por Patricio Orellana Vargas *, Octubre 2005
La inmunidad conseguida por los violadores de los derechos humanos
Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de Pinochet fueron increíblemente numerosas. Las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones de detenidos, las torturas y la prisión política afectaron a millares de personas. Según los organismos de derechos humanos de la época, en los cuales colaboré, se persiguió directamente a 347.000 personas anualmente que corresponde a un promedio del 5,18% de las personas entre 15 y 54 años.
Sin embargo, la historia oficial destaca que las violaciones a los derechos humanos fueron pocas en comparación con Argentina, Guatemala u otros países. Esta mistificación se logra mencionando exclusivamente los casos de ejecuciones arbitrarias, detenciones con desaparición y tortura, las que en todo caso, acumulativamente ascienden a 115.000 casos, la mayoría de ellos son casos de torturas.
Esta política de violaciones a los derechos humanos requirió de un aparataje represivo de impresionante magnitud que contó con miles de miembros.
Un balance siempre rojo
Después de 15 años de democracia (1990-2005) el balance es muy preciso. De las decenas de miles de casos de violaciones de derechos humanos no más de 50 se han aclarado, de los miles de agentes uniformados encargados de asesinar, hacer desaparecer y torturar, sólo han sido condenados 29, generalmente a penas irrisorias y en condiciones especiales en comparación con los reos comunes.
Este balance entrega un solo resultado: en Chile ha habido una impunidad casi total. En efecto, el funcionamiento del sistema judicial ha permitido que se actúe con una lentitud increíble: hay procesos que van a cumplir 30 años o más, desde que se presentó el habeas corpus inicial.
Inventando manipulaciones
Ha existido una capacidad inventiva tan fecunda para crear argucias que impidan lograr la justicia que alcanzan las cumbres del cinismo social, empezando porque el mismo gobierno militar que había violado todos los derechos y se auto amnistió. Es decir, el culpable dictó una ley que le declaraba inocente y libre de cualquier responsabilidad y los hechos penales nunca habían existido: durante la dictadura esta ley de amnistía se aplicó a rajatabla y se ha mantenido ocasionalmente con algunos quiebres en la democracia.
Cuando llegó la democracia, Pinochet siguió como jefe del Ejército y advirtió que protegería a “su gente” por los crímenes cometidos. La timidez del Poder Judicial para procesar los casos de violaciones se transformó en terror paralizante.
En estas circunstancias, el primer presidente democrático, Patricio Aylwin anunció su sibilina política de “justicia en la medida de lo posible”, que inspirada en la ética de la responsabilidad de Weber, obligaba a considerar los efectos que podría provocar cualquiera decisión. Así se evitó tener crisis con los militares, porque lo posible era definido por ellos.
Algunos placebos
Pero existía una obligación moral de hacer algo frente a la magnitud y masividad de estas violaciones. Entonces se encontró la solución en la expresión validada por la humanidad: Verdad. Ya que no se podía dar justicia se daría verdad.
Esta verdad fue el Informe Rettig. Esta verdad estaba llena de concesiones, era una verdad parcial y hasta una tergiversación de los hechos. Así, por ejemplo, el informe Rettig no reconoce que haya habido tortura en Chile. ¿Alguien puede imaginar un sistema represivo sin la aplicación de este instrumento? En Chile la tortura fue el instrumento central del sistema represivo, las muertes y las desapariciones fueron simples consecuencias ocasionales del mismo.
En segundo lugar, el Informe aceptó las imposiciones de las fuerzas armadas y se registró en el mismo nivel a los militares muertos en combate, como si fuesen violaciones a los derechos humanos. Es evidente que estos hechos deben registrarse, pero nunca en la historia se ha considerado que militares armados hasta los dientes y respaldado por un ejército organizado y muertos en acción fuesen casos de violaciones a los derechos humanos. El ejército respectivo puede considerarlos héroes o mártires, pero no corresponde a los conceptos de víctimas de los derechos humanos. Estos casos, aunque reducidos en número, contaminaban los conceptos aceptados sobre lo que son las violaciones a los derechos humanos y desnaturalizan el informe.
Muchos entendieron el carácter especial de la transición e interpretaron que esta verdad era un paso positivo y fue aplaudido por los que no lo estudiaron y por los que lo habían manipulado de esta forma.
