú, cada Funcionario que ha deseado saborear los placeres del poder en los últimos diez años, ha tenido que renunciar a su independencia, abdicar a sus funciones y más bien convertirse en un tí­tere de Fujimori, y de Montesinos, que los han manejado y los manejan a su capricho y en función a sus propios intereses. Quienes trataron de ejercer sus funciones con dignidad, con independencia, con criterio profesional, o bien fueron forzados a renunciar a sus principios, o tuvieron que sufrir las consecuencias de su decisión, sufriendo pronto las represalias.

Ahora se acepta como normal en el Perú que cada Ministro o parlamentario, o juez nombrado por el gobierno recite los libretos elaborados por el Servicio de Inteligencia manejado por el ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos. Jamás en toda la historia del Perú Republicano se habí­a llegado a tan inmensa degradación de la función judicial o polí­tica.

La sumisión al poder de Fujimori permite por ejemplo que la señora Blanca Nélida Colán se mantenga más de seis años como soberana de la Fiscalí­a de la Nación, y que en lugar de defender los intereses del estado y de la sociedad peruana, haya concentrado sus esfuerzos en lavarle la cara, con el dinero de todos los peruanos, tanto a Fujimori, como a su asesor Vladimiro Montesinos, y al general golpista Nicolás Hermoza Rí­os, entre otros personajes de la farándula polí­tica del Perú.

La Sra. Blanca Nélida Colán fue acusada por congresistas de la oposición de enriquecimienlo ilí­cito, ya que no pudo explicar claramente cómo es que logró comprarse una mansión avaluada en US$ 750,000, cuando su ingreso mensual, mas el de su hermana, y el de su madre suman en total cerca de US$ 5,000.00 dólares. De esta cantidad tiene que pagar US$ 4,178.00 como devolución del préstamo que irregularmente recibió del llamado “Banco Nuevo Mundo”. Para tener derecho a un crédito de la magnitud que recibió la Sra. Blanca Nélida Colán, hay que demostrar un ingreso mí­nimo mensual tres veces mas grande que el valor de la cuota que se va a pagar cada mes. Como tantos casos de corrupción, seguramente este también va a quedar en las nieblas y tinieblas de la impunidad.

El nepotismo que caracteriza al gobierno de Fujimori se practica desvergonzadamente en todos los niveles de la administración del estado. Tanto Fujimori, como su asesor Montesinos, y cualquier funcionario o congresista de la fila del gobierno, actúan como que si el estado peruano fuese su propiedad privada, regalando puestos de trabajo a sus hermanos, hijas, sobrinos, y otros familiares directos e indirectos en funciones de gran responsabilidad, incluí­dos puestos de asesores ministeriales, diplomáticos, representantes en el exterior, jefes militares, sin considerar para nada la falta de calificación o de competencia para ejercer digna y eficientemente dichos puestos.

Epidemia de corrupción

Además, para consolidar sus aspiraciones de convertirse en Presidente vitalicio del Perú, Fujimori ha fomentado la corrupción económica de la mayorí­a de sus cercanos colaboradores, fundando una especie de hermandad de los ladrones de corbata y terno, que obligadamente, para evitar las sanciones correspondienntes por sus delitos, tendrán que oponerse, con tanta fuerza como él, a cualquier cambio de gobierno o transición democrática.

Son numerosos los casos de los altos funcionarios del Estado envueltos en operaciones sucias, chantaje, enriquecimiento ilí­cito, entre otros delitos que se practican como parte de la función que se les ha asignado. La acusación contra Augusto Miyagusuku, gerente de la estatal empresa de seguros “Popular y Porvenir”, por la utilización ilegal y la pérdida de varios millones de dólares de dicha empresa fue entrampada y luego archivada por la mayorí­a fujimorista en el Congreso. Las denuncias de un narcotraficante que aseguró haberle pagado durante dos años US$ 50,000 dólares mensuales al asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a fin de que evitara que los militares o policí­as le impidieran el tráfico de drogas tampoco fueron investigadas, ni por el congreso, ni por ninguna autoridad judicial en el Perú.

