por Detlef Nolte
Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo
¿Cómo recordar a las víctimas de las crueldades históricas? ¿Qué papel desempeña la confrontación con el pasado en la vida política y social? Estas son preguntas que también nos hemos planteado en Alemania y que muestran que el caso Pinochet no sólo ocupa a juristas británicos y españoles. Reflexiones sobre la relación entre la confrontación con el pasado y la democracia.
La detención del general Augusto Pinochet en Londres vino a dar una inesperada actualidad a los crímenes de los regímenes dictatoriales en América Latina. Desde entonces se multiplican los signos de que el recuerdo de los crímenes del pasado no sólo le roba el sueño a los familiares de las víctimas, sino también a los victimarios, porque „la sombra de la cárcel se proyecta hoy sobre sus figuras de abuelos melancólicos, jubilados del horror, que esgrimen un gesto de indignada sopresa cuando la justicia se atreve a desempolvar sus antiguos crímenes„ según el comentario en el diario argentino „Clarín„ en noviembre del año pasado.
Desde una perspectiva alemana, el viejo ex-dictador fue víctima de sus propias palabras. Años después de lanzar en el Rotary Club de Santiago insultos contra la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, a las que caracterizó como un ejército de melenudos y drogadictos, Pinochet tuvo que pasar parte de su involuntaria estadía en Londres en una clínica para la rehabilitación de personas con problemas síquicos y de adicción a las drogas.
Las consecuencias de la detención del general Pinochet y su no inmunidad en Gran Bretaña son el punto de partida para algunas reflexiones sobre la relación entre la confrontación con el pasado y la democracia.
Desde una perspectiva histórica ya no importa tanto el desenlace final del juicio contra Pinochet, debido a que el caso Pinochet dio un empuje enorme al desarrollo del derecho internacional. Se impulsaron en el área de la defensa de los derechos humanos y de la persecución de crímenes contra la humanidad procesos de cambio, los cuales muy dificilmente serán revertidos.
¿Colonialismo moral?
Como reacción a la detención de Pinochet en Londres se escuchó desde América Latina el reproche de „colonialismo moral„ y la réplica a los europeos (y especialmente a los españoles) de que mejor lavaran ellos sus propios trapos sucios. La detención de ex-dictadores y torturadores fue interpretada como un ataque frontal a la soberanía nacional. Habría sido deseable contar con la misma asistencia y el mismo apoyo a las víctimas de las dictaduras y a los familiares de los asesinados como la que le prestan hoy algunos gobiernos latinoamericanos a sus ex-dictadores. Parece que a los gobiernos latinoamericanos les cuesta menos ceder soberanía en el campo económico en el proceso de globalización que en del alcance de los derechos humanos. Lo nuevo y lo revolucionario del proceder de algunos jueces españoles e ingleses consiste en el hecho hasta ahora insólito, de que se está globalizando la justicia en nombre de derechos humanos universales y en la persecución de crímenes, que no se pueden prescribir ni amnistiar, desestimando fronteras y reservas de soberanía nacional.
Las quejas respecto a la ofensa a la soberanía nacional presentadas por Chile y por otros países latinoamericanos desvían la atención de un hecho indiscutible: la incapacidad o la falta de voluntad del Poder Judicial en esos países de procesar las violaciones de los derechos humanos (no cumpliendo de esa manera con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía).
Existe ahora un estandard doble. Se mete preso al anciano general y se le extiende la alfombra roja a los responsables del desenlace violento del movimiento democrático en China. Hay que diferenciar entre lo éticamente deseable y lo políticamente factible (más adelante se tratará este aspecto más detalladamente). El caso Pinochet muestra que la historia puede a veces ser un desarrollo de largo aliento en el proceso de sancionar a las violaciones a los derechos humanos. Las restricciones políticas de vez en cuando hacen necesario un largo camino en la búsqueda de los culpables.