Otro gran espectáculo
Cuando cambió la dirección del Ejército, se pensó que era la oportunidad de aplicar, por fin algunos mendrugos de justicia y se creó la Mesa de Diálogo con la presencia de militares, representantes del gobierno y abogados defensores de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Se pensaba que allí se recibiría una gran cantidad de información que permitiría acelerar los casos de derechos humanos, siempre paralizados o en lento avance.
Las fuerzas armadas reconocieron su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y hasta se especificó que los cadáveres de los detenidos desaparecidos habían sido lanzados al mar. La derecha y el gobierno comunicaron al país y al mundo que este era un reconocimiento que mostraba la grandeza de los militares.
Cualquiera persona hubiera entendido que si el Ejército asumía la “responsabilidad” quería decir que iba a responder a las consecuencias de esos actos. Gran error: la responsabilidad terminaba, según los militares, cuando se reconocía. Nada más “¦ y así eso era mucho.
Si lo llevamos al campo de la parodia, podríamos decir que si el sádico de Alto Hospicio (criminal común que violó y asesinó a muchas niñas) podría haber declarado que él asumía la responsabilidad por estos crímenes, pero que no confesaba concretamente ninguno de ellos y que no se le podían probar, de manera que no podría ser procesado y debía ser aplaudido por enmendar su actuar.
La misma lógica le pareció impecable al Ejército, con algunos agravantes adicionales.
Cuando se le pidió información concreta de los casos específicos de ejecuciones y desapariciones, el Ejército informó que, desagraciadamente, no tenía ninguna información porque no se habían guardado registros ni existían testigos o autores ya que había pasado mucho tiempo. Sólo les faltó preguntar ¿Por qué no pidieron la información antes? Parece que no lo hicieron por una última brizna de decencia ya que se le había pedido información desde 1973 en adelante.
La contraparte del poder militar era la vigencia de la “real politik”, sostenida por el presidente Eduardo Frei, que se traducía en un pragmatismo que justificaba la inercia ante la magnitud de los obstáculos.
La culminación del cinismo militar
Esta actitud era una burla cruel para con los familiares de las víctimas. Reconocían el crimen global, pero no reconocían ningún crimen específico, por lo tanto no había culpables.
De esta manera se intentaba la máxima aspiración de los que habían violado los derechos humanos: el punto final, la impunidad.
En la historia de la humanidad, no hay recuerdo de ejércitos que no tengan y guarden la información de sus acciones. En la época actual, con la avalancha de las técnicas de la información, todos los ejércitos del mundo consideran que la información es vital. El único ejército del mundo que carecía de información era el Ejército de Chile.
Nadie del gobierno reclamó, todos aceptaron la explicación del Ejército y más aún celebraron la Mesa de Diálogo como un hecho histórico y un cambio democrático en el Ejército.
El gran show internacional
Cuando Pinochet fue detenido en Londres, todo Chile avergonzado, pensó que la justicia se lograría en el Reino Unido, porque en Chile la justicia era algo inexistente, desconocido o imposible.
Pero nos habíamos olvidado de los políticos chilenos. Cuando vieron esta situación, todos reaccionaron al unísono: Hay que respetar la territorialidad de la ley, si hay delitos se deben procesar en Chile, ¿Por qué un país extranjero va a procesar a un chileno por delitos cometidos en Chile? La clase política mostró una unidad férrea. Así desconocían la naturaleza universal de los derechos humanos, cuyas violaciones pueden perseguirse en cualquier lugar.
La derecha masivamente partió a Londres, y consiguió el apoyo de la fuerte palanca de la ex primera ministra Margaret Thatcher. Ricardo Lagos consiguió el compromiso y apoyo a regañadientes del laborismo y Frei movió todos los medios de presión diplomáticos de Estado a Estado. Y consiguieron el milagro: tampoco hubo justicia en el Reino Unido y Pinochet regresó al país saludado con bandas y honores militares y se volvió a producir otro milagro: el pobre viejo perseguido e inválido, una vez que pisó tierra chilena pegó un salto y salió marchando al compás de las bandas.
Se había probado que Pinochet era impune en Chile y además, ahora, en el mundo.
