por Setareh Khalilian *

La población de Camboya es una ví­ctima en muchos aspectos y por lo menos desde hace tres décadas. Es ví­ctima de la guerra, guerra civil y graves violaciones de derechos humanos que en ciertos años adquirió caracterí­sticas de un genocidio – ví­ctima de gobiernos extranjeros, de potencias de ocupación y sobre todo, de su propio gobierno.

El imperio de terror de los Khmer Rouge resultó lo más desastroso en „Kampuchea Democrática“ (1975-1979) que costó la vida de cerca de 1,7 millones de seres humanos. Esto hace por lo menos un quinto de la población del paí­s y puede designarse como genocidio al propio pueblo. Autores y ví­ctimas fueron los ciudadanos de un paí­s, ahora los sobrevivientes y los responsables son vecinos. ¿Comparecerán los dirigentes anteriores del Khmer Rouge ante un tribunal de crí­menes de guerra para que el pueblo y el gobierno actual puedan terminar con esta herencia de Camboya por medio de la verdad y justicia? ¿Y cómo debe estar constituido un tribunal para satisfacer este objetivo? -¿Es la penalización de crí­menes de camboyanos a camboyanos un asunto nacional o existe una validez universal de los derechos humanos y las violaciones deben ser sancionadas bajo criterios internacionales?

Estas cuestiones son inevitables en las negociaciones actuales de la ONU con el gobierno camboyano de Hun Sen para la instalación de un tribunal penal internacional en Camboya que se ocupe de los crí­menes en la época de „Campuchea Democrática“.

Los Khmer Rouge y el desarrollo polí­tico posterior

Los crí­menes de los Khmer Rouge pueden ser calificados como genocidio a cerca de un millón y medio de personas, planeado con precisión extremada y minuciosa, lo que hace más o menos un quinto de la población de Camboya. Cientos de miles de personas fueron ejecutadas, constituyendo las innumerables ejecuciones „sólo“ un 31 % de los muertos, de lo que es responsable el régimen de los Khmer Rouge. Las demás ví­ctimas murieron de hambre, por enfermedad, exceso de trabajo en los lugares de trabajos forzados o como consecuencia de los numerosos secuestros.

Bajo el „primer hermano“ Pol Pot y el „segundo hermano“ Leng Sary los Khmer Rouge condujeron largas listas de muertes y confeccionaron material de prueba exacto, de modo que los investigadores de la Universidad de Yale han dado con cerca de 500,000 págs. de protocolos de interrogatorios y torturas, confesiones, listas, fotos y similares, pudiendo localizar más de 8000 fosas comunes. Existe sin duda alguna suficiente material probatorio para un tribunal de crí­menes de guerra.

Aún después de la derrota de los Khmer Rouge, los habitantes de Camboya no pudieron tener un tiempo de paz y seguridad. En vez de ello, la historia de Camboya ha estado marcada con luchas de poder continuas, gobiernos corruptos y además innumerables violaciones de derechos humanos. El régimen de los Khmer Rouge acabó con la invasión de tropas vietnamitas en 1979. Camboya fue ocupada y con Hun Sen se instaló un gobierno pro-vietnamita del CPP. Se desencadenó una guerra de guerrillas de los Khmer Rouge contra la potencia ocupadora hasta la retirada de los vietnamitas en 1989. Finalmente, en 1991 se firmó un tratado de paz por el que la ONU toma a su cargo una administración transitoria de dos años en Camboya (UNTAC 1991-1993). Durante ese tiempo se trabajó entre otras cosas, en la organización de una prensa libre pero se la anuló desde el intento de golpe del CPP, el partido sucesor del gobierno durante los 10 años de ocupación vietnamita.

Desde la retirada de las tropas de la ONU aumentaron los asesinatos por parte de policí­as y militares. En 1993 se llevaron a cabo elecciones democráticas que condujeron a la victoria del FUNCINPEC (Frente Nacional Unido para una Camboya Independiente, Neutral, Pací­fica y Cooperativa) y a la proclamación del „Reino de Camboya“. El hijo del rey Sihanuk, prí­ncipe Ranariddh, llegó al poder y gobernó un tiempo junto con Hun Sen hasta que éste en un cuasi golpe de estado se declaró a sí­ mismo como único Primer Ministro asignando al prí­ncipe Ranariddh el cargo de presidente de la asamblea nacional. Hun Sen, como muchos miembros del gobierno y de la oposición era anteriormente un Khmer Rouge. Sin embargo, en los años 80 él se convirtió en gobernante con el favor de Vietnam – su gobierno autocrático fue hondamente corrupto. Sin consideración alguna debe haber detenido a opositores.