En octubre de 1998 la fiscal Juana Cordova y su esposo fueron sorprendidos recibiendo US$ 7,000 de un acusado de narcotráfico. El Juez de la Corte Suprema César Tineo, adulteró una sentencia, para favorecer a una empresa privada con un cobro ilegí­timo al estado de US$ 43 millones de dólares. Otros miembros de la Corte Suprema declararon que firmaron la mencionada sentencia sin haberlo leí­do previamente!. De esa forma, Fujimori y sus allegados podí­an tener bajo su control a varios miembros de la Corte Suprema del Perú. Sólo la valiente denuncia de la oposición parlamentaria logró que a fines de 1998 se destituyera al juez César Tineo y se le abriera un juicio.

En diciembre de 1998 el juez de la Corte de Cerro de Pasco, Alfredo Granados fue sorprendido por la policí­a con los US$ 3,000.00 que recibió de una empresa minera para favorecerle en una sentencia. Igualmente, el Juez de la Corte Superior de Lima, Pablo Rojas, fue sorprendido recibiendo la suma de US$ 2,000.00 dólares que le entregó el intermediario de un narcotraficante. Así­ como estos casos, podemos mencionar más de 400 casos de corrupción de jueces y fiscales entre 1995 y 1999. Ante esta situación el congresista oficialista Carlos Ferrero reconoció que “la voceada Reforma del Poder Judicial ha fracasado, ya que los niveles de corrupción son ahora mayores que nunca”.

El 25 de febrero de 1999 una sala Judicial ordenó formalmente la detención del Jefe del Estado Mayor del Ejército, el General Tomás Marky, quien habí­a sido designado en ese cargo a principios del año. Se le acusó de haberse apoderado de la suma de un millón de dólares que se incautó en 1995 a dos narcotraficantes colombianos en la zona de Ayacucho. En realidad habrí­a que encarcelar a mas generales que han actuado como socios de los narcotraficantes. El general Marky se debilitó con la salida sorpresiva de su cargo, a fines de 1998 del general Nicolás Hermoza Rí­os.

Sin embargo, pese a las evidencias de su responsabilidad en la apropiación ilí­cita del dinero, tanto el Presidente Alberto Fujimori, como el nuevo Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, (de triste participación en el engaño y la masacre de los tupacamaristas que ocuparon la residencia del embajador de Japon en Lima, en diciembre de 1997) abogaron en favor del general Marky, a quien calificaron como un “oficial honesto que debe quedar libre” -según Fujimori- y que “ha dejado en Ayacucho una huella de hombre honesto, serio, correcto y de un buen militar”, según Cipriani, quien exigió que se respeten los derechos humanos del general !!.

A fines de marzo de 1999, el flamante Ministro de Trabajo, Jorge Mufarech tuvo la osadí­a de denunciar la existencia de una mafia en las Aduanas del Perú, que según sus investigaciones habrí­a recibido grandes coimas para ocultar un masivo contrabando que ocasionó pérdidas al estado peruano por unos 10,000 millones de dólares, durante todo el perí­odo de gobierno fujimorista. La acusación la dirigió, entre otros, contra una amiga de Fujimori, la Superintendenta de Aduanas, Carmen Higaona y a varios de sus más cercanos colaboradores. El escándalo comprometió a funcionarios del entorno de Fujimori. El Ministro Mufarech fue forzado a renunciar.

El 14 de abril Fujimori, tras despedir a sus seis ex-ministros “renunciantes”, dijo que las denuncias de corrupción habí­an sido precipitadas y exigió “que se muestren las pruebas”, a pesar de que el ahora ex ministro Jorge Mufarech ya habí­a cumplido con entregarlas tanto al Presidente así­ como a un Fiscal.