Manipulando a los familiares de las víctimas
Desde 1974 los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados arbitrariamente, así como los familiares y víctimas de la tortura, prisión política, relegación y exilio habían desarrollado una heroica lucha ante la represión policial durante la dictadura y de la indiferencia de las autoridades durante la democracia.
Sin embargo, estos familiares organizados significaban un frecuente llamado a la conciencia nacional y ponía en jaque las maniobras del Gobierno y del Ejército. Para neutralizarlas se usó como elemento esencial el tiempo: tramitarlas indefinidamente, recomendarles acudir a los tribunales, instancia en la cual estaban sus casos y escuchar las explicaciones sobre las diligencias interminables. Por su parte, el Gobierno recurría a los argumentos de la independencia de los poderes y la no injerencia en el poder judicial para lavar su imagen.
Final y paulatinamente se fueron concediendo pensiones, becas y subsidios a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. Estas ayudas fueron miserables y sin ninguna relación con los sistemas de indemnización que se han aplicado en otros países. La explicación era la pobreza de las arcas fiscales que, sin embargo, permitían hacer renovaciones periódicas y modernización de todos los equipos militares.
Pero no se logró paralizar las acciones de estas agrupaciones que prosiguieron con su lucha por la verdad y la justicia ante la frialdad del sistema político.
La lucha inclaudicable de estas organizaciones demostró que a pesar del paso del tiempo la lucha continuaba y nuevas generaciones se incorporaban usando nuevos métodos, como las FUNAS, grupos de personas que denunciaban a prósperos oficiales que habían participado en la violación a los derechos humanos y que se habían construido máscaras de nobles ciudadanos.
Este ha sido el factor que ha mantenido la lucha por la justicia en Chile.
El control de la prensa y los otros medios ha permitido crear la vigencia de una ideología de la impunidad, recurriendo incluso a estímulos subliminales.
Se ha sostenido que hay que terminar con estas exigencias interminables, propiciando los perdones, reclamando el olvido. Se insiste en la necesidad de olvidar el pasado y preocuparse exclusivamente del futuro.
Esta ideología es propiciada y desarrollada por el Gobierno, la oposición, los medios de comunicación y llegó al clímax del cinismo cuando el cardenal Francisco Javier Errázuriz levantó la bandera de que “Hay exceso de justicia”, negando toda la tradición de sus predecesores eclesiásticos que habían jugado un rol destacado en la lucha por los derechos humanos.
El “exceso de justicia” al que hace mención el cardenal es de que de 2000 violadores a los derechos humanos requeridos por la justicia, sólo 29 han sido condenados a penas mínimas y se desconoce la identidad de al menos otros 5000 violadores a los derechos humanos.
El manto protector
¿Cómo es posible que esta multitud de violadores estén encumbrados en altos cargos y tengan un status privilegiado?
En primer lugar, cuentan con la protección del Ejército que no entrega los antecedentes de sus actuaciones delictivas; en segundo lugar, esta misma institución mantiene y financia sus cargos o pensiones y cuando alguno de ellos puede sufrir algún riesgo se le financian guardias personales y si finalmente, ocurre el hecho excepcional que sean procesados, el Ejército le provee de los mejores (y más caros) abogados.
De manera que se presenta la paradoja corrupta de que el Estado financia a la vez el
proceso y la defensa, con el desequilibrio que los jueces son elegidos al azar mientras que los defensores son los mejores que existen.
Nunca más
Con la aplicación de hábiles políticas de relaciones públicas, el Ejército, a través de su comandante en Jefe hizo una declaración que conmovió tanto a la clase política como la clase militar. En un acto muy importante declaró que el Ejército se comprometía en un “nunca más”.
La decisión fue considerada como de la mayor trascendencia por los medios de comunicación porque aseguraron que eso garantizaba que en el futuro no volverían a repetirse los bochornosos hechos de la dictadura militar (las violaciones a los derechos humanos).
Cualquier análisis elemental de esta promesa debe considerarla como lo que es: una promesa política. Es como creer que cuando cualquier candidato a un cargo público promete aumentar los sueldos, resolver los problemas de vivienda y mejorar la salud. Promesa que todos hacen y ninguno cumple.