El juicio contra Pinochet es sin duda un juicio histórico: tanto para el público interesado en Europa como también en América Latina, Pinochet siempre fue más que el dictador chileno. El fue y es en cierto sentido el símbolo y la encarnación del último período de regímenes autoritarios en América Latina. Lo es mucho más que su cómplice argentino Videla, cuyos manos están mucho más manchadas de sangre. La famosa fotografía que muestra a Pinochet con gafas oscuras y un rostro feroz tiene buenas posibilidades de entrar en futuros manuales sobre la historía política de América Latina en el siglo XX.
Pinochet se enfrenta a los tribunales como el representante de todos los regímenes autoritarios de los años 70 y 80; se juzga a todo un ciclo histórico. Eso explica el grito de indignación de muchos políticos en América Latina, así como también las manifestaciones de alegría de muchos latinoamericanos que han sufrido resignadamente por demasiado tiempo.
Como lo demuestra la controversia política en Inglaterra, también se ha impulsado una discusión crítica respecto a la política de los gobiernos europeos en los tiempos de la dictadura militar en Chile. Los encuentros – no como figuras simbólicas de la política neoliberal en el gabinete de Madame Tussaud , sino tomando té y galletas – entre el ex-dictador Pinochet y la baronesa Thatcher son una reminiscencia de ese período histórico.
La confrontación del pasado como elemento integral del proceso de democratización
¿Cuál puede ser el aporte de la confrontación de un pasado caracterizado por regímenes dictatoriales y violaciones de los derechos humanos al proceso de consolidación democrática? La confrontación con el pasado, es decir, el examen de las violaciones de los derechos humanos durante el régimen dictatorial, es una parte integral e importante del proceso de transición democrática. Pero esta confrontación con el pasado se ve limitada por el contexto político, esto es, por las relaciones de poder dentro del proceso de transición, las que son además un indicador de la situación que atraviesa el proceso de democratización.
Los regímenes militares no fueron desalojados del poder en los años 80 por obra de levantamientos populares. Pese a todas las protestas y con excepción del caso argentino, las Fuerzas Armadas volvieron a sus cuarteles en gran medida intactas. Esto les permitió dictar las condiciones para su repliegue y el retorno a la democracia. En la mayoría de los países hubo negociaciones entre los militares y parte de la oposición democrática respecto a las modalidades de la transición. Hubo arreglos conocidos por el público y otros secretos (como en el caso chileno). El precio del restablecimiento de la democracia fue, por lo general, renunciar al castigo de los asesinos y torturadores. Los militares se habían adelantado a dictar leyes de amnistía, para evitar el juzgamiento por los gobiernos civiles, dando señales claras que no iban tolerar su revocación.
El precio del restablecimiento de la democracia fue, por lo general, renunciar al castigo de los asesinos y torturadores
La confrontación con el pasado es un indicador de la solidez del sistema jurídico y de la independencia de la justicia en los países en cuestión. Puede afirmarse que los derechos fundamentales están a salvo de los abusos del poder, si los fiscales públicos y los jueces pueden juzgar los crímenes contra los derechos humanos, sin atender las consideraciones ni intereses políticos sobre la conveniencia de hacerlo. El hecho que Pinochet sea juzgado por la justicia española documenta las deficiencias de la justicia chilena, siendo al mismo tiempo un indicador de la calidad actual de la justicia española – también con un pasado poco honroso – y de su habilidad de hacer justicia sin ceder a presiones políticas o retrodecer por consideraciones de oportunidad política. Eso vale no solamente para el caso Pinochet, sino también para la sanción penal de actividades terroristas del gobierno español en su lucha contra la ETA.
La confrontación con el pasado y sus consecuencias para la política y la sociedad es como un espejo en el que las comunidades afectadas pueden ver reflejada su realidad política y moral. La detención de Pinochet hizo añicos la ilusión de muchos socialistas y demócratacristianos chilenos de que el período de transición había concluido y que Chile había vuelto a ser una república democrática „normal„. También arrancó el velo de buena conducta democrática con que gran parte de la derecha política chilena había cubierto su faz autoritaria. La derecha mostró que su aceptación de la democracia no obedecía a una decisión fundada en principios, sino a una decisión políticamente condicionada.