“Esta ola de corrupción es el sí­ndrome de los últimos dí­as. Fujimori ha juntado gente de todo pelaje en su organización, reclutada entre los que tení­an apetito para acceder a la administración pública, que sienten los pasos del fin del gobierno y se apresuran a llenar los bolsillos”, declaró a Inter Press Service el sociólogo Alberto Panessi.

Destrucción del Estado de Derecho en el Perú

En su aventura totalitaria el presidente Fujimori aniquiló al Tribunal Constitucional, a fin de evitar que sus aspiraciones de reelección presidencial fueran rechazadas por este órgano supremo del Poder judicial en el Perú, que se atrevió a emitir un dictamen contrario al que Fujimori y sus aliados esperaban. Enseguida Fujimori, al margen de lo que manda la Constitución, creó organismos fantasmas, carentes de sustento constitucional, (“Comisiones Ejecutivas”) a fin de despojarle de sus funciones y someter bajo su autoridad a los Tribunales de Justicia y a la Fiscalí­a de la Nación, colocando a sus amigos en los cargos de dirección. Para Fujimori el Estado de Derecho “es un discurso de los politiqueros”.

Fujimori, con la complicidad de la mayorí­a oficialista en el Congreso anuló arbitrariamente las principales funciones asignadas al Consejo Nacional de la Magistratura (organismo que fiscaliza la conducta funcional de los jueces) y a la Academia de la Magistratura, para después poder colocar a algunos jueces ineptos y corruptos en tribunales claves, a los cuales les correspondí­a pronunciarse en asuntos como la reelección presidencial, el Referendum convocado por la oposición, denuncias de corrupción, entre otros casos.

Esta certeza, de la inexistencia de un Estado de Derecho en el Perú, lo han confirmado no sólo expertos constitucionalistas, entre ellos el doctor César Landa(1) , profesor de la Universidad Católica del Perú, sino también instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en sus más recientes informes sobre el Perú.

Con toda razón en su reciente informe sobre los derechos humanos en el mundo el Departamento de Estado norteamericano afirma que “El Perú es una república con un sistema polí­tico multipartidario y un Poder Ejecutivo dominante, que con frecuencia utiliza su control sobre los poderes Legislativo y Judicial, ocasionando un detrimento al proceso democrático””. Agrega, además, que aunque “”La Constitución estipula la existencia de un Poder Judicial independiente,…en la práctica el sistema judicial es ineficiente, con frecuencia corrupto, y fácilmente manipulado por el Ejecutivo.”

Respecto al uso sistemático de la violencia, el Departamento de Estado sostiene que “La Constitución prohí­be la tortura y el trato inhumano o degradante. Sin embargo, en la práctica la tortura y el trato brutal de los detenidos a manos de las fuerzas de seguridad ocurren frecuentemente”.

Estas crí­ticas tan directas de los funcionarios norteamericanos del Departamento de Estado ocasionaron una serie de berrinches en las filas fujimoristas. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ví­ctor Raúl Castillo rechazó la acusación, y afirmó que el informe norteamericano dice cosas totalmente falsas, “ya que la administración de justicia en el Perú es autónoma”. Nadie en el Perú le creyó, ni siquiera su amigo Fujimori. Por su parte, el implacable parlamentario oficialista Daniel Espichan, quien se jacta de haber mandado a miles de acusados de terrorismo a la cárcel, mientras era Procurador del Estado para los casos deTerrorismo, reaccionó diciendo que “en el Perú hay total respeto a los derechos humanos”. Es decir, Espichan insiste en hacerse el ciego y no ver lo que todo el mundo observa y comprueba en el Perú.