Entre tanto se divieron los rebeldes después de 33 años de lucha: leng Sary, por muchos años el hermano número dos después de Pol Pot, se separó de las guerrillas en agosto de 1996. Este ex-ministro del exterior tiene bajo su comando a 300 hombres, lo que constituye la mitad de la combatividad del ejército de Pol Pot, y además controla la región de Pailin al Nor-Oeste, centro del comercio de maderas tropicales y piedras preciosas – fuente de dinero de los Khmer Rouge. Leng Sary fue condenado en su ausencia a muerte por genocidio en 1979, pero el rey Sihanouk decidió condonarle la pena. Hun Sen habí­a pedido la amnistí­a. Con ello, el gobierno esperaba inducir a los camaradas de Pol Pot a renunciar, quizás pronto, a las cruzadas sangrientas que habí­an conducido todos esos años en temporadas secas.

Sin embargo, esto no significa -así­ se asevera el gobierno- que no se va a buscar más pruebas. No se va a vacilar en entregar a los acusados a un Tribunal Internacional para criminales de guerra, se decí­a. A este respecto, Amnistí­a Internacional se expresó muy crí­tica declarando que es inadmisible para las ví­ctimas, y además recordó que en 1997 y 1998 el mismo gobierno pidió ayuda internacional y apoyo de la ONU para la sanción de algunos criminales de la era de los Khmer Rouge. Amnistí­a Internacional exigí­a la salida del cí­rculo de la impunidad y que por fin se cooperara con la ONU para instalar un tribunal internacional, el cual traerí­a justicia a Camboya tan pronto como sea posible.

Negociaciones por un tribunal del Khmer Rouge

El lí­der del Khmer Rouge, Pol Pot, está muerto. Pero muchos de los lí­deres de su ejército viven todaví­a y pueden moverse libremente en Camboya hasta ahora. El primer ministro Hun Sen ha asegurado impunidad a los oficiales del rango más alto del Khmer Rouge Leng Sary, Noun Chea y Khieu Sampan a cambio de su fidelidad para cimentar su control en la polí­tica del Estado. El único alto oficial del Khmer Rouge detenido, Ta Mok, inculpado por genocidio por un tribunal militar en setiembre de 1999, habí­a provocado la ira del Primer Ministro por haber organizado la resistencia militar de la última unidad del Khmer Rouge hasta su detención. En abril de 1997 las Naciones Unidas dió una resolución (1997/49) por la que encomendaba al Secretario General investigar la sanción de los crí­menes contra el derecho camboyano e internacional. En junio de 1997 llegó a él una carta del gobierno camboyano, firmada por los anteriores Primer Ministros Hun Sen y prí­ncipe Norodom Ranariddh, quienes piden apoyo de las Naciones Unidas a fin de que se haga justicia en cuanto a los responsables del genocidio y crí­menes contra la humanidad durante el gobierno del Khmer Rouge de 1975-1979.

En 1998 el Secretario General de la ONU encomendó a un grupo de expertos jurí­dicos para sondear las perspectivas de un proceso contra ex-oficiales del Khmer Rouge. En febrero de 1999 los expertos presentaron su informe en el que recomendaron la fundación de un tribunal internacional con acusadores independientes, similar a los tribunales ad-hoc de Ruanda y de la ex-Yugoslavia, así­ como una Comisión de la Verdad que documente los acontecimientos de ese tiempo.

La idea de una Comisión de la Verdad no tuvo mucha resonancia en Camboya y en los años siguientes tuvieron lugar varias negociaciones entre la ONU y Camboya para determinar la composición exacta y el alcance de un tribunal. Sin embargo, desde la detención de Tamok, el gobierno ha insistido en tenerlo ante un tribunal en Camboya y bajo el derecho nacional, a pesar del informe de los expertos. Siguieron una serie de compromisos polí­ticos, de manera que el tribunal ya no se adecúa completamente a la propuesta de los expertos. En julio del 2000 las Naciones Unidas y el gobierno de Camboya llegaron por fin a un acuerdo sobre los detalles de un tribunal especial para crí­menes de guerra de los Khmer Rouge. Como tribunal se proyecta, un tribunal camboyano con la participación de jueces y acusadores internacionales.

Sin embargo, las negociaciones se suspendieron nuevamente cuando Hun Sen se negó a un control del tribunal por la ONU. La ONU defiende la moción de que el proceso se realice ante un tribunal compuesto por jueces en su mayorí­a extranjeros con un acusador independiente nombrado por la ONU, a fin de garantizar la conducción de un proceso imparcial y justo. Sin embargo, el gobierno de Camboya rechaza toda función de control de la ONU y culpa a la ONU de violar la soberaní­a estatal de Camboya y de hacer peligrar la paz en el paí­s. Los expertos jurí­dicos de la ONU y organizaciones de derechos humanos han expresado el mayor escepticismo en toda forma de proceso jurí­dico arraigado en el aparato judicial politizado y corrupto de Camboya.