Para el gobierno chileno fue muy desagradable que este espejo le fuera colocado desde el exterior. Eso explica el timbre a veces nacionalista de algunas declaraciones oficiales. El gobierno se encontró de pronto desnudo, sin el manto de una transición exitosa, tratando de explicar a un público europeo asombrado, de qué manera el regreso de Pinochet aportaría al proceso de consolidación de la democracia en Chile – tal vez de la misma manera como el perro pastor cuida el rebaño para que ninguna oveja recorra caminos prohibidos.
Con sus eternos lamentos sobre la ofensa a la soberanía nacional ocasionada por la detención de Pinochet y con sus diligencias para liberar el ex-dictador por „razones humanitarias„, el gobierno chileno corre el riesgo de que los europeos no le tomen más en serio. Eso vale aún más para la derecha chilena con sus efervescencias de xenofobia y sus amenazas irracionales contra España e Inglaterra.
Parece que la vieja vanguardia de la globalización de signo neoliberal no se ha dado cuenta de la importancia bastante marginal de Chile en la economía mundial y para la Unión Europea. Esa actitud de la derecha chilena muestra un cierto provincialismo, una presunción desmesurada y una visión distorsionada de la realidad.
El caso chileno enseña que las causas de las violaciones de los derechos humanos no sólo deben buscarse superficialmente, a nivel de crímenes y criminales, sino también en las estructuras profundas de la sociedad. En última instancia, el dictador chileno fue un producto de los conflictos sociales en torno a la distribución de la riqueza social y el poder político. Determinados grupos sociales y un apreciable número de políticos aún en actividad se beneficiaron con la dictadura y por tanto no tienen interés en un examen a fondo del pasado. Mientras no cambie la distribución del poder social, todo estudio del pasado tendrá sus límites.
La confrontación del pasado como proceso histórico
El abordaje del pasado es siempre producto de un compromiso histórico entre lo moralmente deseable, lo políticamente factible y lo políticamente necesario.
- Es moralmente deseable que se esclarezcan los crímenes contra los derechos humanos, que se pidan cuentas a los responsables y que se castiguen a los culpables.
- Se deben enfocar estas reivindicaciones en un marco político, lo que hace difícil su realización o le pone límites. Las discusiones en los procesos de transición democrática giran en torno a lo políticamente factible al confrontar un pasado de violaciones de los derechos humanos. Lo políticamente factible es una mezcla de factores objetivos y de factores subjetivos. Los actores en el proceso de transición tienen que evaluar, en base a informaciones incompletas, el potencial de amenaza real con el que cuentan los responsables de las violaciones de los derechos humanos, para tomarlo en cuenta en sus decisiones. Es siempre sumamente difícil juzgar a posteriori si las soluciones puestas en práctica en el área de los derechos humanos durante el proceso de transición fueron lo políticamente factible o si fueron el resultado de una autolimitación de los actores responsables. Es muy fácil poner en duda el rumbo de la historia; es mucho más difícil demostrar que habría sido posible otro rumbo.
- Aunque el abordaje del pasado está condicionado por restricciones politicas, este proceso se impone al mismo tiempo como una necesidad política. Hay que confrontar el pasado con el fin de repeler amenazas actuales o potenciales para la democracia, amenazas que son resultado de un pasado reprimido. El abordaje de los crímenes contra los derechos humanos es además una condición básica e indispensable para una convivencia democrática y civilizada.
Desde una perspectiva estratégíca podría ser conveniente tomar en cuenta la relación de fuerzas y las posibilidades de éxito antes de tomar una decisión política en cuestiones con un alto contenido ético, actuando con las pautas de una ética de responsabilidad (Verantwortungsethik) según el concepto de Max Weber. Pero hay que ponerles nombre a las restricciones y necesidades del proceso de transición y recordarlas como tales para no idearlizarlas después como un compromiso ejemplar entre una oposición democrática madura y algunos representantes purificados del regímen autoritario. Esto fue hasta hace poco la historia oficial de la transición chilena.