Más recientemente el presidente Alberto Fujimori optó por retirar al Perú del sistema interamericano de vigilancia y protección de los derechos humanos. Ante esta amenaza, diversos partidos de oposición en el Perú, además de condenar al terrorismo, manifestaron que “Denunciamos la pretensión del Gobierno de apartarse de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el pretexto de que dicha Corte estarí­a liberando terroristas, lo que es falso, ya que la CIDH plantea el respeto al debido proceso.” (2)

Los parlamentarios de la oposición alertaron a la ciudadaní­a de que “con la determinación del gobierno y su mayorí­a parlamentaria las personas quedarán sin derecho de recurrir a la Corte Interamericana cuando sus derechos humanos sean violados”. Agregaron que “Sabemos que, por la intervención a la que están sometidos el Poder Judicial, el Ministerio Público y el recortado tribunal Constitucional, los derechos humanos más que nunca requieren de la tutela de la Corte Interamericana”.

Los derechos humanos se violan sistemáticamente

El gobierno de Fujimori tiene en el tema de los derechos humanos uno de sus puntos más crí­ticos, además de la falta de un Estado de derecho. Aunque a Fujimori algunos le aplauden en el exterior por haber controlado la subversión y el terrorismo, y haber detenido la hiperinflación en el Perú, también se le critica por la masiva pobreza y las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en todo su perí­odo de gobierno.

“La pobreza y el desempleo son las principales formas de violación de los derechos humanos en el Perú”, sostiene el informe publicado por la Asocición pro Derechos Humanos y el Centro de Asesorí­a Laboral, debido a que generan una exclusión social, una calidad de vida muy precaria, y bastante inestabilidad en la población” De acuerdo al mencionado informe, ahora la condición de pobreza corresponde al 50 % de la población peruana”.

Por otro lado, en las Naciones Unidas (ONU) existen mas de 5,000 denuncias de desapariciones aún no investigadas, desde 1982 hasta la actualidad. Los familiares de estos desaparecidos, en su mayorí­a población andina y amazónica, siguen reclamando verdad y justicia. Además hay miles de personas injustamente encarceladas.

Este tema de los derechos humanos está enfrentando cada vez más al gobierno peruano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) que cuestionó la falta de un debido proceso en muchos casos de terrorismo, la prisión ilegal de inocentes, la práctica de la desaparición forzada de personas y la total impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos de las personas.

La CIDH está exigiendo ahora que el gobierno peruano restituya en sus cargos a los tres ex integrantes del Tribunal Constitucional que fueron destituí­dos en 1997 por oponerse a una nueva postulación de Fujimori. También exige que se le devuelva la nacionalidad peruana al empresario de televisión Baruch Ivcher, atacado por el gobierno por las denuncias que hizo su televisora acerca de graves casos de tortura y asesinato cometidos por agentes del servicio de inteligencia al mando del asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Igualmente la Corte Interamericana está evaluando otras 20 denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en el Perú.

La respuesta del gobierno peruano ha sido intentar separar al Perú del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Militarización, pánico, amenazas a la población

La presión de la comunidad internacional de derechos humanos obligó al gobierno peruano a eliminar la función de “jueces sin rostro”, que tanto daño habí­a producido en miles de inocentes enviados a la cárcel por simples sospechas de simpatí­a con la subversión. Esto no significa que haya mejorado la protección de los ciudadanos frente a la prepotencia del Estado. Por el contrario, los civiles están ahora en abril de 1999 en una situación de mayor precariedad y vulnerabilidad que hace dos años.

Actualmente cerca del 20% de la población peruana vive bajo “Estado de Emergencia” con sus derechos humanos fundamentales recortados o negados por el Estado. Esto implica que más de 4 millones de peruanos no pueden siquiera esperar que se les respete el derecho a la vida, a la libertad, a no ser torturado, a no ser detenido sin mandato judicial. Las zonas bajo “Estado de Emergencia” son gobernadas prácticamente por los Comandos Polí­ticos-Militares.