Los expertos que por encargo de la ONU confeccionaron un informe sobre la posibilidad de un tribunal del Khmer Rouge, eran de la opinión que el sistema de justicia camboyano es deficiente en 3 puntos. Existe una carencia de jueces, abogados y juristas calificados; infraestructura insuficiente, como por ejemplo salas de tribunales o prisiones seguras contra evasiones y dignas de un ser humano; y por último no existe una cultura del respeto a procesos regulares y de su desarrollo. Los tribunales no son independientes de la polí­tica; predomina la corrupción y extorsión y muchos jueces son también miembros de partidos polí­ticos. Esta situación no es compatible con los patrones jurí­dicos internacionales.

Además, existen riesgos de seguridad en Camboya. Los defensores son frecuentemente agredidos por familiares de las ví­ctimas y es posible que testigos no sean asegurados ante un enventual tribunal de Khmer Rouge. Los expertos concluyen que el sistema de justicia camboyano no es justo ni suficientemente efectivo para poder llevar a cabo autónomamente un tribunal digno de crédito. El derecho penal de Camboya tampoco está escrito o interpretado claramente. Se recurre en gran parte al de 1956 que valí­a para el Reino de camboya, ya que desde el Khmer Rouge no ha existido un Código Penal claro, fiable. Con estas deficiencias, el sistema de justicia camboyano no puede ganar la confianza de los camboyanos o de la Comunidad Internacional.

Los expertos llegan a una opinión parecida cuando se trata de una forma mixta de tribunal camboyano e internacional, como por ejemplo, el compromiso al que recientemente se llegó. Tal tribunal también será manipulable por fuerzas polí­ticas y perderá su independencia. La mayorí­a de las deficiencias no se podrá remediar con la participación de algunos abogados y jueces internacionales.

El partido gobernante de Camboya cuenta también entre sus miembros con ex-dirigentes de los Khmer Rouge. Y si el gobierno ejerce influencia en el nombramiento de los jueces, así­ también ejercerá influencia sobre el tribunal, dijo Ang Eng Zhong, Presidente de la Asociación de Abogados de Camboya, de la Cámara Nacional de Abogados. El 6 de enero del 2000 17 grupos de derechos humanos criticaron la propuesta de Hun Sen de un proceso compuesto en su mayorí­a por jueces nacionales secundados por una minorí­a de jueces nombrados por la ONU, ya que la misma no traerí­a al pueblo de Camboya ni paz ni justicia.

Se expresaron también temores en relación con infracciones a la ley en el transcurso de la detención de Ta Mok, ya que éstas ponen en cuestión la credibilidad de la vista del caso y representan una violación de los derechos del acusado bajo el derecho camboyano e internacional.

Al Primer Ministro se le reprocha inoficialmente considerar ventajoso para sí­ el proceder jurí­dico contra ex-oficiales de los Khmer Rouge, pues ello eleva la credibilidad de su gobierno como receptor de ayuda financiera internacional ante los paí­ses donantes. Se llegó a un cinismo pragmático igual de la Comunidad Internacional y de los Estados Unidos durante los años 80 cuando ignoraron el genocidio y cooperaron con los Khmer Rouge.

Parece que por el lado del gobierno de Camboya falta toda voluntad polí­tica de favorecer un debate público y sincero sobre el genocidio dentro de la sociedad camboyana y revelar la verdad sobre los crí­menes de guerra; como consecuencia, las negociaciones entre la ONU y Camboya sobre el tribunal se hacen muy complicadas y largas, aún así­ después de existir un acuerdo en la forma del tribunal. Las discrepencias recientes tienen que ver con la nueva ley que el gobierno de Camboya ha promulgado especialmente para la conformación del tribunal.

Según Kofi Annan, tanto la Comunidad Internacional como Camboya están de acuerdo de que debe haber un tribunal de carácter internacional y debe garantizar los estándares jurí­dicos internacionales mí­nimos. La exigencia principal de la ONU en realidad es, que el organismo jurí­dico que ha de conformarse para este propósito en Camboya, también corresponda a los estándares internacionales, como por ejemplo, en la detención de sospechosos, el impedimento de impunidad para el genocidio y crí­menes contra la humanidad así­ como una participación internacional adecuada de acusadores y jueces.

El proyecto de ley del gobierno camboyano prevé que tanto acusadores como jueces camboyanos y extranjeros se ocupen de la acusación y sentencien conjuntamente, para lo cual los jueces extranjeros constituyen la minorí­a, otorgándoseles un derecho a veto.

La nueva ley determina en primer lugar, que los crí­menes que fueron realizados desde el 17 de abril de 1975 hasta el 6 de enero de 1979, deban ser sancionados ante el tribunal del Khmer Rouge. Allí­ se considera una diversidad de delitos: asesinato, tortura y persecución religiosa bajo el derecho camboyano y genocidio en sentido de la Convención de la ONU de 1948, esto último significa, todos los actos con el fin de de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y asimismo, el intento de genocidio como también la conspiración al genocidio o la complicidad. Además, serán sancionados todos los crí­menes contra la humanidad. í‰stos son definidos como crí­menes extendidos o sistemáticos contra la población civil sea por motivos nacionales, polí­ticos, étnicos, raciales o religiosos, por ejemplo, asesinato, esclavización, secuestro, privación de la libertad, tortura, violación y otros actos inhumanos. Bajo el artí­culo 6 de la ley se sancionan también crí­menes en sentido de la Convención de Ginebra de 1949.

En la ley está explí­cito que todo sospechoso que es culpable de uno de los crí­menes descritos arriba, que lo haya planeado, ordenado o brindado ayuda, es responsable individualmente por el mismo, donde la condición de grado es irrelevante para la sentencia así­ como el hecho de que se ha actuado de acuerdo a una orden. Y a la vez el comandante superior no está libre de su responsabilidad en tanto que haya tenido autoridad de mando, control y autoridad sobre el acusado y que sabí­a del plan y realización del acto sin haber tomado las medidas necesarias razonables para su prevención o sanción de los autores.

Las penas para los sentenciados pueden alcanzar desde cinco años de prisión hasta cadena perpetua. Está previsto también la confiscación de la propiedad personal, dinero, bienes inmuebles y similares a favor del Estado, siempre que hayan sido obtenidos en forma ilegí­tima o a través de actos criminales. Asimis-mo, dice que el Reino de Camboya no va a solicitar ninguna amnistí­a más para personas que serán acusadas y sentenciadas bajo esta ley.

La Sociedad para Pueblos en Peligro (GfbV) ha manifestado su preocupación sobre la disposición en el proyecto de ley de Camboya según la cual, el gobierno de Camboya tiene el derecho de rechazar los jueces y acusadores nombrados por la ONU, no otorgándosele a la ONU en cambio, este derecho frente a los nombramientos por parte de Camboya. Asimismo, es inacceptable que el tribunal se componga en su mayorí­a por jueces camboyanos y que la parte civil acusadora camboyana obtenga el derecho de hacer uso del veto contra toda sentencia. Además, la protección a testigos encuentra poca mención en el proyecto de ley así­ como la pregunta, si los oficiales de los Khmer Rouge que fueron amnistiados oficialmente pueden ser nuevamen-te objeto de acusación. El proyecto de ley deja muchas cuestiones pendientes. Por ello, varias organizaciones de derechos humanos y de paz tienen la convicción de que el mismo no puede garantizar un proceso justo, sin influencia polí­tica, como corresponderí­a a los patrones internacionales.

Tampoco la ONU se muestra satisfecha con el proyecto de ley de Camboya. Detalles formales y formulaciones imprecisas hacen surgir la sospecha de que el gobierno de Camboya no está interesado en un tribunal verdadero en cooperación con las Naciones Unidas. Por ejemplo, en caso del retiro de un juez propuesto por la ONU después que se ha hecho uso de toda la reserva de jueces, no menciona que nuevamente será elegido un juez propuesto por la ONU, sino que el gobierno camboyano podrí­a prácticamente instalar a cualquier extranjero. Asimismo, para la elección del acusador extranjero, después que hayan sido colocados todos los reservistas, se ha omitido sencillamente la frase: „de la lista de los propuestos por el Secretario General“. Las Naciones Unidas desean hacer claro que todos los puestos libres de participantes extranjeros deben ser ocupados con personal que proponga la ONU.

Además, el derecho camboyano presenta problemas en lo que concierne al puesto del director administrativo. Este empleado de la ONU tiene competencia sobre todos los trabajadores extranjeros y controla también el dinero del fondo de la ONU. En el proyecto de ley de la ONU se dice que este empleado extranjero ha de ser nombrado por el Secretario General de la ONU, pero en la ley camboyana se dice que el mismo será propuesto por éste y nombrado por el Reino de Camboya. Esto ha conducido a considerables discusiones, puesto que la ONU ha intentado dejar en claro que este puesto ha de ser llenado por un oficial de la ONU y por tanto, éste último ha de ser nombrado por el Secretario General y ser igualmente ante él responsable.

En lo que se refiere a la controvertida impunidad, en la propuesta de la ONU para la ley se dice que ninguna impunidad más debe otorgarse y que las amnistí­as conferidas no constituyen impedimento para una acusación ante el tribunal. Sin embargo, el derecho camboyano no se expresa sobre la impunidad prometida anteriormente.

Hasta ahora las Naciones Unidas no han podido acceptar esta ley. Un acuerdo se muestra difí­cil, sobre todo porque el tribunal se habrá de financiar principalmente de un fondo de la ONU establecido para este objetivo y por tanto, la ONU pone ciertas exigencias y carga con la responsabilidad por el resultado.

Las negociaciones casi llegaron a suspenderse en febrero del 2001 cuando Hun Sen dio a revisión la ley después de que fuera aprobada por el parlamento, a fin de que todos las indicaciones sobre la pena de muerte, como en el artí­culo 3, sean cambiadas. El Reino de Camboya abolió la pena de muerte hace 10 años y una sentencia tal no se podrí­a dar en vista de la Constitución camboyana. Pero ahora se excluyó de la ley. Para ello habí­a que cambiar una frase, para lo cual el gobierno de Camboya necesitó de 6 meses, en disgusto de la ONU. Esta maniobra pareció más bien como una pérdida de tiempo intencionada y hace dudar de los motivos del gobierno para el tribunal.

El gobierno camboyano sostiene, en cambio, que puede llevar a cabo su tribunal sin la ONU en caso de que no se llegue a un acuerdo. Hun Sen se mostró irritado sobre la crí­tica de la ONU a la ley de Camboya y advirtió que se respete la soberaní­a e independencia de su paí­s. Por su lado, el mismo culpó a la ONU de querer demorar la instalación del tribunal. La dificultad no sólo está en que se haya concedido amnistí­a a algunos lí­deres de alto rango de los Khmer Rouge, sino también en el hecho de que algunos ex-Khmer Rouge mantienen altos puestos en el gobierno y en el ejército.

La dificultad está en que el tribunal debe ser justo sin tener que perjudicar la soberaní­a jóven de Camboya y la paz recien alcanzada. Por ejemplo, Hun Sen insiste siempre en un „tratamiento especial“ de len Sary, ex-ministro de Asuntos Exteriores de los Khmer Rouge. El mismo fue el primer lí­der de la guerrilla que se pasó al actual gobierno dejando el movimiento de los Khmer Rouge. Si se lo trae ante el tribunal, se desatará nuevamente una guerra civil en Camboya, sostiene Hun Sen. Que no se puede anular la amnistí­a que el Rey Sihanouk firmó en 1996. Además, Hun Sen ha asegurado a muchos combatientes de los Khmer Rouge que se han salido del movimiento que sólo dirigentes de alto rango de los Khmer Rouge tendrán que responder ante el tribunal. Estas promesas sirven para provocar las deserciones en las guerrillas y para que se mantengan pací­ficamente, pero tal poco entusiasmo, sólo puede perjudicar la credibilidad de un tribunal y la justicia.

En cuanto a esto, se manifiestan directamente los expertos de la ONU en su informe y escriben que la justicia no puede ser dependiente de la situación polí­tica actual. Tal impunidad sólo puede convertir en farsa un tribunal de crí­menes de guerra. Por otro lado, se tiene que investigar lo que es realizable prácticamente en Camboya y decidir si mejor se sentencia a algunos pocos Khmer Rouge o no se instala ningún tribunal bajo estas condiciones.

Algunos camboyanos exigen también el juzgamiento de Estados Unidos y del Reino Unido por el bombardeo secreto e ilegal a la Camboya en ese entonces neutral bajo el Presidete Nixon y Henry Kissinger de 1969 a 1973. Este bombardeo de áreas tuvo como consecuencias muchos muertos y una destrucción tal, que se sostiene que fue un elemento crí­tico para la llegada al poder de Pol Pot. Resultó ser como un catalizador para el pequeño grupo de carácter sectario de los Khmer Rouge, cuya combinación de maoí­smo y „comunismo de la era de piedra“ no tení­a ninguna base en el pueblo.

Después de que los Khmer Rouge fueron desalojados del poder por los vietnamitas en 1978, los Estados Unidos, China y también el gobierno de Margaret Thatcher apoyaron a Pol Pot en su exilio en Tailandia, puesto que él era el enemigo de sus enemigos.

La „liberación“ de Camboya no pudo ser reconocida porque provino del lado erróneo. Es así­ que después de 1979 los Khmer Rouge siguieron representado Camboya ante la ONU por deseo especial de los americanos y británicos. Mientras tanto, la sociedad traumatizada sufrí­a el embargo del Consejo de Seguridad y los Khmer Rouge obtení­an todo lo deseado en el exilio y podí­an concentrar tropas combatientes en la frontera para apoyar la resistencia. Esto llevó a que todaví­a se siga consumiéndose una guerra civil de llama débil muchos años después del derrocamiento de los Khmer Rouge y que el paí­s no tenga paz. Así­ declaró el defensor de Ta Mok que también todos los extranjeros deben ser llamados ante el tribunal para responder por el apoyo a los Khmer Rouge y sin excepciones, desde Madeleine Albright, Margaret Thatcher, Kissinger, Carter, Reagan hasta Bush y otros. „Nadie debe escaparse de la justicia“, decí­a Hun Sen. „los Khmer Rouge deben ser traidos al tribunal. Pero tambien aquéllos que los apoyaron, deben aparecer allí­.“

Así­ por ejemplo, el rey camboyano Norodom Sihanuk ha declarado recientemente su disposición de presentarse ante un tribunal internacional en lo que se refiere a su rol durante el dominio de los Khmer Rouge. En el régimen de Pol Pot, Sihanuk fue temporalmente jefe de Estado desde 1975 hasta 1979, mantuviendo antes y después buenas relaciones con los Khmer Rouge, aunque cinco de sus hijos cayeron ví­ctimas de tal poder.

Se discute hasta qué medida este gobierno tiene la autorización de instituir un tribunal para sancionar a los Khmer Rouge cuando actualmente muchas protestas de la población contra el gobierno de Hun Sen son reprimidas violentamente y se da muerte a personas en las protestas o después „desaparecen“. Por ejemplo, el lí­der de oposición Rainsy se refugió en el edificio de la ONU, ya que Hun Sen habí­a ordenado una orden de detención. En la marcha de protesta por Rainsy la policí­a abrió fuego por lo cual murieron varias personas.

Después de las elecciones parlamentarias el 26 de julio, que confirmaron el cargo del hasta entonces segundo presidente de ministros, Hun Sen y su Partido Democrático de Camboya (CPP), los partidos de oposición se negaron a reconocer la victoria electoral. Los polí­ticos de oposición como el prí­ncipe Norodom Ranariddh, presidente del Funcinpec, así­ como Sam Rainsy, jefe del partido de igual nombre (SRP), reprocharon al CPP de fraude electoral. Asimismo, la oposición expresó sus dudas sobre la neutralidad de la Comisión Nacional Electoral que era responsable por la repartición de escaños parlamentarios. Después de darse a conocer los resultados electorales muchos miembros de partidos de oposición huyeron al extranjero. Amenazas de muerte por parte de partidarios del CPP les hizo temer sobre sus vidas.

Después del golpe de Estado el 5 de julio de 1997 en el cual el jefe del CPP, Hun Sen, apartó al Primer Ministro prí­ncipe Norodom Ranariddh de su puesto, más de 53 personas fueron ejecutadas sin sentencia – la mayorí­a de ellos miembros de alto grado del Funcinpec. Hasta ahora nadie ha sido traido al tribunal por esos crí­menes, aunque existen pruebas inequí­vocas de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. El tribunal militar en Phnom Penh sentenció a una pena de prisión de 20 años al general de brigada Chao Sambath, que ya habí­a sido asesinado por soldados – sus asesinos no fueron sancionados.

Durante la administración transitoria de la ONU desde octubre de 1991 hasta setiembre de 1993 y después del Tratado de Paz de Paris de 1991, Camboya ha firmado la mayorí­a de tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero desde la toma de cargo del gobierno camboyano hicieron un retroceso muchos desarrollos progresivos. La situación de los derechos humanos se empeoró drásticamente aunque el gobierno aseguró repetidamente que iba a ordenar investigar las violaciones de derechos humanos conocidas. En lugar de ello, la violencia marca la vida polí­tica cotidiana. La juramentación de la nueva Asamblea Nacional tampoco ocurrió libre de violencia: en Angkor Wat, en la provincia Siem Reap, explotó una granada cerca de Hun Sen.

Pero en vez de expresarse sobre las violaciones de derechos humanos, el Primer Ministro Hun Sen atacó el trabajo del Centro de Derechos Humanos de la ONU en Phnom Penh. En agosto del año pasado, el mismo exigió el despido de varios empleados de la ONU que supuestamente habí­an difundido información falsa. Al mismo tiempo, el gobierno anunció la creación de una propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Amnistia Internacional duda de que esta comisión pueda funcionar sin indepen-dencia jurí­dica en el paí­s.

De la estructura social y acontecimientos de la vida cotidiana, se podrí­a concluir que la herencia de los Khmer Rouge es sobre todo una cultura de violencia. „Si queremos romper con el cí­rculo vicioso de la violencia, tenemos que empezar pidiendo cuentas a los autores“, dice el lí­der de la oposición Sam Rainsy. Ejemplos de la „cultura de violencia“ en Camboya se encuentran rápidamente, por ejemplo en casos jurisprudenciales. Allí­ dispara un hombre a dos de sus vecinos, porque su perro se peleó con los de ellos. De lo que se oye de la vida cotidiana camboyana se puede concluir de que existe una enorme disposición a la violencia. Camboya es uno de los paí­ses más pobres del mundo, con el añadido de tres décadas de guerra civil – allí­ la vida no tie ne mucho valor. „Los Khmer Rouge y el régimen comunista han destruido nuestros valores morales y éticos“ dice Lao Mong Hay, director del Instituto-Khmer para la Democracia en Phnom Penh. „Al ser las personas torturadas, asesinadas o empujadas a la hambruna en ese tiempo, no valí­an las ví­ctimas como seres humanos, sino como enemigos de clase.“ Este menosprecio de la vida humana continuó aún después del derrocamiento de los Khmer Rouge por tropas vietnamitas en 1979, pues siguieron dos décadas de guerra civil que formalmente ha llegado a su final desde hace poco tiempo con la entrega de la última comandancia de los Khmer Rouge. La carencia total de valores sociales puede aducirse para explicar por qué los amigos se matan por apenas un dólar o personas se disparan con lanzacohetes.

La sociedad de Camboya no sólo tolera la violencia, sino también deja sistemáticamente a los autores intactos. El responsable principal de esto es, según la opinión de las Naciones Unidas, el Primer Ministro Hun Sen. El embajador especial de la ONU Thomas Hammarberg ha investigado 140 asesinatos a partidarios de la oposición tan sólo en los dos años pasados. Las fuerzas de seguridad de Hun Sen son presumiblemente responsables de la mayorí­a de asesinatos polí­ticos, no habiendo en ningún caso investigaciones serias, ni menos sentencias. Esto corresponde a una impunidad sistemática que hace dudar de todos los esfuerzos por un tribunal para los Khmer Rouge. ¿Puede un proceso internacional por genocidio de los Khmer Rouge o de algunos de sus lí­deres romper con el cí­rculo vicioso de violencia e impunidad? Según la opinión de los expertos autorizados por la ONU, son absolutamente necesarios tribunales internacionales imparciales que concluyan con el pasado, para poder lograr algunas mejoras en la situación de derechos humanos de Camboya. Sólo la justicia puede conducir a la paz, estabilidad y reconciliación nacional y asimismo, a la democracia. Además, debe darse una advertencia a los gobiernos futuros. También se ha de garantizar que uno pueda contar con una jurisprudencia realmente imparcial e independiente.

Casi dos millones de personas han sido ví­ctimas de los Khmer Rouge, casi un quinto de la población ha perdido la vida en los cuatro años de su poder hasta enero de 1979. ¿Debe o puede haber una reconciliación con los genocidas?

Khieu Samphan era presidente de Estado del régimen de Pol Pot, Noun Chea era considerado como el „hermano número dos“ en el mando, y ahora ambos se pasaron al gobierno con la promesa de la impunidad. Existen diferentes opiniones sobre lo que el pueblo de Camboya desea ahora. Se dice que sobre todo los más jóvenes, que nacieron después de las atrocidades de los „comunistas de la era de piedra“, desean dejar atrás el pasado. Para los otros, el recuerdo de los „campos de la muerte“ es una herida dolorosa y abierta. Aún aquéllos que escaparon de la muerte, perdieron a familiares y amigos. ¿Hasta qué punto quieren estas personas terminar con el pasado por medio del conocimiento de la verdad y de un tribunal que quizá no pueda decidir independiente y justamente?

Por otro lado, los expertos de la ONU han constatado que el deseo de justicia y responsabilidad existe preponderantemente. Naturalmente las personas desean la paz, pero como los expertos concluyen, un tribunal no es incompatible con la paz en el presente de Camboya. A esto se debe mencionar, que aquel tribunal que propusieron los expertos no puede ser realizable ahora y que se trata de un compromiso sobre el que ellos ya advirtieron explí­citamente.

¿Debe ser un asunto internacional o se sirve mejor al pueblo camboyano si el asunto se deja al gobierno camboyano? Naturalmente tiene fundamentación esta última proposición, sobre todo porque los crí­menes que deben ser sancionados fueron cometidos por camboyanos a sus propios compatriotas en Camboya misma. Por otro lado, el gobierno bajo Hun Sen y el prí­ncipe Ranariddh pidieron a la ONU su apoyo. En caso de que la ONU participe, se aplicarán los estándares internacionales. La ONU tiene una responsabilidad para este tribunal y son absolutamente inaceptables la corrupción, carencia de garantí­as jurí­dicas o influencia polí­tica. La pregunta es, cómo puede ser útil un tribunal así­. Buenos puntos de partida serí­an reforzar los elementos democráticos así­ como el sentido de derecho y justicia. Sin embargo, ello sólo es posible si se puede esperar un conocimiento de la verdad y juicio justos e independientes.

En la situación actual de Camboya esto parece ser improbable. El mismo gobierno de Hun Sen tiene poco respeto por el derecho, creyéndosele ser capaz de organizar concientemente un tribunal del Khmer Rouge. Corrupción e influencia polí­tica son evidentes y las negociaciones con Hun Sen demuestran que a él no le importa necesariamente la sanción de los crí­menes. Esto es más que todo un tira y afloja entre su gobierno y la ONU – aunque él mismo pidió ayuda internacional. La petición de ayuda para tal tribunal puede obedecer a otros motivos, por ejemplo, para hacer válida su habilitación a ayuda financiera internacional, ya que ésta está frecuentemente ligada a reformas democráticas y de estado de derecho.

El problema, como podrí­a opinarse, no es una concepción nacional de justicia, de jurisdicción nacional y la atribución de una sociedad internacional de intervenir, sino la falta de voluntad polí­tica para el esclarecimiento y sanción justa de los autores. Tribunales nacionales así­ como tribunales mixtos pueden ser útiles, pero depende de la disposición del gobierno para cooperar, de intereses propios y corrupción, así­ como del sistema nacional de justicia. Ya que todos los factores en el caso de Camboya aparecen deficientes, se podrí­a sostener que ningún tribunal es mejor que un tribunal dependiente, controlado por un gobierno corrupto, que más sirve a los intereses del partido de gobierno que a las ví­ctimas del genocidio. Preferible ninguna sanción de los crí­menes, ninguna paz en este sentido, que un juicio parcial de algunos acusados en un proceso irreal que legitima al gobierno y distrae la atención de sus propias violaciones masivas de derechos humanos y de su impunidad. El rol determinante de Hun Sen en cuanto a este tribunal parece hacer de los esfuerzos hacia la paz y justicia una farsa.

En caso de que la ONU no logre obtener el control absoluto sobre tal tribunal, podrí­a pensarse que se sirve mejor a la justicia y a la paz si se suspende el proceso antes que brindar al primer ministro Hun Sen una legitimación mundial por su administración de justicia parcial y antidemocrática.

Camboya en resumen histórico:

1863-1953: colonia francesa

1955-1970: Sihanouk gobierna el Reino de Camboya, el paí­s se implica en la guerra de Vietnam. USA bombardea Camboya desde 1969.

1970-1978: Lon Nol derroca a Sihanouk con ayuda de Estados Unidos y funda una república. Desde China Sihanouk establece una alianza con los Khmer Rouge contra el régimen militar de Lon Nol

1975-1978: Los Khmer Rouge de Pol Pot establecen la „Campuchea Democrática“, un régimen de terror en el que perdieron sus vidas más de un 1,5 millón de personas. Sihanouk es arrestado.

1978-1989: Tropas vietnamitas expulsan a Pol Pot y forman un gobierno marioneta bajo Heng Samrin y Hun Sen. Es combatido por los Khmer Rouge, Sihanouk y por el anticomunista Son Sann

1989: Retirada de las tropas vietnamitas.

1991: Convenio de paz en Paris.

1993: Primeras elecciones libres bajo la protección de la ONU. El hijo de Sihanouk, Ranariddh y Hun Sen son primeros ministros conjuntamente.

1997: Hun Sen saca del poder a Ranariddh.

1998: de las elecciones sale vencedor Hun Sen como jefe de gobierno; muerte de Pol Pot.

2002 : El 8 de febrero la ONU da por terminadas las negociaciones con el gobierno de Cambodia sobre una Corte penal para enjuiciar a los dirigentes de los Khmer Rouge. La ONU declara que no encuentra, en la propuesta cambodiana para tal corte, la base para juicios independientes, imparciales y objetivos como condición para una participación de la ONU.

* La autora estudia derecho en Oxford y Kiel. El presente trabajo lo preparó en el otoño del 2001 en el marco de una práctica en el Centro de Derechos Humanos de Nürnberg. Agradecemos a Cecilia Añaños pro la traducción del inglés.