Toda confrontación con el pasado asume el carácter histórico-temporal; esto significa que la confrontación con el pasado (lo mismo que su aporte a la democratización) no es un proceso cerrado, sino un proceso que, atento a las exigencias políticas y a la constelación de fuerzas políticas, puede y debe replantearse de continuo. Las fórmulas de avenencia, válidas en determinadas circunstancias históricas, están en el banco de pruebas de la historia.
Hay que reevaluar cada cierto tiempo los caminos transitados en sus aspectos positivos o negativos para cambiar el rumbo si es necesario. Soluciones que en cierta coyuntura histórica fueron las más adecuadas podrían revelar con el transcurso del tiempo sus costos escondidos. Si hubo un cambio en la constelación de fuerzas políticas ¿por qué no enfocar nuevamente el tema de las violaciones a los derechos humanos? Tal cambio podría facilitar – siempre respetando los principios de un estado de derecho – la reanudación de juicios (o la instrucción de nuevos juicios) por las violaciones de los derechos humanos. Un ejemplo son los juicios contra ex-militares argentinos por el robo de niños. Por ese crimen no fueron condenados ní amnistados.
La confrontación del pasado y la actualidad política
Todo conflicto que tiene que ver con el abordaje del pasado es un conflicto sobre valores y su vigencia en el presente. En el fondo se trata de lograr y conservar un consenso básico sobre la interpretación de experiencias históricas traumáticas en la historia de los países. Tal consenso es de suma importancia porque no es solamente un consenso sobre la interpretación de eventos históricos, sino un consenso sobre los valores en los cuales se basa tal interpretación. Se decide sobre la vigencia y aceptación que hoy en día tienen esos valores para la mayoría de la ciudadanía y actores políticos de peso (p.ej. las Fuerzas Armadas). Si importantes actores sociales y políticos se niegan a aceptar sin vacilaciones que la tortura y el asesinato de opositores por encargo del Estado son crímenes detestables, entonces no existe en tal sociedad un consenso básico sobre los valores que forman la base para una conviviencia pacifíca y una cultura jurídica compartida por todos.
Por esa razón el abordaje de las violaciones a los derechos humanos en el pasado tienen implicaciones para el presente y el futuro de una comunidad democrática. El abordaje del pasado es parte del presente. Precisamente por eso hay que rechazar la demanda de dejar atrás el pasado que divide y concentrasrse en el futuro. Tal demanda, planteada muchas veces aquí y en América Latina, es peligrosa para la democracia.
El proceso de confrontación con el pasado no cesará en tanto los crímenes del pasado ensombrezcan la convivencia democrática en el presente
¿Cuando terminará el proceso de abordar el pasado, y cuando habrá que enfrentarlo de nuevo? El proceso de confrontación con el pasado no cesará en tanto los crímenes del pasado ensombrezcan la convivencia democrática en el presente. Las actividades perniciosas de bandas neonazis en Alemania o los privilegios de los beneficiarios del régimen militar en Chile (o en otros países de América Latina) fundamentan las necesidades de abordar el pasado. Por eso el reproche a la justicia española, que muchas veces fue articulado en la discusión sobre el caso Pinochet, que los jueces españoles no habían confrontado los crímenes del regimen franquista, solamente es correcto en su dimensión histórica. En la discusión actual no tiene importancia, porque las repercusiones del régimen franquista no ponen en peligro la democracia española. En cambio las herencias autoritarias de la dictadura de Pinochet son todavía una traba para la democracia chilena.
Un balance preliminar de la confrontación del pasado en América Latina
¿Significó el abordaje del pasado en América Latina un avance en el proceso de democratización? La pregunta debe en principio responderse afirmativamente. Pero este aporte ha sido insuficiente; lo mismo cabe decir del proceso de consolidación, que avanzó de modo desigual de país en país. Aun así, cada paso, aun el más modesto, que contribuya al juzgamiento de los crímenes cometidos durante las dictaduras militares es un avance frente al status quo y da impulso al proceso de democratización.