Con el pretexto de alcanzar la “seguridad nacional”, en mayo de 1998 el gobierno promulgó una serie de Decretos Legislativos, supuestamente para terminar con los actos de delincuencia común como asaltos y secuestros que estaban cometiendo algunas bandas armadas, y que en la práctica significan: la negación del derecho de defensa y del debido proceso a los acusados, la penalización de los menores de edad, y la militarización de la justicia. Los menores de edad entre 16 y 18 años de edad ahora también pueden ser juzgados por los tribunales militares por actos de delincuencia común.

El Decreto Legislativo Nº 895, así­ como los siguientes 896 y 897, con el afán de proteger más la propiedad privada, definen confusamente algunos delitos comunes como “terrorismo agravado”. Otro Decreto, el 899 crea el delito de “pandillaje pernicioso”, para reprimir a las bandas juveniles que protagonizan actos de violencia en las calles. No se ha tomado en cuenta, para nada, examinar las raí­ces de la violencia juvenil, vinculadas a las graví­simas condiciones de injusticia social y frustración frente al futuro desesperante.

Otro Decreto, el Nº 900 intenta modificar normas Constitucionales, que sólo pueden ser cambiadas mediante proceso especial por el Poder legislativo. A través de ese Decreto el gobierno trata de obligar a todo el que quiere reclamar con recursos de Hábeas Córpus y Amparo en favor de personas encarceladas, a presentarlos sólamente en dos determinadas salas “Juzgados Especiales de Derecho Público”, lógicamente, donde están los jueces que han actuado con un favoritismo muy grande hacia Fujimori, como el Juez Percy Escobar Lino.

Otra perla que exhibe esta legislación para la “Seguridad Ciudadana”, es que a través del Decreto Legislativo Nº. 904 somete a la Policí­a Nacional practicamente bajo la tutela del Servicio de Inteligencia Nacional, es decir, bajo la jefatura del insaciable asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Aunque resulte increí­ble, esta legislación ya se está aplicando en el Perú. Por ejemplo,en julio de 1998 cuatro personas fueron condenadas por un Tribunal Militar (Consejo de Guerra) a “cadena perpétua”, por utilizar armamento de guerra cuando asaltaron diversos negocios en Trujillo y cometer actos de secuestro con violencia, y por herir a una persona. Claro que este tipo de procesos judiciales ha creado pánico y sentimiento de mayor inseguridad en la población peruana.

Tal como lo han proclamado las organizaciones peruanas de derechos humanos, “urge la derogatoria de los decretos legislativos sobre “Seguridad Ciudadana”, porque violentan diversas disposiciones constitucionales, exceden las atribuciones que el Poder Legislativo le otorgó al Poder Ejecutivo, y responden a una Polí­tica criminal represiva inadecuada para enfrentar esa problemática”.

Los injustamente presos

Más de 18,000 de los cerca de 26,000 presos que existen en las cárceles del Perú acusados de diversos delitos se encuentran como “inculpados”, es decir, que tanto ellos como el poder judicial ignoran el motivo real de su estancia en la prisión. Simplemente no han sido juzgados. Entre los inculpados hay personas que llevan mas de ocho años de cárcel. Muchas de estas personas fueron señaladas por presuntos “arrepentidos del terrorismo” como “terroristas” o “subversivos”, sin prueba alguna.

Además existen pueblos enteros en los Andes peruanos que viven bajo el temor de la captura por parte de la policí­a y del ejército, acusados de haber apoyado colectivamente la subversión. Miles de peruanos se encuentran en la condición de requisitoriados por los tribunales militares y civiles, sin que ellos mismos lo sepan. Debido a esta causa, pueden ser detenidos en el momento mas inesperado.

Por otro lado, sólo 450 de los cerca de 2,000 inocentes encarcelados bajo el cargo de subversión y terrorismo han sido amnistiados en los ultimos tres años tras una larga lucha de sus familiares y los grupos nacionales e internacionales de derechos humanos. Este proceso de reparación del daño, liberando a los inocentes, se ha detenido. Fujimori espera una coyuntura favorable en la que pueda utilizar polí­ticamente estos actos de justicia en favor del mejoramiento de su imagen.