Ahora el Ejército se sumaba a la vieja política de enmendar el pasado prometiendo cambiar a futuro. Habría que preguntar si se pueden aceptar estas promesas a quienes habían jurado respetar la Constitución y la ley y las violaron en una forma jamás ocurrida en la historia de Chile.
La oferta era bien clara: reemplazar la justicia por la promesa de no seguir cometiendo violaciones a los derechos humanos.
Si retornamos a nuestra metáfora del sádico violador de Alto Hospicio, es exactamente lo mismo que si este violador hubiera declarado a través de los medios que ya no iba a seguir cometiendo sus crímenes y aseguraba que nunca más los repetiría. ¿Entonces la población debería aplaudir y perdonar al criminal mencionado? ¿Se pondría punto final a cualquier proceso?
El absurdo es que la jerarquía militar consideró que este gesto era la expresión máxima de generosidad militar para terminar con los procesos a los violadores de los derechos humanos. Era lo mismo que cambiar la justicia por nada, porque las promesa políticas son eso: nada.
La clase política se manifestó conmovida por la generosidad militar y declaró que el Ejército había cambiado y ahora era un Ejército democrático. Pero la reacción del movimiento de derechos humanos fue muy clara y percibió que una promesa vana no reemplazaba a la justicia.
Las otras manipulaciones durante el gobierno de Lagos
La opinión pública era de que Lagos era un valiente luchador por los derechos humanos y que había sido capaz de levantar su dedo frente al dictador. Pero la “real politik” había mellado su compromiso con estos ideales y resultó ser el presidente del gobierno democrático que permanentemente estuvo buscando falsas salidas al problema de los derechos humanos. La culminación de esta actitud es la nominación de un juez de derecha a la Corte Suprema para asegurar la paralización de la justicia, simultáneamente, otorgó un indulto a un militar que cumplía prisión por haber participado en el asesinato de un dirigente sindical. Este asesinato se mantuvo sin culpables durante años de investigación, pero debido al cambio de juez, se encontró en pocas semanas a los culpables y se desenredó la trama. El mencionado dirigente sindical era un socialdemócrata de derecha y fue asesinado con alevosía. Cuando los asesinos, militares que seguían órdenes, fueron descubiertos, obligaron a un pobre carpintero a que firmara una declaración inculpándose del crimen y a continuación lo mataron y presentaron su muerte como un suicidio. Sin embargo, las pericias médicas y forenses demostraron que no era suicidio sino un asesinato. En consecuencia, este crimen fue uno de los más perversos de la dictadura y los culpables no demostraron ningún arrepentimiento, sin embargo, uno de los pocos casos en los que se había alcanzado cierta justicia, se transformó de nuevo, en otro caso de impunidad, esta vez con la firma del Presidente democrático.
La Corte Suprema quiere terminar los procesos
En reiteradas oportunidades la Corte Suprema o sus representantes han ideado mecanismos para finalizar los interminables procesos. Aunque lo obvio es agilizar y terminar los procesos estableciendo la justicia, la Corte Suprema ha buscado como dejar las cosas en el nivel alcanzado y sostener que eso es suficiente. Una de las medidas propuestas fue establecer un plazo de seis meses pare cerrar todos los procesos, lo que significaba dejarlos, a casi todos, en estado de investigación, sin conclusiones. Cuando un clamor nacional rechazó esta medida, algunos jueces empezaron a aplicar la amnistía y otros adhirieron a la tesis de la Presidente del Consejo del Estado de la “amnistía impropia” que en la práctica obligaba a aceptarla. Por su parte la Sala Penal de la Corte Suprema declaró – en contra de todos los antecedentes- que en Chile no había habido guerra y por lo tanto los Convenios de Ginebra no eran aplicables, aunque existía un decreto de Pinochet que establecía que había guerra.
El Informe Valech
Otra maniobra del gobierno de Lagos, que contó con el apoyo de la Iglesia Católica, fue la elaboración de un informe sobre las torturas ocurridas durante la Dictadura Militar.
El informe fue realizado por gente comprometida con la causa de los derechos humanos, encabezada por el obispo auxiliar de Santiago, por lo cual lleva su apellido.
El reconocimiento oficial de que en Chile había habido torturas era un efectivo paso hacia la verdad, porque hasta entonces, la tortura era un tema intocable ya que podía levantar las iras del Ejército. Este informe permitió establecer algunas pensiones mínimas o pequeñas indemnizaciones para los afectados o sus familias. Se hicieron muchas exclusiones: niños, personas fallecidas, casos no verificados, etc.
Aparentemente este fue un paso muy grande en el proceso de restablecer la vigencia de los derechos humanos, pero fue minimizado cuando el Gobierno declaró que no se publicarían los nombres de los torturadores (que en algunos casos eran conocidos).
De esta manera, el gran paso se transformó en un gesto del Estado para esconder la verdad y para proteger a los torturadores. De manera que el Presidente Lagos hizo de Chile el país donde se torturaba, pero donde no existían torturadores. Un país con tortura y torturados pero sin responsables de este crimen de lesa humanidad. Una verdad parcial se transformó en un nuevo manto de impunidad.
La cumbre del cinismo político
Todas estas maniobras han erosionado o anulado la posibilidad de lograr verdad y justicia. La situación es de una impunidad casi total, con solo una decena de caso en los cuales se ha logrado una justicia parcial, alcanzada gracias a los abogados de las víctimas y no por las investigaciones policiales o de los tribunales.
Sin embargo, el intento de casi toda la clase política, es alcanzar la impunidad total. No cabe la menor duda que los tres candidatos presidenciales actuales, con posibilidades de ganar (la socialista Bachelet y los conservadors Piñera y Lavín), les agradarían asumir el mando sin el espinudo problema de las violaciones a los derechos humanos. Es posible que el Presidente Lagos considere que la contienda electoral, con su bullicio, es el momento oportuno para imponer alguna solución, es por ello que ha brindado toda su simpatía a las maniobras de la derecha.
La derecha disfrutó de la política de la dictadura y durante la democracia, con la misma política neoliberal, sigue disfrutando, logrando una distribución del ingreso que le entrega más del 40% al quintil más rico de la población, lo que significa que tienen 15 veces más que el quintil correspondiente a los más pobres y el 10% más rico tiene 35 veces el ingreso del correspondiente 10% más pobre de la población. Entre 127 países, Chile ocupa el lugar 117 en materia de distribución de ingreso, es decir está entre los 15 países con peor distribución de ingresos. En el año 2004 las utilidades de las empresas crecieron en 70% y los salarios en menos del 5%.
La prensa de la derecha repite incansablemente que el modelo es un éxito y que debe seguir aplicándose. En cuanto a la violación de los derechos humanos, la derecha los negó sin cesar durante más de 30 años. Sólo ahora la evidencia ha sido tan abrumadora que no podido insistir en su negación. La actual táctica de sus miembros es sostener que ellos no sabían nada. A pesar de que permanentemente las instituciones de derechos humanos denunciaron estas violaciones, tanto en Chile como en el ámbito internacional, estos gerentes y grandes políticos no sabían nada. Después, cuando se descubrió que Pinochet tenía una fortuna mal habida en cuentas de bancos extranjeros, la derecha reiteró que de esos casos de corrupción tampoco sabía nada, de esta manera se ha desligado de toda responsabilidad con los crímenes y delitos de la dictadura.
Simultáneamente, la derecha ha respaldado o ha iniciado las maniobras tendientes a lograr un punto final a la saga de las violaciones de los derechos humanos recurriendo al olvido, el perdón y la promesa del nunca más.
La última propuesta de personeros de esta derecha fue presentada por un senador ex almirante y un senador UDI que fue el gran protector de Colonia Dignidad (enclave alemán donde existió un campo de torturas y exterminio, además de prácticas de pedofilia por parte de sus dirigentes). El senador mencionado, Hernán Larraín, presenta la misma excusa de la derecha por su protección a la Colonia Dignidad: él no sabía nada.
La política de la derecha entra así del campo de la hipocresía al campo del cinismo.
La propuesta de estos personeros es un nuevo indulto general consistente en dejar en libertad, a todos los que hayan cumplido 10 años de condena; a todos los mayores de 70 años (la mayoría de las acusaciones son por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1989, por lo cual los violadores son, en general, personas mayores, especialmente los oficiales de altas graduaciones); a todos los que sufran de cualquier enfermedad, etc. Así se asegura la libertad provisional para casi todos los que están actualmente presos si prometen no seguir violando los derechos humanos y no cometer delitos. ¿Alguien se negaría a hacer esa promesa?
Si se analiza la propuesta es casi desvergonzada, porque fuera de favorecer a los violadores a los derechos humanos, se gratifica especialmente a los criminales mayores. ya que los que tengan condenas de 30 o 40 años lograrían reducirla a 10 años solamente, en cambio, los que tuvieren condenas a 5 o 6 años no tendrían ese beneficio. Es decir se favorece a los que han cometido delitos mayores (generalmente oficiales), mientras que los que han cometido delitos menores (generalmente soldados y suboficiales) no tendrían ningún beneficio.
Entusiasmo presidencial
Esta propuesta ha encontrado una cordial recepción en el Presidente Lagos y en otros directivos de la Concertación incluyendo a senadores del PPD y PRSD (Partidos social democráticos) y de la Democracia Cristiana.
La argumentación de estos últimos es que si se ha otorgado indultos similares a presos políticos (que califican de terroristas) debe otorgarse también a los violadores de los derechos humanos. Por esta razón la bautizaron como Ley Espejo.
Un espejo turbio
Esta actitud de miembros de la Concertación, empezando por el Presidente Lagos, sólo muestra la debilidad de principios de estos próceres. Los presos políticos que cometieron delitos son personas que realizaron sus actos sin ninguna protección estatal y que fueron castigados de inmediato: los violadores a los derechos humanos corresponde a personas protegidas por el Estado que realizaban políticas centrales del Estado. Esto marca una naturaleza totalmente distinta en los delitos cometidos, de manera que un espejo no puede reflejar cosas distintas.
La naturaleza de los derechos humanos
Las violaciones de los derechos humanos son delitos de una categoría especial. Sólo pueden ser cometidos por los agentes del Estado o por personas que cuentan con su protección, son especiales porque el Estado está encargado de respetar y garantizarlos derechos humanos, por lo tanto si los viola, está negando su propia naturaleza y su propia legitimidad. Además hay una evidente desproporción entre el victimario (el Estado) y la víctima (una persona). Esta naturaleza es lo que determina que las violaciones a los derechos humanos sean de una categoría especialmente monstruosa y determina que sus autores no puedan ser amnistiados, indultados, ni obtener otros beneficios especiales, tampoco rige ningún tipo de prescripción en estos casos. Esta doctrina universal, que fue la bandera de lucha en contra de la Dictadura, ahora es abandonada en la “real politik” de Lagos.
Sin embargo, Chile ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Fue uno de sus redactores) y toda la legislación humanitaria complementaria como la Convención en Contra de la Tortura y la Convención de Ginebra. Según estos convenios -que son ley en Chile- el Estado no puede dejar de respetar y garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la integridad física y sicológica de las personas. Tampoco pude dejar de aplicar la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos.
En estas circunstancias, lo que la derecha y parte de la Concertación proponen, es violar todos estos convenios y quedar al margen de la sociedad civilizada, reconociendo que el Estado está por sobre la persona humana y no como la tradición universal ha logrado establecer: que el Estado existe para proteger y garantizar los derechos humanos que son inderogables y que se basan en atributos inherentes de la persona humana y que son superiores al Estado.
Estas medidas son una proyección de la dictadura militar y una negación de la tradición democrática del pueblo chileno.
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Anexo:
Algunas fechas de los acontecimientos descritos:
1-Día en que fue detenido Pinochet: 17 de octubre de 1998
2-Informe Rettig: 8 de febrero de 1991 fue entregado el informe al Gobierno.
3-Informe Valech: 10 de noviembre de 2004
4-La mesa de diálogo:
- 21 de agosto de 1999 discurso que convoca a la mesa de diálogo.
- Primera reunión de la mesa de diálogo fue el 22 de agosto de 1999.
- 13 de junio de 2000, Lagos recibió oficialmente los resultados de la mesa.
(colaboración del periodista Rodrigo Quintana)
* Profesor de la Universidad de Chile. www.probidadenchile.cl El autor de esta nota fue investigador de la Vicaría de la Solidaridad y de otros organismos de derechos humanos durante la dictadura militar.