El abordaje del pasado tiene tres componentes: jurídico, político y social. En cuanto al primero, en la mayoría de los países latinoamericanos donde hubo masivas violaciones de los derechos humanos se registró escaso progreso, especialmente en lo que respecta a la cadena superior de mandos. Por regla general, la justicia vio trabado su accionar por las leyes de amnistía dictadas bajo los regímenes autoritarios. Pero hubo excepciones. Los miembros de la junta militar argentina fueron condenados y mandados a prisión al menos por unos años. El ex jefe del servicio secreto chileno, Contreras, tampoco se salvó de una pena de prisión, aunque de poco monto en comparación con los delitos perpetrados. El ex-dictador boliviano y narco-general García Meza va a pasar su vejez en la cárcel.
Estos fallos, limitados en su número, asumen un carácter simbólico. Además, en muchos países latinoamericanos, aunque no en todos (p. ej. Perú), se observa que las violaciones de los derechos humanos por motivos políticos hoy en día son perseguidas con más firmeza que antes, sin olvidar a los jueces que se atreven a examinar casos del pasado. Dicho de una manera gráfica: han sido sacadas las primeras piedras del muro de impunidad detrás del cual se habían escudado las fuerzas armadas latinoamericanas. Y paralelamente comienza a levantarse otro muro, para la salvaguarda de los derechos humanos.
Sobre el particular, cabe citar el fortalecimiento y la mayor independencia de la justicia, que se va afianzando en todo el continente, pese a todas las resistencias. Los encargados de derechos humanos o defensores del pueblo de muchos países han ejercido en su mayoría una influencia positiva. A lo que deben sumarse las tendencias favorables a una expansión del sistema interamericano para la protección de los derechos humanos. No es casualidad que el régimen semidemocrático de Perú se niegue a aceptar la jurisprudencia interamericana.
En los planos político y social, la confrontación con el pasado ha tenido suerte diversa, como lo demuestra el caso chileno. Sigue habiendo países cuyas fuerzas de seguridad, incluida la policía, no están bajo un control suficiente de los gobiernos legitimados democráticamente. En muchos lados, sigue habiendo funcionarios con las manos manchadas de sangre.
Todavía no se sabe qué hacer con las víctimas y cómo recordar el pasado. Es cierto que se levantaron algunos monumentos, pero al mismo tiempo se busca eliminar todo rastro del horror. Al respecto deben mencionarse los planes del gobierno menemista en Argentina de demoler el edificio de la ESMA. Se echan de menos los aniversarios oficiales recordatorios de las víctimas y de los crímenes cometidos. También en los textos escolares y en los curricula de muchos países latinoamericanos se trata de una manera deficiente los temas que se refieren a las dictaduras y a las violaciones de los derechos humanos. Todo esto es un indicador de las relaciones de poder políticas y sociales actuales.
Función e importancia de las Comisiones de la Verdad
La tensión existente entre lo éticamente deseable, lo políticamente posible y lo políticamente necesario ha tenido concreta expresión en las llamadas Comisiones de la Verdad y la Reconciliación. Ello vale especialmente para Chile, El Salvador y Guatemala (y en cierto grado para la CONADEP argentina). En estas comisiones, se superponían las funciones jurídicas, políticas y sociales.
Las Comisiones de la Verdad constituyen una suerte de compromiso entre lo que los responsables están dispuestos a tolerar y las exigencias mínimas de las víctimas. Aun así, la palabra „compromiso„ se presta a confusión, porque el compromiso es, para las víctimas, una solución a medias, basada en la imposibilidad de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes, debido a las relaciones de poder políticas. No es un compromiso hecho de buen grado, menos aun por las víctimas. Es un compromiso desigual entre víctimas y victimarios, que exige mucho más de las primeras que de los segundos.
Estas comisiones, formadas por personalidades y expertos nacionales y, en ocasiones, internacionales, fueron creadas por los gobiernos con la misión de investigar y documentar de la forma más exhaustiva y ejemplar posible las peores violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras. Los nombres de los responsables no fueron generalmente mencionados; tampoco fueron juzgados.