Las condiciones de prisión

La caracterización de las celdas como cárceles-tumba no es una exageración. Los penales de Yanamayo y Challapalca (este último localizado a 4,800 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Puno) así­ como otros en los que se ha colocado a los acusados de subversión y terrorismo, y también a presos por delitos comunes lo confirman. Casi ninguna de las carceles peruanas reúne las condiciones mí­nimas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de prisioneros. En el sistema fujimorista se entiende que los presos no tienen derechos de ningún tipo.

En noviembre de 1998 una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató en el Perú “la vigencia de un regimen extremadamente riguroso en los penales, que incluye reclusiones de individuos por 23 horas al dí­a, en espacios muy pequeños, y en condiciones de hacinamiento. Este régimen puede producir enfermedades irreversibles por la falta de ejercicios fí­sicos” sostuvo la referida Comisión.

La Respuesta de la sociedad civil

Diversos sectores de la sociedad peruana han reaccionado muy crí­ticamente con acciones de desobediencia civil para enfrentar la destrucción del Estado de Derecho en el Perú. Especialmente los estudiantes universitarios, y los trabajadores del campo han manifestado públicamente su oposición al autoritarismo fujimorista, organizando huelgas y marchas de protesta por diversas regiones del paí­s.

La cadena de acciones de desobediencia civil tuvo su punto mas elevado el pasado 28 de abril, con la realización, por primera vez en los 9 años de Fujimorismo, de un Paro Nacional , en el que la población manifestó masivamente su rechazo a la polí­tica dictatorial del gobierno actual y a sus pretensiones de perpetuarse en el poder. En este mismo sentido, el Foro Democrático, que aglutina a importantes sectores polí­ticos, académicos, sindicales, propugna una candidatura única de la oposición, para enfrentar electoralmente unidos a toda la maquinaria del fujimorismo que intentará nuevamante su reelección.

Recogiendo la aspiración de los sectores crí­ticos de la población, el Foro Democrático que ya demostró su poder de convocatoria, al haber reunido cerca de 1 millon y medio de firmas en contra de la reelección se propone desarrollar este año un proceso de transición y refundación democrática basada en la unidad de acción de las fuerzas de oposición para lograr una descentralización efectiva y verdadera, la salida de emergencia de la crisis económica, y elecciones libres, sin fraude ni reelección. Asi busca un gobierno unitario de Transición Democrática en el año 2,000. Noble objetivo, que merece todo nuestro apoyo. (FIN)

1. El Constitucionalista César landa afirma:”Nunca antes como ahora el ejercicio del poder polí­tico gubernamental ha llegado a amenazar y a cuestionar la propia jurisdicción constitucional, como ha quedado evidenciado en los últimos años….Dicho en otras palabras, muestra los lí­mites del control constitucional del frágil Estado de Derecho peruano, administrado por las mismas autoridades que en 1992 no tuvieron reparo en quebrantar la institucionalidad constitucional, clausurando entre otros organismos constitucionales al Tribunal de Garantí­as Constitucionales, por considerar que sus resoluciones no eran conformes con el proyecto polí­tico y económico promovido por el gobierno y los poderes fácticos”.” Protección de los derechos fundamentales a través del Tribunal Constitucional,, en Pensamiento Constitucional, Pontificia Universidad católica del Perú, Añ0 V Nº 5, Lima, Noviembre de 1998.”Págs. 79 y 80.

2. El Comunicado fue difundido el 6 de julio de 1999 con las firmas de los congresistas Henry Pease Garcí­a, de Unión por el Perú, Gustavo Mohme Llona, de Democracia y Solidaridad; Luis Guerrero Figueroa, de Perú Ahora, y representantes del Partido Aprista Peruano, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, entre otros.