¿Qué función cumplieron las Comisiones de la Verdad?
En lo tocante a los crímenes cometidos durante las dictaduras militares, estas comisiones sirvieron sólo en parte al esclarecimiento de la verdad. Una verdad que, en muchos casos, ya era conocida y estaba documentada. Lo que más bien se pretendía era una verdad oficial, esto es, reconocida por el lado estatal, que las sociedades conocieran la verdad sobre las masivas y horrendas violaciones de los derechos humanos.
Se quería poner en marcha un proceso de esclarecimiento y purificación colectivo, que la verdad quedara documentada históricamente, de modo de impedir cualquier exaltación del régimen militar (y de sus crímenes). El dolor generado por el poder del Estado obtuvo un reconocimiento social y político a través de los informes de las Comisiones de la Verdad. Eso fue un factor importante en el proceso de rehabilitación terapeútica y de reintegración social de las victimas.
No es posible una reconciliación
Las Comisiones de la Verdad no contribuyeron a la reconciliación. Lo cual no debe sorprender, como tampoco parece posible una reconciliación colectiva en torno a los crímenes contra los derechos humanos. Lo que sí es posible son actos de arrepentimiento personal, lo mismo que perdón individual de las víctimas. Esta faceta personal de la reconciliación es ignorada por muchos políticos latinoamericanos, que están convencidos de haber hecho su aporte a la reconciliación y se quejan cuando las víctimas o sus familiares disienten con su postura. Mientras los victimarios no se arrepientan sinceramente y hagan su aporte al examen del pasado, no se puede prohibir a las víctimas que pidan cuentas a los responsables, más allá de las apelaciones a la reconciliación por parte del Estado u otras fuentes.
Una sociedad no puede reconciliarse sobre la base de los crímenes que aquí se discuten. Han sido crímenes demasiado horrendos; sus responsables, en su mayoría no se muestran arrepentidos y subsisten además las estructuras sociales y políticas que hicieron posible las violaciones de los derechos humanos. Lo que sí puede hacer una sociedad es analizar las causas de estos crímenes, con el fin de eliminarlas. Ello presupone la condena moral de los crímenes y de sus autores, en la medida en que éstos no cambien de posición.
Es posible que, en determinadas circunstancias, una sociedad prescinda del castigo de los torturadores y asesinos en uniforme, en aras de un objetivo superior; pero esta misma sociedad no puede renunciar a la condena moral de los crímenes (y de sus responsables). Por eso, hay que distinguir muy bien entre la amnistía o indulto de los crímenes contra los derechos humanos, que en determinadas situaciones puede contribuir al proceso de pacificación, y la absolución moral. Para muchos apologistas de la amnistía, sobre todo del lado de los culpables, reconciliación política es igual a amnesia social. Para ellos, el abordaje del pasado debe ser sólo para echar al olvido, colectiva y forzosamente, los crímenes y los nombres de quienes los perpetraron.
No es posible la reconciliación en torno a las violaciones de los derechos humanos. De lo que se trata es de alcanzar un modus vivendi que permita una convivencia sin conflicto entre los responsables y sus víctimas (o sus familiares). Ello obliga a poner ciertos límites a los responsables, por ejemplo, la prohibición de ocupar cargos públicos o de exaltar públicamente los crímenes, y a otorgar determinadas compensaciones materiales y simbólicas a las víctimas y sus familiares. No es lo mismo que una reconciliación, pero es un aporte a la consolidación de la democracia.
Las heridas que las violaciones de los derechos humanos infligieron a estas sociedades no se borrarán, sólo pueden disimularse en el mejor de los casos. Muchas heridas volverán a abrirse, en tanto el pasado siga echando su sombra sobre el presente. (Fin)
Nota de los editores:
Esta es una versión revisada y traducida de un artículo publicado en la revista alemana „Nord-Süd aktuell„.
El profesor Detlef Nolte es subdirector del Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo, Alemania. Su dirección de correo electrónico es:
